El Gobierno nacional presentó el proyecto de Presupuesto 2026 con un relato de solvencia y disciplina que busca mostrarse como un blindaje fiscal frente a los mercados. Sin embargo, detrás de esa arquitectura aparecen supuestos macroeconómicos difíciles de cumplir y un corrimiento del ajuste hacia las provincias, la educación, la ciencia y los programas sociales.

El texto proyecta un crecimiento del producto de 5,4 por ciento en 2025 y de 5,0 en 2026, en abierta contradicción con las estimaciones privadas, que hablan de entre 3,6 y 4,4 por ciento, consigna un análisis del Centro de Economía Política Argentina. También imagina una desinflación vertiginosa: 24,5 por ciento a diciembre de 2025 y apenas 10,1 en 2026. La pieza más delicada está en el tipo de cambio: se prevé un dólar oficial de 1.325 pesos a fin de 2025 y de 1.423 a fines de 2026, lo que implicaría una apreciación en términos reales mientras la balanza comercial muestra un rojo acumulado de más de 16.400 millones de dólares en tres años. Aun con exportaciones récord de 112.695 millones de dólares, el resultado neto es un déficit externo que pone en cuestión la consistencia del plan.

El corazón del Presupuesto está en la regla fiscal, que prohíbe el déficit financiero y obliga a la Jefatura de Gabinete a recortar partidas discrecionales —salud, educación, programas sociales— si la recaudación no alcanza. Se suma la prohibición de gastos extrapresupuestarios y de adelantos del Banco Central para gasto primario, lo que concentra el poder de ajuste en el Ejecutivo. En paralelo, se flexibiliza el régimen de canje de deuda, eliminando la obligación de mejorar condiciones en los rescates, lo que abre margen para operaciones sin beneficio real para el país.

El costo social aparece en cada capítulo. Las transferencias a provincias caen en términos reales 39,1 por ciento frente a 2024 y 36,7 por ciento respecto de 2025, trasladando el peso del equilibrio a los presupuestos locales. La función Educación y Cultura se reduce 46,6 por ciento respecto a 2023; la infraestructura educativa, 86 por ciento; y organismos estratégicos como CONICET, INTA e INTI acumulan recortes de entre 40 y 50 por ciento. En lo social, la Prestación Alimentar retrocede 30 por ciento en dos años, la Agencia de Discapacidad recorta 27 por ciento desde 2023 y los hospitales nacionales exhiben caídas de hasta 6 por ciento interanual.

En seguridad social, las prestaciones previsionales apenas crecen 5,3 por ciento interanual, muy por debajo de la inflación esperada, y el complemento de bonos para jubilados se reduce a la mitad en términos reales. Además, el proyecto elimina la movilidad automática de las asignaciones familiares, lo que deja en manos del Ejecutivo la decisión de actualizarlas o congelarlas. Como si fuera poco, un artículo borra del mapa legal los pisos de inversión en educación, ciencia y defensa: el 6 por ciento del PBI para educación, el 1 por ciento en ciencia y tecnología y el FONDEF para equipamiento militar.

La política y la táctica parlamentaria también están contempladas. Si el Congreso aprueba el presupuesto, el Gobierno se garantiza una regla fiscal que legitima los recortes y refuerza la señal de disciplina ante acreedores. Si lo rechaza, la administración podrá manejarse con la prórroga del Presupuesto 2023, disponiendo discrecionalmente de recursos excedentes no ajustados por inflación, con el beneficio político de cargar la culpa a “la casta”.