El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado el 23 de agosto de 2024, cumple su primer año con resultados que generan debate. Según un informe del Observatorio del RIGI, solo se aprobaron siete proyectos que concentran inversiones por 13.067 millones de dólares y la creación de poco más de 1.000 empleos directos, muy lejos de la “avalancha de capitales” prometida por el Gobierno.

El estudio, elaborado por el Observatorio del RIGI —conformado por el CELS, CEPPAS, la EPyG/UNSAM, ETFE, FARN y el TNI—, señala que en estos doce meses se presentaron 19 solicitudes de adhesión, de las cuales 7 fueron aprobadas y 1 rechazada.

Los proyectos aprobados se distribuyen de la siguiente manera:

• Hidrocarburos: 2 proyectos (con una inversión acumulada de USD 9.790 millones).
• Minería: 2 proyectos (focalizados en litio y cobre).
• Energías renovables: 2 proyectos (un parque fotovoltaico y uno eólico).
• Siderurgia: 1 proyecto.

En total, las inversiones ya confirmadas suman USD 13.067 millones, mientras que las solicitudes en trámite —si fueran aprobadas— podrían elevar el monto a USD 30.760 millones. Sin embargo, el impacto en el empleo directo es mínimo: apenas 1.000 puestos de trabajo generados.

El sector minero concentra el mayor volumen de propuestas: 10 de los 19 proyectos presentados, con un compromiso de inversión superior a USD 19.312 millones, la mayoría vinculados al litio en Salta y Catamarca.

Críticas al modelo extractivo y al sesgo exportador

Para el Observatorio, los beneficios fiscales y cambiarios del régimen resultan “extraordinarios” frente al bajo impacto en generación de empleo y diversificación productiva.

El informe advierte que el RIGI “profundiza un modelo extractivo orientado a la exportación de hidrocarburos y minerales, sin reparar en los potenciales daños ambientales, laborales o sociales”. En ese sentido, cuestiona la centralidad de Vaca Muerta, donde se ubican los proyectos de mayor volumen y donde YPF participa en tres de las siete iniciativas aprobadas, consolidándose como “el verdadero motor del régimen”.

El documento concluye que “el RIGI no opera en soledad, sino como parte de un rumbo económico que prioriza las exportaciones de recursos naturales como vía de salida a la crisis externa”.

Hasta el momento, 15 provincias adhirieron formalmente al régimen, lo que asegura un marco legal homogéneo para la atracción de inversiones. El Gobierno lo defiende como una herramienta estratégica para dinamizar el ingreso de divisas, mientras que organismos sociales y académicos alertan sobre el riesgo de “consolidar un esquema de privilegios a grandes capitales”.

El debate sobre el RIGI se volverá clave en los próximos meses, en especial frente a las necesidades fiscales y de divisas del Estado nacional. Si bien el régimen logró comprometer montos significativos en pocos proyectos, el bajo impacto en empleo y en diversificación sectorial plantea interrogantes sobre su sustentabilidad política y económica.

La incógnita hacia adelante es si el RIGI logrará ampliar su alcance o quedará limitado a un puñado de grandes jugadores, con un sesgo marcado hacia el extractivismo exportador.