Javier Milei

El Banco Central logró cumplir la meta de acumulación de reservas con el FMI

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El Banco Central logró por primera vez cumplir la meta de acumulación de reservas internacionales netas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el programa firmado en abril de 2025, uno de los compromisos centrales del plan económico. 

Este viernes compró otros USD 100 millones y las reservas avanzaron a los US$ 48.237 millones.

Según estimaciones privadas realizadas tras el cierre de junio, el Banco Central acumuló alrededor de US$ 6.300 millones bajo la metodología utilizada por el organismo multilateral, muy por encima de los US$ 3.500 millones comprometidos para la primera revisión semestral.

El resultado contrasta con lo ocurrido el año pasado. 

En la segunda revisión del programa, publicada en mayo, el staff del FMI recordó que la Argentina había incumplido la meta de acumulación de reservas de fines de 2025 por unos US$ 10.000 millones. 

El organismo atribuyó ese desvío principalmente a la dolarización de carteras en la antesala de las elecciones legislativas de octubre, que derivó en fuertes salidas de capitales privados y obligó al Banco Central y al Tesoro a vender divisas para contener la presión cambiaria. 

A raíz de ese incumplimiento, el Gobierno solicitó un waiver (dispensa) y una recalibración a la baja de las metas para 2026.

Este cumplimiento marcó un cambio respecto de 2025, cuando la acumulación de divisas aparecía como uno de los principales interrogantes del programa económico. 

Además, deja al Banco Central muy cerca de alcanzar el objetivo previsto para todo 2026, fijado en US$ 8.000 millones. 

Así, el desafío para el segundo semestre ya no pasa tanto por cumplir con el FMI como por seguir fortaleciendo las reservas de cara a un 2027 que combinará fuertes vencimientos de deuda -que el ministro Luis Caputo trata de cumplir sin sobresaltos- con el calendario electoral.

De acuerdo con cálculos de Equilibra, el BCRA acumuló US$ 6.278 millones de reservas internacionales netas a precios constantes del 30 de diciembre de 2025, casi el doble de la exigencia establecida para junio. 

En consecuencia, restarían solo US$ 1.700 millones para alcanzar el objetivo de fin de año.

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El Banco Central refinanció US$6.000 millones con bancos internacionales y despejó vencimientos hasta 2028

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio un nuevo paso en su estrategia de fortalecimiento del balance al refinanciar la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (REPO) con bancos internacionales por US$6.000 millones. La operación no incrementa el endeudamiento de la entidad, pero sí modifica sustancialmente el perfil de vencimientos, al trasladar los compromisos previstos para 2026 y 2027 hacia septiembre de 2028, un horizonte que deja las obligaciones fuera del calendario electoral nacional.

La decisión oficializada este viernes constituye una señal relevante para los mercados financieros porque mejora la liquidez en moneda extranjera del Banco Central y reduce las necesidades de refinanciamiento durante los próximos dos años, un período que coincide con el proceso electoral que culminará con la elección presidencial de 2027.

Según informó la autoridad monetaria, el nuevo acuerdo fue suscripto con diez bancos internacionales de primera línea, ampliando la cantidad de entidades participantes respecto de operaciones anteriores y obteniendo, además, una reducción en el costo de financiamiento.

La refinanciación se instrumentó mediante la utilización de títulos BONAR que integran la cartera del BCRA como garantía de la operación. El nuevo préstamo tendrá vencimiento en septiembre de 2028 y devengará una tasa equivalente a la SOFR en dólares más un spread de 4%, nivel que el organismo destacó como una mejora respecto de colocaciones previas.

Más liquidez y menor presión sobre el calendario financiero

Desde la entidad presidida por Santiago Bausili explicaron que la operación permite eliminar completamente los vencimientos de REPO previstos para 2026 y 2027, fortaleciendo la posición de liquidez en divisas y otorgando mayor previsibilidad al flujo de dólares del Banco Central.

El objetivo es reducir la presión financiera sobre el organismo en un período considerado clave para la estabilidad macroeconómica, otorgándole mayor capacidad de intervención ante eventuales tensiones cambiarias y consolidando el proceso de saneamiento de su balance.

La autoridad monetaria sostuvo además que el resultado de la licitación confirmó el interés de los mercados internacionales por los activos argentinos. En la subasta realizada el 30 de junio recibió ofertas por US$8.250 millones, cifra que superó ampliamente el monto finalmente adjudicado de US$6.000 millones.

Para el Gobierno, esa sobredemanda constituye una señal de confianza de las entidades financieras internacionales en el programa económico y en la evolución del balance del Banco Central, uno de los principales objetivos de la actual política monetaria.

Una estrategia para mejorar el perfil de deuda

Los préstamos REPO funcionan como financiamiento garantizado mediante títulos públicos. En este caso, el Banco Central canceló íntegramente las operaciones vigentes y tomó un nuevo crédito por el mismo monto, sin incrementar el stock de deuda, pero extendiendo considerablemente los plazos de repago.

La maniobra permite aliviar el cronograma financiero de corto y mediano plazo y evita que el organismo deba enfrentar importantes vencimientos durante los próximos dos años, cuando también se concentrarán compromisos del Tesoro Nacional y un escenario político atravesado por el proceso electoral.

Desde el BCRA remarcaron que la operación forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el equilibrio macroeconómico, mejorar la calidad del balance de la institución y consolidar un marco de estabilidad financiera.

En ese contexto, la entidad ratificó que continuará implementando medidas destinadas a reforzar su posición patrimonial, administrar con mayor previsibilidad sus necesidades de divisas y contribuir al funcionamiento ordenado del mercado cambiario.

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El Gobierno elimina el Ministerio del Interior y concentra el poder político en la Jefatura de Gabinete

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su proceso de reorganización del Estado al eliminar formalmente el Ministerio del Interior y transferir todas sus competencias a la Jefatura de Gabinete, que conduce Diego Santilli. La decisión, oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 571/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial, redefine el esquema de poder dentro del Ejecutivo y concentra en la figura del jefe de Gabinete la conducción política cotidiana del Gobierno, incluyendo la estratégica relación con las provincias, el Congreso y los municipios.

La modificación implica una nueva reforma de la Ley de Ministerios y reduce a ocho el número de carteras nacionales, en línea con la política de achicamiento del Estado impulsada por el presidente Javier Milei. Sin embargo, más allá de la reducción administrativa, la decisión también reconfigura el funcionamiento político del Gobierno al centralizar en la Jefatura de Gabinete funciones históricamente vinculadas al Ministerio del Interior.

Desde ahora, Santilli será el principal interlocutor del Ejecutivo con los gobernadores, tendrá bajo su órbita la coordinación de las relaciones fiscales con las provincias y absorberá áreas sensibles como política electoral, asuntos institucionales, turismo, ambiente, deportes, ciencia y tecnología, innovación y políticas federales.

Un nuevo centro de poder en la Casa Rosada

El DNU establece que la Jefatura de Gabinete contará con dos vicejefaturas para administrar el volumen de competencias incorporadas. Una estará destinada a la coordinación general del Gobierno y otra concentrará específicamente los asuntos políticos e institucionales que hasta ahora dependían del Ministerio del Interior.

A través del Decreto 574/2026, Guillermo Ignacio Devitt dejó la Secretaría de Asuntos Estratégicos para convertirse en Vicejefe de Gabinete. Desde ese cargo tendrá intervención en la articulación parlamentaria, el seguimiento legislativo y la coordinación de áreas estratégicas como Innovación, Ciencia, Turismo, Ambiente y Deportes.

En paralelo, el Decreto 575/2026 designó a Gustavo Javier Coria como Vicejefe de Gabinete del Interior, luego de aceptar su renuncia como secretario de Interior. Coria conservará bajo su responsabilidad prácticamente toda la estructura política del antiguo ministerio.

Entre las áreas que administrará figuran Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, Relaciones con Provincias y Municipios, Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Corporación Puerto Madero y la Administración de Parques Nacionales.

Más funciones para la Jefatura de Gabinete

La reforma no se limita al traslado administrativo del Ministerio del Interior. El nuevo artículo 16 de la Ley de Ministerios amplía considerablemente las atribuciones del jefe de Gabinete.

Además de coordinar la administración nacional y las relaciones con el Congreso, Santilli pasará a intervenir en la planificación de políticas de turismo, ambiente, deporte, ciencia y tecnología, innovación, protección de datos personales, telecomunicaciones, inversiones públicas, acceso a la información, desarrollo satelital y financiamiento internacional, entre otras competencias.

También asumirá la coordinación del Consejo Federal de Turismo, la administración del Fondo Nacional de Turismo, la política ambiental nacional y la supervisión de programas vinculados al cambio climático, recursos naturales, infraestructura turística y deportiva.

En materia política, concentrará el vínculo institucional con las provincias, la coordinación de políticas federales, la implementación del régimen electoral y el seguimiento de las relaciones interjurisdiccionales, funciones que históricamente representaban el núcleo del Ministerio del Interior.

Comunicación presidencial con estructura propia

La reorganización institucional también incluyó la creación de dos nuevas dependencias directamente bajo la órbita presidencial.

El Decreto 572/2026 designó al economista Adrián Osvaldo Ravier como Secretario de Vocería Presidencial, un cargo que tendrá rango equivalente al de ministro según la modificación introducida en la Ley de Ministerios.

A su vez, mediante el Decreto 573/2026, Fabián Horacio Fernández fue designado como Secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia, luego de desempeñarse como secretario de Comunicación y Prensa dentro de la Jefatura de Gabinete.

Con esta decisión, la estrategia comunicacional abandona la órbita administrativa de la Jefatura para depender directamente del Presidente, reforzando la centralización política y comunicacional de la Casa Rosada.

Una reforma administrativa con impacto político

Aunque el Gobierno fundamentó la eliminación del Ministerio del Interior en “razones de gestión”, el cambio trasciende la reducción del organigrama estatal. La reforma concentra en la Jefatura de Gabinete la administración de prácticamente todos los resortes políticos del Ejecutivo: la negociación con gobernadores, la relación parlamentaria, la coordinación electoral y buena parte de la articulación institucional con provincias y municipios.

La decisión llega en un momento en que el oficialismo necesita fortalecer su capacidad de negociación territorial para avanzar con reformas legislativas, acuerdos fiscales y futuras definiciones presupuestarias.

Al mismo tiempo, la incorporación de competencias vinculadas a turismo, ambiente, deportes, ciencia e innovación convierte a la Jefatura de Gabinete en el principal centro coordinador de políticas transversales de la administración nacional, consolidando un esquema de gobierno donde el peso político queda cada vez más concentrado alrededor del jefe de Gabinete y de la Presidencia.

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Milei acelera la reforma del Banco Central: busca blindar por ley la prohibición de financiar al Tesoro

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El presidente Javier Milei reunió este miércoles en Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza para definir la hoja de ruta legislativa del segundo semestre y anunció uno de los proyectos económicos más ambiciosos de su gestión: una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de impedir que la autoridad monetaria vuelva a financiar al Tesoro mediante emisión de dinero.

La iniciativa, que el mandatario elabora junto a equipos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, apunta a consolidar institucionalmente uno de los pilares del programa económico libertario: eliminar la asistencia monetaria al déficit fiscal y restringir las funciones del Banco Central a la preservación del valor de la moneda.

La propuesta retoma conceptos que Milei expuso recientemente en la Fundación Faro, donde cuestionó el rol que adquirió el BCRA tras la reforma impulsada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Según la visión del Presidente, aquella modificación transformó a la entidad en un instrumento de política económica al ampliar sus objetivos y flexibilizar los mecanismos para asistir financieramente al Estado.

El cambio más relevante de aquella reforma fue la modificación del artículo 3 de la Carta Orgánica. Hasta entonces, la misión primaria del Banco Central era “preservar el valor de la moneda”. Desde 2012, ese mandato fue reemplazado por un esquema de objetivos múltiples que incorporó la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, ampliando el margen de intervención de la autoridad monetaria.

Para el oficialismo, esa redefinición institucional terminó habilitando un uso recurrente de la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del gasto público. En particular, cuestiona la flexibilización de los Adelantos Transitorios previstos en el artículo 20, herramienta mediante la cual el Banco Central pudo transferir recursos al Tesoro cuando éste enfrentaba restricciones de financiamiento.

Desde la óptica del Gobierno, esa dinámica fue uno de los factores estructurales que alimentaron décadas de inflación crónica, pérdida del poder adquisitivo y deterioro de la moneda nacional. “Por cualquier motivo podía emitirse dinero”, sostuvo Milei en su exposición, donde además insistió en que el Banco Central debe recuperar exclusivamente la función de defender el valor del peso.

La reforma buscará, en consecuencia, restringir severamente la capacidad del BCRA para financiar al sector público y reforzar su misión como autoridad monetaria independiente. Aunque el Gobierno aún no difundió el texto definitivo del proyecto, en la Casa Rosada admiten que la intención es revertir buena parte de las modificaciones introducidas hace catorce años y otorgar un marco legal permanente al esquema de disciplina monetaria que actualmente aplica el Ministerio de Economía.

Una agenda legislativa que combina reformas económicas y políticas

El encuentro fue convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien además presentó las prioridades parlamentarias para los próximos meses y agradeció a los legisladores oficialistas por el respaldo a las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo.

Además de la reforma del Banco Central, el Gobierno buscará avanzar con una amplia reforma política, modificaciones al régimen de Zona Fría y cambios al proyecto de Inocencia Fiscal elaborado por el Ministerio de Economía.

En materia electoral, el oficialismo pretende eliminar las PASO obligatorias, incorporar definitivamente el criterio de Ficha Limpia, flexibilizar el financiamiento privado de campañas, modificar aspectos de la boleta única y eliminar la obligatoriedad del debate presidencial.

Respecto del régimen de Zona Fría, la intención oficial es focalizar los subsidios al gas natural únicamente en los hogares vulnerables de las provincias incorporadas en 2021, mientras que la Patagonia, la Puna y Malargüe conservarían el beneficio pleno.

En paralelo, Economía impulsa modificaciones al régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para ampliar el universo de contribuyentes alcanzados y facilitar la formalización patrimonial.

Consolidar el programa económico por vía legislativa

La decisión de avanzar sobre la Carta Orgánica del Banco Central refleja la intención del Gobierno de transformar en legislación permanente los principales ejes de su programa económico. Si durante el primer año y medio de gestión el ajuste fiscal, la eliminación del financiamiento monetario y la desaceleración inflacionaria se apoyaron principalmente en decisiones administrativas y de política económica, ahora la estrategia apunta a blindar esos cambios mediante reformas legales que dificulten una eventual reversión por futuras administraciones.

En ese marco, la modificación del funcionamiento del BCRA aparece como una de las reformas institucionales más profundas que buscará impulsar el oficialismo en el Congreso, junto con los cambios políticos y tributarios que integran la agenda legislativa para el segundo semestre. La apuesta de Milei es convertir el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria en principios permanentes del sistema económico argentino, limitando por ley la utilización de la emisión como herramienta de financiamiento del Estado.

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La Cámara Electoral declaró nulo el DNU que transfería a Migraciones el otorgamiento de la ciudadanía argentina

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La Cámara Nacional Electoral (CNE) asestó un nuevo revés judicial al Gobierno nacional al declarar la nulidad absoluta del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había transferido a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina, una competencia que históricamente ejercen los jueces federales.

El fallo representa un límite institucional al uso de los decretos presidenciales y reafirma que la regulación de los derechos políticos constituye una materia reservada al Congreso de la Nación. Para el máximo tribunal electoral, el Ejecutivo avanzó sobre atribuciones legislativas expresamente vedadas por la Constitución Nacional y no logró demostrar la existencia de una situación de excepcional urgencia que justificara eludir el debate parlamentario.

La resolución fue dictada al resolver el caso de Liping Yang, un ciudadano chino cuya solicitud de carta de ciudadanía había sido rechazada por un juez federal de Entre Ríos bajo el nuevo régimen establecido por el decreto presidencial. Sin embargo, la Cámara aprovechó ese expediente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de toda la reforma introducida por el DNU.

El argumento central de los magistrados es que el otorgamiento de la ciudadanía no constituye un simple trámite administrativo o migratorio, sino que está directamente vinculado con la adquisición de los derechos políticos, entre ellos el derecho al voto. Esa característica ubica la materia dentro del ámbito electoral, un terreno sobre el cual la Constitución prohíbe expresamente legislar mediante decretos de necesidad y urgencia.

En ese sentido, la sentencia recuerda que el artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo “no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable”, emitir disposiciones de carácter legislativo en materia electoral. Para la Cámara, la eliminación de la competencia judicial para otorgar la ciudadanía encuadra exactamente en esa prohibición constitucional.

Además del cuestionamiento de fondo, los jueces descartaron que existieran circunstancias extraordinarias que justificaran el dictado del DNU. El Gobierno había argumentado que la Dirección Nacional de Migraciones era el organismo más adecuado para evaluar los pedidos de ciudadanía y que resultaba más eficiente concentrar allí el procedimiento.

Sin embargo, la Cámara concluyó que esos fundamentos responden exclusivamente a razones de oportunidad, mérito o conveniencia administrativa, aspectos cuya definición corresponde al Congreso y no habilitan el uso de facultades legislativas excepcionales por parte del Presidente.

El tribunal sostuvo que el Ejecutivo no acreditó una “situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia” que hiciera imposible el tratamiento parlamentario del cambio normativo. Por el contrario, interpretó que el objetivo del decreto era modificar de manera permanente el régimen legal vigente sin atravesar el procedimiento legislativo previsto por la Constitución.

La sentencia también desarrolla un extenso análisis sobre el concepto jurídico de ciudadanía y su estrecha relación con el sistema democrático argentino. Para fundamentar su decisión, los magistrados citaron doctrina constitucional de autores como Juan Bautista Alberdi, Segundo V. Linares Quintana, Germán Bidart Campos, Gregorio Badeni y José Manuel Estrada, quienes coinciden en definir la ciudadanía como el vínculo jurídico-político que habilita el ejercicio de los derechos políticos.

Asimismo, recordaron que la propia Constitución otorga una protección reforzada a las normas electorales. No sólo exige mayorías especiales para su modificación, sino que además excluye expresamente esa materia del régimen excepcional de los decretos de necesidad y urgencia, precisamente para preservar la división de poderes y la integridad del sistema democrático.

Como consecuencia del fallo, la Cámara revocó la resolución de primera instancia que había rechazado el pedido de ciudadanía de Yang y ordenó que el trámite continúe bajo el régimen establecido por la Ley 346 y su decreto reglamentario, que mantienen la competencia en cabeza de los jueces federales.

Además, dispuso comunicar formalmente la sentencia al Ministerio de Seguridad para que instruya a la Dirección Nacional de Migraciones a adecuar su actuación al criterio fijado por la Justicia y notificó la decisión a todos los jueces federales con competencia electoral del país, con el objetivo de unificar la interpretación sobre la aplicación del DNU.

Desde el punto de vista institucional, el fallo constituye un nuevo capítulo en la creciente judicialización de diversas reformas impulsadas por el Gobierno nacional mediante decretos. La decisión reafirma el criterio de la Cámara Nacional Electoral respecto de los límites constitucionales del Poder Ejecutivo y fortalece el principio de que las modificaciones vinculadas a la ciudadanía y a los derechos políticos deben debatirse y aprobarse exclusivamente en el Congreso.

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