El presidente Javier Milei anunció una ofensiva diplomática, económica y judicial contra las empresas y los actores internacionales que participen en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina.

En un mensaje transmitido por cadena nacional, el mandatario anticipó la firma de un decreto destinado a acelerar los procedimientos sancionatorios contemplados en la Ley 26.659, que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

El paquete incluirá, además, el envío al Congreso de una serie de proyectos para endurecer las penas contra las compañías que intervengan en actividades petroleras, pesqueras o económicas dentro del área en disputa. Según adelantó Milei, las firmas sancionadas no podrán trabajar en el territorio nacional y sus responsables podrán quedar expuestos a procesos judiciales en ausencia.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, afirmó el Presidente al presentar la iniciativa, acompañado por integrantes del Gabinete nacional.

Milei sostuvo que el reclamo diplomático debe estar respaldado por instrumentos concretos capaces de elevar el costo económico y jurídico para quienes participen en proyectos promovidos por la administración británica en las islas.

“No alcanza con sostener nuestro reclamo. El Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, señaló.

El objetivo declarado es disuadir tanto a empresas privadas como a Estados extranjeros de intervenir en emprendimientos vinculados con la explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales en las Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.

Cerca de 180 advertencias a empresas y 29 países

El Presidente reveló que la Cancillería argentina ya envió cerca de 180 notas de desaliento a compañías y gobiernos involucrados directa o indirectamente en proyectos económicos en las islas.

Las comunicaciones alcanzaron a actores radicados en más de 29 países y forman parte de la estrategia oficial para advertir sobre las consecuencias legales de operar en una zona cuya soberanía continúa bajo disputa.

El decreto anunciado por Milei buscará darle “mayor celeridad” a la aplicación de la Ley 26.659. Esa norma prevé sanciones para las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin contar con la autorización correspondiente.

La decisión apunta especialmente contra las compañías vinculadas con nuevos proyectos petroleros en el Atlántico Sur. El Gobierno pretende evitar que las demoras administrativas reduzcan la eficacia del régimen sancionatorio y habiliten a las empresas a avanzar antes de recibir una penalización efectiva.

El Ejecutivo también propondrá reforzar las restricciones para que las compañías involucradas no puedan operar, contratar ni desarrollar negocios dentro de la Argentina. La arquitectura definitiva de las penas dependerá de los proyectos que sean enviados al Congreso.

Una base naval para reforzar la presencia en el Atlántico Sur

La segunda pata del anuncio será militar y logística. Milei confirmó que asignará mayores recursos al Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

La instalación buscará reforzar la presencia argentina en el extremo austral, ampliar la capacidad operativa de la Armada y consolidar la proyección estratégica sobre el Atlántico Sur y la Antártida.

El anuncio coloca nuevamente a Tierra del Fuego en el centro de la política de defensa. Su posición geográfica resulta determinante para el control de los accesos marítimos, la vigilancia de los recursos naturales y el sostenimiento logístico de las campañas antárticas.

“Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, expresó Milei.

Con el decreto, las reformas legislativas y la futura base naval, la Casa Rosada procura mostrar un cambio de escala en la política sobre Malvinas: sostener el reclamo diplomático, pero acompañarlo con sanciones económicas, acciones judiciales y una presencia más fuerte en el Atlántico Sur.

La implementación efectiva dependerá ahora de tres factores: el contenido final del decreto, el respaldo que consiga el paquete legislativo en el Congreso y los recursos presupuestarios que reciba el Ministerio de Defensa para materializar la infraestructura anunciada.