El presidente Javier Milei firmó el Decreto 601/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, mediante el cual dispuso la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por 180 días corridos, prorrogables por igual período. La medida implica un cambio profundo en la conducción del organismo encargado de la política pública en materia de discapacidad, tras la salida de sus máximas autoridades y en un contexto de cuestionamientos sobre la gestión y las prestaciones.

La intervención será encabezada por el doctor Alejandro Alberto Vilches (DNI 12.890.282), quien tendrá a su cargo la totalidad de las facultades de gobierno y administración previstas en el Decreto 698/2017, que dio origen a la ANDIS como organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Salud【Decreto 601/2025】.

La decisión del Ejecutivo se inscribe en una serie de medidas destinadas a ordenar las cuentas públicas y transparentar la gestión estatal, en línea con la política de control del gasto y eficiencia administrativa que impulsa Milei desde su asunción.

El decreto recuerda que la ANDIS fue creada en 2017 con el objetivo de coordinar el Sistema de Protección Integral para Personas con Discapacidad (Ley 22.431) y el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral (Ley 24.901), que garantizan derechos en materia de salud, educación, inclusión laboral y cobertura social.

Sin embargo, el Gobierno argumentó que la coyuntura actual exige una reorganización funcional de la agencia. La medida se vincula directamente con el Decreto 599/2025, que días atrás limitó la designación del entonces director ejecutivo Diego Orlando Spagnuolo por “razones de público conocimiento” y con el propósito de habilitar al Poder Judicial a avanzar en investigaciones pendientes.

En este marco, el Ejecutivo también decidió limitar la designación de la subdirectora ejecutiva, Romina Gisele Núñez, nombrada en 2024 por el Decreto 836, lo que deja a la nueva conducción bajo el mando exclusivo del interventor.

Facultades del interventor y lineamientos de gestión

El decreto otorga a Vilches todas las atribuciones del director ejecutivo, incluyendo la potestad de:

• Administrar el presupuesto de la ANDIS.
• Reorganizar su estructura funcional.
• Supervisar el otorgamiento de pensiones por invalidez y otras prestaciones.
• Auditar el sistema de compras y contrataciones del organismo.
• Informar al Poder Ejecutivo sobre posibles irregularidades detectadas, cuantificando su impacto económico y recomendando medidas correctivas.

Además, se establece que el interventor deberá elaborar un informe integral al cierre de su gestión, detallando el estado general del organismo y proponiendo acciones para asegurar mecanismos de mayor transparencia y eficiencia.

El Ministerio de Salud fue facultado para dictar las normas complementarias necesarias a fin de garantizar la implementación del decreto y dar continuidad a las prestaciones esenciales mientras dure la intervención.

Repercusiones institucionales y políticas

La intervención de la ANDIS tiene alto impacto político e institucional por varias razones:

1. Sector sensible: La discapacidad es un área de política pública con fuerte sensibilidad social. El sistema involucra a más de 1,3 millones de personas beneficiarias de pensiones no contributivas y miles de prestadores de servicios de salud y educación.
2. Confianza y transparencia: El Ejecutivo busca reforzar la credibilidad de la gestión en un organismo que maneja un volumen significativo de recursos y contrataciones.
3. Reordenamiento interno: La salida simultánea del director y la subdirectora refleja un cambio profundo en la conducción, orientado a concentrar la toma de decisiones en la figura del interventor.
4. Agenda de Milei: La medida se enmarca en la estrategia de “austeridad y control del gasto”, con énfasis en la eliminación de lo que el oficialismo considera estructuras burocráticas ineficientes o permeables a la discrecionalidad.

Si bien la intervención es por 180 días, prorrogables, en la práctica abre la puerta a una revisión integral del rol y la estructura de la ANDIS, lo que podría derivar en modificaciones normativas más amplias

En los próximos meses, el desafío del interventor será asegurar la continuidad de las prestaciones básicas mientras se lleva adelante el proceso de auditoría. El punto crítico estará en el sistema de compras y contrataciones, señalado en el decreto como foco de posibles irregularidades.

La reorganización de la ANDIS podría derivar en:

• Reestructuración institucional, con cambios en el organigrama o incluso una eventual disolución y absorción de funciones en otras áreas.
• Judicialización, en caso de que las auditorías detecten irregularidades graves que impliquen responsabilidades administrativas o penales.
• Tensión con organizaciones del sector, que ya han manifestado preocupación por los ajustes presupuestarios en discapacidad y podrían reaccionar con críticas o movilizaciones.

El Gobierno apuesta a que la intervención permita recuperar la legitimidad de la ANDIS y garantizar un esquema de prestaciones más ordenado y eficiente, en sintonía con la política general de “reconstrucción del Estado” que promueve Milei.