La discusión sobre el impuesto a los combustibles ingresó en una zona de máxima tensión política e institucional: los gobernadores de todas las provincias advirtieron pérdidas millonarias por la falta de transferencia de recursos y reclamaron acelerar la reforma de la norma. El debate legislativo en Diputados, previsto para esta semana, fue pospuesto en medio de una maratónica sesión en la que se votó la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), medida que ya recibió la amenaza de veto presidencial.

Los mandatarios provinciales apuntan contra el manejo discrecional del Gobierno nacional y exigen que se cumpla con la afectación específica de los fondos al mantenimiento de rutas, algo que –según datos oficiales– apenas alcanzó al 16% en 2024, generando un deterioro crítico en la red vial del país.

El impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que nutre al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), tiene como destino legal la conservación y ampliación de rutas nacionales. Sin embargo, un informe legislativo reveló que en 2024 el 88% de los ingresos fue desviado a inversiones financieras o a fines distintos de los previstos.

La Cuenta de Inversión presentada por el propio Ejecutivo muestra que al 31 de diciembre de 2024 la cuenta SISVIAL acumulaba $247.627 millones de ingresos, de los cuales apenas $40.668 millones fueron efectivamente girados a beneficiarios, incluyendo fondos de reparo. En paralelo, se constituyeron plazos fijos por $218.698 millones en el Banco Nación y se realizaron aplicaciones en bonos.

La consecuencia directa se observa en la ejecución de obra pública: el programa de Pavimentación de Rutas Nacionales registró un cumplimiento de apenas 24% de la meta anual, con solo 49,45 kilómetros terminados de los 205,15 kilómetros planificados, y varias obras paralizadas o neutralizadas.

El proyecto de reforma y los fideicomisos en la mira

El texto impulsado por los 24 gobernadores propone una reforma integral que busca quitar discrecionalidad al Ejecutivo y garantizar la distribución automática de los fondos a las provincias. El proyecto contempla, además, la eliminación de seis fideicomisos que administran recursos multimillonarios:

• Fideicomiso de Infraestructura Hídrica
• Fideicomiso de Infraestructura de Transporte
• Sistema Vial Integrado
• Fondo Compensador del Transporte
• Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior
• Fondo Nacional de la Vivienda

El objetivo, según los mandatarios, es frenar la concentración de recursos en Nación y recuperar capacidad de inversión en infraestructura básica en cada jurisdicción. La demanda se potenció luego de que varios gobernadores judicializaran el abandono de rutas nacionales y reclamaran la transferencia de su administración para poder realizar obras de mantenimiento.

La sesión en Diputados expuso la fragilidad de los acuerdos opositores. Aunque había expectativa de tratar la reforma, el bloque de Unión por la Patria levantó la discusión tras la votación que rechazó el veto presidencial a la emergencia en Bahía Blanca, temiendo un nuevo revés. La decisión desató críticas entre los gobernadores, que consideraban asegurada la aprobación.

Un legislador patagónico expresó su malestar: “La expectativa era que se trate, pero son las reglas del juego”. En la misma línea, una diputada del norte adelantó que ya trabajan para garantizar los votos en la próxima sesión: “Lo importante es que salga”.

En paralelo, la sanción del proyecto que redistribuye los ATN –con 163 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones– marcó un triunfo de los gobernadores, aunque el presidente Javier Milei anticipó que vetará la ley, lo que obligará a un nuevo round en el Congreso.

Las provincias denuncian que la falta de asignación de recursos viales no solo compromete la seguridad en rutas, sino que frena el desarrollo económico regional. El mal estado de las trazas eleva costos logísticos, resta competitividad a las economías regionales y afecta al transporte de carga y de pasajeros.

La pulseada también revela un trasfondo político: los gobernadores buscan recuperar márgenes de autonomía financiera frente al ajuste de la Casa Rosada, que recortó transferencias y paralizó gran parte de la obra pública nacional. La creación de una agenda común en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) unificó a mandatarios de distintos signos políticos frente a la administración Milei.

El debate por la reforma del impuesto a los combustibles será retomado en el recinto en los próximos días, aunque el resultado dependerá de la capacidad de los gobernadores para mantener un bloque compacto. En caso de aprobarse, la norma implicará un recorte en la discrecionalidad del Ejecutivo y mayor previsibilidad en la distribución de recursos viales.

Si, en cambio, el oficialismo logra bloquearla, se mantendrá el actual esquema de administración centralizada, con el riesgo de profundizar el deterioro en infraestructura y tensar aún más la relación política con las provincias.

La discusión sobre este tributo se suma a un calendario legislativo cargado y con fuerte impronta federal, donde cada voto refleja no solo intereses económicos, sino también el mapa de alianzas y rivalidades en la disputa por el poder político en Argentina.