“Peligrosa justicia”: El libro sobre el caso que desafía la libertad religiosa
El caso de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso detenido en Bariloche en marzo de 2025 y acusado de encabezar una red transnacional de trata de personas, es el punto de partida de un libro que propone discutir problemas más amplios de la justicia argentina: el uso de la prisión preventiva, las garantías del debido proceso y los límites de la intervención estatal cuando las personas identificadas como víctimas rechazan esa condición.
Peligrosa justicia. El sistema penal argentino en el espejo del caso Rudnev, editado por el sociólogo italiano Massimo Introvigne y la antropóloga argentina María Vardé, fue publicado por el Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones (CESNUR). El volumen reúne contribuciones de especialistas en derecho, ciencias sociales y derechos humanos, junto con testimonios y reflexiones sobre el papel del periodismo en la construcción pública de las acusaciones.
La presentación se realizará el martes 1 de diciembre, a las 18, en la Librería Prometeo, Pringles 521, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participarán los editores y los investigadores Ezequiel Kostenwein, Cecilia Varela y Marisa Tarantino. La moderación estará a cargo del periodista Alejandro Agostinelli y, al finalizar, se ofrecerá un vino de honor.
El libro puede descargarse gratuitamente desde su sitio de difusión y consultarse en la edición en español publicada por CESNUR. También está disponible la versión en inglés.
Una investigación y dos relatos en disputa
Rudnev fue arrestado en el aeropuerto de Bariloche en marzo de 2025. Según los antecedentes reseñados en el material de presentación, la fiscalía le atribuyó la conducción de una organización vinculada con trata de personas, reducción a la servidumbre, privación ilegal de la libertad y narcotráfico. Tras su detención, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Rawson, en Chubut.
El libro cuestiona aspectos centrales de esa hipótesis. Uno de sus ejes es el testimonio de Elena Makarova, la joven rusa identificada como presunta víctima, quien sostiene que nunca conoció a Rudnev, no perteneció a su grupo y no fue víctima de trata ni de abusos por parte del acusado.
De acuerdo con la reconstrucción que presenta el periodista Marco Respinti en su reseña de la obra, Makarova había llegado embarazada a la Argentina. Durante su atención en un hospital de Bariloche, y ante los requerimientos de documentación sobre el padre del bebé, una acompañante entregó una fotocopia del pasaporte de Rudnev que había encontrado en la vivienda donde se alojaban. Los autores señalan que un posterior estudio de ADN descartó que el acusado fuera el padre.
El material difundido por los organizadores también sostiene que las sustancias inicialmente señaladas como posibles estupefacientes resultaron ser medicamentos y hongos comestibles. Estas afirmaciones forman parte de los cuestionamientos de los autores a la investigación y deben distinguirse de una resolución judicial definitiva sobre las responsabilidades penales.
Respecto de su situación de detención, la información más reciente incluida en la convocatoria señala que Rudnev obtuvo prisión preventiva domiciliaria por sus problemas de salud, aunque la fiscalía procura que regrese a un establecimiento penitenciario. La controversia judicial, por lo tanto, continúa abierta.
Prisión preventiva y condiciones de detención
Prologado por James T. Richardson, profesor emérito de Sociología y Estudios Judiciales de la Universidad de Nevada, el volumen utiliza el expediente como punto de observación de las prácticas del sistema penal.
La abogada francesa Patricia Duval reconstruye las condiciones de detención de Rudnev y recoge denuncias sobre aislamiento, dificultades para acceder a asistencia letrada, falta de intérprete y administración de medicamentos sin información suficiente. También describe un marcado deterioro físico durante su permanencia en prisión.
Se trata de señalamientos graves que la obra presenta desde una perspectiva crítica de la actuación estatal. Duval los vincula con una discusión más amplia: el riesgo de que la prisión preventiva deje de funcionar como una medida cautelar y se convierta en un instrumento de presión para obtener una admisión de culpabilidad.
Ezequiel Kostenwein, abogado, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, aborda otro condicionante de las decisiones judiciales: el temor de jueces y funcionarios a las consecuencias públicas de disponer una excarcelación.
A partir de entrevistas con integrantes del sistema de justicia, analiza el concepto de “peligro judicial”: la posibilidad de que la presión política, los titulares y el costo profesional de una decisión influyan sobre la evaluación de los riesgos procesales. Su aporte desplaza así la mirada del expediente individual hacia el contexto en el que se decide quién permanece detenido.
Trata de personas, autonomía y libertad religiosa
Otro núcleo del libro es la relación entre las políticas contra la trata y la autonomía de las personas adultas.
Marisa Tarantino, abogada y auxiliar fiscal de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 34, examina las reformas de la legislación argentina de 2008 y 2012 y el lugar que ocupa el consentimiento en la identificación de situaciones de explotación.
Por su parte, las antropólogas Cecilia Varela y María Vardé estudian la incorporación de nociones como “organizaciones coercitivas” y “persuasión coercitiva” al abordaje de determinados grupos espirituales. Las autoras advierten sobre el riesgo de interpretar cualquier rechazo de la condición de víctima como una confirmación de la manipulación denunciada.
La pregunta que recorre estos capítulos es cómo investigar posibles situaciones de explotación sin invalidar de antemano la palabra de quienes el Estado busca proteger.
El volumen también incorpora matices. La defensora pública Liliana Eva Cucurullo considera que existían elementos objetivos para iniciar una investigación. Al mismo tiempo, advierte sobre las dificultades de una hipótesis que convierte toda declaración contraria en una prueba adicional a su favor y reclama preservar la voz de las personas adultas involucradas.
El periodismo frente a sus propias categorías
La influencia de los medios ocupa un lugar relevante en el aporte de Alejandro Agostinelli. El periodista revisa su cobertura de grupos religiosos durante la década de 1990 y reflexiona sobre el uso de expresiones como “secta” o “lavado de cerebro”, capaces de instalar una condena social antes de que exista una sentencia.
Desde esa revisión de su propia trayectoria, plantea interrogantes sobre la responsabilidad de editores y cronistas al informar sobre creencias minoritarias, denuncias penales y personas expuestas públicamente.
Introvigne, director de CESNUR y editor de Bitter Winter, cuestiona distintas afirmaciones utilizadas para describir a Rudnev y a su entorno. Otros colaboradores, como Alessandro Amicarelli, Rosita Šorytė y Michele Olzi, examinan la duración de las detenciones cautelares, la circulación internacional de las acusaciones y los mecanismos de control sobre la actuación de los fiscales.
Parte de estos textos y testimonios puede consultarse en la sección de Bitter Winter dedicada al caso Rudnev.
La voz de la mujer identificada como víctima
Entre los testimonios reunidos aparece el de Makarova, quien denuncia presiones institucionales para que se reconociera como víctima. En su relato cuestiona la atención recibida durante el parto, las condiciones en las que permaneció bajo intervención estatal y las dificultades para contar con un abogado de su elección.
También afirma haber recibido amenazas relacionadas con la custodia de su hijo. Estas acusaciones se presentan en el libro como su testimonio y forman parte de sus cuestionamientos a la actuación de las autoridades argentinas.
La inclusión de esa voz concentra una de las discusiones centrales de Peligrosa justicia: cómo compatibilizar la obligación estatal de investigar delitos con el respeto por la autonomía, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.
Con el caso Rudnev como hilo conductor, la obra propone llevar ese debate más allá de una causa particular. Su presentación en Buenos Aires reunirá a investigadores y profesionales que, desde distintas disciplinas, examinan qué sucede cuando la protección de derechos, la persecución penal y la presión pública entran en tensión.
