“Cuando se abrieron importaciones, en Misiones hubo un pueblo que cerró”, recuerda un maderero ante una consulta sobre la aplicación del plan económico de Javier Milei, potencial presidente de la Argentina. 

“Era muy complicado producir acá en el uno a uno. Hoy están trabajando como cooperativa y muy bien”, coincide Ramón Almada, uno de los pobladores de Garuhapé Mi, el pueblo en cuestión, que, literalmente, cerró en 1998. La apertura indiscriminada de las importaciones durante el menemismo fue el detonante para que la fábrica de terciados bajara las persianas después de varios años de complicaciones. Todo un pueblo quedó a la deriva. El pueblo tardó años en recuperarse. La fábrica ahora es una cooperativa, que reabrió con el apoyo del Estado misionero. 

En el sector forestal advierten que volver a un modelo de apertura indiscriminada de las importaciones, sería una nueva sentencia de muerte para decenas de Pymes que hoy ya atraviesan enormes dramas por la suba del dólar. En Misiones están en peligro más de ocho mil puestos de trabajo. 

No sería el único dolor de cabeza para Misiones si se concreta el plan económico de Milei. 

El decálogo de medidas del potencial presidente es drástico. ¿Qué pasaría en Misiones si se aplican?

La medida más mediática es la dolarización. Aunque nadie puede precisar demasiado el cómo. El Banco Central que Milei quiere liquidar, no cuenta con los dólares necesarios ni siquiera para ir a un uno a uno como en la Convertibilidad. Aunque no hay base cierta sobre la que realizar una aproximación, para entender la dolarización hay que sacar cuentas sencillas: dividir el salario mínimo -112.500 pesos- por el dólar oficial. Ese sería el salario dolarizado: 324 dólares. Si la conversión se hace al valor blue (de este viernes), el resultado es de apenas 144 dólares. Algunos economistas sostienen que será aún más bajo. Obviamente, los precios no bajarán con la misma velocidad. 

“No existe evidencia contundente de que los países que dolarizaron su economía hayan tenido más o menos inversión que los países no dolarizados. En general no controlaron su déficit fiscal y viven en acuerdos con el FMI. Tuvieron un crecimiento menor que países similares no dolarizados y son más vulnerables a los Shock externos (baja del precio de lo que exportan o suba de lo que importan), lo que puede generar más desempleo ante estos fenómenos”, describe el economista Guillermo Knass.

Armar la valijas

Más allá de la discusión por el salario, la dolarización tendría un impacto directo en una actividad sensible de Misiones y que hoy atraviesa uno de sus mejores momentos: el turismo. Del turismo dependen cerca de 25 mil empleos. La actividad no deja de atraer inversiones: nuevos hoteles en la selva, glampings y modernos Centros de Convenciones. Solo Iguazú concentra ahora inversiones por más de 25 millones de dólares. 

En Puerto Iguazú, además del posible récord de ingresos a las Cataratas del Iguazú, se vive un intenso movimiento comercial y gastronómico gracias a que los vecinos de Brasil y de Paraguay cruzan la frontera para consumir y degustar las distintas opciones que tiene la ciudad, atraídos por el tipo de cambio. Claramente, esto se da debido a la paridad internacional que hace que todo sea más accesible para los extranjeros, a raíz de que con mayor depreciación, mayor poder adquisitivo.  

“Una dolarización traería aparejado un encarecimiento en términos de tipo de cambio real y nominal de todos los bienes y servicios que se  comercializan en el país. Esto, para la actividad turística de Iguazú no sería favorable y perdería competitividad”, explica el licenciado Nicolás Benítez Caballero, integrante del equipo técnico del ITUREM.  

“Si bien hoy el turismo se ha desarrollado mucho más de lo  que estaba cuando el país transitó la convertibilidad -de 1991 al 2001 – destacando que en el  2022 la contribución al PBI del sector de viajes y turismo de la Argentina aumentó en un 39% respecto al 2021 (últimos datos observados), evidentemente, se trata de una actividad que creció notoriamente en los últimos años y, debido a la globalización, seguirá esa senda. No obstante, dolarizar traerá un detrimento al comercio fronterizo que se evidencia en  Misiones, sabiendo que el 90% de nuestra provincia limita con Brasil y Paraguay. A esto, también, adherir el viajero internacional que proviene de diversas partes del mundo e ingresa  al país por Iguazú y luego realiza su recorrido por el resto del país; por lo cual  dolarizar dispondrá que, eventualmente, este segmento también se vea reducido. En conclusión, la posible conversión de la economía hacia el dólar no será beneficiosa para Iguazú, que verá reducida la actividad comercial y también, en cierto aspecto, la turística provocando así una reducción de las diferentes variables que motorizan las economías regionales que son elementales para la generación de puestos de  trabajo, inversión y estructura que, como bien se sabe, son los pilares para un futuro  prometedor”, enumeró el especialista. 

Ganate un voucher

El plan de Milei también incluye un fuerte recorte del gasto público y una reforma tributaria que baje impuestos, flexibilización laboral y apertura unilateral del comercio internacional. 

El gasto público pretende reducirlo con el corrimiento del Estado de la mayoría de sus responsabilidades y la eliminación de ministerios para quedarse con apenas ocho -hoy son unos excesivos 21- y eliminar carteras clave como Educación, Salud, Ciencia y Turismo.

Aunque en la práctica, la Educación depende de las provincias, Nación gira fondos para infraestructura y becas. Misiones recibe al año más de 12 mil millones por las becas Progresar a razón de 20 mil pesos cada una. Desaparecerían. Y no sólo los chicos perderían ese respaldo, sino los comercios de cercanía. El kiosko, la librería, la leche y el azúcar. 

A cambio, Milei promete un sistema de “vouchers” para incentivar la competencia entre escuelas y de ese modo “mejorar la calidad”. Aunque se aclara, será “para pobres”. Y cursar en la universidad, costaría un arancel en el orden del 1.500.000 ó 2.000.000 de pesos al año, según un estudio de la Universidad Nacional de San Juan.

El sistema de vouchers educativos fue promocionado durante los años 60 por Milton Friedman como una alternativa liberal que favoreciera la elección voluntaria de cada padre sobre la educación de sus hijos. El sistema fue adoptado con suerte dispar en un puñado de países, con Chile como más cercano. Pero los jóvenes chilenos que venían a estudiar a la Argentina, hicieron una revolución para cambiar el sistema.

Suecia fue otro. Los resultados de los exámenes PISA, una muestra global del conocimiento de los alumnos de 15 años, fueron un duro golpe para el país, que sufrió el más brusco descenso en sus calificaciones entre todos los países evaluados entre los años 2003 al 2012. Un cuarto de los estudiantes no obtenía el mínimo esperado en las pruebas de matemáticas, la cantidad de alumnos sobresalientes se redujo a la mitad y las calificaciones empeoraban en todos los ámbitos analizados. 

Uno de los principales inconvenientes es que la responsabilidad migró del Estado hacia los padres: ellos son ahora los responsables de juzgar si la educación recibida es de buena o mala calidad sin que tengan en todos los casos las herramientas necesarias para hacerlo. No hay castigos ni intervenciones para las escuelas, sino que se «supone» que el mercado la castigará. La evidencia sugiere que esto no ocurre.

En Chile el sistema generó una enorme segregación entre escuelas ricas y pobres, ya que las escuelas privadas pueden seleccionar a los alumnos según sus criterios y cobrar una diferencia entre el valor del voucher y el costo real de la educación, lo que excluye a los sectores más vulnerables y crea brechas entre los distintos tipos de escuelas. Las escuelas de menores recursos, obviamente, tuvieron peores resultados en calidad educativa. 

El sistema no garantiza mejores resultados académicos, ya que la competencia entre las escuelas puede llevar a una estandarización de los contenidos, una pérdida de la diversidad pedagógica y una presión por obtener buenos puntajes en las pruebas externas, sin considerar otros aspectos del desarrollo integral de los alumnos.

“Hoy no hay ningún país del mundo que avance hacia un sistema de vouchers. Fue una corriente de los 80 y principios de los 90 que se agotó. Incluso el Banco Mundial y la OCDE, basados en los datos de las pruebas PISA, se posicionan en contra de estimular vouchers”, describe el pedagogo Mariano Narodowski.

Y agrega. “Hoy un Presidente no puede establecer un sistema de vouchers educativos porque según la Constitución de 1853 (con sus reformas de 1860 y 1994) la educación depende de cada una las provincias, no del gobierno nacional. Es decir, para instalar un sistema de libre elección de escuelas se debería modificar el artículo quinto de la Constitución Nacional, desempoderar a las provincias, nacionalizar la educación y cambiar el esquema de coparticipación federal de impuestos. 

Pero si aún así quieren hacerlo, hay algunas opciones algo menos lisérgicas:

• Opción A: Dinamitar el Ministerio de Educación de la Nación y todo ese gasto transferirlo a las familias de la Argentina. Técnicamente no sería un voucher sino una“beca”, pero nos sacamos el gusto. La dificultad es que todo el dinero nacional hoy disponible para repartir entre alrededor de 10 millones de estudiantes serían unos irrelevantes $3.000 por mes… y su única utilidad como voucher sería ayudar muy poquito a pagar la escuela privada.
• Opción B: Semi dinamitar el Ministerio de Educación y con ese dinero establecer acuerdos pro vouchers con provincias incentivadas por mayor financiamiento nacional vía vouchers. La dificultad es que dada la exigua cantidad de dinero de la Nación destinada a la educación (y suponiendo la obviedad de que los que proponen voucher no quieren aumentar el gasto público) sólo unas pocas provincias con pocos estudiantes podrán postularse voluntariamente a la aventura. Además, faltaría una burocracia nacional muy grosa para coordinar el desbole, así que cuidado con lo que semi-dinamiten.
• Opción C: Des-dinamitar el Ministerio de Educación e inyectarle muchos más recursos para volver a crear y gestionar escuelas nacionales en cada provincia como lo dispuso la Ley Lainez en 1905. Una dificultad adicional de este escenario absurdo es que en la Argentina de 2023 (a diferencia de la de 1905) la educación ya no está en expansión acelerada por lo que éste sobre financiado al sector nacional sería muy chico hasta que la gente lo prefiera más y se aumente el gasto o se baje el valor del voucher”.
• Rezar para que semejante desbole salga bien en sus términos, sea bien implementado de acuerdo a su esencia y además tenga efecto positivo en la inclusión y la calidad educativa: la evidencia es controversial porque no está claro si el virtual éxito relativo de los países con vouchers se debe a los ellos o a otra cosa”, define Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, académico Asociado de Argentinos por la Educación y ex ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires.

Eliminar ministerios de por sí no solucionará los problemas, aunque genere un “ahorro” en gasto público y salarios. 

“En la práctica las reparticiones quedan sin rango de ministerio sujetas a un ministerio superior o sea un ministro que coordine diversas áreas. Es cierto que el crecimiento desmedido de las reparticiones en ministerios no es bueno, pero la eliminación sin cirugía puede ser igual de malo. Las gestiones de salud o de educación se verán postergadas, ejecutadas con demora porque el ministro superior no dé curso en la rapidez necesaria a los diferentes trámites (pago de comedores, pago de programas de salud etc )”, detalla un funcionario conocedor del manejo presupuestario. En pandemia sería sencillamente un desastre. 

Unitarios y federales

Hay otra idea de Milei muy promocionada. Eliminar la coparticipación. Nuevamente, hace falta una revisión del sistema de reparto de los recursos federales. Pero una operación sin anestesia, provocaría un caos económico, dejando a las provincias en un estado de vulnerabilidad extrema. Eso sin mencionar que los recursos, en la práctica, son generados por las provincias. No por un abstracto “Nación” que atiende en Buenos Aires. En la práctica, sería muy difícil dar de baja al sistema por las trabas legales, pero un Milei presidente bien podría simplemente dejar de girar los fondos “discrecionales”. Allí, la más perjudicada serían Buenos Aires y Capital Federal. 

Eliminar la coparticipación llevaría al país a un régimen tributario como el de Brasil, dónde cada estado recauda lo que produce y una parte la envía a Nación. En la Argentina, Nación recauda y luego distribuye. 

La paradoja es que un cambio de ese tipo, corregiría en primera instancia la eterna inequidad que reclama Misiones: una actualización de la coparticipación acorde a lo que genera la economía local. Hoy Misiones aporta más de lo que recibe. 

En cambio, en el país, el modelo Milei concentrará más los recursos en las provincias más ricas y perjudicará a las más pobres acentuando el crecimiento demográfico. El centro del país crecerá más que el resto también en habitantes por las corrientes migratorias. Pero puede ser peor. No está claro si el plan de Milei es quedarse con el cien por ciento de la recaudación de los impuestos nacionales, sin repartirlos. “Eso muestra un desconocimiento de lo que producen y aportan las provincias y apropiarse indebidamente desde la Nación de recursos que no le pertenecen”, explica un tributarista. 

Y vos no me escuchaste…

No se puede después argumentar “yo no sabía”. En su plataforma, Milei promete una reforma del sistema de salud e impulso al privado, privatización de empresas públicas, eliminar retenciones y derechos de importación y unificar el tipo de cambio. 

También una ley de alquileres que habilite libre acuerdo entre las partes, lo mismo que los aranceles médicos. 

Para las empresas, promete reducción de cargas patronales y eliminar indemnizaciones para despidos sin causa para reemplazarlas por un seguro de desempleo que frene la litigiosidad. 

Otro punto clave: Milei promete derogar la ley de tierras, que impide que los capitales extranjeros acumulen propiedades. Las tierras en manos de extranjeros en la Argentina, representan un territorio equivalente a casi la mitad de Misiones. Y justamente, en Misiones se redujo el porcentaje de tierras en manos extranjeros. Si gana Milei, nuevamente cualquier capital externo podrá hacerse de la tierra. 

Romper paredes

¿Qué pasaría si se privatiza la obra pública? El sistema “puede” funcionar en el caso de grandes obras de infraestructura, como una autopista que se pague con peajes o una obra eléctrica que se pueda repagar con la venta de energía. Mauricio Macri lo intentó. Pocas obras avanzaron. 

Pero el sistema anularía obras “menores” como el asfaltado de un barrio en un pueblo o la construcción de una sala de primeros auxilios en un paraje alejado. Lo mismo con las viviendas. ¿Qué constructora haría un barrio popular en Pozo Azul sin garantía de cobro? El sistema UVA que implementó el Gobierno anterior, casi lleva a la ruina a los tomadores de créditos. El Gobierno misionero fue uno de los que salió al rescate. 

La obra pública además impulsa el empleo. Misiones tiene hoy diez mil empleos vinculados a la construcción. No hay que ir demasiado lejos para evaluar el impacto de la parálisis de la obra pública. En noviembre de 2019, últimos días de la era Macri, Misiones tenía 7.527 trabajadores registrados. Desde noviembre de 2015, se perdieron 5.284 puestos de trabajo, equivalente al 41,2%.

En contraste, ahora Misiones acumula 27 meses consecutivos de crecimiento interanual del empleo en la construcción. El último dato oficial marcaba 9.592 puestos de trabajo registrados en la construcción. Y casi 500 empresas activas. 

Toco madera

Volvamos a la apertura de importaciones y su impacto en Misiones. La memoria está fresca. El Gobierno de Mauricio Macri abrió la importación de fenólicos entre 2016 y 2017. 

“Muchas Pymes cerraron. Se quería importar casas de China. Si se abren importaciones las más perjudicadas van a ser las economías regionales, que además no tenemos poder para defendernos. Y somos las que generamos trabajo y riqueza. Nos va a perjudicar mucho”, cuenta, preocupado Guillermo Fachinello, presidente de la Confederación Económica de Misiones y maderero de larga historia. “Vamos a terminar tomando té de la India y yerba de Uruguay”, lanza con ironía. 

Fachinello sostiene que a pesar del momento de crisis, el sector forestal no está despidiendo. “Sí puede haber reducción de horas, nos está costando mucho seguir con los sueldos. Y ahora con las altas tasas de interés, será complicado la cuestión financiera. Hay que enfriar la cabeza”. 

El sector forestal es clave por obvias razones. Grandes empresas, más de 600 aserraderos y cerca de diez mil empleos. 

El presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera, Román Queiroz fue tajante: “Todos los modelos son discutibles, menos el de Milei”. Al respecto, señaló que lo votan “porque es un loco y grita”, pero no tiene un modelo sino “maneras de intentar gobernar y va a quitar derechos a un montón de ciudadanos”. 

“La gente vota en contra de sus propios derechos. Me preocupa y nos tiene que ocupar. Tenemos que ver qué hicimos para que la juventud haya votado a Milei. Es culpa nuestra por no llevar la política a nuestras casas y hacer pensar que la política es solo lo económico”, opinó.

“Abrir las importaciones sin ningún miramiento, traería enormes dificultades a las Pymes. Decir que la obra pública desaparece, eso nos preocupa mucho a las Pymes. El 30 por ciento de lo que se produce en las pymes forestales va a la obra pública, imagínense lo que pasaría si se paraliza la obra pública”, explicó. 

Queiroz también hizo un inusual mea culpa sobre la crisis actual. “Si sube el dólar oficial subimos los precios, si sube el blue, también. Un poco porque nos queremos proteger, otro por ser oportunistas. Hay culpa e irresponsabilidad del sector privado. No todo es culpa del sector político, si creemos eso estamos equivocados. Es culpa de todos”. 

“No tenemos proyecciones. Esta semana fue de muchos problemas, pero los argentinos somos parte de ese problema, En el sector privado somos cómplices, todos y me incluyo. Todos tocamos la lista de precios. Entiendo que queremos protegernos, pero tenemos que hacernos cargo también”, se sinceró.

La apertura de importaciones durante los 90 provocó el cierre de muchas Pymes forestales. Lo mismo que sucedió entre 2016 y 2017 con la apertura de importaciones de fenólicos, que paralizó a la industria maderera.  En contraste, Milei promete en su plataforma, “estímulos impositivos en materia forestal y garantizar estabilidad de las inversiones”. 

Otro ejemplo se puede encontrar en una industria emblemática en Misiones. Dass llegó a Eldorado en 2007. Llegó a tener 1.500 empleados. Durante el macrismo, que impuso una apertura de importaciones, la fábrica estuvo al borde del cierre y despidió a 1.200 operarios. Hoy tiene 520 y 25 fueron incorporados en las últimas semanas.

“En 2017 empezaron los despidos masivos y duraron todo 2018. Impacto directo de la apertura indiscriminada de importaciones. Me da tristeza que la bronca nos haga elegir volver a lo mismo”, definió Darío Vera, delegado gremial de Dass. 

Hasta los países más liberales restringen las importaciones argumentando cuestiones sanitarias, de control de calidad y de dumping de precios. La apertura indiscriminada en los 90 llevó al cierre de fábricas y comercios y a una desocupación en la Argentina del 21%.

Mate amargo

¿Y qué pasaría con la yerba? A diferencia de Cambiemos, que presentó en el Congreso un proyecto de ley para desregular la economía -firmado entre otros por Alfredo Schiavoni, candidato del derrotado Horacio Rodríguez Larreta-, Milei no habló específicamente de la yerba. De hecho, nunca vino a Misiones a hacer campaña.

Sin embargo, vale repasar sus discursos para advertir que Milei piensa más o menos lo mismo que Larreta. “El tema de la yerba, el tema del precio sostén, toda esa parafernalia de un Gobierno metiéndose: desregulación”, había dicho el intendente porteño en su última visita a Misiones antes de caer derrotado ante Patricia Bullrich.

Milei piensa -y se expresa- en modo similar. “Vamos a hacer una reforma del Estado. No sólo de tamaño, sino por la maraña de regulaciones que se desprende de las oficinas estatales, que entorpece el desarrollo de la economía. La función del Estado no es entrometerse en cada aspecto de la vida de los individuos. Nuestra primera acción de Gobierno será una reforma completa del Estado para volver a un modelo que teníamos antes de la llegada del kirchnerismo al poder”. 

En el modelo previo al kirchnerismo, no existía el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que entró a funcionar en 2002 después de la crisis derivada de la desregulación de la economía durante la década previa, como parte esencial del plan Cavallo. La yerba valía limosnas y se produjo una enorme transferencia de recursos del sector productivo al industrial comercial, calculada en más de mil millones de dólares. 

Ante el avance de ideas similares, los productores se reunieron el miércoles en Apóstoles y emitieron un documento con una encendida defensa del modelo actual. 

“Expresamos nuestra defensa a la plena vigencia del INYM, entendiendo que contribuye decididamente al crecimiento y desarrollo de la chacra, que reủne a 15 mil tareferos, 12.500 productores, 49 cooperativas, 200 secaderos y 100 industrias, con la generación de trabajo y la dinamización de la economía en esta región el país. Con el INYM, se jerarquizó la actividad y en ese marco, desde entonces se atienden aspectos sensibles como la fijación de un precio mínimo para la materia prima, se realizan relevamientos para definir líneas de acción, como los datos estadísticos y el registro de productores y yerbales; se implementan proyectos para mejorar el rendimiento de las cosechas y optimizar la calidad, fortaleciendo el mercado, en apoyo directo a todos los eslabones de la cadena yerbatera”, señala el documento. Y agrega, para no dejar dudas: “En la actualidad la actividad yerbatera atraviesa un muy buen momento, pocas veces registrado en sus más de 100 años de cultivo sistemático, ya que el precio de la hoja verde se paga a los productores hasta 140 pesos el kilo de hoja verde, es decir por encima del valor oficial, y en el primer semestre de 2023, las industrias despacharon la mayor cantidad de paquetes de la historia, alcanzando un récord de 138.749.599 mil kilos de ventas en el mercado interno, es decir, aumentó el consumo”.

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