YPF: la Justicia de EE.UU. frena temporalmente la entrega de acciones y abre una ventana clave para Argentina

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito aceptó una medida cautelar que suspende el fallo de primera instancia que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF. Las partes presentarán sus argumentos en los próximos días y se espera una decisión definitiva en las próximas semanas.

En el marco del juicio por la expropiación de YPF, que se desarrolla en los tribunales de Nueva York, la Argentina obtuvo una suspensión temporaria del fallo emitido por la jueza Loretta Preska. La decisión, tomada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, frena por el momento la entrega de las acciones de la petrolera estatal al fondo Burford Capital, principal beneficiario del litigio.

La jueza Preska había ordenado la transferencia del 51% del paquete accionario de YPF, actualmente en manos del Estado argentino, como forma de resarcimiento por la estatización de la empresa en 2012. El fallo estimó el monto indemnizatorio en al menos USD 16.000 millones.

La suspensión fue solicitada de forma conjunta por ambas partes, a fin de presentar sus argumentos ante la Cámara. Según el nuevo cronograma, Burford Capital deberá hacerlo este jueves 17 de julio, mientras que la Argentina tendrá plazo hasta el martes 22 para presentar su posición formal.

Tras ese paso, se espera que la Cámara de Apelaciones emita un fallo definitivo, que podría conocerse en el transcurso de las próximas semanas.

La causa judicial gira en torno a la forma en que se llevó adelante la expropiación de YPF durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Burford Capital adquirió los derechos de litigio de los accionistas minoritarios Petersen Energía y Eton Park, y obtuvo en 2023 un fallo favorable en primera instancia, que ahora está siendo revisado.

La entrega del control accionario de YPF a un fondo buitre podría tener consecuencias estructurales para el esquema energético nacional, afectando desde las decisiones de inversión hasta la gobernanza de la empresa. De allí la importancia estratégica del freno dispuesto por la Corte, que otorga tiempo adicional para la defensa argentina.

Desde que se conoció el fallo de Preska, el Gobierno argentino —en conjunto con estudios jurídicos en EE.UU.— ha desplegado una estrategia de apelación y dilación controlada, apuntando a revertir el fallo o negociar condiciones más favorables.

La decisión que adopte la Cámara de Apelaciones será clave no solo por el impacto fiscal, sino también por las implicancias sobre la soberanía energética, el control estatal de activos estratégicos y la percepción de riesgo jurídico de Argentina en los mercados internacionales.

Aunque aún no hubo una reacción oficial del Ministerio de Economía o la Procuración del Tesoro, fuentes cercanas al equipo legal argentino consideran que esta suspensión “es una señal de apertura al debate” por parte del tribunal de apelaciones. El resultado final, sin embargo, sigue abierto y sujeto a la interpretación jurídica del tribunal sobre las obligaciones de la Argentina en el marco del contrato de estatización.

El futuro del 51% de las acciones de YPF —y de su control operativo— está en juego. La Argentina buscará evitar que se concrete el traspaso a un fondo privado con fines estrictamente financieros. La resolución del tribunal podría sentar un precedente de alto impacto en materia de litigios internacionales por nacionalización de empresas estratégicas.