El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires firmaron un convenio marco de cooperación destinado a articular acciones en favor de los derechos de los pueblos originarios. La medida fue oficializada a través de la Resolución 91/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El acuerdo tiene por objeto generar instancias de cooperación, capacitación e intercambio de experiencias en materia de derecho indígena y otras áreas de interés común. Las acciones se enmarcan en la misión del INAI de coordinar políticas públicas que garanticen el desarrollo comunitario, el acceso a la tierra, la salud, la educación y la preservación cultural de los pueblos originarios.

El convenio establece que ambas instituciones podrán celebrar acuerdos específicos, desarrollar adendas, y designar funcionarios responsables de coordinar la implementación de las acciones.

Desde el INAI destacaron que este tipo de articulaciones interinstitucionales resultan claves para consolidar un enfoque transversal de derechos, especialmente en contextos donde persisten barreras de acceso a la justicia para comunidades indígenas.

El convenio se funda en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantiza el respeto a sus identidades y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. También se basa en la Ley 23.302 de política indígena y en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional que consagran derechos de los pueblos originarios.

La presidenta del INAI, Carolina Eliana Pucci, suscribió el acuerdo en representación del organismo. El convenio ya fue protocolizado y su vigencia es inmediata desde su publicación oficial.

Este convenio sienta las bases para un trabajo sostenido entre el poder judicial bonaerense y el INAI, con el objetivo de generar herramientas prácticas que reduzcan las asimetrías históricas en el acceso a la justicia. Se espera que el entendimiento contribuya también a visibilizar y jerarquizar la agenda indígena en el ámbito jurídico, además de fomentar procesos de formación con perspectiva intercultural.