Caputo y Adorni anticiparon que la Casa Rosada vetará la ley que actualiza jubilaciones y restituye la moratoria previsional. También analizan judicializar la norma si avanza en el Congreso.

Tras la sanción de las leyes previsionales en el Senado, que establecen una actualización del 7,2% de los haberes jubilatorios y la restitución de la moratoria previsional, el Gobierno respondió con dureza. Tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguraron que el presidente Javier Milei vetará la norma, en defensa del “equilibrio fiscal”.

Con 52 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, la Cámara alta aprobó el proyecto que incrementa las jubilaciones y eleva el bono previsional de $70.000 a $110.000, con actualización por fórmula de movilidad. Además, con 39 votos afirmativos, se prorrogó por dos años la moratoria previsional, que permite acceder a la jubilación a personas sin los 30 años de aportes exigidos por ley.

Caputo: “Vamos a vetar. Y, si es necesario, lo vamos a judicializar”

Apenas conocida la sanción en el Senado, Caputo se expresó en redes sociales para dejar clara la postura del Ejecutivo: “Principio de revelación en su máxima expresión. Todo está más que claro de cara a octubre”. Y añadió: “El equilibrio fiscal es lo que da estabilidad y previsibilidad. No se negocia”.

El ministro consideró que el Congreso actuó con irresponsabilidad fiscal y adelantó el próximo paso del oficialismo: “Vamos a vetar. Y, aún si se cae el veto, lo vamos a judicializar”. La estrategia busca evitar la aplicación efectiva de las leyes, incluso si se lograran los votos para insistir en el Parlamento.

Caputo también subrayó que, desde el punto de vista económico, la sanción “no tendrá ningún impacto”, confiado en que el Ejecutivo bloqueará su implementación.

Por su parte, Manuel Adorni, vocero presidencial y legislador electo por la Ciudad de Buenos Aires, también se manifestó con contundencia. “El equilibrio fiscal no se negocia. Fin”, publicó, alineándose con el discurso del presidente Milei y anticipando la vía del veto presidencial como próximo paso.

Desde el Ejecutivo evalúan también impugnar judicialmente la sesión, argumentando posibles irregularidades reglamentarias y el costo fiscal no contemplado por la iniciativa opositora.

El veto presidencial es una herramienta constitucional que permite al Ejecutivo rechazar total o parcialmente una ley aprobada por el Congreso. Si se concreta, la Cámara de origen deberá volver a tratar el proyecto y necesitará una mayoría calificada —dos tercios de los presentes— en ambas cámaras para insistir y forzar su promulgación.

En el caso del aumento jubilatorio, la media sanción en Diputados logró 142 votos afirmativos. La oposición necesitaría conservar ese número y sumar al menos parte de las 19 abstenciones para alcanzar el umbral de dos tercios y rechazar el veto.

En cambio, la moratoria previsional tiene un escenario más ajustado. Obtuvo 111 votos a favor, contra 100 en contra y 15 abstenciones. El oficialismo intentará sostener al menos un tercio de los votos para bloquear la insistencia legislativa.

Desde el entorno presidencial ya apelan a los “87 héroes” que blindaron el veto jubilatorio en 2023. Si ese bloque se mantiene unido, el oficialismo podría bloquear el avance de las leyes sin necesidad de un enfrentamiento institucional mayor.

La sanción de las leyes previsionales abre un nuevo capítulo en la confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo. Mientras la oposición busca atenuar el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados, el Gobierno mantiene firme su ancla fiscal, sin ceder terreno ni siquiera ante iniciativas de fuerte respaldo popular.

El resultado dependerá de cómo se alinee la oposición frente al veto presidencial y si logra alcanzar los votos necesarios para imponer su agenda previsional. En paralelo, la posibilidad de una judicialización anticipa una puja de largo aliento, tanto legal como política, que marcará el segundo semestre del año.