Misiones vive un boom del turismo favorecido por el tipo de cambio que atrae a visitantes y compradores de toda la región. Los hoteles están repletos y la última temporada alta, en las vacaciones de invierno, generó una ocupación casi plena, entre las principales de la Argentina. Sin embargo, el sector hotelero y gastronómico tiene una preocupación inesperada: la actividad pierde terreno frente a la competencia informal, particularmente de los alojamientos que se anotan vía plataformas, que no tributan ni pagan sueldos. 

En el coloquio tributario que se realizó en Puerto Iguazú hace unos pocos días, el sector hotelero expresó su preocupación por el crecimiento exponencial de esa oferta. El dato dado a conocer en el cónclave es que en la ciudad de las Cataratas hay no menos de 500 alojamientos turísticos informales. Para poner en contexto, el propietario de un departamento a metros de la peatonal de Iguazú ganó más de US$ 12 mil en los primeros seis meses del año, con una ocupación del 55%.

La Federación Hotelera y Gastronómica de la República Argentina y la Asociación Hotelera plantearon la necesidad de erradicar la competencia desleal mediante regulaciones, que hoy no existen.

Esta situación no es nueva, data de hace más de una década, y tuvo su “boom” tras el auge de las plataformas de intermediación como Airbnb, Booking y Aloha. De las tres, Booking trabaja con hoteles, pero también promociona departamentos. Las otras dos, promocionan departamentos y viviendas temporales, que no necesariamente se registran como turísticos, por lo que no facturan como tales ni tampoco generan el empleo de los hoteles. En Misiones están tratando de regularizar la situación, pero admiten que es “un escenario complejo” por la falta de regulaciones.

Los empresarios reunidos en Iguazú señalaron que la oferta se expande minuto a minuto y que es difícil de frenar, por lo que reclamaron regulaciones que hoy no existen. 

Los números son elocuentes. En 2018 había 258 ofertas de alquiler temporario en Iguazú. Hoy hay 620, 70 más que en 2022. El 54 por ciento de la oferta es propiedad de varios dueños y el restante, de un solo propietario. 

Hay otro dato que preocupa en el sector hotelero. La tarifa promedio es de 60 dólares -estaba 45 en 2022- y la ocupación saltó del 24 por ciento en 2018 a 36 por ciento en 2023, mientras que en 2022 estuvo en 22 por ciento. 

El crecimiento exponencial de esta actividad se ha caracterizado por la informalidad, que resulta propiciada por la vetustez de las normativas preexistentes o por su ausencia, o por la inacción de las agencias gubernamentales competentes, señala un estudio de la AHT.

La entidad sostiene que la actividad de los alquileres temporarios turísticos no debe ser prohibida ni tampoco absolutamente desregulada, sino que ha de adoptarse el criterio de una regulación adecuada, de manera tal que, a la par que se contribuya al desarrollo equilibrado de la economía de plataformas, al mismo tiempo se proteja a los consumidores y usuarios, a los destinos turísticos, se garantice una fiscalidad equitativa, y condiciones de trabajo justas.

Como contraste, marcaron que el sector hotelero afronta cada vez más cargas impositivas y controles municipales.

La preocupación tiene sustento en números. En 2022 Airbnb facturó US$ 8.200 millones y tuvo una rentabilidad de US$ 2.000 millones. Hay empresarios que están abandonando su estructura legal para volcarse a la comercialización informal. “Hay hoteles que se dieron de baja y cerraron, pero que tienen publicados sus cuartos en Airbnb”, comentaron.

No obstante, advirtieron que el boom de las viviendas turísticas temporarias informales, además, pone en riesgo la seguridad de los turistas; al tiempo que amenaza la imagen de los destinos.

En este contexto, recalcaron que el masivo desplazamiento de viviendas del mercado de alquileres permanentes al de alquileres temporarios tiene múltiples consecuencias en la economía de los habitantes de las grandes urbes, quienes deben pagar alquileres exorbitantes para vivir.

Este panorama, sostienen, amenaza la sincera y necesaria convivencia entre los turistas y residentes: problemas de escasez en supermercados y servicios saturados, entre otros inconvenientes.

Actualmente, el hospedaje informal en Argentina abarca cerca del 55% del total de la oferta hotelera nacional, y tiene una ocupación promedio mensual de 23 días; mientras que en números significa que existen más de 610 mil plazas de alojamiento informal.

Este volumen representa más de US$ 1.000 millones de ingresos no tributados en los últimos cinco años y 150 mil empleados fuera del sistema.

Otro de los cálculos que presenta el sector, es que en una locación para vivienda el propietario obtiene mensualmente el equivalente del 2% al 3% del valor de la propiedad; mientras que si la unidad es temporal obtiene entre un 8% y 9%.

Producto de una investigación del programa, la gremial constató que en la primera parte del año las personas que comercializaron informalmente en dichas plataformas ganaron más de US$ 27 millones. Especificaron que la tarifa, ocupación y estadía promedio fueron US$ 72, 41,4% y 3,2 noches, respectivamente.

El presidente de Fehgra, Fernando Desbots, resaltó que el objetivo de la Federación “es promover el ordenamiento jurídico más justo para el alojamiento turístico de corta estancia y la distribución digital, situación que ayudará a impulsar la sostenibilidad de los destinos”.

Al respecto, aclaró que la oferta informal es enorme y está presente en todo el país; así como reconoció que es clave que el Estado de cada provincia se involucre en la problemática.

En Mar del Plata, por ejemplo, están disponibles 300 mil plazas informales frente a unas 60 mil formales; mientras que en Bariloche, a diciembre de 2022, había relevados más de 2.200 departamentos o casas destinadas al turismo, mientras que se estima que los alojamientos informales triplican ese número. 

Mario Peña, ministro de Turismo de Salta, aseguró que la batalla contra la informalidad no se gana sin una decisión política; mientras que enfatizó que ningún destino puede permitir situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas.

“No estamos en contra de la oferta de alojamientos temporarios, pero si quieren operar todas las partes involucradas deben cumplir la ley que regula esta actividad“, dijo.

En virtud de respaldar su imperiosa regulación realizó un informe con All The Rooms, un proveedor de datos y análisis de alquileres a corto plazo (Airbnb, Vrbo).

Del estudio se desprende que hay alrededor de 64 mil alojamientos informales activos distribuidos en todo el país, pero con mayor concentración en CABA, provincia de Buenos Aires (Costa Atlántica y Corredor ruta 9), Ciudad de Córdoba, Mendoza, Salta y Patagonia (Bariloche-Ushuaia).

Del total de alojamientos mencionados el 88% refiere a alojamientos enteros, el 11% corresponde a una habitación privada y el 1% a habitaciones compartidas.

Respecto al formato de alojamiento, el más ofrecido son los de una habitación (49%). El podio lo completan los de dos y tres habitaciones con el 21% y 10%, respectivamente.

“Del total de los alojamientos de alquiler turístico temporario el 64% responde a anfitriones de 1 o 2 propiedades independientes, y el 36% restante representa a multipropietarios o profesionales que cuentan con 3 o más propiedades destinadas a tal fin”, comunicaron desde la entidad que preside Gabriela Ferrucci.

En cuanto a las tarifas, el estudio muestra una baja del 20,6% de 2018 a 2019; mientras que en la pospandemia los precios se incrementaron y alcanzaron un promedio máximo de US$ 67 la noche entre enero y junio de 2023.En relación con la ganancia de los alojamientos temporarios, especificaron que en 2022 fue de US$ 213,7 millones; y que en el año previo a la pandemia la recaudación fue de US$ 160,7 millones. “El revenue acumulado del año a junio alcanzó los US$ 134,9 millones”, detallaron desde AHT.

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