Sin lugar a dudas, son lamentables las expresiones de la concejala María Elena Fernández de la ciudad de Posadas contra la forestoindustria, uno de los sectores más castigados de nuestra provincia. Un sector que arrastra consecuencias históricas desde la última dictadura cívico-militar de 1976, cuando, de la mano del ministro Martínez de Hoz, se entregaron -por decirlo de algún modo- nuestros bosques, nuestra selva, nuestro monte y hasta el Parque Nacional Iguazú a intereses ajenos al desarrollo regional.

Sería importante que la legisladora comprenda que ningún beneficiario de la Ley 25.080 está exento de pagar impuestos. La capitalización que dicha ley promueve tiene efectos sobre el valor en pie de los activos forestales y, por ende, incrementa la base imponible de esos bienes. No se trata de un privilegio fiscal, sino de una política de estímulo productivo con impacto económico directo.

Resulta llamativo, además, que la concejala no se haya asesorado con su propia correligionaria, la diputada nacional Maura Gruber, reconocida conocedora del sector forestal, vinculada históricamente a AMAYADAP y al entramado forestoindustrial del norte misionero.

A esto se suma un dato alarmante: la Fundación Vida Silvestre Argentina advirtió que el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos el menor financiamiento de su historia. Según el artículo 31 de la ley, dicho fondo debería recibir al menos el 0,3 % del presupuesto nacional, lo que para 2026 equivaldría a $444.207 millones. Sin embargo, el proyecto asigna apenas $15.843 millones. (Para mayor precisión técnica, basta consultar el sitio oficial de la Oficina Nacional de Presupuesto).

Paradójicamente, el propio gobierno nacional del presidente Javier Milei creó el Consejo Foresto-Industrial Argentino (CONFIAR), integrado por la AFCP, AFoA, ASORA, FAIMA y la Sociedad Rural Argentina. Por el sector público participó, en representación de la Subsecretaría de Gestión Productiva, Ornela Calvette, directora nacional de Proyectos Estratégicos.
Sin palabras.

Mientras tanto, la diputada nacional Maura Gruber guarda silencio. ¿Por qué no defiende al sector? ¿Por qué no asesoró a la edil de su mismo espacio político? Como diputada nacional por Misiones, tiene todas las facultades para presentar un proyecto que derogue la Ley 25.080, una norma de alcance nacional, no provincial. Bastaría, incluso, consultar al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para conocer la situación real de una provincia fuertemente vinculada a la actividad forestal.

Pero estamos en Posadas, y se mezclan peras con manzanas. Total, hablar es gratis.

Resulta preocupante el desconocimiento de las competencias y jurisdicciones, más aún cuando estas expresiones se realizan en el ámbito del Concejo Deliberante de Posadas. ¿Con qué objetivo? ¿Más prensa? El argumento de “vengo del sector privado” no alcanza. Muchos venimos del sector privado y eso no nos exime de informarnos ni de comprometernos con la realidad productiva de nuestra provincia.

Necesitamos seriedad en las opiniones, sobre todo cuando los salarios de los funcionarios los pagamos todos los posadeños con nuestros impuestos. Las narrativas desbocadas sobre políticas públicas, tan costosas para nuestra historia, solo refuerzan una “nueva política” que, lejos de ser gratuita, resulta cara e irresponsable.

Sin ser especialistas, sí tenemos la obligación de manejar datos reales sobre nuestras economías regionales. Las políticas públicas serias no son partidos de tenis ni silencios cómplices.

Al día de la fecha, y según la web oficial de la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada Maura Gruber no ha presentado ningún proyecto legislativo. A ella también le pagamos la dieta.

Mientras países como Estados Unidos —bajo la lógica proteccionista de Donald Trump— o la Unión Europea, que incluso recurrió al Tribunal de Bruselas a pedido de sus agricultores, defienden sin complejos sus producciones, aquí se ataca livianamente a uno de los pocos sectores que aún sostienen empleo y desarrollo territorial.

¿No sería más patriótico, al menos, guardar silencio frente a la estrepitosa caída de una economía regional clave? ¿O hay algún gato encerrado?

El Concejo Deliberante de Posadas no tiene competencia para debatir la Ley 25.080. Seamos serios. Asesorémonos. O, en todo caso, pidamos asesoramiento a nuestros propios pares, como Maura Gruber, integrante de una familia históricamente vinculada al sector forestal, que hasta ahora no ha dicho una palabra.

Paradójico, por decir lo menos, que quien presidía la Mesa Forestal Nacional fuera Ornela Calvette.
¿Te suena?