Crisis de Ueno: presentan el pedido de juicio político a Peña y Alliana
La crisis de Ueno Bank llegó a la Cámara de Diputados de Paraguay con la presentación formal de pedidos de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. La iniciativa contra el mandatario reúne 35 firmas y plantea acusaciones por presuntos conflictos de intereses, irregularidades regulatorias y exposición de fondos previsionales.
Los diputados opositores Rocío Vallejo, Raúl Benítez y Johanna Ortega anunciaron la presentación este miércoles. Según informó Última Hora, todavía no estaba confirmada la convocatoria a una sesión extraordinaria para tratar el pedido.
La presentación abre una instancia parlamentaria: las imputaciones forman parte de los escritos acusatorios y no constituyen hechos probados ni una decisión de destitución.
El respaldo político también presenta diferencias entre ambos casos. Los cinco diputados de la disidencia colorada, agrupados en Colorado Añetete, firmaron la acusación contra Peña, pero anticiparon que no acompañarán un juicio político contra Alliana.
Vallejo explicó que se ingresaron dos escritos y que la intención es abordar primero la situación del presidente. El eventual tratamiento de la acusación contra el vicepresidente quedaría sujeto al resultado de esa primera instancia y a la disponibilidad de cuórum.
El titular de Diputados, Raúl Latorre, afirmó que los votos del oficialismo están liberados y que cada legislador adoptará su decisión. También señaló que se dará trámite institucional a la presentación, aunque ubicó como prioridad el proyecto destinado a garantizar los pagos a los ahorristas de Ueno.
Los cuestionamientos contra Peña
La acusación contra el presidente se organiza en cinco ejes. El primero apunta a un supuesto conflicto de intereses por haber conservado, al asumir la Presidencia, una participación patrimonial en Ueno Holding SAECA valuada en 6.144 millones de guaraníes.
Los promotores del juicio político vinculan esa participación con la Ley N.º 7236/2024 y con la designación de antiguos directivos del grupo en organismos de supervisión. Según el escrito, esas decisiones habrían debilitado los controles y favorecido a empresas relacionadas.
El segundo cuestionamiento se concentra en las inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS). La acusación sostiene que se flexibilizaron los criterios de riesgo para colocar fondos jubilatorios en certificados de depósito de ahorro y bonos de Ueno. Afirma que esas inversiones alcanzaron aproximadamente el 11% del portafolio global del IPS, por encima del límite del 10% por emisor que invoca la presentación.
Otro eje señala créditos a empresas vinculadas por 743.784 millones de guaraníes, equivalentes a cerca del 30% del patrimonio efectivo del banco. El escrito sostiene que esas operaciones excedieron el límite legal del 20% y atribuye al Banco Central del Paraguay la convalidación de cesiones de cartera que habrían encubierto el incumplimiento.
En materia patrimonial, los acusadores cuestionan el crecimiento del patrimonio neto declarado por Peña entre 2017 y 2023, de 1.351 millones a 23.024 millones de guaraníes. También reclaman explicaciones sobre préstamos de Ueno por 3.548 millones de guaraníes, con cuotas mensuales que, según el documento, ascendían a 239 millones.
El quinto punto atribuye a la presunta injerencia política sobre los organismos de control un deterioro de la confianza en el sistema financiero y una exposición de recursos públicos y previsionales.
La acusación contra Alliana y la disputa por los apoyos
El pedido contra Alliana reúne cuatro cuestionamientos: supuesto bloqueo de investigaciones parlamentarias, participación en los cambios a la normativa sobre conflictos de intereses, aval a las colocaciones del IPS y omisión frente a las presuntas infracciones crediticias.
En particular, el escrito le atribuye haber convalidado inversiones previsionales en Ueno por más de 886.700 millones de guaraníes y 32 millones de dólares, pese a conocer las debilidades que los acusadores adjudican a la entidad.
Alliana rechazó los cuestionamientos y afirmó que espera con tranquilidad una eventual definición parlamentaria porque sostiene su inocencia.
La diferencia de apoyos entre ambas presentaciones será determinante para su recorrido. Mientras la oposición busca sumar votos contra Peña entre los legisladores oficialistas, la disidencia colorada ya marcó un límite: acompaña el proceso contra el presidente, pero excluye al vicepresidente de ese respaldo.
