El Ministerio de Economía formalizó la situación de disponibilidad de más de 200 empleados de planta permanente pertenecientes al ex Instituto Nacional de Semillas (INASE), al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el marco del proceso de reestructuración y recentralización dispuesto por los decretos 462/2025 y 585/2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 1240/2025, marca un nuevo capítulo en la política de reducción del Estado impulsada por la actual administración.

La resolución, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se apoya en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público (25.164) y en el Decreto 1421/2002, que establecen el régimen de disponibilidad para trabajadores de planta permanente con estabilidad adquirida. Según el artículo 11 de la norma, los agentes afectados por la disolución o transformación de organismos quedan en disponibilidad por un período máximo de hasta 12 meses, durante el cual pueden ser reasignados, capacitados o, en última instancia, desvinculados con indemnización.

El Decreto 462/2025, dictado en julio, dispuso la disolución del INASE y la conversión del INV e INTA en unidades bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Posteriormente, el Decreto 585/2025 terminó de ordenar las estructuras de primer y segundo nivel operativo. La resolución 1240/2025 es el paso administrativo que ejecuta esa reestructuración sobre el personal, limitando además licencias, adscripciones y asignaciones transitorias.

Quiénes son los trabajadores afectados

Los anexos publicados en el Boletín Oficial —que totalizan más de 200 registros— detallan nombre, CUIL, nivel, grado y período de disponibilidad asignado a cada trabajador.

• Anexo I (IF-2025-92349495-APN-DGRRHHMDP#MEC): incluye agentes del INTA regidos por el CCTS Decreto 127/2006, con períodos de disponibilidad que van de 6 a 12 meses.
• Anexo II (IF-2025-92349634-APN-DGRRHHMDP#MEC): comprende personal del INV, en su mayoría bajo el convenio SINEP, con disponibilidad de 6 a 12 meses.
• Anexo III (IF-2025-92349964-APN-DGRRHHMDP#MEC): reúne trabajadores del INASE, alcanzados por la disolución del organismo.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Raimundo Lavignolle, nivel A-3 del SINEP, quien quedó en disponibilidad por 6 meses, o el de Roxana Graciela Silberberg, nivel B-15, con disponibilidad por 12 meses. Entre los empleados del INTA figuran perfiles profesionales, técnicos y de apoyo, como María Cecilia Aparicio (profesional, 12 meses) y Julieta Bonomo (profesional, 12 meses).

El Ministerio de Economía justificó la medida en la necesidad de ajustar las estructuras a la “dotación óptima”, concepto que refiere a la racionalización del empleo público según las competencias de cada organismo. El área de Recursos Humanos y el Servicio Jurídico Permanente del ministerio intervinieron en el proceso.

La resolución ordena además que se notifique a los agentes en disponibilidad y a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, que conduce el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, actor clave en el rediseño del Estado.

La decisión afecta de manera directa a técnicos, profesionales y administrativos del sector agroindustrial estatal. En términos institucionales, marca un recorte de la autonomía histórica del INTA y del INV, organismos con trayectoria en investigación y regulación. En el caso del INASE, la medida implica la desaparición de la agencia que controlaba el mercado de semillas, un punto sensible para productores y empresas biotecnológicas.

En el plano laboral, la disponibilidad abre un escenario de incertidumbre para cientos de trabajadores, que cuentan con hasta 12 meses para ser reubicados o desvinculados. Los gremios estatales (ATE, UPCN) anticiparon que podrían avanzar con presentaciones judiciales y medidas de fuerza, al considerar que se trata de un “vaciamiento institucional”.

Próximos pasos del plan de reforma estatal

La resolución se inscribe en la estrategia del Gobierno de consolidar la desregulación y el achicamiento del Estado, un programa que ya impactó en otros organismos como el INDEC, la CONAE y diversas agencias descentralizadas.

En el corto plazo, la Secretaría de Agricultura deberá absorber las funciones de los organismos transformados, mientras que la Secretaría de Transformación del Estado monitoreará el proceso de disponibilidad. Hacia adelante, los analistas advierten que la política de “convergencia institucional” podría replicarse en otras áreas, con impacto tanto en la gestión sectorial como en el empleo público.