Corpus vuelve al debate: USD 5.000 millones y una pregunta decisiva sobre qué quedará para Misiones
Treinta años después del plebiscito que rechazó Corpus Christi, Misiones vuelve a poner en agenda un aprovechamiento hidroeléctrico sobre el Paraná. El proyecto que hoy está bajo análisis tiene otro emplazamiento, en Pindo-í, una inversión estimada superior a los 5.000 millones de dólares y una capacidad de generación media de 19.770 gigavatios hora anuales, casi idéntica a Yacyretá, pero con un impacto ambiental mucho menor. Misiones no es la misma de hace treinta años y la demanda de energía ha crecido en forma exponencial, lo que exige una enorme inyección de recursos por parte de la Provincia, con un detalle coyuntural: la Nación se ha corrido de cualquier tipo de inversión en infraestructura.
La potencial hidroeléctrica tiene una discusión pendiente que atraviesa sus dimensiones técnicas, económicas y políticas: qué participación tendrá la provincia en las decisiones y qué beneficios concretos permanecerán en su territorio.
El Gobierno misionero analiza las variables de un debate que comienza a desplegarse entre profesionales, empresarios, universidades y dirigentes políticos. La Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná -COMIP- viene presentando los antecedentes del proyecto en distintas localidades. Javier Mela, exdiputado radical hoy alineado con los libertarios, propone convertirlo en un programa integral de desarrollo socioeconómico. Martín Arjol plantea vincularlo con la ampliación de las redes eléctricas, la interconexión regional y nuevas obras de transporte.
La provincia cuenta, además, con una norma que establece las condiciones de su intervención: la Ley IV Nº 56 de Soberanía Energética, impulsada por Carlos Rovira, que exige participación popular previa y reconoce para Misiones el 30% de la energía correspondiente a la Argentina en los aprovechamientos hidroeléctricos -sea Corpus o sea Garabí, en la frontera con Brasil-.
Corpus en Pindo-í está en prefactibilidad. Sus magnitudes son preliminares y todavía deben completarse o actualizarse los estudios de ingeniería, hidrología, geotecnia, ambiente, economía y evaluación social. Tampoco están aprobados los paquetes de infraestructura complementaria que comienzan a proponerse alrededor de la central.
Los números del proyecto que hoy se estudia
El documento más actualizado de la COMIP aportado a Economis establece una potencia instalada de 2.880 megavatios, distribuida en 20 turbinas Kaplan de 144 MW cada una. La generación media anual estimada alcanza los 19.770 GWh, equivalentes a unos 19,8 teravatios hora.
La inversión prevista supera los USD 5.000 millones. Se trata de una estimación de orden de magnitud, que deberá actualizarse y precisarse en las próximas etapas.
| Indicador | Estimación de la COMIP |
| Inversión prevista | Más de USD 5.000 millones |
| Potencia instalada | 2.880 MW |
| Turbinas | 20 Kaplan de 144 MW |
| Generación media anual | 19.770 GWh |
| Superficie neta de inundación permanente | 13.838 hectáreas |
| Superficie afectada en Misiones | 6.709 hectáreas |
| Superficie afectada en Paraguay | 7.129 hectáreas |
| Viviendas potencialmente sujetas a relocalización | Aproximadamente 220 |
| Viviendas rurales identificadas en Misiones | Aproximadamente 117 |
Fuente: documento de la COMIP aportado a Economis. Magnitudes preliminares sujetas a actualización.
Pindo-í y la diferencia territorial con el proyecto histórico
El cambio de emplazamiento constituye una de las principales modificaciones respecto de la alternativa de Itacuá rechazada en 1996.
Según la COMIP, la localización en Pindo-í permite reducir sustancialmente la superficie territorial afectada. El informe sitúa esa disminución en torno al 50% respecto de las alternativas históricas de mayor afectación, aunque advierte que la comparación deberá respaldarse con superficies y criterios equivalentes en la documentación técnica definitiva.
La previsión actual es de 13.838 hectáreas de inundación neta permanente entre ambos países, de las cuales 6.709 corresponden a Misiones. Con un detalle extra: Paraguay quiere la energía para atraer inversiones de mucha demanda, como centros de datos e Inteligencia Artificial.
Pindo-í no requiere desplazar ciudades ni centros urbanos consolidados. En Misiones se identifican aproximadamente 117 viviendas rurales potencialmente sujetas a relocalización, distribuidas mayoritariamente sobre las márgenes del río.
Esa configuración permitiría estudiar soluciones individualizadas, restitución de activos y alternativas de relocalización próximas a los lugares de residencia.
La menor afectación territorial prevista no elimina los impactos ambientales y sociales. El informe identifica como asuntos que deberán abordarse la biodiversidad, la fauna íctica, los bosques ribereños, los corredores ecológicos, el patrimonio territorial y los derechos de las comunidades involucradas.
El informe consigna un costo nivelado de generación de USD 31,04 por megavatio hora. Esa cifra corresponde a una estimación de 2020, con una tasa de descuento del 8% y regalías provinciales del 12%.
La documentación también menciona regalías del orden de USD 50 millones a USD 60 millones dentro de esa estimación. Es una referencia del estudio económico, que deberá actualizarse junto con los restantes componentes del proyecto.
En una entrevista con Economis, José Antonio López, delegado argentino en la COMIP, había señalado que la iniciativa tenía rentabilidad suficiente para convocar capitales privados internacionales en un esquema pensado como concesión a 30 años.
“Estamos hablando de inversiones multimillonarias en dólares. Por eso necesariamente se trata de inversores internacionales”, sostuvo entonces.
La discusión sobre qué debería quedar para la provincia tiene una referencia concreta en la Ley IV Nº 56, denominada “Nueva coparticipación económica para Misiones: la soberanía energética. Proceso decisional del patrimonio natural de los misioneros”.
La norma impulsada por Rovira declara el dominio provincial, imprescriptible e inalienable, sobre los recursos naturales hídricos existentes en su territorio. También establece que todo emprendimiento hidroeléctrico que los requiera o utilice debe contar con participación del pueblo de Misiones e intervención activa del Estado provincial.
El artículo 4 dispone que la intervención del Gobierno y de la Cámara de Representantes es obligatoria y previa a cualquier decisión provincial, nacional o binacional, incluyendo la formulación del anteproyecto.
La ley establece que pertenece a Misiones el 30% de la energía sobre el porcentaje que corresponda a la Argentina en los emprendimientos realizados en territorio provincial o que causen impacto ambiental en él.
Ese porcentaje será administrado por la provincia mediante un fondo fiduciario, que debe asignarlo a nuevos proyectos y a la optimización de los emprendimientos existentes.
El esquema de coparticipación energética provincial:
| Destinatario | Participación establecida |
| Provincia | 60% |
| Municipios | 35% |
| Pueblos Originarios y asociaciones ambientales | 5% |
A su vez, la porción municipal se distribuye de la siguiente manera: 50% para los municipios directamente afectados, 30% para los ubicados en la zona divisoria y 20% para los restantes.
Hay una segunda distinción necesaria: el 30% de coparticipación energética previsto en la ley provincial y el 12% de regalías considerado por el estudio económico de la COMIP son conceptos diferentes. La norma aportada no establece ese 12%; sí fija la participación energética, su administración y su distribución.
Ese marco deberá estar presente en cualquier discusión sobre los recursos que podría recibir Misiones.
El plebiscito y las condiciones de la decisión popular
La ley de Soberanía Energética exige participación previa de la población mediante un plebiscito obligatorio, vinculante e irrenunciable.
El artículo 6 establece que sus efectos duran mientras perduren las condiciones particulares e históricas que dieron motivo a la decisión -ese punto es clave para la discusión actual- También determina que la Cámara de Representantes debe establecer por ley la necesidad del plebiscito y que el Poder Ejecutivo debe convocarlo.
El artículo 7 agrega condiciones específicas: la consulta no puede coincidir con elecciones generales o provinciales para cargos electivos; las boletas deben identificar concretamente el emprendimiento y contener una síntesis de los motivos de aceptación o rechazo. Antes de la votación, la ciudadanía debe recibir información a través de los medios masivos de comunicación.
La COMIP reconoce el plebiscito de 1996 como parte inseparable de la historia de Corpus y como una expresión democrática de la sociedad provincial.
Al mismo tiempo, señala que el emplazamiento, las afectaciones previstas y el contexto energético actual presentan diferencias respecto de aquella etapa.
Un programa de desarrollo
Javier Mela busca ampliar el alcance de la discusión. El exdiputado radical, hoy alineado con los libertarios, plantea que Corpus debe concebirse como un programa de desarrollo socioeconómico regional articulado alrededor del aprovechamiento hidroeléctrico.
En el reportaje con Economis insistió en la necesidad de discutir qué infraestructura y qué oportunidades permanecerían en Misiones. Su propuesta desarrolla esa idea: la central sería la obra estructurante de un programa más amplio, con intervenciones anteriores a su construcción, otras simultáneas y servicios que continuarían funcionando después.
“La pregunta decisiva no es solo cuánta energía podría generar, sino qué transformación económica, social y territorial podría impulsar”, sostiene el ex legislador.
El primer nivel de intervención que propone se concentra en las localidades y áreas rurales vinculadas con Pindo-í. Menciona Corpus, Gobernador Roca, San Ignacio, Jardín América, Puerto Leoni, Ruiz de Montoya, Santo Pipó y General Urquiza, además de otras comunidades del entorno.
Allí plantea incorporar agua potable, cloacas y saneamiento, redes eléctricas, caminos, accesos, salud, vivienda, conectividad, transporte e infraestructura educativa.
Su argumento es que las necesidades de la construcción deben aprovecharse desde el comienzo para mejorar los servicios de la población. Si la central requiere caminos, agua, energía y saneamiento, propone planificar esas inversiones de manera que tengan una utilidad permanente para las comunidades. “Los pueblos sin cloacas generan un impacto ambiental que también merece ser atendido”, argumenta.
“La respuesta no puede ser únicamente una represa. Deben quedar mejores pueblos, servicios de mayor calidad y nuevas oportunidades”, señala.
En un segundo nivel, extiende la propuesta al conjunto de la provincia. Uno de sus principales planteos es incorporar la continuidad de la autovía de la ruta nacional 12 desde San Ignacio hasta Puerto Iguazú, obra hoy paralizada por el plan de ajuste libertario.
Mela vincula esa obra con el transporte de la producción, el comercio, el turismo y la seguridad vial. Se trata de una infraestructura que propone negociar dentro del programa de desarrollo.
En el reportaje también puso el foco en el saneamiento y la gestión de las cuencas hídricas. Su planteo es que una inversión de esta escala permita abordar servicios cuya ampliación requiere recursos que la provincia y los municipios necesitan reunir.
La propuesta incorpora, además, la infraestructura eléctrica. Mela sostiene que disponer de generación debe acompañarse con redes capaces de mejorar el abastecimiento y atender nuevas actividades productivas.
La COMIP identifica en su documento una necesidad actual de recurrir a siete equipos de generación diésel para complementar el suministro provincial. Mela toma esa dependencia de la generación térmica como uno de los asuntos que deberían discutirse al evaluar alternativas de abastecimiento y transporte.
Su posición incluye un componente político: reclama trasladar el debate a la sociedad y evitar que quede reducido a disputas entre dirigentes. En la entrevista destacó la participación de profesionales, cámaras y organizaciones, y pidió involucrar especialmente a los jóvenes por el horizonte de formación y trabajo que podría abrirse.
La capacitación es uno de los componentes más desarrollados por Mela.
Propone que universidades, escuelas técnicas, institutos, municipios, sindicatos y empresas identifiquen anticipadamente los perfiles laborales necesarios. Menciona electricistas, soldadores, técnicos electromecánicos, operadores, ingenieros, profesionales ambientales y trabajadores de construcción, logística, transporte, gastronomía y servicios.
“La formación de nuestros jóvenes debe ser también una de las obras de Corpus”, sostiene.
El objetivo que plantea es que una parte sustancial de las oportunidades sea ocupada por misioneros. También propone integrar a productores, cooperativas, comerciantes, profesionales, emprendedores y pymes a la demanda de bienes y servicios de la construcción.
Advierte que el desarrollo no debería concentrarse únicamente en los grandes contratistas.
Mela incorpora expresamente las condiciones ambientales: reconoce que una obra de esa magnitud tendría impactos y sostiene que deben identificarse, evaluarse y abordarse desde el comienzo. Incluye compensaciones, tratamiento de áreas afectadas, relocalizaciones cuando correspondan, saneamiento y monitoreo permanente.
También pide un modelo de gestión transparente, organizado por etapas, costos y resultados verificables. En la entrevista ubicó entre los asuntos centrales quién ejecutaría la obra, bajo qué condiciones y qué obligaciones quedarían incorporadas en los instrumentos que negocie la Provincia.
En el marco del debate, habrá una actividad en Posadas para el 19 de noviembre, vinculada con una agenda misionera de energía. Participarán universidades de Misiones e Itapúa, entidades de la construcción y organizaciones comerciales. Ya hubo algunos encuentros de análisis con espacios de decisión, como la Cámara Misionera de Consultores Ambientales.
Redes eléctricas, conexión regional y nuevas obras
Martín Arjol también plantea que la evaluación de Corpus debe considerar la infraestructura que podría dejar en Misiones.
“Corpus es el gran proyecto que puede relanzar la economía de Misiones”, expresó en diálogo con Economis. A continuación, ubicó la infraestructura eléctrica provincial como una limitación al crecimiento que debería abordarse junto con el aprovechamiento.
Su propuesta incluye la interconexión entre Argentina y Brasil a través de Itaipú. La presenta como una alternativa de beneficio para ambos países y la vincula con las necesidades futuras de abastecimiento paraguayo.
En el plano provincial, propone cerrar el anillado energético y evaluar una estación de 500 kV en la zona de Fracrán.
La COMIP incluye entre las oportunidades a estudiar nuevas líneas y estaciones de alta tensión, su vinculación con la red de 500 kV y la articulación con las redes provinciales de 132 kV. El anillo que propone Arjol se inscribe en esa discusión, aunque su localización y configuración requieren evaluación técnica.
El dirigente propone, además, un ferrocarril sobre la costa del Paraná, asociado a la estabilización de la cota, con una derivación hacia Bernardo de Irigoyen.
“Corpus no es solo la represa, es lo que nos puede dejar de infraestructura”, sintetizó.
Arjol acompañó sus propuestas con una cuenta sobre energía de Yacyretá, Urugua-í y Corpus frente a las compras provinciales a Cammesa.
El balance ambiental y los límites de las comparaciones
El documento de la COMIP incorpora estudios de emisiones de septiembre de 2026. Estos estiman una huella neta del embalse de aproximadamente 98.131 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año.
La porción atribuida a la generación eléctrica equivale, según el informe, a unos 4 gramos de CO₂ equivalente por kilovatio hora.
Como referencia, calcula que producir la totalidad de la energía prevista para Corpus mediante centrales alimentadas con gas natural requeriría aproximadamente 3.800 millones de metros cúbicos de combustible anuales, con emisiones de combustión del orden de 7,5 millones de toneladas de CO₂.
La comparación está condicionada por las fuentes que efectivamente fueran desplazadas. El propio informe aclara que la reducción real de emisiones dependerá de ese reemplazo.
La evaluación ambiental tampoco se agota en el carbono. Los bosques ribereños, los peces, los corredores ecológicos y las comunidades involucradas forman parte de los aspectos que la COMIP identifica para las próximas etapas.
El documento plantea que la prevención, mitigación, compensación, protección de ecosistemas, monitoreo y participación ciudadana deben ser condiciones esenciales de cualquier eventual desarrollo.
La COMIP registra presentaciones en Posadas, Eldorado, Puerto Iguazú, Oberá, Corpus, Puerto Rico, Montecarlo, Capioví, Jardín América, Aristóbulo del Valle, Puerto Leoni, Leandro N. Alem y San Vicente, entre otras localidades.
El recorrido comenzó principalmente a partir de convocatorias del Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones y se extendió mediante cámaras empresariales, municipios, universidades y otras organizaciones. También hubo intercambios con la Confederación Económica de Misiones.
Mientras el Gobierno provincial analiza las variables, quedan pendientes estudios definitivos, evaluaciones ambientales y sociales, acuerdos binacionales, un modelo de inversión y explotación y las condiciones institucionales para una nueva consulta popular.
La discusión que se relanza reúne esas cuestiones: cuánto costaría Corpus, qué impactos tendría, cómo se financiaría, qué obras se incorporarían y cómo se harían efectivos los beneficios establecidos para la provincia.
Los estudios disponibles permiten precisar la escala del proyecto. La definición de sus condiciones y la decisión sobre su realización todavía deben recorrer el debate público y los procedimientos que establece la ley misionera.
