La nueva medición del Monitor de Opinión Pública exhibe una clara sintonía entre los temas en debate legislativo y la opinión pública. El 64,2% se muestra a favor de bajar la edad de imputabilidad a 13/14 años, mientras que el 48,6% respalda la reforma laboral actualmente en discusión. En ese contexto, el Gobierno nacional logra apropiarse de la agenda pública y convertirla en capital político, algo que se refleja en la imagen positiva de Javier Milei, que alcanza el 47%, en un escenario de fuerte polarización.
La demanda de bajar la edad de imputabilidad no se explica únicamente por la agenda de seguridad, sino por el clima general que refleja el MOP. La situación económica aparece como el principal problema del país y el 46,8% evalúa negativamente el rumbo nacional. En ese marco de malestar, crece la expectativa de respuestas firmes y decisiones concretas. La discusión penal se inscribe en esa lógica: cuando la percepción de fragilidad aumenta, la tolerancia social disminuye y el reclamo de orden se vuelve transversal.
La encuesta también muestra que el desempleo figura entre las principales preocupaciones y que el 41,9% atravesó la pérdida de trabajo propia o en su entorno cercano durante el último año. A esto se suma que el 76,1% considera que su salario no le gana a la inflación. Este escenario de inestabilidad económica y deterioro del poder adquisitivo impulsa la búsqueda de cambios estructurales, particularmente en el mercado laboral, donde casi la mitad de la sociedad se muestra dispuesta a respaldar modificaciones de fondo.
En una economía con altos niveles de informalidad y condiciones laborales frágiles, se consolida además un fuerte desgaste de los actores sindicales tradicionales. El MOP de noviembre ya había registrado una mala imagen de los gremios, con alrededor del 65% de evaluación negativa. A ello se sumó el amplio respaldo social a la eliminación de las cuotas sindicales obligatorias, aunque finalmente el Gobierno y la CGT acordaron mantenerlas. Ese contraste expone una brecha entre la dirigencia sindical y el humor social: mientras las cúpulas gremiales resisten cambios y defienden estructuras de financiamiento propias, una parte significativa del electorado cuestiona su representatividad y su capacidad real de mejorar las condiciones laborales.
En este marco, la reforma laboral no es leída exclusivamente en clave ideológica, sino como una posible ruptura con un sindicalismo percibido como corporativo y desconectado de los trabajadores más vulnerables, especialmente los informales y precarizados. La resistencia de la CGT, lejos de generar un respaldo automático, se enfrenta a una opinión pública que muestra fatiga frente a un modelo sindical que no logra revertir ni la informalidad ni la pérdida del poder adquisitivo.
Con ambos proyectos ya con media sanción en la Cámara de Diputados, la agenda legislativa se consolida como uno de los ejes centrales en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo. La combinación entre demanda de orden en materia penal y disposición a discutir reformas laborales configura un escenario en el que el Congreso debate iniciativas que cuentan con respaldo social significativo y que pueden redefinir el equilibrio político en el inicio del nuevo período legislativo.
Consultados sobre los cambios ocurridos durante febrero, tras la salida del director del INDEC, Marcos Lavagna, se observa una posición mayoritariamente negativa en la opinión pública. Predomina la lectura de que se trata de una intervención sobre un organismo que funciona como el “termómetro” de lo que ocurre con los precios y, por lo tanto, como un pilar de credibilidad institucional en un tema sensible para la vida cotidiana.
Ante la pregunta sobre si están de acuerdo con la intervención del Poder Ejecutivo en las decisiones del INDEC, el 59,3% se mostró en contra, mientras que solo el 17,9% se manifestó a favor. Ese rechazo convive con otro dato igual de relevante, porque también se ve afectada la confianza en las estadísticas oficiales. En febrero, vuelve a crecer la desconfianza y más del 60% afirma que el dato de inflación publicado no refleja lo que percibe en la vida cotidiana, una brecha persistente entre el número oficial y la experiencia real de precios.
La paradoja es contundente y marca un límite institucional. Una enorme mayoría no cree en el dato, pero casi esa misma mayoría tampoco avala que el Poder Ejecutivo intervenga el organismo para modificar qué se mide o cómo se mide. En términos políticos, el mensaje no es “ajusten el número”, sino “no capturen el termómetro”. Es un reclamo de independencia que remite a antecedentes de otras etapas, cuando intervenciones sobre la metodología y la canasta generaron cuestionamientos dentro y fuera del país. Esa memoria social quedó instalada y cualquier movimiento que se parezca activa, de inmediato, las luces de alarma.
Imágenes Políticas
En febrero, la imagen del presidente de la Nación, Javier Milei, muestra una mejora respecto a enero y, por primera vez desde julio de 2025, pasa a exhibir un diferencial positivo de poco más de un punto porcentual. Alcanza 47% de imagen positiva y 45,9% de imagen negativa. Este movimiento lo vuelve a colocar en el centro del debate público, en un contexto marcado por cambios estructurales y discusiones intensas sobre reglas establecidas, mientras la oposición política todavía no logra consolidar figuras con peso suficiente para disputar agenda ni instalar propuestas superadoras con llegada social.
Esa dinámica de polarización también se refleja en la evaluación de gestión. La aprobación alcanza valores muy similares a los de su imagen: 44,4% aprueba la gestión y 45% la desaprueba, configurando un escenario de paridad que sugiere un país dividido, con márgenes estrechos y alta sensibilidad a la evolución de la agenda política y económica.
En contraste, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, continúa en descenso y alcanza el mínimo de la serie analizada. Su imagen positiva se ubica en 30,6%, mientras que la negativa trepa a 61,6%. El dato no solo describe un desgaste personal, sino también un problema político más amplio para la oposición, que todavía no logra consolidar un liderazgo capaz de disputarle a Javier Milei el centro de la escena con un discurso competitivo y propuestas de cambio con llegada social.
En términos de clima de época, Kicillof aparece asociado a un modelo político que una parte importante del electorado percibe como “pasado”, especialmente en un contexto donde crecen demandas de cambios en normas e instituciones. Debates internos como la presidencia del PJ bonaerense o del PJ nacional operan como discusiones de microclima partidario, alejadas de los temas que hoy dominan la agenda social. Esa desconexión termina amplificando la distancia con las preocupaciones cotidianas y profundiza la dificultad de la oposición para ordenar una alternativa que interpele a una sociedad que, según este propio estudio, expresa malestar y pide definiciones.
Sobre el estudio
Los datos surgen del Monitor de Opinión Pública (MOP), un estudio desarrollado desde Zentrix Consultora con el propósito de relevar percepciones políticas y económicas de la población residente en Argentina. El relevamiento, correspondiente a la medición de enero, incluyó 1.002 casos válidos con cobertura nacional y fue realizado mediante un diseño muestral ponderado por región y edad según el último padrón electoral. La recolección de datos se efectuó a través de un cuestionario autoadministrado en línea (Google Forms), con difusión controlada y posterior depuración de duplicados y registros inválidos. Se aplicaron mecanismos de validación mediante variables externas (como el voto declarado en el balotaje 2023 y octubre 2025), y los resultados fueron ajustados para garantizar representatividad nacional. Bajo estas condiciones, el margen de error teórico se estima en ±3,09%, con un nivel de confianza del 95%. Los resultados no deben extrapolarse a niveles subnacionales sin la debida cautela metodológica.
