La Policía de Misiones ejecutó un amplio operativo en distintos barrios de la capital provincial y desarticuló una organización dedicada al robo de cables y a la reducción ilegal de cobre. El procedimiento, realizado este miércoles, dejó como saldo tres detenidos, más de media tonelada de material secuestrado, motocicletas adulteradas y elementos vinculados a la causa.

El caso, que involucra tanto a viviendas particulares como a depósitos de compra y venta de chatarra, constituye una señal de alarma sobre el impacto económico y social del robo de cables, un delito que afecta la provisión de servicios públicos y genera millonarias pérdidas en infraestructura.

En los últimos meses, se incrementaron las denuncias por sustracción de tendido eléctrico, medidores y cables de alta tensión en Posadas y localidades cercanas. Estos hechos no solo interrumpen la provisión de energía y telecomunicaciones, sino que también ponen en riesgo la seguridad de los vecinos y encarecen los costos de reposición para las empresas prestatarias.

La investigación estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones Complejas, con apoyo de la Comisaría 6.ª de la Unidad Regional I y de la Dirección GIR, y contó con la autorización del Juzgado de Instrucción N.º 7 de Posadas.

“El desbaratamiento de estas estructuras no solo tiene impacto en materia de seguridad pública, sino también en la economía de la ciudad y en la confiabilidad de los servicios básicos”, explicaron fuentes de la fuerza provincial.

El operativo: allanamientos simultáneos y detenciones

La primera intervención se concretó en una vivienda de las calles Bosetti y 127, barrio San Gerardo, donde se incautaron bolsas con cobre prensado, rollos de cables, una balanza de pesaje, una motocicleta adulterada y una patente robada. Allí fue detenido Ignacio Luis C. (57), alias “Gordo”.

En el barrio Giovinazzo, sobre calle 210, la Policía halló cobre prensado, cables de acero y una motocicleta desarmada con el número de motor limado. En ese domicilio se detuvo a Ramón F. (50).

El tercer procedimiento se realizó en un galpón sobre calle Japón, chacra 26, identificado como depósito de compra y venta de chatarra. Allí se encontraron 300 metros de cable eléctrico y fue detenido Omar L. (46).

En otra chatarrería del barrio San Gerardo se incautó cobre prensado de distintos tamaños. La propietaria fue notificada y se le tomó declaración en el marco de la causa.

En total, los investigadores confirmaron el secuestro de más de 500 kilos de cobre, junto con vehículos adulterados y herramientas para el fraccionamiento y pesaje.

Todos los detenidos y elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría 6.ª, quedando a disposición de la Justicia. La causa avanza bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N.º 7, que no descarta nuevas detenciones y allanamientos.

El robo de cables se ha convertido en un delito de alto impacto económico, dado que cada tonelada de cobre puede alcanzar valores cercanos a los USD 9.000 en el mercado internacional. La reducción ilegal de estos materiales en chatarrerías locales constituye un eslabón clave en la cadena delictiva.

El operativo, además de desarticular la logística de la banda, apunta a enviar un mensaje de tolerancia cero frente a delitos que afectan servicios públicos esenciales, como la energía y las telecomunicaciones.

La continuidad de la investigación buscará identificar la red de compradores y eventuales vínculos con circuitos de comercialización ilegal a nivel regional. El desafío para las autoridades será reforzar los mecanismos de control sobre la compraventa de chatarra y coordinar acciones con las empresas prestatarias para prevenir nuevos hechos.

En términos institucionales, el caso refuerza la necesidad de ajustar la normativa local en materia de control de metales, al estilo de lo que ya se implementa en provincias vecinas, donde se exige trazabilidad en la comercialización de cobre.