A más de 40.000 kilómetros de la Tierra, lejos de la estrechez de la coyuntura, un pequeño artefacto argentino acaba de abrir una frontera silenciosa pero decisiva. Acoplado a Artemis, el cohete de la Nasa que vuelve a orbitar la luna después de más de medio siglo, el satélite Atenea -un CubeSat 12U desarrollado por la CONAE junto a universidades públicas y organismos científicos- ya envía datos desde el espacio profundo. Alcanzará los 70.000 kilómetros de altura, una marca inédita para la ingeniería nacional, mientras mide radiación, valida comunicaciones de largo alcance y somete componentes tecnológicos a condiciones extremas. Es ciencia aplicada, es desarrollo, es Estado articulando conocimiento con universidades como la UBA, la UNLP y la UNSAM para posicionar a Argentina en una misión internacional de primer nivel. La ciencia argentina se codea con la Nasa y el satélite está a la altura de otros países como Alemania, Arabia Saudita y Corea del Sur.

Pero ese mismo Estado que hoy celebra -con razón- un hito tecnológico que no sería posible sin décadas de inversión sostenida en educación superior, es el que al mismo tiempo desoye una orden judicial para cumplir con la ley de financiamiento universitario. Es decir: el mismo sistema que hace posible que un satélite argentino dialogue con el espacio profundo, es el que enfrenta un inédito ajuste que compromete su propia supervivencia.

La paradoja no es menor. Atenea es, en esencia, una síntesis del ecosistema científico argentino: investigadores formados en universidades públicas, infraestructura estatal, articulación institucional y una visión de largo plazo. Sin ese entramado, no hay satélites, no hay innovación, no hay soberanía tecnológica. Sin embargo, en el plano doméstico, la política económica parece avanzar en sentido inverso, tensionando el financiamiento de esas mismas universidades que son el corazón del sistema. Los salarios universitarios acumulan una caída del 32% en su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, las transferencias a las universidades se desplomaron 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026 y, según el Consejo Interuniversitario Nacional, cada docente perdió el equivalente a siete salarios mensuales en ese período.

En esa contradicción se juega algo más que una discusión presupuestaria. Se define si la Argentina que puede medir radiación en el espacio profundo será también capaz de sostener las condiciones básicas para producir conocimiento en la Tierra. Ningún satélite despega de un país que decide, al mismo tiempo, desfinanciar su inteligencia colectiva.

Esa contradicción no es aislada. En lugar de capitalizar el fallo que desestimó la demanda en contra de YPF y evitó que Argentina sea obligada a pagar entre 16 y 18 mil millones de dólares, el presidente Javier Milei eligió confrontar con el ex ministro de Economía y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien fue el diseñador de la recuperación de la mayoría de las acciones en la petrolera. El fallo en la justicia de Estados Unidos no hizo más que ratificar la posición que expuso Kicillof cuando se recuperó el control de la empresa, respaldado por una amplia mayoría en el Congreso, la Constitución y la ley de expropiación que ahora el Gobierno quiere reducir a su mínima expresión para atraer “inversiones privadas”. 

Gracias a la estrategia de Kicillof, la Argentina tiene hoy un motor económico en marcha. Los otros fueron sacrificados en el altar del déficit cero. 

La andanada presidencial contra Kicillof no logró el efecto esperado. Por el contrario, el gobernador bonaerense por primera vez aparece primero en las encuestas con proyección a las presidenciales de 2027. La consultora brasileña Atlas Intel -que pronosticó el triunfo de Milei-, junto a Bloomberg, presentó un dato inédito: Kicillof aparece por encima de Milei y de Patricia Bullrich en intención de voto, rozando el 40%. 

El informe deja otra señal preocupante para el Gobierno: desde diciembre, la desaprobación presidencial creció 10 puntos hasta un 62 por ciento de imagen negativa. Un 65% de los encuestados califica la situación económica como “mala” y un 57% tiene expectativas negativas hacia el futuro. La imagen presidencial se derrumba por escándalos propios, como $Libra o Andis, pero en las últimas horas, particularmente por el Adorni Gate, que tiene como protagonista a Manuel Adorni, el ex vocero, hoy jefe de Gabinete, a quien se le descubrieron incongruentes inversiones y gastos, poco compatibles con su vida previa y con el sueldo de funcionario. Solo entre departamentos, viajes VIP a Punta del Este, Nueva York y Aruba, además de generosos créditos hipotecarios, en dos años lleva invertidos 269.600 dólares. 

Otro sondeo, de Zuban & Córdoba, expone una fotografía contundente: el ex panelista tiene 66% de imagen negativa contra apenas 21,5% de positiva. El 70,4% considera que Adorni debería renunciar. 

En su defensa, Adorni podrá aducir que no es el único con problemas para explicar el crecimiento de su patrimonio. Al menos nueve funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo accedieron a créditos del BNA por montos que, en conjunto, superan los $2.500 millones.

Entre ellos figuran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, con una deuda inicial de $ 373.000.000 (unos US$ 315.000) desde febrero de 2025; y Federico Furiase, ex director del BCRA y actual secretario de Finanzas, con una deuda de $ 367.059.000 (US$ 280.787) desde agosto de 2025. 

Para acceder a un monto semejante, según el simulador del propio Banco Nación, por 30 años hay que pagar cuotas de 3.085.838 pesos y tener ingresos mínimos, entre el titular y codeudores, de 12.343.351. Calificar es una odisea para cualquiera no alineado. 

En el listado de beneficiarios también aparecen Juan Pablo Carreira (“Juan Doe” en X), director nacional de Comunicación Digital, que tiene un crédito por $ 112.948.000 (US$ 76.417); y Emiliano Mongilardi, director de YPF, por $ 309.507.000 (US$ 207.766). Por su parte, los diputados de LLA Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde mantienen deudas que oscilan entre los $ 230 millones y los $ 279 millones, según los distintos períodos relevados. 

El Gobierno como ante cada escándalo, prefiere mirar para otro lado. En tiempos de posverdad, si no me acuerdo no pasó. 

El Presidente atiende y responde sobre lo que quiere en la realidad virtual donde el algoritmo lo protege de cuestionamientos directos. Hace unas horas posteó una imagen suya con la leyenda “Basta de bajar la pobreza”, con un hombre desolado ataviado con una remera con la imagen de la hoz, símbolo comunista y una urna vacía y transparente. Dice que si sigue bajando la pobreza, no habrá votantes para el comunista. 

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Alude a la baja de la pobreza que informó el Indec. En el segundo semestre de 2025 la pobreza alcanzó al 28,2% de las personas, mientras que la incidencia de la indigencia se ubicó en el 6,9%. Estos datos muestran una disminución de 9,9 puntos porcentuales (p.p.) en la pobreza y de 1,9 p.p. en la indigencia en comparación con el segundo semestre de 2024. Es decir, en apenas un año y medio, la pobreza pasó del 52,9% al 28,2%.

En términos de personas, esto implica que se pasó de 15,7 millones de personas pobres en el primer semestre de 2024 a 8,5 millones en el segundo semestre de 2025: una reducción cercana al 46%. Es decir, se redujo a la mitad la población pobre en el país.

Los números son los números. Pero nadie cree realmente en que esa disminución sea real, si al mismo tiempo creció el desempleo -datos oficiales del Indec-, hay 300 mil empleos privados menos y las tarifas de los servicios públicos, como la energía y el gas, no paran de aumentar, lo mismo que el combustible, que sólo en marzo aumentó 20 por ciento en promedio y acumula subas de 340 por ciento en la era Milei. 

La narrativa oficial sobre la baja de la pobreza se desarma cuando se contrastan los datos duros y las inconsistencias metodológicas: la Canasta Básica Total se ubica en torno a 1.400.000 pesos, pero sin ponderar gastos hoy ineludibles como internet, telefonía móvil y tarifas de servicios públicos, lo que la eleva a cerca de 2.000.000 pesos reales. 

A esto se suma una señal aún más contundente: según la EPH, los salarios del sector público habrían crecido entre 2023 y 2025, cuando todas las demás fuentes que miden lo mismo -el índice de salarios del INDEC, los datos del SIPA de empleo público o el propio gasto estatal en sueldos- muestran una caída pronunciada, de la cual incluso el propio Gobierno se jacta; la misma inconsistencia aparece en las jubilaciones.

En paralelo, el cuadro macroeconómico es consistente con un deterioro social: el gobierno asumió con 41% de pobreza y, tras el shock devaluatorio y el ajuste del 12 de diciembre de 2023, la llevó al 52%, en medio de una inflación que saltó 25% en enero de 2024 y 20% en febrero; el desempleo trepó de 5,6% a 7,5%, la recaudación acumula ocho meses de caída, crece la morosidad en tarjetas y créditos, el consumo se desploma y desaparecieron cerca de 22.000 Pymes en dos años, mientras el salario real cae de manera generalizada.

En ese contexto, el único componente que muestra mejora es el de las transferencias sociales -AUH y Tarjeta Alimentar-, lo que refuerza la sospecha de que la baja de la pobreza es más un efecto estadístico que una recuperación genuina: no querer ver el problema de fondo en la captación de ingresos de la EPH exige algo más que ingenuidad, exige fanatismo ideológico.

Existen, al menos, tres reparos metodológicos que obligan a leer con cautela la evolución reciente de la pobreza. En primer lugar, la mejora en la captación de ingresos no laborales introducida por el INDEC en la Encuesta Permanente de Hogares desde fines de 2023 -que incorpora con mayor precisión transferencias como la Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas y Progresar- eleva los ingresos declarados sin que necesariamente haya un cambio equivalente en el bienestar real.

En segundo término, se observa una inconsistencia en los ingresos de los trabajadores no registrados: el quiebre en su correlación histórica con el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir de 2024, junto con un aumento real del 25,5% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 en un contexto de mercado laboral contractivo, sugiere que parte de esa mejora responde más a ajustes en la medición que a una recuperación efectiva.

Finalmente, la subestimación de la Canasta Básica Total introduce un sesgo adicional. La metodología vigente, basada en el coeficiente de Engel, no logra capturar adecuadamente el peso creciente de los servicios y el transporte en el gasto de los hogares, rubros que han mostrado incrementos muy por encima de los alimentos. El resultado es una línea de pobreza artificialmente baja, que empuja estadísticamente a más hogares por encima del umbral sin que medie una mejora sustantiva en sus ingresos reales. En conjunto, estos factores configuran una paradoja: indicadores que sugieren alivio, pero construidos sobre bases que, en parte, distorsionan la verdadera dinámica social. 

Para los desconfiados, no están mal los datos. El problema es celebrarlos de forma sobredimensionada. La realidad indica que la foto del fin del semestre pasado no es la que se vive en la actualidad. Basta leer la propia publicación del Presidente para entender que el humor social no está para celebraciones. 

El mate, amargo

En el sector yerbatero hubo muchos votantes de Milei. Sin embargo, ahora reina la desazón por la caída de los precios en el sector productivo y una rentabilidad acotada en la industria. Las quejas de los pequeños productores llegaron hasta Axel Kicillof. “Está en juego si la yerba seguirá siendo territorial y distributiva, o será un commodity, estandarizado y concentrado”, señala el documento entregado al gobernador. 

Sostienen que la desregulación llegó para romper el equilibrio en una cadena -no exenta de problemas- y dejó desprotegidos a miles de productores, muchos de los cuáles hicieron campaña para el Presidente y hoy piden auxilio al Gobierno –al Estado– provincial para conseguir un precio más justo por la hoja verde. 

En esa búsqueda presentarán en las próximas horas una nueva demanda ante la Justicia federal con la tésis de que la desregulación en la práctica significó una regulación que benefició a un sector de la cadena, el industrial, en un proceso mucho más acelerado que en los 90 y dejó al resto sobreviviendo con precios de miseria. 

El Instituto Nacional de la Yerba Mate rechazó sugerir un precio de referencia para la hoja verde con un argumento -aunque suene a paradoja- que fortalece la posición de los productores: el dictamen de la mayoría de los directores admite que tras el DNU 70/2023, el organismo dejó de tener como objetivo la “sustentabilidad de la cadena” y pasó a enfocarse en “proteger el carácter competitivo de la industria”, eliminando además la facultad de acordar precios entre los distintos sectores. Con esa premisa, dictar normas o establecer intervenciones que provoquen “distorsiones en los precios de mercado o interfieran en la libre interacción entre oferta y demanda”, incluso un precio “indicativo” podría funcionar como señal de mercado equivalente a “concertar directa o indirectamente el precio de venta o compra”. 

La línea que intentará torcer el rumbo yerbatero señala que el DNU de Milei transformó la naturaleza jurídica del INYM y lo convirtió en un “apéndice de la industria”, para garantizar su rentabilidad. “Queda de lado la competitividad del sector productivo y se enfocan solo en la industria. Es una desviación de poder. No había ni necesidad ni urgencia para el DNU, todos los datos del sector eran positivos”, explica el abogado Federico Padolsky, quien diseñó la nueva estrategia que se presentará en las próximas horas.

El documento de 128 páginas promete varios puntos demoledores en contra de la desregulación.  Los productores argumentan que hasta entonces, el mercado funcionaba, con márgenes de rentabilidad para cada eslabón y un precio que permitía sostener la actividad. Eso desapareció para el productor, pero incluso la industria reconoce que con los costos que se dispararon en paralelo, sus propios márgenes quedaron más estrechos. La exportación récord, que sobredimensiona el Gobierno nacional, no alcanza a toda la cadena y unas pocas marcas son las que explican la mayoría de los envíos al exterior.

Hasta las cooperativas, que bregan por el bienestar de sus socios, reconocen que lo que pagan no cubre los costos –Piporé ofrece 450, Las Tunas 380, Cooperativa El Colono de Campo Ramón 400-. Pero el costo está en 391 pesos, lo que, con un margen de rentabilidad mínimo, elevaría el precio de la hoja a 508 pesos.

Ese piso está apenas por encima de lo que el gobernador Hugo Passalacqua reclamaba el año pasado -505 pesos-, como él mismo le recordó a un productor que fue a pedirle ayuda en un acto en Campo Grande. “Mi compromiso es total”, aseguró Passalacqua después de recibir a productores y la Federación de Cooperativas y confirmar el respaldo de la Provincia a un nuevo capítulo jurídico para tratar de anular los efectos del DNU presidencial.