Cruce por un buque británico en Ushuaia: Tierra del Fuego cuestionó el amarre y Ravier responsabilizó a la provincia
El amarre del buque petrolero VS Promise, de bandera británica, en el puerto de Ushuaia generó un nuevo contrapunto político e institucional entre el Gobierno de Tierra del Fuego y la administración de Javier Milei. La provincia cuestionó que la embarcación haya ingresado y permanecido en la terminal fueguina, mientras que el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el procedimiento también requirió autorización del Ejecutivo provincial.
El episodio adquiere una dimensión adicional porque el puerto de Ushuaia, propiedad de Tierra del Fuego, se encuentra intervenido por el Gobierno nacional desde enero a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). Según la posición provincial, esa intervención no elimina las competencias locales vinculadas con las normas que regulan la actividad portuaria y la cuestión Malvinas.
El Ejecutivo fueguino expresó su “repudio y rechazo enérgico” al amarre del buque británico y reclamó al presidente Javier Milei que informe de manera inmediata y pública cuáles fueron los criterios políticos, estratégicos y administrativos utilizados para autorizar la operación.
El planteo provincial se apoya, además, en una normativa fueguina que restringe la permanencia, el amarre y el abastecimiento en sus puertos de embarcaciones con bandera británica. Para Tierra del Fuego, la aplicación de esa legislación adquiere especial relevancia debido a que la provincia incluye constitucionalmente en su territorio a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
“Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la provincia”, sostuvo la administración fueguina al cuestionar el ingreso del petrolero.
Ravier contradijo la versión provincial
El conflicto escaló este martes cuando el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó durante una conferencia de prensa que el amarre del buque no implica una pérdida de soberanía para la Argentina y sostuvo que la operación había contado con intervención de autoridades provinciales.
Según Ravier, antes del amarre el buque debió obtener también autorización del Gobierno de Tierra del Fuego, debido a que la monoboya involucrada en la operación es de jurisdicción provincial. De esta manera, el Gobierno nacional desplazó parte de la responsabilidad sobre la autorización hacia la administración fueguina.
La afirmación introduce un punto de controversia central: mientras Tierra del Fuego cuestiona que una embarcación de bandera británica haya podido operar en Ushuaia y exige explicaciones a la Nación, el Ejecutivo nacional sostiene que la operación contó con las autorizaciones correspondientes y que no representa una afectación de la soberanía argentina.
La discusión no se limita al episodio puntual del VS Promise. También vuelve a poner en primer plano la disputa por las competencias sobre el puerto de Ushuaia, actualmente bajo intervención nacional, y el alcance de las atribuciones provinciales en una jurisdicción particularmente sensible por su relación institucional con la cuestión Malvinas.
Un buque que llegó desde el norte de Tierra del Fuego
El VS Promise se encontraba previamente en la terminal Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, donde habría cargado crudo antes de trasladarse hacia Ushuaia. El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, señaló que todavía buscaban determinar cuál será el destino final de la carga y qué empresa petrolera contrató la embarcación.
El dato agrega una dimensión económica al conflicto político. El buque está vinculado al transporte de crudo y su recorrido conecta infraestructura energética del norte fueguino con el principal puerto de la capital provincial, en un momento en que la administración de las terminales y las actividades vinculadas con hidrocarburos forman parte de una discusión más amplia entre Nación y provincia.
La situación permanece atravesada por el proceso judicial relacionado con la intervención del puerto de Ushuaia. Así, un movimiento operativo de una embarcación terminó exponiendo nuevamente una disputa de fondo: quién decide sobre una infraestructura estratégica de Tierra del Fuego y bajo qué marco se aplican las restricciones provinciales vinculadas con embarcaciones de bandera británica.
El episodio también adquiere relevancia diplomática en un contexto en el que la posición argentina sobre Malvinas continúa siendo un componente sensible de la política exterior. La controversia deja planteado un problema institucional concreto que deberá ser esclarecido más allá del cruce político: qué autoridad autorizó efectivamente el amarre del VS Promise, bajo qué normativa y cómo se compatibilizó esa decisión con las restricciones vigentes en Tierra del Fuego.
