Cartas golpistas
La fuga de Flavio Bolsonaro después de perder las elecciones de Brasil ante Lula Da Silva se convirtió en un nuevo capítulo de una larga novela en la que la democracia es avasallada y despreciada en cada capítulo. No hay siquiera originalidad. Latinoamérica suele ser un laboratorio de modelos que luego se exportan, pero hasta en Estados Unidos, Donald Trump, el anfitrión del fugado, desconoció el resultado de las urnas o, más en criollo, protagonizó un intento de golpe de Estado, como el que encabezó Jair Bolsonaro y por el que ahora purga una condena de 27 años de prisión. Flávio se imagina a sí mismo como víctima de una persecución por parte del vencedor político, pero lo cierto es que son varios los delitos por los que la Justicia de su país lo investigaba desde hace varios meses: lavado de dinero, evasión y financiamiento político oscuro, entre otras perlas, como describe en este reportaje el sitio Piauí. Vale la pena leerlo antes de repetir teorías conspiracionistas sin ningún asidero: a sus denuncias de fraude le faltan un elemento central, pruebas. También votos: Lula conquistó 64,3 millones, contra los 59,8 millones del filho 01.
Las tapas de los principales diarios de Brasil relatando la fuga y su arribo a Miami no dejan lugar a dudas. “Carta golpista”, calificaron Folha y Estado de San Pablo al libelo escrito por Bolsonaro en el que se autopercibe primero presidente electo y después, líder de la oposición.
Que Bolsonaro haya conseguido fugarse a través de la Argentina quedará en la memoria como uno de los capítulos más penosos de la política exterior y la intromisión en la política interna del principal socio comercial. No fue un salvataje, sino un encubrimiento, con fondos y funcionarios públicos de la Argentina, en una saga de espías más parecida a Super Agente 86 que a una novela de Ian Fleming.
El propio Santiago Caputo, el asesor en las sombras de Javier Milei, vino a Misiones a supervisar la intriga. Pero no supo -¿o no quiso?- siquiera disimular. Alquiló tres habitaciones en el hotel más lujoso de las Cataratas, cenó en lugares públicos y la comitiva fue identificada por un control policial en Capioví cuando volvía a Posadas en una caravana por la ruta 12. Si era “inteligencia”, no se notó demasiado. Los dos empleados de Yacyretá que lo acompañaban fueron Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad e Informaciones del organismo -A Waisman lo llaman “Jorgito” y tenía un perfil activo cuando era policía en la ciudad de Miami, lo que se dio hasta el año pasado -, y Orlando Ignacio Palacios, asesor de la Secretaría General, un posadeño que supo hacer fortuna en Estados Unidos. Waisman conducía una Ford Ranger blanca, mientras que Palacios estaba al volante de una Toyota Hiace en la que viajaba Caputo, quien se habría identificado como consultor político y asesor de Milei. También habría pedido que no demoraran a la comitiva para evitar retrasos en el regreso. Uno de los ocupantes de los vehículos dijo ser agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Durante varias horas el Gobierno argentino negaba el vínculo con el plan de escape, pero la tapadera no duró demasiado. Milei quedó expuesto así como quien ayudó a huir a un buscado por la Justicia de otro país, no por persecución política, sino por delitos comunes. Ese mismo reproche le hicieron a Trump en Estados Unidos, ya que rompe con su propia política antiinmigrantes con “problemas legales”. El secretario de Estado, Marco Rubio, se lavó las manos: “No participamos en la salida de Bolsonaro. Estados Unidos no participó”.
Milei quedó solo en la “protección” a Bolsonaro y es también el único presidente de la región que no reconoció el triunfo de Lula. Hasta sus socios políticos, como Mauricio Macri o Patricia Bullrich salieron a saludar al octogenario que va por su cuarto mandato.
El operativo libertario en Iguazú dejó en silencio a los homónimos locales. Ni una sola voz justificando o reprochando el uso de fondos públicos para burlar la seguridad de la “frontera caliente”, como gustan llamar a la unión entre Iguazú, Foz y Ciudad del Este. Tampoco hubo respuestas cuando en la Legislatura provincial hicieron un pedido de informes.
“Estamos hablando de quien hasta hace días fue candidato a la presidencia del Brasil, votado por más de cincuenta millones de personas. ¿Cómo es posible que, conocidos los resultados electorales y su situación judicial, haya cruzado una frontera sin despertar sospecha alguna? Tratarlo como a un ciudadano de a pie resulta inaceptable. ¿Qué seguridad podemos esperar de nuestros organismos de control migratorio frente a la trata de personas y el narcotráfico, si ante la presunta fuga de una figura pública de esta relevancia no se verificó siquiera su situación judicial, que era de público conocimiento? Nos preocupa especialmente la situación fronteriza. La condición de Triple Frontera de nuestra provincia es invocada con frecuencia para destacar la prioridad que se asigna a la seguridad. Sin embargo, este hecho deja en evidencia la permeabilidad de nuestra frontera. Si presuntamente pudo atravesarla un excandidato presidencial de la principal potencia de la región, ¿qué garantías existen respecto del resto de las personas que la cruzan?”, apuntó Anazul Centeno ante el silencio mileísta.
No fue el único traspié libertario. El diputado Adrián Núñez hizo uno de sus habituales monólogos, esta vez para acusar de persecución política al docente Eduardo Cazenave, encargado de los proyectos educativos de la escuelita libertaria. El diputado aseguró que Cazenave fue perseguido y forzado a renunciar por pedir más control del presupuesto invertido en la educación privada. Pero el Instituto Superior San Basilio Magno de Posadas aseguró que Cazenave presentó su renuncia de manera “libre y voluntaria”, por motivos personales y sin presiones de la institución ni de organismos externos. El establecimiento agregó que desarrolla sus actividades educativas y administrativas con autonomía, dentro de la normativa vigente, y que no recibió presiones, condicionamientos ni injerencias de organismos estatales.
En el comunicado, la institución recordó sus más de 60 años de trayectoria y señaló que mantuvo una relación de respeto, diálogo y colaboración con las autoridades y organismos educativos. Asimismo, lamentó la circulación de versiones que, según expresó, no reflejaban lo sucedido.
Ramón Amarilla intentó sumarse a la queja libertaria y aseguró que la persecución política era innegable porque “Misiones vive una dictadura”. Justo él, quien encabezó un mitín en contra de las autoridades democráticas.
La pregunta de Anazul Centeno al diputado Amarilla puso el debate en su verdadera dimensión: “¿Tiene usted idea de lo que es vivir en una dictadura?”, reclamó la diputada al exigir que se rectifique. Una cosa es cuestionar al Gobierno y otra, banalizar una palabra que en la Argentina remite a la persecución, la censura y la desaparición de personas. Pronunciarla desde una banca, en plena sesión y con libertad para impugnar al poder, exige al menos hacerse cargo de esa desmesura. La oposición tiene todo el derecho a ser dura; también tiene la responsabilidad de darle rigor a sus palabras.
El diputado libertario Walter Báez también mostró un doble discurso llamativo. Dedicó su turno ante el micrófono a cuestionar las fallas en el sistema de salud y lo mucho que tardaban en dar un turno en el hospital público. Rápidamente le recordaron que representa a un Gobierno que hace de la desinversión una bandera y que dejó de enviar recursos para la salud de los argentinos, lo que obliga a las provincias a invertir más en medio de una saturación de los hospitales por el abandono de miles de argentinos de las obras sociales prepagas.
La salud pública es uno de los lugares donde el ajuste deja de ser una discusión de planillas y se convierte en una urgencia concreta. La Provincia tiene como una de las prioridades a la Salud Pública. Las seis ambulancias quel gobernador Hugo Passalacqua entregó en Puerto Iguazú y las refacciones inauguradas en Pediatría del hospital SAMIC deben leerse en ese contexto: el sistema provincial necesita ampliar su capacidad de respuesta mientras recibe a familias que ya no pueden sostener una cobertura privada y enfrenta la reducción de los aportes nacionales. Esa doble presión exige recursos, pero también una decisión política sobre quién se hace cargo cuando el acceso a la atención se vuelve más difícil.
La interrupción de los envíos de medicamentos del programa Remediar expone con claridad ese dilema. Misiones deberá destinar entre 1.000 y 1.200 millones de pesos mensuales de sus propios recursos para cubrir tratamientos esenciales: el gasto que la Nación deja de afrontar reaparece en las cuentas provinciales, porque la necesidad del paciente sigue intacta. “Uno puede reclamar, pero la gente se tiene que curar”, sostuvo el gobernador. La frase fija una prioridad y, al mismo tiempo, señala una responsabilidad pendiente: la Provincia debe responder ante quien necesita un medicamento, sin que esa respuesta borre la obligación nacional ni vuelva invisible el costo de sustituirla.
No le fue mejor a Diego Hartfield que perdió sin atenuantes en su intento por imponer candidatos en la Cooperativa Eléctrica de Oberá. La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO quiso hacer de la entidad una prueba de fuerza política y terminó con una derrota sin matices territoriales: perdió en los veinte distritos. Hartfield, Horacio Loreiro y Mara Frontini pusieron su respaldo y su campaña al servicio de la Lista Gris, pero el despliegue no alcanzó para conquistar una sola de las jurisdicciones en disputa. La Lista Rosa reunió 2.246 votos frente a los 1.043 de la oposición: más del doble.
Para Hartfield y Loreiro, el dato incómodo es que la sociedad política que promovieron no consiguió traducirse en un triunfo siquiera parcial. La campaña contra la conducción de la Celo encontró un límite concreto en las urnas. En una cooperativa que forma parte de la vida cotidiana de Oberá -tierra natal del ex tenista potencial candidato a gobernador-, el sello libertario y el acompañamiento del PRO estuvieron lejos de funcionar como garantía electoral.
El único triunfo que pueden anotarse los libertarios es la ordenanza anti trapitos en Posadas, promovida por la concejal Valeria Gómez de Oliveira y aprobada con 11 votos afirmativos y tres negativos, del bloque Posadas en Movimiento, que responde al gobernador Hugo Passalacqua. Una iniciativa similar había sido impulsada en la Cámara de Diputados por el libertario Osvaldo Manzoni, pero sin suerte.
El padre Gervasio puso en palabras un reproche que los concejales que aprobaron la ordenanza contra los trapitos deberían escuchar: una ciudad no resuelve su pobreza prohibiendo que se vea. El sacerdote cuestionó la mirada que presenta a todos los cuidacoches como adictos e intimidadores, sin reconocer las situaciones de quienes encuentran en esa actividad una forma de subsistir ante la falta de trabajo formal. “El hambre no espera a que termine un curso de capacitación”, apuntó.
El sacerdote lamentó que los concejales pusieran más empeño en prohibir a los trapitos que en atender la emergencia social y advirtió sobre una política que profundiza la desigualdad cuando convierte al pobre en una presencia amenazante. Cerró con una ironía tan amarga como contundente: “que no se les ocurra recorrer los alrededores de La Olla o del Mercado Central y responder con otra ordenanza, esta vez para prohibir comer de los residuos. Después podrían grabar un video festejando que en Posadas ya nadie come de la basura”.
Lejos de esas controversias, el gobernador Hugo Passalacqua celebró la aprobación de la ley que pondrá bajo custodia del Tribunal de Cuentas a todas las empresas o sociedades del Estado, como una muestra más de transparencia que impuso a su gestión y que no se declama, sino que se pone en práctica.
Enfocado en la gestión, Passalacqua se desmarca de las cuestiones políticas. Este sábado cobraron los estatales con aumento, en una premisa que el Gobernador sostiene a rajatabla: la certeza que el dinero circula y genera movimientos más allá del bolsillo de los trabajadores. No es un dato menor en un momento de ajuste constante de los recursos.
Por eso también se celebró la confirmación de la Nación de que comenzará a regir en noviembre y durante los meses más calurosos, un nuevo piso de subsidios a la energía eléctrica para los usuarios residenciales de Misiones. Será para un consumo de hasta 500 kilovatios hora mensuales, mientras que en el período de menor demanda el límite será de 300, lo que cubre un amplio abanico del 70 por ciento de los usuarios. El reclamo de ampliación del subsidio fue presentado por Passalacqua durante la cumbre del Norte Grande que se hizo en Misiones a mitad de año. Es quizás, una de las grandes conquistas del año en la relación fría que hay con la Nación.
La otra podría llegar desde el Congreso, si Diputados confirma la media sanción del proyecto de ley de Bonos de Carbono, que fue aprobado por el Senado con la impronta misionera a través de la articulación encabezada por la senadora Sonia Rojas Decut, que logró sintetizar las otras propuestas bajo el diseño ya puesto en marcha en Misiones.
