La política de tierras como base del desarrollo territorial, el arraigo rural y la sostenibilidad de las economías regionales.

La política de tierras constituye uno de los pilares sobre los cuales se construyen el desarrollo territorial, el arraigo rural y la sostenibilidad de las economías regionales. En un país de profundas diversidades geográficas, productivas, ambientales y sociales como la Argentina, las decisiones relacionadas con el acceso, la tenencia, el uso y la protección de la tierra requieren políticas públicas estables, concebidas como políticas de Estado, con visión federal y planificación estratégica de largo plazo.

En ese marco, la tierra trasciende su condición de bien económico para constituirse en un recurso natural estratégico, estrechamente vinculado con la producción, la conservación de los ecosistemas, la seguridad alimentaria, la gestión del agua, el ordenamiento territorial y la soberanía nacional. Estas reflexiones procuran contribuir a ese debate desde la experiencia en la gestión pública y el ejercicio profesional de la ingeniería forestal, promoviendo una mirada integral sobre uno de los desafíos estructurales más relevantes para el desarrollo sostenible de la Argentina y, en particular, de la provincia de Misiones.

Ley N.º 26.737: una política de protección territorial

La Ley N.º 26.737, denominada _”Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”, constituyó un importante avance institucional en materia de política territorial y administración estratégica del territorio nacional.

Su sanción fue producto de un amplio debate político y federal, reconociendo a la tierra como un recurso natural estratégico y estableciendo límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

El espíritu de esta norma no fue impedir inversiones ni aislar al país del mundo, sino preservar la capacidad del Estado para planificar el territorio, proteger recursos estratégicos y garantizar que el desarrollo económico sea compatible con el interés nacional.

Por ello, cualquier modificación de este régimen debería surgir de un debate amplio, federal y responsable, que contemple no solo las variables económicas, sino también las dimensiones sociales, ambientales, territoriales y geopolíticas.

El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la promoción de inversiones y la preservación de la capacidad soberana del Estado para administrar sus recursos estratégicos.

La cuestión de la tierra como desafío estructural

La cuestión de la tierra constituye uno de los desafíos estructurales más importantes para el desarrollo territorial, el ordenamiento del territorio y el fortalecimiento de la soberanía nacional, especialmente en provincias como Misiones.

El acceso, la distribución y la regularización de la tenencia no representan únicamente cuestiones jurídicas o administrativas. Son componentes fundamentales de una política de Estado orientada al desarrollo y al ordenamiento territorial.

La tierra no puede ser considerada exclusivamente como un activo económico o financiero. Es un recurso natural estratégico que sostiene la producción, preserva la biodiversidad, protege los recursos hídricos y forma parte de la identidad cultural y social de las comunidades.

La forma en que una sociedad administra este recurso condiciona su modelo de desarrollo, su equilibrio territorial y su capacidad de construir un futuro sostenible.

El territorio como construcción social

El territorio no es solamente un espacio físico; es el ámbito donde se articulan las relaciones sociales, económicas, culturales, políticas e institucionales. 

Cada comunidad construye sentidos de pertenencia a partir de su historia, su cultura y sus prácticas sociales. Por ello, un mismo espacio puede adquirir significados diferentes para los distintos grupos sociales o pueblos originarios que lo habitan.

Comprender esta dimensión resulta indispensable para diseñar políticas públicas capaces de armonizar producción, conservación ambiental, inclusión social y desarrollo.

La ecuación del desarrollo territorial

El desarrollo territorial sostenible depende de un conjunto de políticas que deben actuar de manera integrada.

La ecuación comprende los componentes básicos que permiten transformar la tierra en un factor de desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental:

Acceso a la tierra + Distribución equitativa + Regularización dominial + Uso responsable basado en Buenas practicas de manejo y Conservación de los suelos.

A estas variables deben incorporarse otros instrumentos estratégicos:

– Planificación y ordenamiento territorial.

– Parámetros claros de tenencia.

– Uso del suelo según su aptitud.

– Mecanismos eficaces de control.

– Asistencia técnica y financiera.

– Infraestructura rural (vivienda, caminos, electrificación, conectividad, educación y salud).

– Fortalecimiento de la competitividad de las economías regionales.

Ninguna de estas políticas, por sí sola, resulta suficiente. Su eficacia depende de una visión integral del territorio y de una adecuada articulación entre los distintos niveles del Estado.

Tierra, soberanía y planificación estratégica

La extranjerización de la tierra no puede analizarse exclusivamente desde la titularidad registral de los inmuebles rurales. También requiere considerar el control efectivo sobre recursos estratégicos: accesos, cursos de agua, nacientes, costas, corredores ambientales, áreas forestales y territorios ubicados en zonas de frontera.

La soberanía en el siglo XXI no se limita exclusivamente a la delimitación física de las fronteras. También comprende la capacidad del Estado para decidir sobre el uso del suelo, garantizar el acceso al agua, proteger los ecosistemas, evitar concentraciones que generen posiciones dominantes y orientar el aprovechamiento de los recursos naturales en función del interés colectivo.

Por ello, el debate sobre la tierra es esencialmente un debate político: expresa distintas concepciones sobre el desarrollo, la propiedad, el territorio y el rol del Estado.

No se trata de rechazar inversiones ni de negar la importancia del capital privado para el crecimiento económico. El desafío consiste en promover inversiones productivas que generen empleo, innovación y agregado de valor, preservando al mismo tiempo la capacidad estratégica del Estado.

Una mirada geopolítica sobre los recursos estratégicos

En un escenario internacional marcado por crecientes disputas por el agua, los alimentos, la energía, los bosques y la biodiversidad, la tierra adquiere una relevancia estratégica creciente.

Por eso, la discusión no debería limitarse al funcionamiento del mercado inmobiliario rural, sino ampliarse hacia una pregunta fundamental: ¿Qué modelo de desarrollo y qué proyecto de país queremos construir?

El problema no reside exclusivamente en la nacionalidad de quien posee una determinada superficie, sino en la combinación de factores que pueden comprometer el interés nacional:

》La concentración territorial;

》La localización estratégica de determinados inmuebles;

》El acceso y control sobre recursos naturales; y

》La capacidad regulatoria del Estado.

La tierra como política de Estado

La tierra constituye uno de los principales activos estratégicos de una Nación. Su administración responsable permite fortalecer las economías regionales, proteger el patrimonio natural, promover un desarrollo equilibrado y consolidar la soberanía territorial.

En definitiva, la tierra es mucho más que un bien patrimonial o el objeto de un debate sobre intereses sectoriales. Constituye el soporte físico del desarrollo, la producción, la conservación ambiental y la identidad territorial de una Nación. Administrarla con visión estratégica no significa restringir el progreso, sino garantizar que ese progreso responda al interés general y fortalezca las oportunidades de las generaciones presentes y futuras.

El desafío de la dirigencia política es transformar la política de tierras en una verdadera Política de Estado: con visión federal, perspectiva intergeneracional y compromiso permanente con el interés nacional, el desarrollo sostenible y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Solo desde una visión estratégica e integral será posible garantizar que la tierra continúe siendo un factor de producción, de cohesión territorial y de soberanía para la Nación.