En el Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional resalta desafíos vinculados a la implementación del aborto legal, la lucha contra la violencia de género, el acceso a la educación sexual, la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, la paridad y la escalada de discursos de odio hacia las personas LGBTI+, entre otras temáticas.

Deudas urgentes con niñas, mujeres y diversidades 

Aborto legal: se cumplió ya un año de la aprobación de la ley que consagró el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en Argentina, una conquista que inspira a otros países de la región y el mundo a avanzar hacia la despenalización y legalización del aborto.

Sin embargo, aún existen zonas en donde las mujeres desconocen sus derechos. Los desafíos para acceder a la práctica comienzan por la falta de información. A ello se suma la escasez de disponibilidad de personal de salud y la falta de capacitación. Asimismo, la producción y comercialización del medicamento mifepristona, esencial para un proceso seguro, es otra deuda.

Amnistía Internacional observa con especial preocupación la criminalización de profesionales de la medicina que garantizan el acceso al aborto legal y su impacto negativo. Por eso, emitió una Acción Urgente global para detener el proceso judicial contra Miranda Ruiz, una médica de Salta que garantizó el derecho a la interrupción del embarazo.

Violencia de género: en 2021 se registró 1 femicidio cada 30 horas. Según la Defensoría del Pueblo de la Nación, esto equivale a 289 víctimas. El 65% ocurre en un entorno familiar o conocido. Al menos el 15% había denunciado previamente a su atacante. Es indispensable realizar un diagnóstico sobre las deficiencias de las políticas públicas existentes, abordar las causas profundas de los femicidios, transfemicidios y travesticidios, y adoptar un enfoque integral.

A raíz de los hechos de abuso y acoso sexual conocidos estos últimos días, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, señaló: “Crecemos en una sociedad que nos enseña a las mujeres a naturalizar el temor a ser violentadas, abusadas o asesinadas. Es urgente problematizar la desigualdad de género, abordar críticamente la construcción social sobre la masculinidad hegemónica y brindar las herramientas necesarias para el reconocimiento de las violencias como un problema estructural cuya solución requiere, no solo de políticas de Estado, sino también del compromiso e involucramiento de los distintos actores sociales para promover una sociedad más justa e igualitaria. Vivir sin temor y sin violencia es un derecho humano”.

Violencia de género online: en los últimos años Amnistía Internacional ha contribuido a dimensionar la gravedad de la violencia de género online. En su informe sobre Twitter, la organización da cuenta de que la empresa debe mejorar la transparencia sobre el proceso de moderación y de apelación pues, caso contrario, empuja a las mujeres y diversidades a la autocensura.

Embarazo no intencional en la adolescencia y embarazo infantil forzado: cada día, al menos 5 niñas menores de 15 años tienen un hijo o hija. La mayoría son consecuencia de situaciones de abuso y coerción que producen embarazos infantiles forzados. A ello se suma que 70.000 adolescentes menores de 20 tienen un hijo cada año. Siete de cada diez de estos embarazos son no intencionales. La vulnerabilidad familiar y social; las barreras para el acceso a la educación sexual integral (ESI) y a los servicios de salud sexual y reproductiva, la desigualdad de género y la violencia son determinantes del embarazo no intencional.

Embarazo no intencional en la adolescencia y embarazo infantil forzado: cada día, al menos 5 niñas menores de 15 años tienen un hijo o hija. La mayoría son consecuencia de situaciones de abuso y coerción que producen embarazos infantiles forzados. A ello se suma que 70.000 adolescentes menores de 20 tienen un hijo cada año. Siete de cada diez de estos embarazos son no intencionales. La vulnerabilidad familiar y social; las barreras para el acceso a la educación sexual integral (ESI) y a los servicios de salud sexual y reproductiva, la desigualdad de género y la violencia son determinantes del embarazo no intencional.

Representación de las mujeres en organismos gubernamentales y en la justicia: se perpetúa la histórica exclusión de las mujeres de los espacios de decisión en los tres poderes del Estado.
• Poder Legislativo: encuentra resistencias la efectiva implementación de la ley de paridad.

• Poder Ejecutivo: hay solo 2 ministras, lo que representa el 10% de los cargos ministeriales.

• Poder Judicial: solo el 31% de las mujeres ocupan cargos altos y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hay ninguna representación femenina.

Sistema integral de cuidados: las mujeres realizan más del 76% del trabajo doméstico y de cuidados en el país. De hecho, dedican 96 millones de horas diarias a estas actividades. La situación se vio agravada por la pandemia. Es indispensable avanzar hacia un sistema integral de cuidados que promueva una redistribución equitativa. Amnistía Internacional celebra el anuncio realizado en la apertura de las sesiones legislativas en la materia y espera que no se demore la presentación del proyecto de ley, ya que su tratamiento es urgente.

Trabajo sexual: las trabajadoras sexuales vienen denunciando un incremento en el hostigamiento y persecución por parte de las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Según el Ministerio Público Fiscal, en los últimos 2 años se iniciaron 3550 contravenciones de las cuales el 99,5% se archivaron. Esto deja al descubierto la aplicación de la normativa vigente como forma aleccionadora y de hostigamiento.

Diversidad de género: durante 2021 se aprobó la sanción de la ley Diana Sacayán – Lohana Berkins”, por la cual el sector público nacional debe reservar, al menos, 1% de sus cargos y vacantes para personas travestis, transexuales y transgénero y se crean incentivos tributarios para la contratación de trabajadores de este colectivo para empresas privadas.

Asimismo, Argentina reconoció las identidades más allá de las categorías binarias de género en los sistemas de registro e identificación, a través del decreto nacional 476/2021. Estos valiosos avances deben ser robustecidos por instancias de participación y consulta de las personas LGBTI+.

Finalmente, la organización considera que debe seguir trabajándose frente a la escalada de los discursos de odio contra la población LGBTI+, para que se respete el derecho de cada persona a autopercibirse de forma dinámica y flexible según sus vivencias, sin que ello implique barreras para desarrollar su plan de vida.

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