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Warsh: ¿cisne negro para Caputo?

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Centro de Economía Política Argentina. La semana pasada se conoció la recalificación del perfil de riesgo de la deuda argentina por parte de S&P al grado “B-”. El efecto en el Riesgo País fue significativo, llevó a una baja hasta los 425 puntos (casi 95 puntos menos en los últimos 30 días), impulsado por la expectativa de los inversores de que esta recalificación venga aparejada de un mayor flujo de inversión por parte de no residentes. Esto tuvo impacto ya que es la segunda calificación de ese grado que tiene el país (anteriormente Fitch recalificó a Argentina) y los estatutos de los principales fondos de inversión internacionales restringen la compra de activos a aquellos países con este grado de calificación por parte de dos de las tres posibles. 

El informe de la calificadora resalta la necesidad de acceder a los mercados internacionales para refinanciar los vencimientos de deuda y advierte que “probablemente se producirán tensiones durante los próximos 12 a 18 meses que podrían socavar la estabilidad económica”. Tanto los índices de confianza en el gobierno como una colocación en los mercados internacionales son los factores determinantes para la evolución de las próximas revisiones. Además, las calificadoras siempre prestan especial atención al resultado fiscal, de hecho, lo resaltan como motivo para la suba, pero en lo que va del año la dinámica fiscal muestra una imagen significativamente peor a la del año pasado.

Como adelantamos en la edición anterior, en mayo los ingresos del Tesoro mostraron una caída real interanual del 4,1% en su totalidad (recursos tributarios, rentas de la propiedad, otros ingresos corrientes e ingresos de capital), y específicamente, recursos tributarios, registró una caída del 2,4%. Estos resultados se dieron incluso con el viento de cola de la recaudación por ganancias, derivado de la baja base de comparación de mayo 2025 (algo que desarrollamos mejor en la edición anterior). En este sentido, es de esperar que la caída de ingresos en junio sea aún mayor. 

Por el lado del gasto, en mayo cayó 2,2% real interanual, un ritmo menor al que venía en los meses anteriores. Esta desaceleración es consistente con las declaraciones del ministro de hace unas semanas, donde reconoció que necesitaba que los ingresos se recuperen porque no le quedaba margen para seguir ajustando. En particular, las transferencias corrientes a provincias acumulan en 2026 una caída del 42,0% real frente al período enero – mayo de 2025. La contracara de ese ajuste a las provincias es el aumento de “anticipos financieros” a las mismas, en concepto de adelanto de coparticipación (que, al ser un préstamo y no un gasto, no aparece en el resultado fiscal), y desde abril se autorizaron anticipos para 15 provincias que agregan hasta $6,0 billones de pesos.

Esta combinación donde los ingresos caen más rápido que los gastos lleva a que el superávit fiscal acumulado en 2026 sea 31,5% menor en términos reales al de 2025. Mientras las calificadoras todavía festejan el “ancla fiscal”, creemos que el continuo deterioro del resultado presupuestario consolidado, que es una realidad, será un factor relevante para el Riesgo País. 

Sin embargo, buenos datos de inflación podrían traer un alivio en ese frente. Con la aparente resolución del conflicto en Irán y un barril de petróleo BRENT que cayó cerca de 20 dólares en la última quincena, el gobierno va a tener un mayor margen para reducir subsidios energéticos. Tener presente que el ministro Caputo había dado marcha atrás en enero en el cambio de la canasta de medición del INDEC, para evitar que los servicios pasaran a tener una ponderación mayor. Sin embargo, hasta el mes mayo, al comparar el dato acumulado entre ambas canastas, la diferencia es mínima, por lo que, o se dieron un tiro en el pie al perder credibilidad sin beneficio, o tenían planeada una suba en las tarifas que debieron postergar por el aumento de los precios de la guerra, hipótesis que luce más plausible. El buen dato de inflación de mayo (2,1%) refuerza esta idea, dado que amortigua un aumento tarifas y así permite acelerar el ajuste fiscal vía reducción de subsidios. 

Otro evento relevante de la semana y en línea con la vuelta a los mercados internacionales, fue que el gobierno envió al Congreso la propuesta para pagarle USD 170 millones a los hold-outs que litigaron en el exterior, lo que convalida el fallo extranjero y deja al país a merced de posibles juicios en el futuro de bonistas que entraron en canjes anteriores. 

Con estos niveles de tasa de interés internacional y Riesgo País, la vuelta a los mercados comienza a depender más de la estrategia que de la posibilidad. Por un lado, los vencimientos de Julio por USD 4.200 millones parecerían estar cerrados: el Tesoro cuenta con casi USD 3.000 millones de dólares en depósitos del Tesoro y se confirmaron las garantías que el Banco Mundial, junto al BID y la CAF le darían al país para que Caputo pueda acceder a financiamiento por hasta alrededor de USD 3.200 millones (sin contar lo garantizado por la CAF que está pendiente de confirmación) a tasas menores a las de mercado. La apuesta por fuentes de financiamiento “alternativas”, como los cerca de USD 4.900 millones obtenidos entre los distintos bonares finalizaría en la próxima licitación, cuando se complete el límite establecido del AO28. Nosotros creemos que seguramente se abra un nuevo título de características similares cuando nos acerquemos a los vencimientos de enero. Ahora bien, hay motivos por los cuales aprovechar esta ventana de financiamiento internacional que parecería permitir la caída del Riesgo País puede resultar atractivo.

El primer semestre históricamente cuenta con estacionalidad positiva en el mercado cambiario: la liquidación de la cosecha gruesa y la guerra le permitieron al BCRA comprar más de USD 10.000 millones. En el segundo semestre se ven mayores dificultades en el mercado de cambios, al ingresar en junio ya se empieza a ver un menor ritmo de compras de reservas y una mayor intervención por parte del BCRA en títulos dólar linked, por lo que una incógnita relevante es hasta cuándo podrá mantenerse el ritmo de compras. Las dos variables determinantes serán el tipo de cambio y tasa de interés que el gobierno desee sostener, a mayor tipo de cambio y tasa de interés, mayor es la capacidad para acumular reservas. Por el contrario, si desea controlar el tipo de cambio en los meses de menor oferta estructural, podríamos ver ventas de reservas y una mayor contracción monetaria para subir la tasa y desincentivar la compra de dólares.

Con un mercado que se encuentra optimista y de cara a un segundo semestre más complicado y las elecciones de 2027 cada vez más cerca, el ruido político que pueden generar las legislativas en Estados Unidos y un mayor foco en la situación fiscal (consolidado gobierno y provincias), luce difícil que siga bajando el costo de financiamiento – y que aumenta la carga de intereses del Tesoro -, que en el mercado internacional rondaría el 8%-9%.  A pesar de ser un valor elevado, ya comienza a estar en un rango de sostenibilidad de la deuda y forma parte del camino de refinanciar el frente externo de deuda, ya que uno de los aspectos más relevantes es brindar certidumbre acerca del origen de los fondos para afrontar los vencimientos.

Cambio de rumbo en la política monetaria de la Reserva Federal

Un factor muy relevante para determinar si la ventana de financiamiento es efectivamente una oportunidad de corto plazo, o si “no hay apuro”, es la trayectoria esperada de las tasas de interés a nivel global, que mostraron un cambio.

La tasa de fondos fijada por la Reserva Federal se ubica en el nivel de 3,5% desde diciembre de 2025. En esa misma reunión, las proyecciones de la FED para la tasa de interés indicaban una baja durante 2026. Sin embargo, las tasas de mercado se desacoplaron de la dinámica que sostuvo la fijada por la FED, con la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 2 años aumentando 0,62 puntos porcentuales desde comienzos de año, desde 3,45% hacia 4,07%. Al mismo tiempo, las probabilidades implícitas en precios de los activos marcaron una expectativa de que en 2026 tengamos una suba en la tasa, oponiéndose a las últimas proyecciones de la FED.

Finalmente, la asunción del nuevo presidente de la autoridad monetaria, Kevin Warsh, trajo un cambio radical en la política monetaria. No sólo las proyecciones del directorio se alinearon a las expectativas de mercado, proyectando una suba para 2026, sino que Warsh anunció reformas estructurales en la conducción de la política monetaria. Desde que Trump lo nominó como candidato, las declaraciones del flamante presidente tuvieron una línea argumentativa clara: “la Reserva Federal está hablando mucho y mal, tendríamos que hablar menos y mejor”.

La disputa que lleva adelante Warsh es contra el concepto de “forward guidance” adoptado post crisis financiera global de 2008. Este marco implica orientar a los mercados sobre la evolución futura de la política monetaria, para lo que se implementaron reuniones cada 45 días acompañadas de conferencias de prensa, proyecciones de tasas, crecimiento económico y desempleo. Además, los miembros del directorio declaraban periódicamente sobre el futuro de las tasas de interés. La búsqueda de este enfoque es brindarle orientación a los mercados financieros para que se anticipen a las decisiones de la institución. 

Bueno, en su primera conferencia de prensa, Warsh dio señales que van fuertemente en contra de esta teoría, argumentando que dar forward guidance es contraproducente para la interpretación de los agentes de los datos económicos, y todo se analiza en función de cómo iría a reaccionar la Reserva Federal. Para ello, Warsh anunció un paquete de reformas estructurales que buscan reformular la presentación de proyecciones, dar conferencias de prensa sólo cuando sea necesario, dar menos declaraciones públicas y tornar “más aburridos” sus comunicados.

Además, y probablemente lo más importante de su primera conferencia, Warsh planteó un objetivo claro dirigido al control de la inflación como objetivo de la política monetaria, relativizando el mandato dual de la institución, que además balancea los riesgos del desempleo. Durante la conferencia no nombró por iniciativa propia al desempleo y cuando le preguntaron al respecto contestó que no existe un trade-off entre inflación y desempleo, una regla ampliamente instalada.

En lo concreto, los efectos de esta reestructuración de la conducción de la política monetaria fueron inmediatos. En apenas 2 horas, la tasa de interés de deuda estadounidense a 2 años subió a 4,2% (+0,14 puntos porcentuales), el índice S&P500 cayó 1,3% y los mercados recalcularon sus proyecciones, poniendo en precios la posibilidad de 2 subas de tasa para 2026. El panorama internacional está claro: las tasas de interés no van a bajar, y probablemente terminen subiendo. Para Caputo, esto implica que la hipotética ventana de acceso al mercado que se abrió con la recalificación de S&P puede durar muy poco.

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La destrucción silenciosa: en 28 meses cerraron 26.448 empresas y se perdieron 370 mil puestos registrados

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La economía argentina atraviesa una paradoja cada vez más visible. Mientras algunos indicadores macroeconómicos muestran señales de estabilización, el tejido productivo continúa achicándose. La fotografía que surge de los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) es contundente: entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 desaparecieron 26.448 empleadores y se perdieron 339.841 puestos de trabajo registrados en unidades productivas. Si se suman las trabajadoras de casas particulares, la destrucción alcanza a 370.487 empleos formales.
Traducido a una escala cotidiana, la Argentina perdió 31 empresas por día y 435 empleos registrados diarios durante los primeros 28 meses de gestión de Javier Milei.
El dato expone una realidad menos visible que la desaceleración inflacionaria o la mejora financiera: la economía continúa expulsando unidades productivas y empleo formal.

Los números muestran que el universo de empleadores pasó de 512.357 a 485.909 firmas, una caída del 5,2%. Detrás de esa cifra hay comercios, pequeñas industrias, empresas de transporte, constructoras y prestadores de servicios que dejaron de operar o redujeron su estructura al punto de abandonar el empleo registrado.

Empresas empleadoras: 26.448 menos

Argentina | Noviembre 2023 vs marzo 2026

Indicador Nov. 2023 Mar. 2026 Variación
Empleadores registrados 512.357 485.909 -26.448
Ritmo promedio 28 meses -31 por día
Fuente: CEPA en base a SRT.

El sector más golpeado fue el comercio, con 6.836 empleadores menos. Le siguieron transporte y almacenamiento (-6.473), servicios inmobiliarios (-3.796), industria manufacturera (-3.393), servicios profesionales (-2.666) y actividades agropecuarias (-2.425).
Sin embargo, cuando se mide el impacto en términos relativos, el panorama cambia. Transporte y almacenamiento encabeza la crisis con una contracción del 16,4% de sus empleadores, seguido por servicios extraterritoriales (-15,8%), inmobiliarias (-12,8%) y construcción (-9,5%).

El empleo formal sigue en retroceso

La caída empresaria tuvo un correlato inevitable sobre el mercado laboral. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 el empleo registrado en unidades productivas cayó de 9,86 millones a 9,52 millones de trabajadores. Son 339.841 puestos menos, equivalente a una retracción del 3,45%.

La construcción aparece como el gran símbolo del ajuste económico. El sector perdió 81.425 empleos registrados, producto del freno de la obra pública nacional y de la retracción de la inversión privada. Detrás se ubicaron la industria manufacturera (-79.263), la administración pública (-67.312) y el transporte (-64.660).
En términos porcentuales, la construcción también lidera el deterioro con una caída del 17,1% del empleo. Transporte y servicios extraterritoriales registran bajas superiores al 12%, mientras que la industria manufacturera retrocede 6,5%.

Empleo formal: 370.487 puestos menos

Argentina | Unidades productivas + casas particulares

Categoría Nov. 2023 Mar. 2026 Variación
Trabajadores en unidades productivas 9.857.173 9.517.332 -339.841
Casas particulares 629.660 599.014 -30.646
Total empleo privado registrado 10.486.833 10.116.346 -370.487
Fuente: CEPA en base a SRT.


Un dato especialmente sensible es el comportamiento del empleo doméstico. Las trabajadoras de casas particulares registradas pasaron de 629.660 a 599.014. Son 30.646 empleos menos. Históricamente, este sector funciona como un termómetro del poder adquisitivo de los hogares de clase media: cuando las familias ajustan gastos, el empleo doméstico suele ser una de las primeras variables afectadas.

Misiones: una crisis más silenciosa, pero persistente

Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino permiten observar que Misiones no quedó al margen de esta dinámica.

Misiones perdió 1.074 empresas empleadoras entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, pasando de 9.480 a 8.406 firmas registradas. La caída alcanza el 11,3%, más del doble del promedio nacional. Esto significa que más de una de cada diez empresas que empleaban trabajadores formales dejó de existir durante el período.

Misiones: más de una de cada diez empresas menos

Noviembre 2023 vs marzo 2026

Indicador Nov. 2023 Mar. 2026 Variación
Empresas empleadoras 9.480 8.406 -1.074 / -11,3%
Empleo privado formal 97.796 mínimo desde dic. 2020
Fuente: elaboración propia en base a datos laborales oficiales.

El deterioro también se refleja en el empleo privado registrado. En marzo de 2026 Misiones contabilizó 97.796 trabajadores formales en el sector privado, el nivel más bajo desde diciembre de 2020. La provincia perdió 707 puestos solamente en marzo y acumula una caída interanual que la ubica entre las jurisdicciones más afectadas del NEA.

La diferencia respecto de otras provincias radica en la estructura económica misionera. La provincia depende fuertemente de pymes comerciales, agroindustriales y de servicios vinculados al mercado interno. Son precisamente los segmentos que más sufren cuando cae el consumo, se encarece el financiamiento y se retrae la actividad.

Pymes que desaparecen, grandes empresas que despiden

Otro dato relevante del informe es que la desaparición de empleadores se concentra casi exclusivamente en las pequeñas y medianas empresas. De las 26.448 firmas perdidas, 26.382 tenían menos de 500 trabajadores. Es decir, el 99,75% de los cierres corresponde a empresas de menor tamaño.

Sin embargo, cuando se analiza el empleo, el mayor ajuste provino de las grandes compañías. Las empresas con más de 500 empleados explican el 67,1% de los puestos destruidos, con una pérdida de 228.084 trabajadores.

La lectura es clara: las pymes son las que desaparecen, mientras que las grandes empresas sobreviven reduciendo personal.

La discusión económica argentina suele concentrarse en inflación, dólar, reservas o superávit fiscal. Pero detrás de esos indicadores aparece otra realidad: la del tamaño efectivo de la economía.

Los datos muestran que la estabilización macroeconómica todavía no logró traducirse en una recuperación sostenida del entramado productivo. Menos empresas, menos empleo registrado y una industria que opera con elevados niveles de capacidad ociosa configuran un escenario donde la economía puede mostrar mejores balances fiscales mientras continúa reduciendo su base productiva.

El desafío de los próximos meses no será solamente sostener la estabilidad. Será demostrar que esa estabilidad puede generar nuevas empresas, recuperar empleo formal y revertir una dinámica que, por ahora, sigue mostrando una economía más ordenada, pero también más pequeña.

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Transporte: el AMBA aumentó fuerte, pero el interior paga hasta tres veces más

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El ajuste tarifario del transporte público tuvo en el Área Metropolitana de Buenos Aires uno de sus capítulos más visibles: entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el boleto de colectivo se multiplicó hasta por 16, el subte por casi 18 y el tren por 10. Según el informe de CEPA, los aumentos nominales superaron largamente a la inflación acumulada del período, que fue de 303,5%. En el caso del colectivo, la suba fue de 1.221% para las líneas de jurisdicción nacional, 1.250% para las porteñas y 1.545% para las bonaerenses; el subte trepó 1.668% y el tren, 741%.

El dato central no es sólo la magnitud del aumento, sino su impacto sobre los ingresos. Para un trabajador que usa colectivo y subte durante 22 días hábiles al mes, el gasto pasó de representar 2,6% del salario mínimo en diciembre de 2023 a 17,3% en abril de 2026. En el escenario de mayor combinación —colectivo, tren y subte— la incidencia llegó a 14,7%. La tarifa subió por encima de los precios, mientras el salario mínimo perdió cerca de 43% real en el mismo período.

Pero el aumento del AMBA convive con una paradoja federal: pese al fuerte salto tarifario, el boleto metropolitano sigue siendo el más bajo del país. En abril de 2026, la tarifa mínima nacional del AMBA era de $700, frente a $1.365 en Posadas, $1.720 en Córdoba y Rosario, $1.890 en Corrientes, $1.900 en Santa Fe, $2.192 en Rawson y $2.300 en San Martín de los Andes. Es decir: algunas ciudades del interior pagan más de tres veces el boleto del área metropolitana.

Tarifa mínima de colectivo urbano por ciudad

Abril 2026 · Tarifa plena SUBE registrada, tramo mínimo 0-3 km

San Martín de los Andes
$2.300
Rawson
$2.192
Santa Fe
$1.900
Corrientes
$1.890
Resistencia
$1.885
Formosa
$1.750
Córdoba / Rosario / Paraná
$1.720
Posadas
$1.365
Gran Buenos Aires
$969
CABA
$754
AMBA nacional
$700

Fuente: CEPA en base a AAETA y operadores locales.

La explicación está en la arquitectura desigual de los subsidios. La eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior, en febrero de 2024, dejó a municipios y provincias frente al costo operativo casi sin asistencia nacional, mientras el AMBA continuó recibiendo sostenimiento parcial de Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires. El resultado es una doble asimetría: los usuarios metropolitanos enfrentaron aumentos históricos, pero los del interior quedaron expuestos a tarifas mucho más altas.

En Misiones, Posadas aparece en la mitad alta del mapa tarifario: con $1.365, el boleto urbano casi duplica al del AMBA nacional y supera con amplitud a CABA. Entre diciembre de 2023 y abril de 2026, la tarifa posadeña acumuló una suba nominal de 950%, equivalente a un aumento real de 158,9%. El dato confirma que la discusión no es sólo tarifaria, sino también federal: el interior ajustó antes, más fuerte y con menos respaldo fiscal.

El informe también advierte sobre un efecto social más amplio. La Beca Progresar, congelada en $35.000 desde marzo de 2025, pasó de cubrir 839 boletos en diciembre de 2023 a apenas 111 en abril de 2026. A su vez, la caída de pasajeros refleja una doble presión: boletos más caros y menor demanda estructural de viajes por el deterioro del empleo y la actividad económica.

En síntesis, el AMBA atraviesa una recomposición tarifaria inédita, pero sigue ubicado en el piso del ranking nacional. El interior, en cambio, paga el costo completo de una política que retiró subsidios sin construir un esquema federal alternativo. La consecuencia es evidente: viajar en colectivo cuesta mucho más lejos de Buenos Aires.

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“La universidad da pocos graduados”, dijo el subsecretario de Políticas universitarias

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El subsecretario de Políticas universitarias Alejandro Álvarez, “la universidad da pocos graduados” y añadió además que “se designa por rosca política, no hay un procedimiento fijo”. En la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional endureció su discurso sobre el sistema de educación superior y oficializó una reducción de $78.768 millones en distintos programas de la Secretaría de Educación, incluida la suspensión de transferencias para obras universitarias.

La decisión quedó formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026 y coincidió con una ofensiva pública del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien cuestionó el modelo de financiamiento actual, habló de un sistema “arbitrario” y aseguró que las universidades “dan pocos graduados” pese al nivel de gasto estatal.

El conflicto no se limita a una discusión presupuestaria. El trasfondo combina ajuste fiscal, disputa por el control político de las universidades y redefinición de los criterios de distribución de fondos en uno de los sectores históricamente más sensibles del Estado argentino.

El recorte llega antes de la marcha universitaria

La reducción presupuestaria impacta sobre programas educativos nacionales, infraestructura escolar, becas y universidades. El mayor ajuste recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de $35.288 millones destinados a transferencias a provincias.

También fue eliminado el Fondo de Compensación Salarial Docente, utilizado para equiparar salarios mínimos provinciales, con una quita cercana a $8.930 millones.

La poda incluyó además recortes en infraestructura escolar y equipamiento por más de $21.686 millones, una baja de $6.649 millones en programas socioeducativos y una reducción superior a $559 millones en becas estudiantiles.

La empresa estatal EDUC.AR S.A. sufrió una retracción de transferencias por $48.000 millones.

En paralelo, el Gobierno dejó sin efecto transferencias de capital destinadas a infraestructura universitaria por $5.303 millones. Según el anexo de la medida, las obras quedaron suspendidas en trece universidades nacionales.

La Universidad Nacional de La Plata fue la más afectada, con una reducción de $1.043 millones. También registraron recortes las universidades de General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.

La estrategia oficial: cambiar cómo se reparte el presupuesto

Mientras crece la tensión con rectores, sindicatos y centros estudiantiles, el Gobierno intenta instalar otra discusión: no sólo cuánto se gasta, sino cómo se asignan los recursos.

Álvarez sostuvo que el presupuesto universitario “se designa por rosca política” y planteó que la intención oficial es reemplazar ese esquema por un mecanismo basado en “indicadores objetivos”.

Según explicó, la Subsecretaría trabaja en el cruce de información vinculada a cantidad de docentes y estudiantes para diseñar nuevos parámetros de distribución presupuestaria.

La señal política es relevante porque apunta directamente al corazón del sistema universitario: el criterio histórico de negociación entre universidades, Estado nacional y actores políticos con peso parlamentario y territorial.

El funcionario también afirmó que las universidades reciben actualmente los fondos de funcionamiento “en tiempo y forma” y defendió la política salarial del Ejecutivo frente a los reclamos gremiales.

La pelea por los hospitales universitarios

Otro de los focos de conflicto quedó expuesto en la discusión sobre los hospitales universitarios.

Álvarez rechazó las críticas de la Universidad de Buenos Aires y sostuvo que el Gobierno transfirió regularmente los recursos correspondientes. Según dijo, la disputa real gira en torno a un fondo de refuerzo de $80.000 millones destinado a hospitales universitarios de todo el país.

“El reclamo de la UBA es otra cosa”, planteó el funcionario, al señalar que la universidad pretende acceder al 95% de ese fondo extraordinario.

La discusión adquiere peso político porque el Hospital de Clínicas se transformó nuevamente en uno de los símbolos visibles de la protesta universitaria y sanitaria.

La narrativa oficial frente a la marcha

El Gobierno endureció además su caracterización política de la movilización convocada en todo el país.

Álvarez definió la protesta como “un acto opositor” y afirmó que las universidades están dominadas por “dos corporaciones”, una política y otra sindical.

Aunque el Ejecutivo intenta separar la discusión presupuestaria de la protesta callejera, la simultaneidad entre los recortes oficializados y la movilización nacional terminó potenciando el conflicto.

La administración de Javier Milei busca sostener el ajuste fiscal sin ceder ante sectores que considera parte del entramado político tradicional. Del otro lado, rectores, gremios y estudiantes intentan reinstalar el financiamiento universitario como un eje de desgaste para el Gobierno.

Qué muestran los números del presupuesto universitario

Según datos citados del CEPA, el Programa 26 de Desarrollo de la Educación Superior acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025.

El informe proyecta que, a valores constantes de diciembre de 2026, el crédito vigente alcanzaría los $4,87 billones, lo que ampliaría la retracción acumulada al 41,6% respecto de 2023.

El análisis también compara ese escenario con la Ley de Financiamiento Universitario vetada por el Poder Ejecutivo y luego reimpulsada en el Congreso. De haberse aplicado esa norma, el presupuesto universitario habría ascendido a $8,49 billones a valores de 2026.

En contraste, la propuesta oficial elevaría el crédito a $5,51 billones, aunque eso implicaría —según el CEPA— una caída real del 33,9% frente a 2023.

Álvarez cuestionó además la viabilidad financiera de esa ley y sostuvo que implicaba un aumento salarial del 50% “que el Estado no está en condiciones económicas de afrontar”.

Impacto regional y tensión sobre las provincias

Aunque los mayores recortes informados corresponden a universidades de otras regiones del país, la discusión impacta también sobre el NEA y Misiones por múltiples vías.

La reducción de programas nacionales de alfabetización y compensación salarial docente afecta transferencias que alcanzan a las provincias. Además, cualquier modificación en los criterios de distribución presupuestaria universitaria podría alterar el esquema de financiamiento futuro para instituciones nacionales del interior.

En regiones con menor densidad económica relativa, las universidades públicas funcionan además como motores de movilidad social, empleo profesional y circulación de recursos estatales.

La combinación entre ajuste fiscal y revisión de criterios de asignación abre un escenario de incertidumbre para las casas de estudio que dependen en gran medida de fondos nacionales.

Un conflicto que excede la cuestión educativa

La discusión universitaria ya dejó de ser únicamente presupuestaria. El Gobierno intenta avanzar sobre mecanismos de financiamiento, control de gastos y lógica de funcionamiento institucional, mientras las universidades buscan preservar autonomía y capacidad de negociación política.

La magnitud de la movilización federal, la reacción del Congreso y la evolución del conflicto salarial serán variables centrales para medir hasta dónde el Ejecutivo puede sostener su estrategia sin ampliar el costo político.

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El gobierno reacciona mal y tarde a la irregularidad

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Luego de dar una señal de techo a las tasas y de una política monetaria menos restrictiva sobre el final de febrero, el gobierno continuó comprando reservas, aunque intervino en el mercado secundario de títulos indexados al dólar, mantuvo las tasas de cortísimo plazo en alrededor del 20,0% y obtuvo un rollover del 108,1% en la última licitación.

En cuanto a la acumulación de reservas, recordemos que el 23 de febrero se tomaron una serie de medidas que señalizaron un techo a las tasas de interés en pesos y buscaron desacelerar parcialmente el carry. Esto provocó una subida del tipo de cambio que se estabilizó en la zona de $1.400/$1.420. Dado que la oferta de divisas asociada al carry se reduciría, una hipótesis, convalidada hoy, es que a partir de este cambio el BCRA desaceleraría su compra de divisas para no ponerle presión al precio del dólar. Desde el 23 de febrero hasta la fecha, el promedio de compra del BCRA al Sector Privado fue de USD 60 millones diarios, mientras que el promedio del año hasta ese cambio de dinámica que señalamos había sido de USD 73 millones. En principio uno podría pensar que el gobierno eligió una configuración en la cual las tasas de interés comiencen a ser más bajas y menos volátiles, a cambio de aflojar marginalmente el ritmo de compras que sostuvo durante los primeros dos meses del año, siempre que el efecto sobre el tipo de cambio no sea significativo. Aun así, todavía es pronto para sacar conclusiones y un factor que debe ponderarse en el análisis es el contexto internacional que entró en turbulencia, con presiones devaluatorias sobre países emergentes y la incertidumbre generada por la guerra en medio oriente.

En cuanto a las condiciones de política monetaria, el BCRA admitió, en el último informe monetario mensual, que las compras de reservas no tuvieron como contraparte un aumento en la demanda de dinero, algo que habíamos adelantado en el newsletter de CEPA. La mención resulta peculiar dado que contradice el discurso de más de un funcionario de la autoridad monetaria. Por ejemplo, Federico Furiase (hoy Secretario de Finanzas) publicó a principios de febrero que “El Tesoro absorbe pesos que vienen del desarme de repo pasivo del BCRA”, es decir, que la compra dólares sí respondió a un aumento en la demanda de dinero, cuyo incremento se reflejó en una caída del stock de pesos que “sobran” en el sistema financiero (repo pasivo del BCRA) durante el mes de diciembre. Este argumento omite aspectos que expusimos en nuestra 1era edición de febrero. El textual del informe del BCRA es: “En línea con el comportamiento de la demanda de dinero, la Base Monetaria se contrajo 0,8% en términos reales y ajustada por estacionalidad. Comparando el saldo a fin de febrero con el del cierre del primer mes del año registró una disminución de $1,8 billones. Si bien la compra de divisas de la autoridad monetaria fue un factor de creación primaria de dinero (en febrero adquirió USD 1.557 millones, acumulando un total de USD 2.715 millones en el primer bimestre del año), su efecto resultó más que compensado por la contracción asociada a las operaciones del fisco y a las operaciones del BCRA en el mercado secundario”.

La confesión del BCRA en su informe monetario se vio reflejada también en el resultado de la licitación del jueves 12, donde Finanzas obtuvo un rollover del 108,1% y retiró de circulación $0,9 billones. Justamente el monto esterilizado es similar a la emisión por compras de divisas realizadas por el Banco Central desde la última licitación ($0,8B), demostrando una continuidad en la dinámica del BCRA emitiendo y el Tesoro esterilizando. La última colocación también nos dejó algunos detalles clave: aun luego del mal dato de IPC (2,9% general y 3,1% la núcleo para febrero) se convalidaron tasas del 2,6% Efectiva Mensual para mayo de 2026, quedando en terreno negativo; por otro lado, el bonar AO27 en dólares salió al 5,6% TIR y si bien el rendimiento disminuyó respecto a la anterior colocación, también lo hicieron las ofertas rechazadas (USD 286 millones vs. USD 718 millones). Creemos que esto responde a una disminución de los dólares ociosos en el sistema, por lo que a medida que éstos se vayan agotando, es probable que estas tasas no se mantengan en el mediano plazo.    

Según publicaron medios nacionales y replicaron agencias de Wall Street, la renuncia del Secretario de Finanzas Alejandro Lew estuvo relacionada con una frustrada colocación significativa de títulos en dólares para obtener el rollover de los próximos vencimientos, que finalmente se dio bajo la modalidad del AO27, en menor cuantía. La propuesta del ahora exsecretario hubiese sido una emisión bajo ley extranjera acompañado de un canje de títulos y habría conseguido acordar con los principales fondos colocar alrededor de USD 9.500 millones a una tasa del 9,75%. La idea era que el despeje temprano de los vencimientos de julio de 2026 y enero de 2027 acelere la caída del Riesgo País y permita al equipo económico un mayor margen de maniobra. La operación se canceló por orden de Milei.

Esta especulación no suena descabellada si tenemos en cuenta el discurso que adoptó el gobierno a partir del fracaso en la colocación de deuda de diciembre de 2025, donde luego de buscar USD 1.000 millones a menos del 9,0% TNA, obtuvieron USD 910 millones al 9,3% TNA y la postura pasó a ser “eliminar la dependencia de Wall Street”. Este episodio, en conjunto con la reticencia de los fondos extranjeros a los activos argentinos y la búsqueda de imposición de condiciones (recordemos que luego de las elecciones destacaron las declaraciones del director de mercados emergentes del fondo PIMCO, quien pidió “encarecidamente que dejen flotar su moneda” y agregó “los inversores extranjeros como nosotros no invertiremos en activos locales a estos niveles de la moneda. Punto. Punto final.”) contribuyeron a lo que vemos como un deterioro en la relación del gobierno con estos actores y a una puja de poder de negociación en la cual Milei busca demostrar que no los necesita y que prefiere/puede recurrir a mecanismos como el REPO, privatizaciones y concesiones de empresas o colocaciones locales para evitarlos. Estas alternativas no son para nada sostenibles para el refinanciamiento de la carga de vencimientos en moneda extranjera (USD 34.568 millones durante 2026 y 2027 incluyendo Bonares, Globales y Organismos Internacionales) y creemos que más temprano que tarde tendrá que dar el brazo a torcer, a menos que proceda en la descapitalización del Banco Central.

Los balances bancarios continúan dando mal y el gobierno anuncia medidas

La última semana salieron las presentaciones trimestrales de los balances de los bancos y los resultados van en línea con lo que venimos desarrollando desde hace varias ediciones, la morosidad muestra aumentos en el cuarto trimestre para todos los bancos (aunque en niveles muy distintos). El Grupo Financiero Galicia muestra la morosidad más elevada, en 8,2%, mientras que el Banco Macro registra 3,9%. Para las cuatro principales entidades que reportan en bolsa (Galicia, Francés, Macro y Supervielle), a pesar de la diferencia en las cantidades, la dinámica es la misma: fuertes subas en la morosidad del segmento minorista, de entre 0,9 p.p. y 1,4 p.p. de aumento trimestral y en el rango de 4.0 a 5.3 p.p. en términos interanuales. Como consecuencia, las previsiones -los recursos que los bancos reservan para afrontar futuras pérdidas por intereses incobrables- mostraron significativos aumentos en términos reales durante el último trimestre: +408% para el Supervielle (lo que representa 35% de los ingresos trimestrales de la entidad), +243% en el caso del Banco Macro (16,5% de los ingresos), +233% Grupo Financiero Galicia (41% de los ingresos) y +181% en el Banco Francés (25% de los ingresos).

También es relevante marcar la caída de la participación de los bancos privados en el segmento de crédito hipotecario, que tuvo como consecuencia que el Banco Nación se convierta en casi único prestamista. A comienzos de 2025 el BNA otorgaba alrededor del 20% de esta línea y el Galicia lideraba con 32%, mientras que a enero de 2026 el Banco Nación representó el 97% de las hipotecas entregadas. Esto encuentra un correlato en la evolución de las tasas de interés ofrecidas, que en sus mínimos de oct-24 promediaban 5,4% TNA (con acreditación de sueldo) y en feb-26 promediaron 11,4% TNA, un incremento de 6 puntos porcentuales impulsado por la política del Tesoro de ofrecer tasas reales altas en sus títulos. Como reacción a la insostenibilidad del otorgamiento de estas líneas, los bancos habrían pedido al equipo económico medidas relacionadas a la securitización de estos créditos, es decir, el agrupamiento o empaquetamiento de múltiples hipotecas para convertirlas en activos financieros negociables en el mercado secundario de títulos. En este sentido, es posible que el gobierno esté pensando en utilizar los recursos del FAL como garantía de fondeo a mediano/largo plazo para la securitización de los créditos hipotecarios.

En este contexto de fuerte crecimiento del riesgo de crédito se conocieron dos medidas. Por un lado, el BCRA comunicó la implementación de un nuevo instrumento, el Cobro con Transferencia (CCT), que permite el cobro de cuotas de préstamos mediante transferencia inmediata hacia los acreedores (a diferencia del débito automático que puede presentar liquidaciones diferidas). Debería estar disponible para septiembre de 2026. Lo que consideramos más relevante de esta medida es el límite que impone en cuanto a la relación cuota/ingreso de 30% que, si bien era una práctica habitual para los bancos, la novedad es que incorpora a los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC). Uno de los grandes problemas de la dinámica de sobreendeudamiento de las familias derivó del no control de la relación cuota/ingreso en los PNFC (Mercado Pago, NaranjaX, etc.): aunque los bancos limitaban los nuevos préstamos al 30%, los PNFC permitían financiaciones, provocando que las cuotas (agregando deuda con ambos tipos de entidades) superen ampliamente el 30% del salario. Otros de los aspectos importantes de la nueva modalidad es la asignación de la responsabilidad de fraude al prestamista y el límite a la cantidad de intentos de cobro de las cuotas, ya que ciertas entidades otorgan préstamos a individuos con baja o nula capacidad de pago, pero apuestan a “barrer las cuentas” constantemente. Aunque el CCT contiene medidas que ayudarían a un mercado crediticio más saludable, llega muy tarde y no resuelve el problema de la irregularidad del crédito hoy, sino que suaviza las condiciones en adelante, pero tendrá, como contracara, una reducción de consumo. Como sostenemos constantemente, la morosidad es una consecuencia de un programa económico que no impone un marco de tasas de interés asequibles para las familias, al mismo tiempo que recurre a pisar los salarios como ancla inflacionaria.    

La otra medida anunciada fue el descuento en nómina, muy festejada por el ministro Sturzenegger en redes sociales. La norma, incluida en la Reforma Laboral y que modifica la Ley de Contrato de Trabajo, consiste en la habilitación a las entidades bancarias para descontar del salario las cuotas de préstamos. Aunque el gobierno la comunique como una medida de alivio a las familias, realmente atiende a las necesidades de las Entidades Financieras. En cuanto a las tasas, el razonamiento se orienta a que, si es más segura la capacidad de cobro, el costo de endeudamiento debería bajar. Además, incentiva a un menor esfuerzo de los prestamistas respecto el análisis crediticio de las familias, ya que cuentan con un seguro de descuento salarial. Por último, aunque se lo presente como una modalidad libre de riesgo, está expuesto a la pérdida del empleo, en un contexto de expectativas de caída de la actividad industrial y la desregulación generada por la reforma laboral.

Los cuatro frentes de Trump: inflación, Irán, crecimiento y elecciones

Previo a la guerra con Irán, los datos de inflación núcleo en Estados Unidos del último trimestre mostraban un valor interanual cada vez menor (2,7% en diciembre, 2,5% en enero y 2,47% en febrero), aunque con datos trimestrales más cercanos al 3% anual. La pregunta era, entonces, si se había estancado el proceso desinflacionario. Pero ahora con el impacto inflacionario evidente derivado del precio del petróleo que oscila entre subas del 28% y 65% desde el inicio del conflicto, la pregunta es otra: la suba del petróleo ¿tendrá un efecto único (one off) o habrá impactos de segunda ronda que puedan llevar a la FED a subir las tasas de interés este año? En este contexto, las probabilidades implícitas de suba de tasas en base a la FED de Atlanta pasaron de 8% previo al conflicto al 23% para fines de 2026.

Este escenario de inflación creciente se presenta en un momento de mucha debilidad del mercado laboral: en febrero se perdieron 92.000 puestos de trabajo y el desempleo subió 0,1 p.p. (a la zona de 4,4%), nivel en el cual se mantiene relativamente estable desde septiembre de 2025 (aunque es 0,6 p.p. mayor al valor de marzo 2025). La debilidad del mercado laboral se refleja en que, en promedio, la variación de empleo en los últimos seis meses fue de una retracción de mil puestos de trabajo por mes, en un país que según estimaciones de la FED y la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en inglés), debe crear entre 40 mil y 80 mil puestos de trabajo mensuales para mantener estable el nivel de desempleo (debido a la incorporación de jóvenes e inmigrantes al mercado laboral).
Trump llegó al poder con la propuesta inicial del 3-3-3, que hacía referencia a aumentar en 3 millones la producción de barriles de petróleo, 3% el PBI y reducir el déficit financiero al 3%. Pero este escenario se encuentra lejos de cumplirse.

Para el objetivo de 3 millones nuevos de barriles por día el gobierno recurrió principalmente a desregulaciones del sector y quitar beneficios a las energías renovables, el resultado fue una suba de 0,7 millones desde enero a septiembre, donde la producción se estancó y las proyecciones de la EIA (Energy Information Administration) para 2026 no muestran un repunte en la producción, por lo que si se desea alcanzar el objetivo harán falta nuevas medidas o un precio mayor al promedio 2025 (USD $69 por barril).
El 3% de crecimiento del PBI por año aún no se logró: 2,2% en 2025 aunque impactado por el shutdown. Según el discurso oficial se alcanzaría por las desregulaciones y quitas de impuestos, aunque lo más probable es que el motor real para un eventual 3% de crecimiento sea la inteligencia artificial. En ese punto es relevante notar que el impacto de la política antinmigración de Trump lo alejó de la meta. Según estimaciones de la Reserva Federal de San Francisco, la inmigración neta en 2025 alcanzaría las 500.000 personas, frente a los 2,2 millones de 2024, lo que, según estimaciones de la FED de Dallas, redujo el crecimiento del PBI en 2025 entre 0,75 y 1,0 puntos porcentuales.

El último objetivo, de 3% de déficit financiero, depende no solo de una reducción del déficit primario mediante recaudación por aranceles y ajustes al gasto sino también una reducción en la carga de los intereses de la deuda por lo que, durante los últimos meses, se profundizaron las presiones hacia Powell para que baje las tasas. La combinación del fallo adverso de la Corte Suprema y que después de los últimos acontecimientos el mercado redujo sus expectativas de bajas de tasas, genera que se aleje aún más el objetivo.

Respecto al futuro de las tasas de interés, las especulaciones acerca de qué esperar con la asunción de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal en mayo, son enormes. Se trata de un ex gobernador de la Reserva Federal entre 2006 y 2011 que, si bien apoyó el Quantitave Easing (inyección de liquidez mediante compras de títulos públicos por parte de la FED), luego se volvió muy crítico de la liviandad con la que se lo utilizó posteriormente (actualmente nos encontramos en un ciclo de inyección de liquidez iniciado en diciembre 2025 por USD 20 mil millones mensuales). Si bien se trata de un perfil con diversas conferencias de prensa en las cuales prioriza controlar la inflación y, por lo tanto, se lo considera más propenso a un endurecimiento de la política monetaria, no es un factor a olvidar que quien propuso su candidatura es el mismo Trump. Luce difícil entender las razones por las cuales Trump hubiera elegido alguien incluso más restrictivo que Powell (a quien critica cada vez que puede por su “demora” en bajar las tasas). Es posible imaginar que, al revés de lo previsto, Kevin Warsh es elegido justamente para hacer el “trabajo sucio” (una baja de tasas más basada en motivos políticos que técnicos) por su reputación de un hombre duro contra la inflación.

Actualmente todos los medios económicos se centran en guerra en Irán. La previsión inicial de guerra corta (por los grandes costos en términos de actividad e inflación que puede generarle a Estados Unidos un conflicto extendido) parecen diluirse con el correr de los días. Se trata de una guerra con un país que parece haberse preparado para el conflicto, que cuenta con fuertes ventajas geográficas para defenderse y que apuesta a un proceso de desgaste atacando plantas desalinizadoras de agua de los países aliados de EE.UU. en la región y cerrando el estrecho de Ormuz para generar el mayor shock de oferta de la historia del petróleo (20 millones de barriles diarios o 20% del volumen global vs 5 millones o 10% del volumen global en la crisis del petróleo de 1973). En este contexto, los países miembros del G7 se comprometieron a liberar 400 millones de barriles para atender al shock (más del doble de lo que liberaron con el ataque de Rusia a Ucrania) y el Tesoro de los Estados Unidos empezó a intervenir activamente en los futuros de petróleo para intentar reducir el shock. Estas decisiones terminaron fortaleciendo la hipótesis de conflicto largo (un problema de flujo no se resuelve con stock). La extensión del conflicto impacta en dos problemas concretos. Por un lado, países como Iraq y Kuwait comunicaron que reducirán su producción ya que no cuentan con capacidad de almacenamiento suficiente para mantener el ritmo sin poder enviar barriles por el estrecho. En segundo lugar, aumenta las probabilidades de daños a capacidades instaladas difíciles de recuperar como la planta de GNL en Qatar, por lo que el mercado comienza a incorporar escenarios de estrés incluso después de una reapertura del estrecho de Ormuz.

La incertidumbre sobre la evolución de la inflación y el impacto futuro del incremento del precio del petróleo, los incumplimientos de promesas sobre PBI, déficit financiero y producción petrolera, la decisión de la Corte Suprema sobre aranceles y el escenario de posible postergación de baja de tasas, se debe analizar al calor de un hecho político trascendente: en noviembre de este año Trump enfrenta las elecciones de medio término, algo que parece condicionarlo en cada decisión.

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