Javier Milei

Milei volverá al Congreso para presentar el Presupuesto 2027 el 15 de septiembre

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Javier Milei volverá a presentar personalmente el proyecto de ley de Presupuesto en el Congreso el próximo martes 15 de septiembre, retomando el formato que utilizó en 2024 y que había abandonado en 2025, cuando optó por grabar un mensaje desde la Casa Rosada para su emisión por cadena nacional.

La decisión vuelve a colocar al Presidente en el centro de una instancia que históricamente estuvo reservada al ministro de Economía. “El presidente es nuestro mejor comunicador, por escándalo”, señalaron altas fuentes parlamentarias del oficialismo para explicar la estrategia. En términos políticos, la elección implica que Milei asumirá nuevamente el costo y el beneficio de defender ante el Congreso los principales lineamientos de la política económica del Gobierno.

El antecedente inmediato es significativo. En 2024, Milei presentó el proyecto correspondiente al Presupuesto 2025 desde un atril ubicado en el centro del recinto de la Cámara de Diputados, en lugar de utilizar el sillón presidencial reservado junto a las autoridades legislativas. Aquella puesta en escena rompió con el protocolo tradicional y convirtió una exposición presupuestaria en una demostración explícita de liderazgo político.

El proyecto, sin embargo, no consiguió avanzar hasta el recinto. Quedó trabado en las comisiones de Diputados en medio de negociaciones fallidas entre el oficialismo, la oposición y los gobernadores por el reparto de recursos y las prioridades fiscales. La falta de acuerdo terminó impidiendo que el Congreso sancionara el Presupuesto 2025.

Un año después, el escenario fue diferente. El 15 de septiembre de 2025, en un contexto marcado por tensiones políticas y derrotas electorales, Milei decidió no concurrir al Palacio Legislativo y grabó un mensaje desde la Casa Rosada que fue transmitido por cadena nacional. El Presupuesto correspondiente a 2026 terminó teniendo un desenlace distinto al de su antecesor: fue el primero aprobado por ambas cámaras durante la administración libertaria, aunque recién obtuvo sanción en las sesiones extraordinarias de diciembre.

La nueva presentación del 15 de septiembre tendrá, por lo tanto, una importancia que excede la exposición de las variables fiscales para el próximo ejercicio. El desafío político será transformar los números del proyecto en un acuerdo parlamentario que permita garantizar su aprobación. Para el Gobierno, contar con una ley de Presupuesto implica además consolidar una herramienta institucional central para ordenar la política fiscal y otorgar mayor previsibilidad a la administración de los recursos públicos.

Milei cuenta con una particularidad que sus antecesores no tenían: conoce desde adentro el funcionamiento del Congreso, ya que fue diputado nacional entre 2021 y 2023. A esa experiencia se suma su formación como economista, dos factores que el oficialismo considera determinantes para justificar su decisión de asumir personalmente la presentación.

Pero el protagonismo presidencial también tiene una contracara institucional. La presencia de Milei en el Palacio Legislativo transformó el dispositivo de seguridad habitual del Congreso. En 2024, el operativo adquirió dimensiones extraordinarias, con controles federales dentro del edificio y restricciones inéditas para una actividad que durante décadas había tenido un carácter esencialmente administrativo y parlamentario.

La Policía Federal Argentina desplazó temporalmente funciones habituales del personal del Congreso y asumió el control de los accesos al hall y a los pasillos del Palacio Legislativo. Además, efectivos e inspectores realizaron recorridas preventivas piso por piso y oficina por oficina antes de la llegada presidencial.

El dispositivo incluyó también revisiones técnicas exhaustivas, perros detectores de explosivos en el recinto y controles de identidad y cacheos obligatorios en los accesos. En el exterior, la Avenida Rivadavia y el perímetro del Congreso fueron vallados y quedaron bajo vigilancia de un amplio despliegue policial, con participación de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La magnitud del operativo fue consecuencia directa de una modificación en la naturaleza política del acontecimiento. Lo que durante años había sido una presentación técnica del ministro de Economía pasó a convertirse, con Milei, en un evento presidencial con fuerte exposición pública, alta movilización política y mayor tensión con los bloques opositores.

El 15 de septiembre, esa dinámica volverá a ponerse a prueba. El Presidente deberá defender ante un Congreso donde el oficialismo necesita construir mayorías una hoja de ruta fiscal que será observada no solo por los legisladores, sino también por gobernadores, mercados, empresas y actores sociales. La presentación será, en consecuencia, el primer capítulo de una negociación parlamentaria que definirá cuánto margen tendrá el Gobierno para ejecutar su programa económico durante 2027.

Más allá del formato elegido, el desafío de fondo será el mismo que enfrentó el oficialismo en los últimos dos años: convertir el respaldo político al programa económico en acuerdos institucionales capaces de sostener una ley de Presupuesto. La exposición de Milei puede amplificar el mensaje; la aprobación dependerá, nuevamente, de la capacidad del Gobierno para negociar con el Congreso y las provincias.

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Desregulación: Sturzenegger ya contabiliza 16.771 artículos modificados o eliminados

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El Gobierno nacional cerró julio con un nuevo avance de su programa de desregulación y quedó a las puertas de superar las 17.000 modificaciones o eliminaciones de artículos normativos desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El dato fue difundido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó el volumen acumulado de cambios y volvió a asociar la reducción de regulaciones con el objetivo oficial de ampliar la libertad económica.

“Terminamos la semana con el informe mensual de desregulaciones. Dentro de poco ¡superaremos las 17.000! Y como dice el presidente Javier Milei, libertad es prosperidad. VLLC!”, señaló Sturzenegger al presentar el nuevo informe.

El documento de julio, elaborado por la Unidad de Evaluación de Impacto, contabiliza 719 normas de desregulación, 2.803 normas modificadas o eliminadas y 16.771 artículos modificados o eliminados. La cifra representa un incremento de 593 artículos respecto de mayo y de 256 frente a junio, cuando el acumulado había llegado a 16.178.

El dato adquiere relevancia porque el Gobierno no mide la desregulación únicamente por la cantidad de normas derogadas. El esquema de evaluación distingue entre las normas eliminadas por completo, aquellas que sufrieron modificaciones o eliminaciones parciales y el número concreto de artículos alcanzados. Esa metodología permite dimensionar con mayor precisión cuánto del entramado regulatorio fue efectivamente alterado.

El informe sostiene que el universo relevado comprende las normas publicadas en el Boletín Oficial desde el 10 de diciembre de 2023 que incorporan de manera explícita y verificable la eliminación o simplificación de obligaciones, controles, restricciones o trámites que generan cargas, demoras o costos para ciudadanos, empresas u organismos públicos. A partir de allí, se identifican artículos que contienen acciones como derogar, modificar, sustituir, suprimir o dejar sin efecto disposiciones anteriores.

El método también evita equiparar automáticamente una derogación con una transformación completa del marco regulatorio. Si una norma elimina artículos de una ley pero mantiene vigente el resto de su estructura, se contabiliza como una norma modificada o eliminada y, simultáneamente, se suman los artículos concretos afectados. De esta manera, el indicador de 16.771 artículos busca reflejar la magnitud normativa de los cambios y no solamente la cantidad de instrumentos jurídicos involucrados.

El propio informe advierte, además, que el número de artículos modificados o eliminados constituye una cota inferior, debido a que el contenido de 40 normas alcanzadas no se encuentra disponible en línea y, por lo tanto, sus artículos no pudieron ser contabilizados. También se contemplan los anexos de las normas, salvo cuando contienen artículos, caso en el que se contabiliza su contenido normativo específico.

La aceleración registrada durante los últimos meses también permite observar dónde se concentra parte del proceso. El informe presenta a la agroindustria, las finanzas y el mercado de capitales, el comercio exterior, la producción nacional, el transporte, el bienestar ciudadano, la salud, la cultura, el turismo y el deporte, la energía, el empleo y la regulación laboral y el sector inmobiliario como algunos de los principales sectores alcanzados por las medidas.

Entre las medidas destacadas de julio aparecen cambios con impacto directo sobre operaciones empresariales y trámites cotidianos. El Decreto 604/2026 reglamentó la exportación por vía postal y habilitó a empresas e individuos a realizar operaciones puerta a puerta mediante el Correo. En comercio exterior, la Resolución General 5883/2026 de ARCA eliminó los límites de valor FOB para exportaciones bajo el régimen de courier y simplificó determinados procedimientos para pequeños envíos.

La agenda también avanzó sobre la digitalización de trámites. La Resolución General 7/2026 de la Inspección General de Justicia reemplazó presentaciones físicas por un sistema digital con firma electrónica, con el objetivo de reducir tiempos y costos administrativos. En los aeropuertos, la Resolución 49/2026 del ORSNA sustituyó los Libros de Quejas en formato físico por un formulario web para canalizar los reclamos de los usuarios.

En sectores productivos también hubo modificaciones de requisitos. La Resolución 592/2026 del SENASA eliminó la obligatoriedad de contar con un Director Técnico en determinados establecimientos de inspección de productos de origen animal, mientras que la Resolución 593/2026 simplificó las habilitaciones de destinos de exportación al eliminar su vencimiento y evitar que establecimientos ya autorizados deban repetir el trámite.

En energía, la Resolución 166/2026 de la Secretaría de Energía dejó sin efecto el registro previo establecido por el Decreto 645/02 y derogó disposiciones vinculadas con autorizaciones y publicación de ofertas destinadas al mercado interno, en línea con un esquema de mayor libertad para la exportación de hidrocarburos. En paralelo, la Resolución 35/2026 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo avanzó con una depuración de resoluciones y artículos considerados obsoletos, redundantes o cuyo objeto ya había sido cumplido.

La magnitud del proceso plantea, sin embargo, una cuestión central para evaluar su impacto económico: la cantidad de regulaciones eliminadas no constituye por sí misma una medición del beneficio generado. El efecto final depende de si la simplificación reduce efectivamente costos, tiempos y barreras de entrada, mejora la competencia y facilita la inversión y la producción, sin trasladar nuevos costos o riesgos a ciudadanos, trabajadores o consumidores. El propio diseño metodológico del Gobierno busca generar una base cuantificable para seguir esa transformación en el tiempo, pero el volumen normativo y su impacto económico son dimensiones diferentes.

Con 16.771 artículos modificados o eliminados y una variación mensual que sumó 593 cambios durante julio, el Gobierno se aproxima así al umbral de 17.000. La próxima medición permitirá determinar si el programa mantiene el ritmo alcanzado durante el primer semestre y, sobre todo, si la reducción de trámites y restricciones comienza a traducirse en resultados verificables sobre la actividad económica.

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Adriana Baravalle, la especialista en inteligencia artificial que asume el desafío de conducir Ciencia y Tecnología

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El Gobierno de Javier Milei oficializó la designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La especialista en inteligencia artificial reemplaza a Darío Genua, cuya renuncia fue aceptada a partir del 27 de julio, en el marco de una reestructuración que modificó el peso institucional del área.

La designación quedó formalizada mediante el Decreto 730/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma establece que Baravalle, magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento, asumirá la conducción de una secretaría que articula algunas de las áreas estratégicas del sistema científico y tecnológico argentino.

El desembarco de Baravalle marca un giro hacia un perfil con fuerte anclaje académico y tecnológico. Su trayectoria está concentrada en inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad y tecnologías exponenciales, campos que atraviesan buena parte de los desafíos que enfrenta actualmente el Estado en materia de innovación, productividad y transformación digital.

Según informó el Gobierno nacional, la nueva funcionaria es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidos, cuenta con una maestría en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento de la Universidad Austral y cursa allí un doctorado en Ingeniería. Además, desarrolla actividad docente y participa en proyectos de investigación vinculados con nuevas tecnologías.

Uno de sus principales espacios de trabajo es el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral, que dirige y desde el cual desarrolla actividades relacionadas con la transformación tecnológica. También es fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial orientada a la formación, investigación y cooperación tecnológica en América Latina.

Su experiencia incluye además participación en proyectos científicos internacionales e investigaciones relacionadas con inteligencia artificial, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas. Ese recorrido le otorga un perfil particularmente asociado a tecnologías consideradas estratégicas para la seguridad, la competitividad y la soberanía tecnológica.

La llegada de Baravalle se produce en un momento de redefinición institucional para el área. Genua dejó la Secretaría después de una serie de cambios administrativos que modificaron la dependencia de organismos vinculados con las comunicaciones y redujeron el alcance de la estructura que tenía bajo su conducción.

La reorganización quedó atravesada por el Decreto 581/2026, que modificó el esquema de dependencia de distintos organismos. En ese proceso, el Ente Nacional de Comunicaciones y la Agencia de Acceso a la Información Pública pasaron a depender directamente de la Jefatura de Gabinete, mientras que Arsat y Correo Argentino fueron transferidos a la órbita del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria.

Con ese nuevo mapa institucional, la Secretaría que ahora conducirá Baravalle concentra su desafío en un núcleo diferente: la articulación de las políticas de ciencia, innovación y desarrollo tecnológico. Entre los organismos estratégicos que permanecen vinculados al área se encuentran el CONICET, la CONAE y el Banco Nacional de Datos Genéticos, además de iniciativas relacionadas con el desarrollo científico, tecnológico y espacial.

El cambio de conducción plantea así una cuestión que excede el reemplazo de un funcionario por otro: cómo traducir el conocimiento científico y las capacidades tecnológicas en soluciones concretas para el Estado y la economía. En un escenario marcado por la expansión de la inteligencia artificial, la automatización y la competencia internacional por talento e infraestructura tecnológica, el perfil de la nueva secretaria anticipa una gestión con mayor énfasis en esas herramientas.

El desafío será convertir ese conocimiento especializado en políticas públicas capaces de generar impacto medible: mejorar la productividad, fortalecer capacidades nacionales, acelerar la transferencia tecnológica y conectar la investigación con problemas concretos de empresas, organismos públicos y sectores estratégicos.

Quién es Adriana Baravalle y por qué cuestionan su doctorado

Antes de entrar en la polémica, hay algo que conviene dejar claro para no convertir la discusión en una caricatura: Adriana Baravalle tiene una trayectoria académica y profesional concreta. No llegó a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología desde ningún rincón perdido de internet, sino después de casi tres décadas de actividad vinculada con la Universidad Austral, la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la ciberseguridad.

Baravalle es magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, es doctoranda en Ingeniería en esa misma institución y también es Analista de Sistemas por la Universidad Nacional de la Defensa. A eso se suman formaciones en planificación estratégica, ciberseguridad, gestión de riesgos, inteligencia empresarial y criptología, además de capacitaciones vinculadas con Google y el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Su recorrido profesional tampoco es menor. Desde aproximadamente 1998 está vinculada con la Universidad Austral como profesora e investigadora, y en 2026 asumió además la dirección del Laboratorio de Tecnologías Exponenciales, orientado a inteligencia artificial, computación cuántica y otras tecnologías emergentes.

También participó entre 2016 y 2019 en la Mesa de IA y Ciberseguridad que trabajó sobre la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y tuvo experiencia en empresas y organismos vinculados con datos, analítica avanzada, IA y ciberseguridad.

Incluso cuenta con resultados internacionales bastante concretos: integró el equipo de la Austral que obtuvo el primer puesto en la International Cybersecurity Data Mining Competition de la Universidad de Kioto en 2016, entre 42 equipos de 14 países, y otro primer puesto en la WSDM Cup de la ACM, organizada por la Universidad de Cambridge, en 2017.

Entonces, la discusión no pasa por decir que Baravalle no sabe de inteligencia artificial. Ese argumento sería bastante flojo y no se sostiene con su currículum.

La pregunta es otra, y bastante más incómoda: si ya tenía todos esos antecedentes, ¿por qué la presentación oficial decidió poner el foco en un doctorado cuya procedencia genera tantas dudas?La universidad detrás del polémico título de “doctora en IA”

El título de “doctora en Inteligencia Artificial” que aparece en la presentación de Baravalle corresponde a American Andragogy University, una institución estadounidense con sede legal en Honolulu, Hawái, que funciona bajo una modalidad completamente online.

Y acá es donde el asunto deja de ser una simple discusión sobre títulos y empieza a tener elementos bastante más concretos.

La institución no está acreditada por ninguna agencia reconocida por el Departamento de Educación de Estados Unidos y aparece incluida en listados de instituciones de educación superior no acreditadas. Además, el Estado de Hawái inició acciones legales contra la universidad por operar como una institución que otorgaba títulos sin acreditación.

El proceso judicial terminó con una injunction permanente y una sentencia que incluyó un pago de US$2.000 al Estado de Hawái. Es decir, no estamos hablando simplemente de que alguien encontró una universidad con pocos seguidores en redes y decidió hacer una captura de pantalla para escandalizarse: existe un antecedente judicial concreto relacionado con el funcionamiento de la institución.

Maximiliano Firtman, programador, profesor y periodista especializado en tecnología, fue una de las primeras voces que puso el tema sobre la mesa después del anuncio. En X escribió:

“NUEVA SECRETARIA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Desde hoy se va @DarioGenua y asume la Dra. Adriana Barravalle (sin X) con un perfil muy técnico orientado hoy a Inteligencia Artificial.”

En el mismo mensaje señaló que el comunicado oficial hablaba de Baravalle como “doctora en IA”, aunque ese doctorado provenía de una universidad online con sede legal en Honolulu, cuyo título no figuraba en su legajo público de la Universidad Austral.

Después, Firtman mostró información sobre la institución y agregó, con bastante ironía:

“Y yo que me quería ir a dormir temprano… El historial de la ‘universidad’ incluye un juicio del Estado de Hawaii contra la ‘universidad’ por trucha.”

Más tarde, completó su crítica con una pregunta que resume bastante bien el problema:

“No entiendo esa necesidad de mostrar algo superador a lo que ya tenías muy bueno a nivel academia y que termines por ello manchando tu CV. No la entiendo…”

La periodista científica Nora Bär también se hizo eco del caso y describió a Baravalle como la nueva secretaria de Ciencia, destacando su condición de “doctorada” en una universidad online de Honolulu.

El matemático Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA e investigador del CONICET, fue todavía más directo:

“En trayectoria académica la nueva Secretaria de Ciencia iguala a Milei…hablando en serio, si quieren poner alguien sin trayectoria académica es una decisión política que nos puede gustar más o menos. Lo inaceptable es que la quieran presentar como ‘científica’ con este CV.”

La discusión, entonces, tiene un punto bastante preciso. Nadie necesita negar los casi 30 años de trayectoria de Baravalle para cuestionar el modo en que el Gobierno decidió presentarla. De hecho, es justamente eso lo que vuelve más difícil de entender la decisión.

La propia Universidad Austral enumera en su perfil público el magíster, el doctorado en Ingeniería que todavía está cursando, el título de Analista de Sistemas y sus distintas formaciones, pero no menciona el doctorado de American Andragogy University.

Y ahí aparece la pregunta que Santilli y el Gobierno deberían responder: si una funcionaria tiene una trayectoria académica verificable, publicaciones, experiencia profesional, participación en la Estrategia Nacional de IA, reconocimientos internacionales y años de docencia, ¿para qué convertir en credencial central un título cuya institución de origen no está acreditada y que arrastra un antecedente judicial en Hawái?

El Gobierno eligió venderla como “doctora en IA”. Ahora tiene que explicar por qué, cuando se revisa esa credencial, aparecen una institución no acreditada, una causa judicial en Hawái y un título que ni siquiera figura en el perfil académico público de la Universidad Austral.

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Alerta por el té: productores aseguran que el precio cayó 30% en dólares

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El semáforo de las economías regionales debería sumar otro rojo en Misiones, considera el productor Cristian Klingbeil. Además de la crisis que atraviesan la yerba mate y la mandioca, advirtió sobre el deterioro que enfrenta la actividad tealera y aseguró que el precio que recibe el productor perdió alrededor de 30% medido en dólares desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

La advertencia aparece en un momento particularmente sensible para la cadena. El precio de la próxima zafra está en discusión en el ámbito de la Comisión Provincial del Té (Coproté), mientras productores, secaderos e industria intentan encontrar un valor que permita sostener la producción frente al incremento de los costos. Para los productores, no debería ser menos de 130 pesos por kilo. 

Desde que asumió Milei, el productor perdió 30% en dólares el valor del té”, resumió Klingbeil. Y planteó que, si la actividad estuviera incluida en el relevamiento de economías regionales de Coninagro, difícilmente escaparía de la zona crítica: “El té debería estar también en ese semáforo rojo. No sé si en rojo o en violeta, pero estaría seguro dentro de ese lote de producciones”.

Según explicó, la actividad queda afuera de ese monitoreo porque no existe una entidad tealera asociada a Coninagro que aporte regularmente la información sectorial.

El reclamo por un té a $200

La discusión inmediata pasa por el precio del brote verde para la nueva campaña. Klingbeil señaló que en la última reunión de Coproté no hubo acuerdo y se resolvió pasar a un cuarto intermedio. Las negociaciones continuarán durante agosto y hacia fin de mes debería producirse una instancia decisiva.

Dentro del sector primario ya existe una referencia concreta: un grupo de productores reclama $200 por kilo de brote verde.

No me parece mal. Me parece un reclamo, un pedido y un precio lógico, porque ahí hablan de una rentabilidad que se debería recuperar y que hace años se viene perdiendo”, sostuvo.

De acuerdo con Klingbeil, distintos sectores llevaron a la mesa cálculos que ubican el costo de producción alrededor de los US$0,10 por kilo, pero esa cifra prácticamente no contempla rentabilidad.

Ahí no hay rentabilidad para nadie. Agregándole un mínimo de rentabilidad para el prestador de servicio y para el propietario de la chacra, tenés esos $200 que están pidiendo algunos sectores”, explicó.

La brecha respecto de la última campaña es considerable. Klingbeil recordó que $100 por kilo fue el mejor precio de referencia de la zafra anterior, aunque señaló que hubo secaderos que terminaron pagando incluso por debajo de ese valor.

El problema es que, mientras el precio del producto quedó rezagado, prácticamente todos los componentes de la estructura de costos continuaron subiendo.

El gasoil como termómetro 

Klingbeil utiliza una comparación sencilla para describir el deterioro del poder de compra del productor: cuántos kilos de té hacen falta para comprar un litro de gasoil.

Según sus cálculos, entre el comienzo y el final de la última zafra, el productor necesitó entre siete y ocho kilos adicionales de té para comprar el mismo litro de combustible.

El dólar está muy bajo y los costos en dólares subieron muchísimo. El dólar se mueve a paso de tortuga cuando los costos están en modo acelerado”, describió.

El combustible es apenas una parte de la ecuación. Mano de obra, energía eléctrica, fertilizantes, servicios de cosecha, transporte y costos industriales también presionan sobre una actividad esencialmente exportadora y, por lo tanto, muy condicionada por la relación entre el tipo de cambio y los costos internos.

Ahí aparece una de las principales dificultades estructurales del té misionero: la industria vende en un mercado internacional donde tiene poco margen para trasladar el incremento de los costos argentinos.

Afuera pedís precio y te ponen el precio de tu producción. Es difícil”, sintetizó Klingbeil.

El productor recordó que uno de los últimos intentos por sostener una referencia cercana a los US$0,10 por kilo de brote verde necesitó complementar el precio industrial con herramientas públicas.

Durante aquel período hubo asistencia vinculada al fertilizante y mecanismos para aliviar costos de la industria. Posteriormente, en la última campaña, Misiones instrumentó herramientas financieras y asistencia energética para amortiguar parte de la crisis.

Entre ellas, Klingbeil mencionó el financiamiento de intereses de cheques de hasta 90 días utilizados por los secaderos y aportes destinados a aliviar el costo eléctrico de la industria.

Sin embargo, sostuvo que esas herramientas no consiguieron evitar el deterioro del ingreso primario.

El precio fue de $100 en el mejor de los casos. Muchos secaderos incluso pagaron menos”, afirmó.

Con un dólar en torno de los $1.500 utilizado como referencia por el productor, esos $100 están lejos de los diez centavos de dólar que el sector había conseguido tomar como referencia anteriormente.

La diferencia ayuda a explicar el cálculo de Klingbeil sobre una pérdida cercana al 30% en dólares.

Un problema que no termina en la chacra

La advertencia tealera se conecta además con otra crisis productiva de Misiones: la forestal.

Una parte importante de los secaderos utiliza chips de madera como fuente energética, y Klingbeil alertó que la fuerte caída de actividad de los aserraderos podría generar dificultades adicionales para conseguir biomasa.

Los aserraderos no pueden trabajar, están todos parados. Algunos, si trabajan, solamente hacen chip”, describió.

La paradoja es que un subproducto que históricamente representaba un ingreso secundario para los aserraderos pasó a convertirse, en algunos establecimientos, en uno de los pocos negocios con demanda y pago relativamente rápido.

Hace años vendías el chip y no había problema si te pagaban a 120 días porque era un extra del sobrante. Hoy, en muchos aserraderos, es el único ingreso o el mejor ingreso”, señaló.

Las condiciones climáticas agregan otra dificultad. Las lluvias complican el ingreso a las plantaciones forestales y la extracción de rollos, reduciendo todavía más el abastecimiento de materia prima a los aserraderos y, por extensión, la disponibilidad de residuos para producir chips.

Para el sector tealero, el problema no es menor. Sin acceso generalizado al gas natural –reclamo que expresó el gobernador Hugo Passalacqua en la cumbre del Norte Grande-, buena parte del proceso industrial depende de fuentes alternativas de energía, por lo que cualquier encarecimiento o escasez de biomasa termina impactando sobre los costos de secado.

Una economía exportadora atrapada en costos argentinos 

El planteo de Klingbeil expone una ecuación que se repite en distintas economías regionales de Misiones: precios primarios que pierden contra los costos, industrias con dificultades para trasladar esos aumentos y productores cada vez con menor margen financiero.

En el té, esa tensión se potencia por su perfil exportador. La competitividad depende en buena medida del tipo de cambio, mientras que buena parte de los costos se ajusta a valores internos que avanzaron mucho más rápido.

Por eso, para Klingbeil, el té merece ocupar el mismo lugar de alerta que hoy tienen la yerba mate y la mandioca.

La producción es un tema nuestro, es un tema que golpea a la provincia, a miles de familias productoras y dependientes de la actividad tealera”, remarcó.

La discusión de Coproté determinará ahora cuánto de esa pérdida puede recuperar el productor en la próxima campaña. El pedido de $200 por kilo implica prácticamente duplicar la referencia de la última zafra, pero desde el sector primario sostienen que no se trata simplemente de una aspiración de mejora: es el valor que permitiría volver a incorporar una rentabilidad mínima después de años de deterioro.

La incógnita es cuánto puede absorber la industria. También enfrenta aumentos de electricidad, biomasa, combustible y salarios, mientras vende el producto en un mercado externo que no necesariamente reconoce el incremento de los costos argentinos.

En ese delicado equilibrio se definirá la próxima zafra. Y detrás de la discusión por algunos centavos de dólar aparece un problema bastante más profundo: otra de las grandes economías regionales de Misiones comienza la campaña intentando determinar no cuánto puede ganar, sino cuánto necesita cobrar para seguir produciendo.

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Reforma del BCRA: el oficialismo consiguió dictamen y busca blindar la política monetaria frente al Tesoro

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El oficialismo consiguió este miércoles en Diputados el dictamen de mayoría para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en un paso clave para uno de los proyectos institucionales centrales del programa económico de Javier Milei. La iniciativa, que mantiene prácticamente sin cambios el texto enviado por el Poder Ejecutivo, quedó en condiciones de ser debatida en el recinto, con el 26 de agosto como fecha tentativa para su tratamiento.

El despacho reunió 42 firmas de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas del PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. El avance se produjo después de un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda que comenzó atravesado por cruces políticos y terminó con la salida de los diputados de Unión por la Patria.

La discusión expuso una diferencia relevante incluso dentro del arco que acompaña al Gobierno. Eduardo Falcone, del MID, decidió no firmar el dictamen y cuestionó el tono de las intervenciones de algunos economistas invitados. El diputado consideró que las exposiciones de Miguel Boggiano y Ramiro Castiñeira se apartaron del carácter técnico que esperaba de la reunión y las calificó como una provocación innecesaria.

La tensión obligó incluso a diputados libertarios a pedir disculpas a representantes del PRO, la UCR y el MID. Fernando de Andreis, del PRO, también manifestó su desacuerdo con el contenido político de las primeras exposiciones, aunque dejó en claro que su espacio mantiene el respaldo al proyecto porque considera que la reforma institucional del BCRA resulta necesaria.

El episodio revela una cuestión política de fondo: el oficialismo consiguió construir una mayoría para avanzar con la reforma, pero la discusión sobre el Banco Central atraviesa incluso a sus propios aliados. La coincidencia parlamentaria se encuentra en la necesidad de limitar la utilización del organismo como fuente de financiamiento del Estado, mientras persisten diferencias sobre el alcance de sus objetivos y el grado de autonomía que debería tener frente al Poder Ejecutivo.

El núcleo de la reforma consiste en redefinir la misión del BCRA. El proyecto establece como objetivo central “la preservación del valor de la moneda nacional” y elimina el esquema de objetivos múltiples incorporado en la Carta Orgánica durante la reforma de 2012, bajo la conducción de Mercedes Marcó del Pont y durante la presidencia de Cristina Kirchner.

El cambio no es meramente semántico. En términos institucionales, busca modificar la función que el Banco Central debe cumplir dentro del esquema económico y reducir el margen para que la autoridad monetaria persiga simultáneamente objetivos potencialmente contradictorios. La propuesta oficial parte de una premisa: una moneda estable requiere que la política monetaria no quede subordinada a las necesidades fiscales del Gobierno de turno.

La segunda transformación sustancial es la prohibición de financiar al Tesoro. El proyecto busca cerrar los mecanismos mediante los cuales el Banco Central puede asistir al Estado a través de adelantos transitorios y otros instrumentos. La iniciativa también contempla un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.

La reforma incluye, además, modificaciones en el tratamiento de las reservas de libre disponibilidad y en la distribución de utilidades del BCRA. El paquete apunta a modificar la relación patrimonial y financiera entre el Banco Central y el Tesoro, una de las cuestiones más sensibles de la arquitectura monetaria argentina.

Otro aspecto relevante está relacionado con la estabilidad de las autoridades de la entidad. La iniciativa endurece las condiciones para remover al presidente del BCRA y a los integrantes de su directorio. La decisión del Poder Ejecutivo deberá sustentarse en causales específicas y contar con la aprobación de dos tercios de los presentes de ambas cámaras del Congreso.

Ese mecanismo introduce una barrera institucional adicional frente a cambios discrecionales en la conducción de la autoridad monetaria. El principio es que una mayor estabilidad de sus autoridades debería contribuir a reducir la interferencia política sobre las decisiones monetarias.

Los defensores de la reforma llevaron al debate una interpretación particularmente dura sobre la historia monetaria argentina. Boggiano sostuvo que los gobiernos utilizaron históricamente la inflación como mecanismo de financiamiento y cuestionó que la Carta Orgánica de 2012 haya asignado al Banco Central múltiples objetivos.

Castiñeira, asesor económico del Presidente, planteó una crítica similar y vinculó directamente la utilización de las reservas y la emisión monetaria con el financiamiento de los desequilibrios fiscales. Para ambos economistas, la reforma debe funcionar como una barrera institucional frente a la posibilidad de que futuros gobiernos vuelvan a recurrir al Banco Central para cubrir déficits.

Héctor Rubini llevó la discusión a un terreno comparativo. Según explicó, durante el período 2017-2026 los países de la región con bancos centrales con menor interferencia política —mencionó a Perú, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay— registraron una inflación promedio mensual de 0,4%, frente al 4,2% de Argentina en el mismo período.

La comparación permite colocar la discusión sobre independencia monetaria en un contexto regional. El desafío no consiste solamente en prohibir la emisión destinada al Tesoro, sino en construir una institución con credibilidad suficiente para que los agentes económicos crean que las reglas monetarias no serán modificadas cada vez que cambien las necesidades fiscales o electorales.

Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, reforzó esa mirada al señalar que una inflación de un dígito no debería ser considerada un resultado extraordinario. Para el economista, una Carta Orgánica que otorgue mayor independencia al Banco Central permitiría reducir el margen de emisión cuando la demanda de pesos no la justifique.

El argumento oficial encuentra, sin embargo, una objeción institucional que quedó expuesta durante el plenario. Falcone planteó que la autoridad monetaria no debería limitarse exclusivamente a la preservación del valor de la moneda y propuso incorporar otros objetivos, en una línea similar al mandato dual de la Reserva Federal estadounidense.

La discusión sobre los objetivos del Banco Central es particularmente relevante porque define qué ocurre cuando estabilidad monetaria, empleo, crecimiento y estabilidad financiera entran en tensión. Una autoridad monetaria con un mandato estrecho tiene mayor claridad sobre su función, pero también menos herramientas para ponderar objetivos económicos diversos. Una con múltiples objetivos dispone de mayor flexibilidad, aunque puede enfrentar mayores dificultades para establecer prioridades y medir responsabilidades.

Falcone también cuestionó que el Congreso intervenga en la remoción de autoridades pero no tenga una participación equivalente en su designación. Su propuesta apunta a que ambas instancias requieran aprobación parlamentaria, una modificación que elevaría el nivel de consenso político necesario para conformar la conducción del organismo.

La controversia, en ese punto, trasciende la discusión entre oficialismo y oposición. La independencia del Banco Central no depende únicamente de impedir la asistencia financiera al Tesoro. También requiere definir quién designa a sus autoridades, cuánto duran sus mandatos, bajo qué circunstancias pueden ser removidas, qué objetivos deben perseguir y cómo rinden cuentas frente a la sociedad.

La experiencia argentina agrega un componente decisivo: la credibilidad. Las recurrentes crisis monetarias, cambios regulatorios y episodios de confiscación de ahorros dejaron una huella profunda sobre las decisiones de hogares y empresas. Por eso, una reforma institucional puede tener efectos económicos concretos solamente si logra modificar expectativas y generar confianza sostenida en las reglas.

Para el Gobierno, la reforma de la Carta Orgánica constituye una pieza complementaria de su estrategia de estabilización. La disciplina fiscal y la eliminación del financiamiento monetario del Tesoro pueden reducir las presiones inflacionarias, pero el resultado de largo plazo dependerá de que esas restricciones sobrevivan a los cambios de administración.

Ese es precisamente el punto donde la reforma puede adquirir impacto social. Una moneda que conserve su valor no es solamente una meta macroeconómica: afecta el poder adquisitivo de los salarios, el valor de los ahorros, el costo del crédito y la capacidad de las empresas para planificar inversiones. Del mismo modo, limitar el financiamiento monetario del déficit puede reducir una fuente histórica de inflación, pero obliga al Estado a resolver sus desequilibrios mediante decisiones fiscales explícitas.

El dictamen conseguido por el oficialismo abre ahora una etapa diferente. La discusión en el recinto deberá determinar si la mayoría construida en comisión se sostiene y, eventualmente, qué modificaciones pueden introducirse al proyecto. El oficialismo ya consiguió el primer objetivo político; el desafío siguiente será transformar una mayoría parlamentaria circunstancial en un consenso institucional suficientemente amplio como para que las reglas del Banco Central no vuelvan a quedar atadas al ciclo electoral.

En última instancia, la reforma busca resolver un problema que Argentina arrastra desde hace décadas: cómo evitar que la autoridad monetaria sea utilizada para financiar desequilibrios fiscales y cómo construir una institución capaz de sostener el valor de la moneda aun cuando las necesidades políticas presionen en sentido contrario. La verdadera prueba de la nueva Carta Orgánica no estará en su aprobación, sino en si consigue sobrevivir al próximo gobierno que enfrente una crisis y tenga incentivos para volver a utilizar al Banco Central como caja.

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