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Industria: caídas de cerca del 40% y una economía cada vez más dependiente de la energía

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La industria argentina sigue en alerta naranja. Después de algunos meses en los que parecía consolidarse una recuperación, mayo marcó un punto de inflexión: la producción manufacturera cayó 2% interanual y 0,6% respecto de abril, según el Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL, con cerca del 40% de las ramas industriales continúa en caída.

La baja interrumpió dos meses consecutivos de mejora y dejó al acumulado de los primeros cinco meses del año con una contracción de 0,6%.

Pero detrás del dato general se esconde un fenómeno más profundo: la economía industrial argentina ya no se mueve como un bloque. La recuperación está concentrada en pocos sectores. Mientras energía, petróleo y algunos segmentos agroindustriales avanzan, una porción significativa del entramado manufacturero continúa en retroceso.

La pregunta ya no es si la industria crece o cae. La pregunta es qué industria está creciendo.

Una industria partida en dos

Los datos de FIEL coinciden con las señales que surgen del último informe de Estadísticas de Productos Industriales del INDEC. La fotografía muestra una economía cada vez más dual.

Por un lado, aparecen los sectores vinculados a recursos naturales, energía y exportación. Por otro, las actividades ligadas al consumo interno, la inversión productiva y la fabricación de bienes durables siguen atravesando dificultades.

El caso más evidente es el de la refinación de petróleo.

FIEL identifica a este sector como el principal sostén de la actividad manufacturera nacional. Acumula doce meses consecutivos de expansión y un crecimiento del 9,7% en los primeros cinco meses de 2026. El volumen procesado alcanzó incluso el nivel más alto para este período desde 2008.

Los datos del INDEC refuerzan ese diagnóstico. En el primer trimestre, la extracción de petróleo crudo creció 16,4%, mientras el procesamiento de petróleo aumentó 10%. También avanzaron los combustibles: la producción de gasoil creció 14,5%, la nafta premium 9,9% y la súper 3,6%.

No se trata de una diferencia menor. La energía pasó a ocupar el rol que históricamente desempeñaba la industria alimenticia como principal amortiguador de las crisis manufactureras.

El problema es que la expansión energética no tiene la misma capacidad de derrame sobre empleo, proveedores y cadenas regionales que una recuperación industrial más diversificada.

La contracara de ese fenómeno es la industria automotriz. Según FIEL, el sector registró la peor performance de toda la economía manufacturera. Entre enero y mayo acumuló una caída de 19,6%, afectado por once meses consecutivos de retroceso en la producción de automóviles, menores exportaciones, caída de ventas y elevados stocks en concesionarias.

Los datos del INDEC muestran la misma tendencia. En los primeros meses del año la producción de automóviles y utilitarios retrocedió 18,6%, confirmando que uno de los sectores históricamente más dinámicos de la industria argentina atraviesa una etapa de ajuste.

La situación resulta particularmente relevante porque el complejo automotor tiene fuertes encadenamientos productivos con metalurgia, plásticos, neumáticos, autopartes y logística. Cuando el sector frena, el impacto se multiplica.

Otro dato preocupante aparece en la maquinaria agrícola. Tradicionalmente, la compra de tractores, sembradoras y cosechadoras funciona como termómetro de expectativas.

Sin embargo, el INDEC registra caídas de 38,5% en tractores, 17,3% en cosechadoras y 8,5% en sembradoras durante el primer trimestre.

La lectura económica es contundente: el agro produce más, exporta más y genera más divisas, pero no está transformando ese excedente en inversión productiva.

La señal coincide con otros indicadores nacionales que muestran una desaceleración en la incorporación de bienes de capital y maquinaria.

La construcción sigue siendo otro de los eslabones débiles. Los despachos de cemento portland retroceden 3,3%, el yeso cae 10,8% y los ladrillos cerámicos muestran una baja de 1,5%.

El consumo aparente de pisos y revestimientos también continúa en terreno negativo.

Aunque existen algunos nichos con recuperación -como sanitarios cerámicos o placas de yeso- el cuadro general sigue reflejando una actividad afectada por la virtual desaparición de la obra pública nacional y por un crédito hipotecario todavía insuficiente para impulsar una expansión sostenida.

Durante gran parte de 2024 y 2025, alimentos y bebidas funcionaron como refugio industrial.

Hoy siguen mostrando mayor estabilidad que otros sectores, pero también exhiben señales de agotamiento.

La producción de aceite de soja cayó 7,5% en el primer cuatrimestre, mientras los subproductos oleaginosos retrocedieron 6,7%.

Las compensaciones aparecen en girasol, cuyos aceites crecieron 36,3% y cuyos subproductos aumentaron más de 50%.

En carnes también aparecen contrastes. La faena vacuna cayó 9,6% y la aviar retrocedió 3%, mientras la porcina creció 11%, reflejando un cambio en los hábitos de consumo impulsado por diferencias de precios.

El informe del INDEC registra una caída de 14,4% en la producción de pastas celulósicas, uno de los indicadores más sensibles para Misiones, donde la cadena forestal constituye uno de los principales complejos industriales.

La baja se suma a un contexto ya complejo para aserraderos y fabricantes de productos de madera, que enfrentan dólar apreciado, pérdida de competitividad externa y menor demanda interna.

Paradójicamente, mientras la Nación celebra el crecimiento exportador de algunos segmentos forestales, muchas empresas del sector advierten que la rentabilidad sigue deteriorándose.

La principal conclusión que surge al cruzar los informes de FIEL e INDEC es que la economía argentina está experimentando una recuperación muy distinta a las observadas en otros ciclos.

No lideran los bienes durables. No lidera la construcción. No lidera el consumo. No lidera la inversión manufacturera.

Los sectores que hoy empujan la actividad son petróleo, refinación, energía y algunos complejos exportadores ligados a recursos naturales.

El dato no es necesariamente negativo. Son actividades capaces de generar divisas y sostener niveles de actividad.

Sin embargo, plantean una pregunta estratégica para los próximos años: si la expansión económica se concentra en sectores con bajo efecto multiplicador sobre el resto del tejido productivo, ¿cuánto podrá crecer el empleo industrial, la inversión manufacturera y las economías regionales?

Por ahora, la respuesta aparece reflejada en una cifra que resume el momento actual: según FIEL, cerca del 40% de las ramas industriales continúa en caída.

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CONFIAR: la forestoindustria busca acelerar inversiones y crecimiento federal

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Representantes del sector privado, instituciones técnicas, organismos de investigación y autoridades nacionales y provinciales participaron de una jornada de intercambio en Corrientes orientada a fortalecer la competitividad, la innovación y la articulación público-privada en una de las cadenas productivas con mayor potencial de desarrollo federal del país.

La provincia de Corrientes fue escenario de una nueva muestra del potencial de articulación que caracteriza a la cadena foresto-industrial argentina. Productores, empresarios, investigadores, técnicos y funcionarios nacionales y provinciales participaron de una jornada de intercambio técnico organizada por los Consorcios Forestales Corrientes Centro, Corrientes Norte y CoFRU, con el objetivo de compartir experiencias, analizar desafíos y fortalecer estrategias para el crecimiento sostenible de la actividad.

La actividad se desarrolló en el establecimiento “Aña Cuá”, de la empresa Eucaforest, donde los participantes recorrieron plantaciones forestales, conocieron experiencias vinculadas al manejo silvopastoril, avances en genética forestal y nuevas tecnologías aplicadas a la producción, además de intercambiar perspectivas sobre el presente y futuro del sector.

Sin embargo, más allá de los aspectos técnicos, uno de los principales ejes de la jornada fue la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre el sector público, las empresas y las instituciones vinculadas a la actividad para impulsar nuevas inversiones y consolidar una estrategia de desarrollo de largo plazo para la región.

Durante el encuentro, Fernando Correa, director del proyecto ARPulp, expuso sobre el impacto estratégico que tendrá esta iniciativa para Corrientes y el sur de Misiones, destacando la importancia de fortalecer la cooperación entre todos los actores de la cadena foresto-industrial para aprovechar plenamente las oportunidades de crecimiento que se abren para la región.

La presencia de autoridades nacionales y provinciales aportó además una mirada institucional sobre los desafíos que enfrenta la actividad. Entre los participantes estuvieron representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, de la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal, de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial y del Gobierno de Corrientes.

Durante los intercambios se destacó la importancia de mantener espacios permanentes de diálogo que permitan construir consensos, mejorar las condiciones de competitividad y acompañar el crecimiento de una actividad que genera empleo, moviliza inversiones y aporta valor agregado en numerosas economías regionales.

También se abordó la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas del sector, especialmente aquellas vinculadas a la industria de transformación de la madera, donde la desaceleración de la construcción y las dificultades para acceder a financiamiento continúan representando desafíos relevantes para el desarrollo de nuevos proyectos productivos.

Desde CONFIAR señalaron que este tipo de encuentros reflejan el enorme potencial de la forestoindustria argentina como motor de crecimiento federal y remarcaron la necesidad de consolidar políticas que promuevan la inversión, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de toda la cadena de valor. “La forestoindustria tiene la capacidad de generar empleo de calidad, impulsar el desarrollo de las economías regionales, atraer inversiones y contribuir a una estrategia de crecimiento sostenible para el país. Para lograrlo, resulta fundamental fortalecer los espacios de articulación entre empresas, productores, instituciones y gobiernos”, destacó Ignacio Méndez Cunill, representante de SRA en CONFIAR y socio gerente de Eucaforest, empresa anfitriona del evento.

Con más de una decena de provincias vinculadas a la actividad forestal y una creciente demanda global por productos de origen renovable, la cadena foresto-industrial se posiciona como uno de los sectores estratégicos para impulsar una agenda de desarrollo basada en la producción, la innovación y el agregado de valor en origen.

La jornada realizada en Corrientes dejó en evidencia que el camino hacia ese objetivo requiere trabajo conjunto, visión de largo plazo y una articulación cada vez más sólida entre todos los actores involucrados.

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Reforma laboral: el Gobierno reglamentó cambios clave en convenios, sindicatos y registración laboral con impacto en las economías regionales

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La reglamentación de la Ley de Modernización Laboral entró en una nueva etapa. A través del Decreto 407/2026, el Gobierno nacional definió aspectos centrales vinculados a convenios colectivos, actividad sindical, empleo agrario, plataformas digitales, trabajo eventual y registración laboral. Aunque la norma tiene alcance nacional, sus efectos potenciales adquieren una dimensión particular en provincias como Misiones, donde la competitividad de las actividades productivas depende tanto de los costos laborales como de las diferencias estructurales frente a los grandes centros urbanos.

El dato político de fondo es que la Casa Rosada busca avanzar sobre uno de los núcleos históricos del sistema laboral argentino: la negociación colectiva sectorial uniforme. La reglamentación habilita mecanismos para incorporar criterios regionales en futuras discusiones salariales y de condiciones laborales, una demanda recurrente de sectores productivos del interior que sostienen que los convenios diseñados desde Buenos Aires no reflejan las realidades económicas de provincias periféricas.

Convenios colectivos: la apuesta oficial a una negociación más regionalizada

Uno de los puntos más relevantes del decreto es la reglamentación del artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral, que obliga a revisar convenios colectivos vencidos y habilita una nueva ronda de negociaciones.

El texto oficial incorpora un argumento que hasta ahora aparecía principalmente en los reclamos empresariales: la existencia de diferencias de productividad entre regiones.

La reglamentación sostiene que los convenios de alcance nacional suelen fijar condiciones homogéneas tomando como referencia actividades concentradas en los principales centros económicos del país, situación que puede afectar la competitividad y la generación de empleo formal en regiones con estructuras productivas diferentes.

Para Misiones, donde conviven actividades intensivas en mano de obra como la yerba mate, la forestoindustria, el comercio fronterizo y buena parte del turismo, la discusión no es menor.

El costo laboral tiene una incidencia mucho más alta sobre la estructura de costos que en sectores industriales de alta escala radicados en el centro del país. Por eso, cualquier mecanismo que permita introducir variables regionales será observado con atención por cámaras empresariales y sindicatos.

Menos cargas obligatorias para empresas no afiliadas

Otro capítulo relevante apunta a los aportes y contribuciones establecidos en convenios colectivos.

La reglamentación establece que los aportes destinados a cámaras empresarias, institutos, fondos especiales o entidades creadas por convenios sólo serán obligatorios para empresas afiliadas, siempre dentro de los límites fijados por la legislación vigente.

Además, el Gobierno determinó que todas esas cargas deberán computarse de manera conjunta y no fragmentada entre distintos conceptos.

Para las pequeñas y medianas empresas del interior, especialmente en sectores comerciales y de servicios, el cambio podría representar una reducción de costos indirectos vinculados a obligaciones convencionales que durante años fueron cuestionadas judicialmente.

Sindicatos: mayor control sobre representatividad y funcionamiento

El decreto también endurece los requisitos para acreditar representación sindical.

La autoridad laboral podrá verificar las nóminas de afiliados mediante cruces con bases oficiales como el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), mientras que se establece que una organización que pretenda disputar una personería gremial deberá demostrar al menos un 5% más de afiliados cotizantes que el sindicato que ya posee ese reconocimiento.

La reglamentación también introduce cambios en el uso de licencias gremiales, fija criterios de proporcionalidad entre cantidad de dirigentes y número de afiliados y establece nuevas condiciones para la protección sindical de candidatos.

La intención oficial es aumentar la trazabilidad y la transparencia de la representación gremial, aunque se anticipa que varios de estos puntos podrían generar debates jurídicos y sindicales.

Trabajo agrario: impacto directo sobre la economía misionera

Entre las modificaciones aparece una decisión con impacto concreto sobre las actividades primarias.

La reglamentación unifica el régimen de asignaciones familiares de los trabajadores agrarios con el esquema general del sistema nacional.

Aunque el decreto no modifica salarios ni condiciones de trabajo, sí homogeneiza prestaciones, requisitos y topes.

La medida alcanza a actividades donde Misiones tiene una fuerte presencia laboral, particularmente la producción yerbatera, tealera y forestal.

Para los empleadores representa una simplificación administrativa. Para los trabajadores, el efecto dependerá de la evolución futura de los montos y de los criterios de actualización del sistema de asignaciones familiares.

Digitalización laboral y nuevas obligaciones para empresas

Otro de los ejes centrales es la profundización de la digitalización.

Las licencias médicas con indicación de reposo deberán emitirse mediante plataformas sanitarias registradas oficialmente y por profesionales habilitados.

Los recibos de sueldo, las notificaciones laborales y diversos procedimientos administrativos avanzan hacia formatos electrónicos.

Para empresas medianas y grandes el cambio implica una adaptación relativamente sencilla. Para pequeñas firmas del interior, especialmente en localidades alejadas de los grandes centros urbanos, la transición requerirá inversiones en sistemas y procesos administrativos.

Decreto 407/2026 Reforma Laboral by CristianMilciades

Construcción: ARCA absorberá la registración laboral

La reforma también redefine el esquema registral del sector de la construcción.

La registración laboral dejará de depender exclusivamente del IERIC y pasará a centralizarse en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que dispondrá de 120 días para adecuar sus sistemas.

El objetivo oficial es unificar bases de datos, reducir trámites y fortalecer controles sobre informalidad laboral.

La construcción es uno de los sectores con mayor incidencia en el empleo privado de Misiones, por lo que la implementación efectiva de este sistema será seguida de cerca por desarrolladores, contratistas y cámaras empresariales.

anexo_1 Reforma Laboral by CristianMilciades

Lo que cambia para las economías regionales

Las principales consecuencias que observan los sectores productivos son: Reapertura de negociaciones colectivas con posibilidad de incorporar criterios regionales. Menor carga económica obligatoria para empresas no afiliadas a cámaras empresariales. Simplificación de registros laborales mediante integración digital. Mayor control sobre representación sindical y afiliaciones. Unificación administrativa en trabajo agrario y construcción. Avance de sistemas electrónicos para licencias, recibos y comunicaciones laborales.

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La reglamentación no modifica por sí sola la estructura de costos que enfrenta una empresa misionera ni corrige las históricas asimetrías fronterizas con Brasil y Paraguay. Sin embargo, introduce herramientas que podrían influir sobre uno de los componentes más sensibles de la competitividad: la organización del trabajo y la negociación colectiva.

La clave estará en la próxima etapa. El decreto obliga a iniciar la revisión de convenios colectivos y allí se definirá si la promesa de un esquema más federal se traduce efectivamente en acuerdos capaces de reflejar las particularidades productivas del interior o si el sistema continúa funcionando bajo parámetros diseñados principalmente para la realidad económica del Área Metropolitana de Buenos Aires.

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Mercado de capitales y agro: la CNV flexibiliza transferencias y acelera controles en una señal directa al negocio granario

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó la Resolución General 1140/2026, introduciendo una rectificación normativa estratégica que habilita a los agentes del mercado de capitales a recibir fondos de clientes originados en actividades de corretaje de granos, forestales y agroindustriales desde cuentas corporativas específicas. Para el sector productivo de Misiones, la medida destraba el flujo de caja operativo hacia instrumentos de inversión y financiamiento bursátil, simplificando la triangulación financiera de las PyMEs del NEA.

La normativa subsana un vacío procedimental en los regímenes de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT). Al convalidar que los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) Agro y los Agentes de Negociación (AN) transfieran saldos consolidados de sus operaciones comerciales garantizando la trazabilidad individual mediante CUIT, el regulador elimina la obligatoriedad de que cada productor primario deba estructurar transferencias espejo individuales desde cuentas a la vista. Simultáneamente, la CNV descentralizó las inscripciones del Registro de Auditores Externos directamente en su Subgerencia de Control, un paso burocrático que agilizará los balances auditados requeridos para la emisión de Obligaciones Negociables (ON) regionales.

Vía libre para el financiamiento bursátil del agro a través de los ALyC y agentes de corretaje

La Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó su normativa para permitir una operatoria más ágil y trazable en transferencias vinculadas al corretaje agropecuario y, al mismo tiempo, delegó facultades operativas para acelerar registros y controles dentro del mercado de capitales. Aunque el cambio parece técnico, tiene impacto concreto sobre cadenas exportadoras como la forestoindustria, la yerba mate y el negocio agroindustrial del NEA, donde el acceso al financiamiento y la velocidad de liquidación son variables críticas en un contexto de márgenes ajustados.

La Resolución General 1140/2026 introduce dos movimientos relevantes: por un lado, habilita mecanismos más flexibles para que intermediarios agropecuarios operen fondos destinados al mercado de capitales con trazabilidad validada; por otro, descentraliza decisiones administrativas dentro de la CNV para acelerar procesos regulatorios y registros.

Para Misiones, donde muchas empresas medianas enfrentan restricciones de escala y costos financieros más altos que en los grandes centros urbanos, la medida puede convertirse en un instrumento indirecto de mejora operativa.

El núcleo económico de la resolución está en la modificación del régimen de recepción de fondos para ALyC vinculados al negocio agroindustrial. La CNV habilita que los Agentes de Liquidación y Compensación especializados en actividades agropecuarias puedan recibir fondos desde cuentas específicas afectadas a operaciones de corretaje de granos y actividades agroindustriales, siempre que exista trazabilidad completa de origen.

Traducido al lenguaje empresario: el organismo busca reducir trabas operativas sin relajar controles antilavado.

La decisión tiene impacto sobre: operaciones de cobertura financiera del agro. Canalización de liquidez hacia instrumentos bursátiles. Agilidad en movimientos de capital de empresas agroindustriales. Y menores tiempos administrativos para operaciones vinculadas a exportación.

En economías regionales, donde la gestión de flujo de caja suele ser más volátil que en industrias urbanas, la velocidad de acreditación y aplicación de fondos tiene peso estratégico.

Para sectores exportadores del NEA, especialmente empresas forestales, tealera y yerbateras con vínculos comerciales internacionales, cualquier reducción de fricción financiera puede mejorar capacidad de cobertura cambiaria, administración de capital de trabajo y acceso a herramientas bursátiles.

Por qué el efecto puede sentirse distinto en Misiones

La economía misionera convive con un problema estructural: el costo de operar lejos de los centros financieros tradicionales.

Mientras empresas radicadas en Buenos Aires tienen acceso más directo a ALyCs, bancos de inversión y mercados de cobertura, las firmas del NEA suelen enfrentar: mayores costos de intermediación, menor profundidad financiera, menor acceso a instrumentos sofisticados, y menor velocidad operativa.

A eso se suma la condición fronteriza de Misiones. Las denominadas asimetrías fronterizas —diferencias cambiarias, impositivas y de costos respecto de Paraguay y Brasil— obligan a las empresas locales a trabajar con márgenes más estrechos y estructuras financieras más sensibles.

En ese contexto, cualquier mejora regulatoria que facilite operatorias legales, trazables y más rápidas puede tener un efecto más relevante en provincias periféricas que en los grandes centros económicos.

El movimiento de la CNV también dialoga con una tendencia más amplia del Gobierno nacional: desburocratizar circuitos financieros para ampliar la participación privada y acelerar el financiamiento productivo sin expansión del gasto público.

La resolución reconoce explícitamente las actividades de corretaje de granos y agroindustriales, un dato político no menor.

La agroindustria sigue siendo el principal generador de divisas del país y el Gobierno busca evitar cuellos regulatorios que ralenticen operaciones financieras vinculadas al comercio exterior.

Aunque Misiones no tiene el peso cerealero de la región pampeana, sí posee cadenas exportadoras sensibles al crédito y al capital operativo: Yerba mate: necesita financiamiento estacional para acopio e industrialización. Forestoindustria: requiere capital intensivo y plazos largos de recuperación. Té y tabaco: dependen de liquidez para exportación y cobertura de costos. Turismo receptivo: cada vez más vinculado a herramientas de pagos digitales y servicios financieros integrados.

La posibilidad de operar con mayor trazabilidad y menos capas administrativas podría facilitar esquemas financieros más dinámicos para empresas medianas regionales.

Una CNV más rápida y menos centralizada

La resolución también delega facultades técnicas a distintas gerencias internas de la CNV, especialmente en registros de auditores y controles societarios.

La lectura política es clara: el organismo intenta acelerar tiempos administrativos en un mercado que reclama menos burocracia.

Entre los cambios más relevantes aparecen: delegación de inscripción y cancelación de registros de auditores. Agilidad para reformas societarias menores. Más velocidad en autorizaciones técnicas. Y descentralización operativa dentro del regulador.

Para empresas del interior que buscan acceder al mercado de capitales, emitir obligaciones negociables o estructurar fideicomisos productivos, la demora regulatoria suele representar un costo oculto relevante.

La simplificación administrativa puede no generar impacto inmediato en el bolsillo del consumidor misionero, pero sí influir en el costo financiero empresario, especialmente en un escenario de tasas reales todavía elevadas.

La clave no estará solamente en la norma, sino en la capacidad del sistema financiero para incorporar efectivamente a empresas medianas del interior.

Misiones mantiene una economía exportadora con fuerte dependencia logística y costos estructurales altos. Si las reformas regulatorias derivan en mayor acceso a instrumentos financieros, menor burocracia y operaciones más ágiles, podrían mejorar competitividad regional sin necesidad de subsidios directos.

El interrogante de mediano plazo es otro: si el mercado de capitales argentino logrará federalizarse o si estas ventajas seguirán concentradas en operadores del AMBA. Para el NEA, la diferencia entre ambas opciones no es técnica. Es productiva.

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Implementación del acuerdo UE-MERCOSUR: Implicancias y oportunidades para Argentina

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Desde el 1ro de mayo pasado, se encuentra plenamente vigente el Acuerdo Interino de Comercio MERCOSUR-UE. Como bien destacó la Cancillería Argentina en la presentación del acuerdo, estamos ante un nuevo impulso con un socio estratégico de la Argentina. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, para el bloque sudamericano representa un hito de madurez comercial: estamos ante el acuerdo de mayor envergadura que el Mercosur logra cerrar en toda su historia, revitalizando y dándole un nuevo impulso al bloque.

La Unión Europea es el segundo destino de exportación y el principal inversor extranjero en la República Argentina. De acuerdo con el INDEC, en 2025 las exportaciones totalizaron US$ 8.486 millones, mientras las importaciones fueron de US$ 10.478 millones, concentrando el 9,7% de las exportaciones y el 13,8% de las importaciones. En el primer trimestre del 2026 la participación de la UE en las exportaciones fue del 9,3%, un mínimo en décadas de participación europea que podría empezar a revertirse de la mano de este acuerdo. 

Los productos exportados al bloque europeo van desde harina de soja y biodiesel hasta minerales de plata, pasando por carne bovina y maní, entre otros productos. Los principales destinos de las exportaciones son los Países Bajos, Alemania, España, Italia e Irlanda. Sin embargo, el hecho de que Países Bajos se encuentre primero tiene que ver con el peso del Puerto de Rotterdam como puerta de entrada al bloque europeo, luego transitando a otros países.

El acuerdo Mercosur – UE beneficia a un gran número de empresas, en tanto una de cada cuatro empresas que exportan en Argentina lo hacen al mercado europeo. Esto lo convierte a la vez en la segunda región a la que más empresas argentinas exportan, sólo detrás de América Latina. 

Por su parte, desde la UE se importa otro amplio abanico de productos, que abarca desde combustibles hasta medicamentos, pasando por bienes de capital hasta fertilizantes. Los principales orígenes de la UE son Alemania, Italia, España, Francia y Países Bajos, en ese orden. Alemania es por sí sola el quinto abastecedor de importaciones de Argentina, con especial protagonismo de bienes de capital. 

En qué consiste

Este acuerdo crea reglas de juego claras para el comercio entre los cuatro países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y los veintisiete de la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia). 

La firma de este tratado constituye el área de libre comercio más grande del mundo, eliminando la discrecionalidad potencial en política comercial. En este sentido, se liberan el 100% de los bienes industriales y el 82% de los bienes agrícolas para ingresar a la Unión Europea. Asimismo, para los bienes agrícolas que no tienen liberalización total, se establecen cuotas de acceso. Estas incluyen productos como carnes, huevos, quesos, leche en polvo, etanol, azúcar, arroz, maíz, entre otros productos. No obstante, la baja de aranceles es sin cuota para otros productos agro como hortalizas, frutas, vino, entre otros.

El 99% de las exportaciones del Mercosur ingresan al acuerdo con beneficios. Un 74% ya está libre de aranceles desde el 1ro de mayo pasado y un 18% progresivamente en diez años. Por su parte, el 7,8% entran con preferencias fijas o bajo cuotas, mientras que sólo el 0,3% del total de las exportaciones quedan fuera del acuerdo. Este acuerdo tiene a la agroindustria como protagonista: el 85% de las exportaciones argentinas a la Unión Europea consiste en productos del agro. Asimismo, como bien destacó Cancillería, el 15% de las exportaciones de alimentos al bloque europeo consiste en productos altamente diferenciados, proporción menor al 1% en otros socios como India e Indonesia y de 9% de promedio general.

Del lado del acceso europeo al Mercosur, cerca del 60% de las importaciones se desgravarán en 10 años o más, y además un 9% no estará sometido a desgravaciones o preferencias. Asimismo, de ser necesario se podrán aplicar salvaguardias bilaterales hasta los 18 años de entrada en vigor del acuerdo. Al mismo tiempo, como bien ponderó Cancillería, se aplicarán reglas de origen para asegurar la integración birregional y se podrán suspender preferencias en caso de fraude aduanero. Sólo el 14% de las importaciones de la UE se desgravaron totalmente desde la aplicación del acuerdo, y el 9% de los bienes están excluidos del acuerdo. 

El acuerdo nivela las condiciones de acceso a un mercado en el que muchos competidores ya tienen un acuerdo de libre comercio, como Chile, Ecuador, Perú, Colombia, México, Canadá, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Asimismo, garantiza estabilidad en las reglas de acceso y mejora el acceso a insumos industriales, esenciales en las importaciones desde la UE. Además, y como fue bien destacado por la Cancillería Argentina, el Estado conserva herramientas de política productiva, al mantener el poder de compra para desarrollo productivo en gran parte de sus adquisiciones.

Como bien fue comentado extendidamente desde BCR, este acuerdo contiene regulaciones tanto para bienes como para disciplinas. No conforme con ello, reafirma compromisos internacionales, como los de la Organización Mundial del Comercio (OMC) relativos a defensa comercial, comercio electrónico, facilitación el comercio, entre otras modernizaciones regulatorias. En este sentido, el Mercosur logró un trato preferencial en la clasificación de riesgo y la validación de sus propios sistemas de control y datos locales ante las autoridades europeas frente a la Normativa 1115/2023 de deforestación y potenciales normativas que quieran imponerse a las exportaciones.

Más allá de la apertura comercial

La apertura de mercados con baja de aranceles y cuotas de ingreso espera impulsar el comercio entre bloques. Sin embargo, el alcance de este tratado no se queda ahí. A partir del tercer año de aplicación del acuerdo, es decir, desde el 1ro de mayo del 2029, Argentina no podrá establecer derechos de exportación a exportaciones hacia la UE, salvo algunas excepciones. Por su relevancia exportadora, una de las cuestiones más relevantes para el agro consiste en los DEX relativos al Complejo Soja.

En este sentido, con el acuerdo Argentina se compromete a un techo de derechos de exportación para el Complejo Soja del 18% al quinto año (1 de mayo de 2031), bajando al 14% para el décimo año (1 de mayo de 2036). Nada impide a las autoridades fijar derechos de exportación por debajo de esos umbrales. Además, se consolidan cronogramas de bajas de aranceles para todos los productos del complejo. De generalizarse, se estima un ingreso adicional de divisas por exportaciones agroindustriales de US$ 10.529 millones en 10 años. 

Más allá de ello, por sus disposiciones generales el acuerdo llevaría a cero en tres años a los derechos de exportación de los complejos maíz, trigo, sorgo, girasol, carnes, entre otros destacados productos que se envían al bloque europeo. Las excepciones a la baja de derechos de exportación incluyen 191 posiciones incluidas en un anexo específico y la posibilidad de reimplantarlos “ante desequilibrios fiscales graves o una depreciación brusca y repentina de la moneda local, que requiera acción inmediata”, lo cual no puede ser permanente. 

Por su parte, el acuerdo Mercosur – UE espera ser también un catalizador de inversión extranjera directa. El millonario anuncio de la Embajada de Alemania en esta semana de un acuerdo para abastecer dos millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) al país europeo a partir de 2027 es un hito en esta línea.

Además, en términos de inversiones sólo provenientes de la UE (es decir, sin incluir las inversiones del sector privado), el bloque europeo comprometió 1.800 millones de euros para el Mercosur con fondos de su actual presupuesto. La asignación de fondos dependerá del interés, proactividad y capacidad de cada país, y consiste en 400 millones de euros en subvenciones directas y para reforzar programas existentes y 1.400 millones de euros para canalizar a través de intermediarios financieros y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). 

El acuerdo Mercosur-UE no es solo un acuerdo comercial. Representa la consolidación de un marco institucional que Argentina no tenía. En un contexto global donde las reglas de acceso a mercados están marcadas por la incertidumbre, contar con certeza jurídica frente al segundo destino exportador del país es un activo de largo plazo. Aprovechar la previsibilidad que el acuerdo ofrece será esencial para atraer inversiones, generar empleo y escalar exportaciones.

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