La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó su presupuesto para 2026 en $378.087 millones, con 4.732 cargos de personal y un plan de obras que incluye la preservación del Palacio de Justicia. El máximo tribunal advirtió que los techos fijados por el Ejecutivo resultan “insuficientes” y volvió a reclamar plena autarquía financiera.

La Acordada 26/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece el presupuesto de gastos de la Corte para el ejercicio 2026, en cumplimiento del artículo 1° de la Ley 23.853, que le otorga la facultad de definir sus necesidades y comunicarlas al Poder Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de ley que enviará al Congreso.

La decisión se tomó de manera autónoma porque, al momento de su aprobación, el Consejo de la Magistratura no había presentado sus previsiones presupuestarias. Según el fallo, el presupuesto fue elaborado bajo criterios de “prudencia y moderación”, priorizando equilibrio fiscal, eficiencia en el uso de recursos y preservación de la capacidad operativa del Poder Judicial.

Distribución de gastos y cargos

El monto total aprobado asciende a $378.087.606.265, distribuido en cuatro grandes ítems:

• Gastos en personal: $309.185 millones (82% del total).
• Bienes de consumo: $6.412 millones.
• Servicios no personales: $24.860 millones.
• Bienes de uso (equipamiento e infraestructura): $37.629 millones.

El presupuesto incluye también la cuantificación de 4.732 cargos, de los cuales 4.091 se financiarán con recursos propios de la Corte y 641 con aportes del Tesoro Nacional (DAJUDECO).

Además, se aprueba un Plan de Obras que contempla reacondicionamiento, restauración y ampliación de edificios judiciales, así como la continuidad del plan de preservación del Palacio de Justicia, declarado monumento histórico nacional por el Decreto 349/99.

La Corte justificó su decisión en la necesidad de “garantizar el accionar de la justicia” ante los techos presupuestarios impuestos por el Ejecutivo, los cuales calificó de “insuficientes para el nivel de necesidades mínimas”.

El tribunal volvió a insistir en la incorporación de remanentes de ejercicios anteriores y en los aportes previstos por el artículo 2° de la Ley 23.853, que garantizan su autarquía financiera. También recordó la necesidad de financiamiento para la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), creada por Decreto 256/2015.

La acordada fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Gerardo Prataviera, quienes remarcaron que la decisión se adopta en el marco de la excepción prevista en la acordada 15/2023 y en línea con la acordada 12/2024 sobre quórum.

La fijación del presupuesto judicial sin esperar al Consejo de la Magistratura evidencia las tensiones entre ambos órganos y con el Poder Ejecutivo. El reclamo por autonomía presupuestaria plena vuelve a colocar en agenda la discusión sobre la independencia del Poder Judicial frente a las restricciones fiscales del Gobierno.

En el plano económico, el monto aprobado representa un gasto significativo, con más del 80% destinado a personal, en un contexto de ajuste del gasto público y negociaciones con el Congreso por el Presupuesto Nacional 2026.

El escenario abre interrogantes sobre la capacidad del Ejecutivo para negociar con un Poder Judicial que busca blindar su funcionamiento ante la inflación, las demandas salariales y la presión política por reducir erogaciones.

El presupuesto aprobado será remitido al Poder Ejecutivo para su comunicación al Congreso, que tendrá la última palabra en la ley de Presupuesto 2026. Sin embargo, la Corte dejó claro que considera indispensable garantizar la autarquía judicial prevista por ley, lo que anticipa nuevos debates políticos.

El próximo paso será la discusión parlamentaria, en la que la Justicia buscará resguardar sus recursos frente al ajuste fiscal y donde el oficialismo podría utilizar la pulseada presupuestaria como parte de su estrategia de presión sobre el Poder Judicial.