El DNU de diciembre de 2023 le quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate la facultad de fijar precios de la materia prima y regular el mercado a través de límites de cosecha y cupos. Pero el presidente Javier Milei está decidido a desmantelar todas las herramientas que tenía el organismo yerbatero e impedir “su intromisión en un mercado competitivo” o frenar importaciones. Con un nuevo decreto, el Presidente sentenció que “el INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados”.

Entre otros, el nuevo decreto de Milei elimina el artículo 9 de la ley de creación del INYM, que le permitía, ante una sobreoferta de materia prima, tomar medidas que limiten la producción consistentes en la fijación de calendario de cosecha, limitación temporaria de nuevas plantaciones, aplicación de cupos de cosecha, analizando, en forma prioritaria, un sistema progresivo de menor a mayor.

Otra de las facultades suprimidas es la que establecía que el precio de las materias primas no podía ser inferior al importe que resulte necesario para desarrollar la actividad productiva, incluyendo las cargas impositivas, laborales y provisionales, de conformidad a los costos, incluyendo una rentabilidad razonable, lo que en la práctica, legaliza la situación actual: el costo de producción del kilogramo de hoja verde puesta en secadero, asciende ahora a $423,99, según la matriz de costos aprobada por el Directorio del organismo. Si a ese valor se le suma un 30 por ciento de rentabilidad razonable, el precio técnico de referencia ascendería a $551,19 por kilo de hoja verde puesta en secadero.

Los precios reales que se pagan en el mercado continúan muy por debajo de estos parámetros. En la zona Centro-Sur de Misiones, la hoja verde se paga alrededor de $180 por kilo; en el Norte, cerca de $280; y en el caso de las cooperativas, los valores rondan los $305.

Esto implica que el productor recibe entre un 40 y un 65 por ciento menos de lo que debería percibir según el costo de producción actualizado, e incluso la mitad del valor que permitiría una rentabilidad mínima.

Llamativamente, en la industria no son pocos los que están disconformes con el nuevo escenario. Es que la caída del precio de la materia prima impacta en la góndola y la rentabilidad de achica con la suba de costos acumulada en los últimos dos años. “Lamentablemente los industriales, que fueron los que impulsaron la quita de facultades, ahora también comienzan a padecer la falta del Inym, no paran de llamar para ver que se puede hacer. Los precios en góndola están cayendo, y al bajar tanto la canchada aparecen marcas nuevas, de muy buena calidad a precios bajos”, señaló una fuente conocedora del mercado.

La Secretaría de Agricultura justificó el decreto firmado por Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, porque “la nueva medida porque “está alineada con los cambios introducidos por el Decreto N° 70/2023 y el artículo 42 de la Constitución Nacional, en torno a la derogación de normas que resultan contrarias a la defensa de la competencia y la desregulación promovida por el Gobierno Nacional”.

“De esta manera, las modificaciones tienen tres ejes: la derogación de las facultades de intervención sobre la actividad económica del sector, la prohibición de distorsionar los valores del mercado; y la adecuación a la normativa”, señala un documento del organismo.