mar. Jul 21st, 2026

CEPA

El superávit comercial no alcanza: intereses, turismo y fuga de divisas absorbieron gran parte de los dólares generados en mayo

By Redacción Economis 3 semanas ago
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El balance cambiario de mayo dejó una fotografía con claroscuros para la economía argentina. Mientras el fuerte desempeño de las exportaciones, impulsadas principalmente por el complejo agroexportador y el sector energético, permitió revertir el déficit de la cuenta corriente cambiaria y sostener un importante superávit comercial, la salida de divisas por turismo, pago de intereses, utilidades y formación de activos externos continúa erosionando buena parte de esos dólares.

Así lo sostiene el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre la base de los datos oficiales del Banco Central, que pone el foco en la composición del resultado cambiario más allá del saldo positivo de la balanza comercial.

En mayo de 2026, la balanza de bienes registró un superávit de USD 4.322 millones, explicado por un aumento interanual de las exportaciones y una fuerte caída de las importaciones. El 67% de ese saldo provino del complejo oleaginoso-cerealero, que aportó USD 2.892 millones, mientras que el sector petrolero sumó otros USD 1.599 millones gracias al fuerte crecimiento de las exportaciones energéticas.

No obstante, el propio estudio advierte que el aporte del sector energético podría enfrentar mayores desafíos durante los próximos meses ante la caída del precio internacional del petróleo, un factor que podría moderar el ingreso de divisas por exportaciones.

El mayor ingreso de dólares por comercio exterior permitió que la cuenta corriente cambiaria volviera a terreno positivo por segundo mes consecutivo. En mayo alcanzó un superávit de USD 1.877 millones, impulsado casi exclusivamente por el desempeño de la balanza comercial. Desde enero de 2024, el superávit acumulado de bienes asciende a USD 50.917 millones, aunque la cuenta corriente apenas acumula USD 802 millones positivos, reflejando el peso que tienen otros componentes de la salida de divisas.

Precisamente allí aparece uno de los principales ejes del informe. Según el CEPA, durante mayo los pagos por intereses, el déficit turístico y la remisión de utilidades consumieron el equivalente al 58% del superávit comercial del mes.

La balanza turística volvió a mostrar un rojo significativo. Solo en mayo registró un déficit de USD 855 millones considerando consumos con tarjetas, viajes y transporte de pasajeros, mientras que en los primeros cinco meses del año acumula un saldo negativo de USD 4.131 millones, aunque inferior al registrado durante igual período de 2025.

A ello se suma la creciente demanda de divisas por utilidades y dividendos. Durante mayo las empresas remitieron al exterior USD 484 millones por este concepto, elevando el acumulado de los primeros cinco meses del año a USD 1.841 millones. Desde diciembre de 2023, la salida neta por utilidades ya supera los USD 2.480 millones.

El estudio también pone la lupa sobre una tendencia estructural. Desde diciembre de 2023, la balanza comercial acumuló USD 54.298 millones de superávit. Sin embargo, una vez descontados los pagos de intereses de deuda y el déficit turístico, ese resultado se reduce a apenas USD 5.547 millones. En otras palabras, intereses y turismo absorbieron cerca del 90% del saldo comercial generado durante el período.

En paralelo, el Banco Central logró incrementar sus reservas durante mayo gracias a una combinación de endeudamiento privado, mayores exportaciones y un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional. La cuenta financiera cambiaria registró un superávit de USD 1.763 millones, permitiendo un aumento mensual de las reservas internacionales de USD 3.646 millones.

Sin embargo, el informe advierte que buena parte de esos ingresos financieros terminaron financiando la creciente formación de activos externos (FAE), es decir, la compra de divisas por parte del sector privado. Entre enero y mayo de 2026 la dolarización de activos alcanzó USD 10.893 millones, mientras que desde la unificación cambiaria acumula USD 43.764 millones.

Para el CEPA existe una correlación prácticamente directa entre el incremento del endeudamiento y la salida de capitales. Desde diciembre de 2023 el endeudamiento neto aumentó USD 42.595 millones —entre deuda pública y privada—, una cifra muy similar a los USD 40.591 millones acumulados por la formación de activos externos durante el mismo período.

El comportamiento de las personas físicas ocupa un lugar central en esta dinámica. Solo durante mayo, las denominadas “Personas Humanas” compraron divisas por USD 2.212 millones, prácticamente la totalidad de la formación de activos externos del mes. Desde diciembre de 2023 acumulan compras netas por USD 47.804 millones, mientras que el resto del sector privado no financiero registró un desatesoramiento debido a las restricciones que aún mantienen las empresas para acceder plenamente al mercado cambiario.

Otro aspecto que destaca el informe es la persistente debilidad de la inversión extranjera directa. En mayo volvió a registrar un saldo negativo de USD 798 millones, explicado principalmente por la salida de capitales del sector petrolero. De esta manera, desde el inicio de la actual administración el flujo acumulado de inversión extranjera permanece en terreno negativo, con una desinversión neta superior a los USD 1.180 millones.

Respecto del financiamiento internacional, el CEPA señala que desde la unificación cambiaria el ingreso neto proveniente de organismos multilaterales alcanzó USD 21.327 millones, de los cuales cerca del 73% corresponde a desembolsos del Fondo Monetario Internacional.

En ese contexto, el informe concluye con un dato que sintetiza la tensión cambiaria del actual esquema económico. Durante los primeros cinco meses de 2026, las compras de divisas realizadas por personas humanas alcanzaron USD 14.033 millones, un monto 26% superior al ingreso neto generado por el complejo oleaginoso y cerealero en igual período. Además, la formación de activos externos acumulada desde abril de 2025 equivale al 282% de todos los desembolsos efectuados por el FMI bajo el programa vigente.

Informe de Balance Cambiario BCRA Junio 2026 by CristianMilciades

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Warsh: ¿cisne negro para Caputo?

By Redacción Economis 1 mes ago
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Centro de Economía Política Argentina. La semana pasada se conoció la recalificación del perfil de riesgo de la deuda argentina por parte de S&P al grado “B-”. El efecto en el Riesgo País fue significativo, llevó a una baja hasta los 425 puntos (casi 95 puntos menos en los últimos 30 días), impulsado por la expectativa de los inversores de que esta recalificación venga aparejada de un mayor flujo de inversión por parte de no residentes. Esto tuvo impacto ya que es la segunda calificación de ese grado que tiene el país (anteriormente Fitch recalificó a Argentina) y los estatutos de los principales fondos de inversión internacionales restringen la compra de activos a aquellos países con este grado de calificación por parte de dos de las tres posibles. 

El informe de la calificadora resalta la necesidad de acceder a los mercados internacionales para refinanciar los vencimientos de deuda y advierte que “probablemente se producirán tensiones durante los próximos 12 a 18 meses que podrían socavar la estabilidad económica”. Tanto los índices de confianza en el gobierno como una colocación en los mercados internacionales son los factores determinantes para la evolución de las próximas revisiones. Además, las calificadoras siempre prestan especial atención al resultado fiscal, de hecho, lo resaltan como motivo para la suba, pero en lo que va del año la dinámica fiscal muestra una imagen significativamente peor a la del año pasado.

Como adelantamos en la edición anterior, en mayo los ingresos del Tesoro mostraron una caída real interanual del 4,1% en su totalidad (recursos tributarios, rentas de la propiedad, otros ingresos corrientes e ingresos de capital), y específicamente, recursos tributarios, registró una caída del 2,4%. Estos resultados se dieron incluso con el viento de cola de la recaudación por ganancias, derivado de la baja base de comparación de mayo 2025 (algo que desarrollamos mejor en la edición anterior). En este sentido, es de esperar que la caída de ingresos en junio sea aún mayor. 

Por el lado del gasto, en mayo cayó 2,2% real interanual, un ritmo menor al que venía en los meses anteriores. Esta desaceleración es consistente con las declaraciones del ministro de hace unas semanas, donde reconoció que necesitaba que los ingresos se recuperen porque no le quedaba margen para seguir ajustando. En particular, las transferencias corrientes a provincias acumulan en 2026 una caída del 42,0% real frente al período enero – mayo de 2025. La contracara de ese ajuste a las provincias es el aumento de “anticipos financieros” a las mismas, en concepto de adelanto de coparticipación (que, al ser un préstamo y no un gasto, no aparece en el resultado fiscal), y desde abril se autorizaron anticipos para 15 provincias que agregan hasta $6,0 billones de pesos.

Esta combinación donde los ingresos caen más rápido que los gastos lleva a que el superávit fiscal acumulado en 2026 sea 31,5% menor en términos reales al de 2025. Mientras las calificadoras todavía festejan el “ancla fiscal”, creemos que el continuo deterioro del resultado presupuestario consolidado, que es una realidad, será un factor relevante para el Riesgo País. 

Sin embargo, buenos datos de inflación podrían traer un alivio en ese frente. Con la aparente resolución del conflicto en Irán y un barril de petróleo BRENT que cayó cerca de 20 dólares en la última quincena, el gobierno va a tener un mayor margen para reducir subsidios energéticos. Tener presente que el ministro Caputo había dado marcha atrás en enero en el cambio de la canasta de medición del INDEC, para evitar que los servicios pasaran a tener una ponderación mayor. Sin embargo, hasta el mes mayo, al comparar el dato acumulado entre ambas canastas, la diferencia es mínima, por lo que, o se dieron un tiro en el pie al perder credibilidad sin beneficio, o tenían planeada una suba en las tarifas que debieron postergar por el aumento de los precios de la guerra, hipótesis que luce más plausible. El buen dato de inflación de mayo (2,1%) refuerza esta idea, dado que amortigua un aumento tarifas y así permite acelerar el ajuste fiscal vía reducción de subsidios. 

Otro evento relevante de la semana y en línea con la vuelta a los mercados internacionales, fue que el gobierno envió al Congreso la propuesta para pagarle USD 170 millones a los hold-outs que litigaron en el exterior, lo que convalida el fallo extranjero y deja al país a merced de posibles juicios en el futuro de bonistas que entraron en canjes anteriores. 

Con estos niveles de tasa de interés internacional y Riesgo País, la vuelta a los mercados comienza a depender más de la estrategia que de la posibilidad. Por un lado, los vencimientos de Julio por USD 4.200 millones parecerían estar cerrados: el Tesoro cuenta con casi USD 3.000 millones de dólares en depósitos del Tesoro y se confirmaron las garantías que el Banco Mundial, junto al BID y la CAF le darían al país para que Caputo pueda acceder a financiamiento por hasta alrededor de USD 3.200 millones (sin contar lo garantizado por la CAF que está pendiente de confirmación) a tasas menores a las de mercado. La apuesta por fuentes de financiamiento “alternativas”, como los cerca de USD 4.900 millones obtenidos entre los distintos bonares finalizaría en la próxima licitación, cuando se complete el límite establecido del AO28. Nosotros creemos que seguramente se abra un nuevo título de características similares cuando nos acerquemos a los vencimientos de enero. Ahora bien, hay motivos por los cuales aprovechar esta ventana de financiamiento internacional que parecería permitir la caída del Riesgo País puede resultar atractivo.

El primer semestre históricamente cuenta con estacionalidad positiva en el mercado cambiario: la liquidación de la cosecha gruesa y la guerra le permitieron al BCRA comprar más de USD 10.000 millones. En el segundo semestre se ven mayores dificultades en el mercado de cambios, al ingresar en junio ya se empieza a ver un menor ritmo de compras de reservas y una mayor intervención por parte del BCRA en títulos dólar linked, por lo que una incógnita relevante es hasta cuándo podrá mantenerse el ritmo de compras. Las dos variables determinantes serán el tipo de cambio y tasa de interés que el gobierno desee sostener, a mayor tipo de cambio y tasa de interés, mayor es la capacidad para acumular reservas. Por el contrario, si desea controlar el tipo de cambio en los meses de menor oferta estructural, podríamos ver ventas de reservas y una mayor contracción monetaria para subir la tasa y desincentivar la compra de dólares.

Con un mercado que se encuentra optimista y de cara a un segundo semestre más complicado y las elecciones de 2027 cada vez más cerca, el ruido político que pueden generar las legislativas en Estados Unidos y un mayor foco en la situación fiscal (consolidado gobierno y provincias), luce difícil que siga bajando el costo de financiamiento – y que aumenta la carga de intereses del Tesoro -, que en el mercado internacional rondaría el 8%-9%.  A pesar de ser un valor elevado, ya comienza a estar en un rango de sostenibilidad de la deuda y forma parte del camino de refinanciar el frente externo de deuda, ya que uno de los aspectos más relevantes es brindar certidumbre acerca del origen de los fondos para afrontar los vencimientos.

Cambio de rumbo en la política monetaria de la Reserva Federal

Un factor muy relevante para determinar si la ventana de financiamiento es efectivamente una oportunidad de corto plazo, o si “no hay apuro”, es la trayectoria esperada de las tasas de interés a nivel global, que mostraron un cambio.

La tasa de fondos fijada por la Reserva Federal se ubica en el nivel de 3,5% desde diciembre de 2025. En esa misma reunión, las proyecciones de la FED para la tasa de interés indicaban una baja durante 2026. Sin embargo, las tasas de mercado se desacoplaron de la dinámica que sostuvo la fijada por la FED, con la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 2 años aumentando 0,62 puntos porcentuales desde comienzos de año, desde 3,45% hacia 4,07%. Al mismo tiempo, las probabilidades implícitas en precios de los activos marcaron una expectativa de que en 2026 tengamos una suba en la tasa, oponiéndose a las últimas proyecciones de la FED.

Finalmente, la asunción del nuevo presidente de la autoridad monetaria, Kevin Warsh, trajo un cambio radical en la política monetaria. No sólo las proyecciones del directorio se alinearon a las expectativas de mercado, proyectando una suba para 2026, sino que Warsh anunció reformas estructurales en la conducción de la política monetaria. Desde que Trump lo nominó como candidato, las declaraciones del flamante presidente tuvieron una línea argumentativa clara: “la Reserva Federal está hablando mucho y mal, tendríamos que hablar menos y mejor”.

La disputa que lleva adelante Warsh es contra el concepto de “forward guidance” adoptado post crisis financiera global de 2008. Este marco implica orientar a los mercados sobre la evolución futura de la política monetaria, para lo que se implementaron reuniones cada 45 días acompañadas de conferencias de prensa, proyecciones de tasas, crecimiento económico y desempleo. Además, los miembros del directorio declaraban periódicamente sobre el futuro de las tasas de interés. La búsqueda de este enfoque es brindarle orientación a los mercados financieros para que se anticipen a las decisiones de la institución. 

Bueno, en su primera conferencia de prensa, Warsh dio señales que van fuertemente en contra de esta teoría, argumentando que dar forward guidance es contraproducente para la interpretación de los agentes de los datos económicos, y todo se analiza en función de cómo iría a reaccionar la Reserva Federal. Para ello, Warsh anunció un paquete de reformas estructurales que buscan reformular la presentación de proyecciones, dar conferencias de prensa sólo cuando sea necesario, dar menos declaraciones públicas y tornar “más aburridos” sus comunicados.

Además, y probablemente lo más importante de su primera conferencia, Warsh planteó un objetivo claro dirigido al control de la inflación como objetivo de la política monetaria, relativizando el mandato dual de la institución, que además balancea los riesgos del desempleo. Durante la conferencia no nombró por iniciativa propia al desempleo y cuando le preguntaron al respecto contestó que no existe un trade-off entre inflación y desempleo, una regla ampliamente instalada.

En lo concreto, los efectos de esta reestructuración de la conducción de la política monetaria fueron inmediatos. En apenas 2 horas, la tasa de interés de deuda estadounidense a 2 años subió a 4,2% (+0,14 puntos porcentuales), el índice S&P500 cayó 1,3% y los mercados recalcularon sus proyecciones, poniendo en precios la posibilidad de 2 subas de tasa para 2026. El panorama internacional está claro: las tasas de interés no van a bajar, y probablemente terminen subiendo. Para Caputo, esto implica que la hipotética ventana de acceso al mercado que se abrió con la recalificación de S&P puede durar muy poco.

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La destrucción silenciosa: en 28 meses cerraron 26.448 empresas y se perdieron 370 mil puestos registrados

By Economis Redacción 1 mes ago
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La economía argentina atraviesa una paradoja cada vez más visible. Mientras algunos indicadores macroeconómicos muestran señales de estabilización, el tejido productivo continúa achicándose. La fotografía que surge de los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) es contundente: entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 desaparecieron 26.448 empleadores y se perdieron 339.841 puestos de trabajo registrados en unidades productivas. Si se suman las trabajadoras de casas particulares, la destrucción alcanza a 370.487 empleos formales.
Traducido a una escala cotidiana, la Argentina perdió 31 empresas por día y 435 empleos registrados diarios durante los primeros 28 meses de gestión de Javier Milei.
El dato expone una realidad menos visible que la desaceleración inflacionaria o la mejora financiera: la economía continúa expulsando unidades productivas y empleo formal.

Los números muestran que el universo de empleadores pasó de 512.357 a 485.909 firmas, una caída del 5,2%. Detrás de esa cifra hay comercios, pequeñas industrias, empresas de transporte, constructoras y prestadores de servicios que dejaron de operar o redujeron su estructura al punto de abandonar el empleo registrado.

Empresas empleadoras: 26.448 menos

Argentina | Noviembre 2023 vs marzo 2026

Indicador Nov. 2023 Mar. 2026 Variación
Empleadores registrados 512.357 485.909 -26.448
Ritmo promedio 28 meses -31 por día
Fuente: CEPA en base a SRT.

El sector más golpeado fue el comercio, con 6.836 empleadores menos. Le siguieron transporte y almacenamiento (-6.473), servicios inmobiliarios (-3.796), industria manufacturera (-3.393), servicios profesionales (-2.666) y actividades agropecuarias (-2.425).
Sin embargo, cuando se mide el impacto en términos relativos, el panorama cambia. Transporte y almacenamiento encabeza la crisis con una contracción del 16,4% de sus empleadores, seguido por servicios extraterritoriales (-15,8%), inmobiliarias (-12,8%) y construcción (-9,5%).

El empleo formal sigue en retroceso

La caída empresaria tuvo un correlato inevitable sobre el mercado laboral. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 el empleo registrado en unidades productivas cayó de 9,86 millones a 9,52 millones de trabajadores. Son 339.841 puestos menos, equivalente a una retracción del 3,45%.

La construcción aparece como el gran símbolo del ajuste económico. El sector perdió 81.425 empleos registrados, producto del freno de la obra pública nacional y de la retracción de la inversión privada. Detrás se ubicaron la industria manufacturera (-79.263), la administración pública (-67.312) y el transporte (-64.660).
En términos porcentuales, la construcción también lidera el deterioro con una caída del 17,1% del empleo. Transporte y servicios extraterritoriales registran bajas superiores al 12%, mientras que la industria manufacturera retrocede 6,5%.

Empleo formal: 370.487 puestos menos

Argentina | Unidades productivas + casas particulares

Categoría Nov. 2023 Mar. 2026 Variación
Trabajadores en unidades productivas 9.857.173 9.517.332 -339.841
Casas particulares 629.660 599.014 -30.646
Total empleo privado registrado 10.486.833 10.116.346 -370.487
Fuente: CEPA en base a SRT.


Un dato especialmente sensible es el comportamiento del empleo doméstico. Las trabajadoras de casas particulares registradas pasaron de 629.660 a 599.014. Son 30.646 empleos menos. Históricamente, este sector funciona como un termómetro del poder adquisitivo de los hogares de clase media: cuando las familias ajustan gastos, el empleo doméstico suele ser una de las primeras variables afectadas.

Misiones: una crisis más silenciosa, pero persistente

Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino permiten observar que Misiones no quedó al margen de esta dinámica.

Misiones perdió 1.074 empresas empleadoras entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, pasando de 9.480 a 8.406 firmas registradas. La caída alcanza el 11,3%, más del doble del promedio nacional. Esto significa que más de una de cada diez empresas que empleaban trabajadores formales dejó de existir durante el período.

Misiones: más de una de cada diez empresas menos

Noviembre 2023 vs marzo 2026

Indicador Nov. 2023 Mar. 2026 Variación
Empresas empleadoras 9.480 8.406 -1.074 / -11,3%
Empleo privado formal — 97.796 mínimo desde dic. 2020
Fuente: elaboración propia en base a datos laborales oficiales.

El deterioro también se refleja en el empleo privado registrado. En marzo de 2026 Misiones contabilizó 97.796 trabajadores formales en el sector privado, el nivel más bajo desde diciembre de 2020. La provincia perdió 707 puestos solamente en marzo y acumula una caída interanual que la ubica entre las jurisdicciones más afectadas del NEA.

La diferencia respecto de otras provincias radica en la estructura económica misionera. La provincia depende fuertemente de pymes comerciales, agroindustriales y de servicios vinculados al mercado interno. Son precisamente los segmentos que más sufren cuando cae el consumo, se encarece el financiamiento y se retrae la actividad.

Pymes que desaparecen, grandes empresas que despiden

Otro dato relevante del informe es que la desaparición de empleadores se concentra casi exclusivamente en las pequeñas y medianas empresas. De las 26.448 firmas perdidas, 26.382 tenían menos de 500 trabajadores. Es decir, el 99,75% de los cierres corresponde a empresas de menor tamaño.

Sin embargo, cuando se analiza el empleo, el mayor ajuste provino de las grandes compañías. Las empresas con más de 500 empleados explican el 67,1% de los puestos destruidos, con una pérdida de 228.084 trabajadores.

La lectura es clara: las pymes son las que desaparecen, mientras que las grandes empresas sobreviven reduciendo personal.

La discusión económica argentina suele concentrarse en inflación, dólar, reservas o superávit fiscal. Pero detrás de esos indicadores aparece otra realidad: la del tamaño efectivo de la economía.

Los datos muestran que la estabilización macroeconómica todavía no logró traducirse en una recuperación sostenida del entramado productivo. Menos empresas, menos empleo registrado y una industria que opera con elevados niveles de capacidad ociosa configuran un escenario donde la economía puede mostrar mejores balances fiscales mientras continúa reduciendo su base productiva.

El desafío de los próximos meses no será solamente sostener la estabilidad. Será demostrar que esa estabilidad puede generar nuevas empresas, recuperar empleo formal y revertir una dinámica que, por ahora, sigue mostrando una economía más ordenada, pero también más pequeña.

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Transporte: el AMBA aumentó fuerte, pero el interior paga hasta tres veces más

By Redacción Economis 2 meses ago
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El ajuste tarifario del transporte público tuvo en el Área Metropolitana de Buenos Aires uno de sus capítulos más visibles: entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el boleto de colectivo se multiplicó hasta por 16, el subte por casi 18 y el tren por 10. Según el informe de CEPA, los aumentos nominales superaron largamente a la inflación acumulada del período, que fue de 303,5%. En el caso del colectivo, la suba fue de 1.221% para las líneas de jurisdicción nacional, 1.250% para las porteñas y 1.545% para las bonaerenses; el subte trepó 1.668% y el tren, 741%.

El dato central no es sólo la magnitud del aumento, sino su impacto sobre los ingresos. Para un trabajador que usa colectivo y subte durante 22 días hábiles al mes, el gasto pasó de representar 2,6% del salario mínimo en diciembre de 2023 a 17,3% en abril de 2026. En el escenario de mayor combinación —colectivo, tren y subte— la incidencia llegó a 14,7%. La tarifa subió por encima de los precios, mientras el salario mínimo perdió cerca de 43% real en el mismo período.

Pero el aumento del AMBA convive con una paradoja federal: pese al fuerte salto tarifario, el boleto metropolitano sigue siendo el más bajo del país. En abril de 2026, la tarifa mínima nacional del AMBA era de $700, frente a $1.365 en Posadas, $1.720 en Córdoba y Rosario, $1.890 en Corrientes, $1.900 en Santa Fe, $2.192 en Rawson y $2.300 en San Martín de los Andes. Es decir: algunas ciudades del interior pagan más de tres veces el boleto del área metropolitana.

Tarifa mínima de colectivo urbano por ciudad

Abril 2026 · Tarifa plena SUBE registrada, tramo mínimo 0-3 km

San Martín de los Andes
$2.300
Rawson
$2.192
Santa Fe
$1.900
Corrientes
$1.890
Resistencia
$1.885
Formosa
$1.750
Córdoba / Rosario / Paraná
$1.720
Posadas
$1.365
Gran Buenos Aires
$969
CABA
$754
AMBA nacional
$700

Fuente: CEPA en base a AAETA y operadores locales.

La explicación está en la arquitectura desigual de los subsidios. La eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior, en febrero de 2024, dejó a municipios y provincias frente al costo operativo casi sin asistencia nacional, mientras el AMBA continuó recibiendo sostenimiento parcial de Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires. El resultado es una doble asimetría: los usuarios metropolitanos enfrentaron aumentos históricos, pero los del interior quedaron expuestos a tarifas mucho más altas.

En Misiones, Posadas aparece en la mitad alta del mapa tarifario: con $1.365, el boleto urbano casi duplica al del AMBA nacional y supera con amplitud a CABA. Entre diciembre de 2023 y abril de 2026, la tarifa posadeña acumuló una suba nominal de 950%, equivalente a un aumento real de 158,9%. El dato confirma que la discusión no es sólo tarifaria, sino también federal: el interior ajustó antes, más fuerte y con menos respaldo fiscal.

El informe también advierte sobre un efecto social más amplio. La Beca Progresar, congelada en $35.000 desde marzo de 2025, pasó de cubrir 839 boletos en diciembre de 2023 a apenas 111 en abril de 2026. A su vez, la caída de pasajeros refleja una doble presión: boletos más caros y menor demanda estructural de viajes por el deterioro del empleo y la actividad económica.

En síntesis, el AMBA atraviesa una recomposición tarifaria inédita, pero sigue ubicado en el piso del ranking nacional. El interior, en cambio, paga el costo completo de una política que retiró subsidios sin construir un esquema federal alternativo. La consecuencia es evidente: viajar en colectivo cuesta mucho más lejos de Buenos Aires.

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“La universidad da pocos graduados”, dijo el subsecretario de Políticas universitarias

By Redacción Economis 2 meses ago
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El subsecretario de Políticas universitarias Alejandro Álvarez, “la universidad da pocos graduados” y añadió además que “se designa por rosca política, no hay un procedimiento fijo”. En la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional endureció su discurso sobre el sistema de educación superior y oficializó una reducción de $78.768 millones en distintos programas de la Secretaría de Educación, incluida la suspensión de transferencias para obras universitarias.

La decisión quedó formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026 y coincidió con una ofensiva pública del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien cuestionó el modelo de financiamiento actual, habló de un sistema “arbitrario” y aseguró que las universidades “dan pocos graduados” pese al nivel de gasto estatal.

El conflicto no se limita a una discusión presupuestaria. El trasfondo combina ajuste fiscal, disputa por el control político de las universidades y redefinición de los criterios de distribución de fondos en uno de los sectores históricamente más sensibles del Estado argentino.

El recorte llega antes de la marcha universitaria

La reducción presupuestaria impacta sobre programas educativos nacionales, infraestructura escolar, becas y universidades. El mayor ajuste recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de $35.288 millones destinados a transferencias a provincias.

También fue eliminado el Fondo de Compensación Salarial Docente, utilizado para equiparar salarios mínimos provinciales, con una quita cercana a $8.930 millones.

La poda incluyó además recortes en infraestructura escolar y equipamiento por más de $21.686 millones, una baja de $6.649 millones en programas socioeducativos y una reducción superior a $559 millones en becas estudiantiles.

La empresa estatal EDUC.AR S.A. sufrió una retracción de transferencias por $48.000 millones.

En paralelo, el Gobierno dejó sin efecto transferencias de capital destinadas a infraestructura universitaria por $5.303 millones. Según el anexo de la medida, las obras quedaron suspendidas en trece universidades nacionales.

La Universidad Nacional de La Plata fue la más afectada, con una reducción de $1.043 millones. También registraron recortes las universidades de General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.

La estrategia oficial: cambiar cómo se reparte el presupuesto

Mientras crece la tensión con rectores, sindicatos y centros estudiantiles, el Gobierno intenta instalar otra discusión: no sólo cuánto se gasta, sino cómo se asignan los recursos.

Álvarez sostuvo que el presupuesto universitario “se designa por rosca política” y planteó que la intención oficial es reemplazar ese esquema por un mecanismo basado en “indicadores objetivos”.

Según explicó, la Subsecretaría trabaja en el cruce de información vinculada a cantidad de docentes y estudiantes para diseñar nuevos parámetros de distribución presupuestaria.

La señal política es relevante porque apunta directamente al corazón del sistema universitario: el criterio histórico de negociación entre universidades, Estado nacional y actores políticos con peso parlamentario y territorial.

El funcionario también afirmó que las universidades reciben actualmente los fondos de funcionamiento “en tiempo y forma” y defendió la política salarial del Ejecutivo frente a los reclamos gremiales.

La pelea por los hospitales universitarios

Otro de los focos de conflicto quedó expuesto en la discusión sobre los hospitales universitarios.

Álvarez rechazó las críticas de la Universidad de Buenos Aires y sostuvo que el Gobierno transfirió regularmente los recursos correspondientes. Según dijo, la disputa real gira en torno a un fondo de refuerzo de $80.000 millones destinado a hospitales universitarios de todo el país.

“El reclamo de la UBA es otra cosa”, planteó el funcionario, al señalar que la universidad pretende acceder al 95% de ese fondo extraordinario.

La discusión adquiere peso político porque el Hospital de Clínicas se transformó nuevamente en uno de los símbolos visibles de la protesta universitaria y sanitaria.

La narrativa oficial frente a la marcha

El Gobierno endureció además su caracterización política de la movilización convocada en todo el país.

Álvarez definió la protesta como “un acto opositor” y afirmó que las universidades están dominadas por “dos corporaciones”, una política y otra sindical.

Aunque el Ejecutivo intenta separar la discusión presupuestaria de la protesta callejera, la simultaneidad entre los recortes oficializados y la movilización nacional terminó potenciando el conflicto.

La administración de Javier Milei busca sostener el ajuste fiscal sin ceder ante sectores que considera parte del entramado político tradicional. Del otro lado, rectores, gremios y estudiantes intentan reinstalar el financiamiento universitario como un eje de desgaste para el Gobierno.

Qué muestran los números del presupuesto universitario

Según datos citados del CEPA, el Programa 26 de Desarrollo de la Educación Superior acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025.

El informe proyecta que, a valores constantes de diciembre de 2026, el crédito vigente alcanzaría los $4,87 billones, lo que ampliaría la retracción acumulada al 41,6% respecto de 2023.

El análisis también compara ese escenario con la Ley de Financiamiento Universitario vetada por el Poder Ejecutivo y luego reimpulsada en el Congreso. De haberse aplicado esa norma, el presupuesto universitario habría ascendido a $8,49 billones a valores de 2026.

En contraste, la propuesta oficial elevaría el crédito a $5,51 billones, aunque eso implicaría —según el CEPA— una caída real del 33,9% frente a 2023.

Álvarez cuestionó además la viabilidad financiera de esa ley y sostuvo que implicaba un aumento salarial del 50% “que el Estado no está en condiciones económicas de afrontar”.

Impacto regional y tensión sobre las provincias

Aunque los mayores recortes informados corresponden a universidades de otras regiones del país, la discusión impacta también sobre el NEA y Misiones por múltiples vías.

La reducción de programas nacionales de alfabetización y compensación salarial docente afecta transferencias que alcanzan a las provincias. Además, cualquier modificación en los criterios de distribución presupuestaria universitaria podría alterar el esquema de financiamiento futuro para instituciones nacionales del interior.

En regiones con menor densidad económica relativa, las universidades públicas funcionan además como motores de movilidad social, empleo profesional y circulación de recursos estatales.

La combinación entre ajuste fiscal y revisión de criterios de asignación abre un escenario de incertidumbre para las casas de estudio que dependen en gran medida de fondos nacionales.

Un conflicto que excede la cuestión educativa

La discusión universitaria ya dejó de ser únicamente presupuestaria. El Gobierno intenta avanzar sobre mecanismos de financiamiento, control de gastos y lógica de funcionamiento institucional, mientras las universidades buscan preservar autonomía y capacidad de negociación política.

La magnitud de la movilización federal, la reacción del Congreso y la evolución del conflicto salarial serán variables centrales para medir hasta dónde el Ejecutivo puede sostener su estrategia sin ampliar el costo político.

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