pobreza Argentina

El umbral de la pobreza se mide en $1,56 millones, la Canasta Básica Total subió 19,6% en siete meses

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El dato más visible del informe publicado este jueves por el INDEC es contundente: una familia de cuatro integrantes necesitó $1.564.715,90 en julio para superar la línea de pobreza. El umbral aumentó 2,2% respecto de junio, acumuló una suba de 19,6% desde diciembre y avanzó 36,1% en términos interanuales. Pero detrás de esos porcentajes hay una dinámica más compleja: el costo de la canasta básica total continúa aumentando, aunque lo hace a un ritmo mensual considerablemente menor que al comienzo del año.

La comparación mensual permite observar con mayor claridad esa desaceleración. La Canasta Básica Total para el hogar de referencia aumentó 3,9% en enero, 2,7% en febrero, 2,6% en marzo, 2,5% en abril, 2% en mayo, 2,2% en junio y 2,2% en julio. El movimiento es relevante: el incremento mensual se redujo casi a la mitad respecto de enero, pero el menor ritmo de crecimiento no significó una reducción del costo de la canasta. En términos nominales, el umbral siguió subiendo todos los meses.

El resultado acumulado muestra la otra cara de esa desaceleración. Entre enero y julio, el costo necesario para que ese hogar supere la línea de pobreza pasó de $1.430.735,12 a $1.564.715,90. Son $133.980,78 adicionales en seis meses, equivalentes a un aumento de aproximadamente 9,4% desde enero. La cifra permite dimensionar que una desaceleración de la variación mensual no implica necesariamente una mejora inmediata del poder adquisitivo: el nivel de precios alcanzado permanece incorporado en la nueva base.

Hay además una señal relevante en la composición del aumento. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 37,4% interanual, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) lo hizo 36,1%. La diferencia de 1,3 puntos porcentuales indica que el componente alimentario tuvo una dinámica de precios ligeramente superior al conjunto de bienes y servicios adicionales que integran la CBT. En julio, la CBA aumentó 2,6% mensual, frente al 2,2% de la CBT.

La diferencia no es menor desde una perspectiva social. La CBA representa el piso alimentario: su composición responde a requerimientos kilocalóricos y proteicos considerados imprescindibles para un adulto equivalente y utiliza hábitos de consumo derivados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. La CBT, en cambio, incorpora a esa estructura los bienes y servicios no alimentarios mediante el coeficiente de Engel. Por lo tanto, cuando la CBA crece más que la CBT, la presión relativa se concentra en una de las partidas más difíciles de postergar para los hogares de menores ingresos: la alimentación.

El dato acumulado también permite poner en perspectiva la evolución de los últimos meses. La CBT aumentó 19,6% entre diciembre de 2025 y julio de 2026, mientras que en el mismo período la CBA avanzó 20,1%. Es decir, en lo que va del año el costo de los alimentos incluidos en la canasta creció 0,5 puntos porcentuales más que el conjunto de la canasta utilizada para establecer la línea de pobreza.

Esto introduce un matiz importante frente a una lectura superficial del 36,1% interanual. El indicador no significa que todos los hogares hayan gastado exactamente esa proporción más que hace un año ni que una familia necesite necesariamente $1,56 millones para vivir. El valor representa un umbral estadístico construido para una composición familiar determinada. En el caso informado por el INDEC, se trata de un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años, que en conjunto equivalen a 3,09 adultos equivalentes.

Esa metodología explica por qué el número cambia de acuerdo con la composición del hogar. Para una familia de tres integrantes, el INDEC calculó una CBT de $1.245.696,15; para el hogar de cuatro integrantes, $1.564.715,90; y para el hogar de cinco integrantes, $1.645.736,79. Por eso, extrapolar mecánicamente el dato de $1,56 millones a cualquier familia sería metodológicamente incorrecto. El indicador mide el costo de una canasta determinada para un hogar determinado.

La lectura más relevante para el debate económico aparece entonces en la relación entre desaceleración y nivel de precios. El hecho de que la CBT haya pasado de aumentos mensuales cercanos al 4% en enero a una variación del 2,2% en julio es consistente con una menor velocidad de incremento. Pero, al mismo tiempo, la canasta acumula casi 20% de aumento desde diciembre y todavía registra una variación interanual superior al 36%. En otras palabras, la velocidad del deterioro se moderó, pero el nivel de costos que enfrentan los hogares sigue siendo sustancialmente más elevado que un año atrás. Esta distinción resulta central para analizar ingresos y capacidad de compra.

El indicador también permite advertir que la discusión sobre pobreza no se agota en la inflación mensual. Para un hogar cuyos ingresos evolucionan por debajo de la CBT, incluso una inflación descendente puede mantener o ampliar la vulnerabilidad si los ingresos no recuperan el terreno perdido. A la inversa, si salarios, jubilaciones, transferencias y otros ingresos crecen por encima de la canasta, una desaceleración de los precios puede comenzar a traducirse en recuperación del poder adquisitivo. El informe del INDEC, por sí solo, no permite establecer cuál de esos escenarios está ocurriendo para cada grupo de hogares, porque no mide ingresos: mide el costo de la canasta.

El dato de julio, por lo tanto, ofrece una fotografía precisa de dónde se encuentra el umbral, pero también deja planteada la pregunta económica de fondo: cuánto de los ingresos de los hogares logra acompañar la evolución de una canasta que aumentó 36,1% en doce meses y casi 20% en apenas siete meses de 2026. Esa relación entre precios, ingresos y capacidad de consumo es la que finalmente determinará si la desaceleración observada en la canasta se transforma en una mejora social concreta.

El informe corresponde a Gran Buenos Aires y fue publicado por el INDEC el 13 de agosto de 2026. La CBA se valoriza mensualmente con los precios relevados por el IPC-GBA, mientras que la CBT amplía la canasta alimentaria mediante la incorporación de bienes y servicios no alimentarios.

INDEC canasta básica_08_26 by CristianMilciades

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El consumo no despega: el 78% de los hogares todavía está por debajo del ingreso promedio nacional

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La mejora de las variables macroeconómicas todavía no consigue transformarse en una recuperación sólida del consumo masivo. Un relevamiento de la Fundación Encuentro, elaborado sobre estimaciones de la Consultora W, muestra que detrás de la aparente mejora de los ingresos existe una distribución que limita la capacidad de gasto de la mayoría de los hogares argentinos.

Durante el primer trimestre de 2026, el ingreso promedio de los hogares a nivel nacional alcanzó los $2.800.000 mensuales netos. Sin embargo, ese valor está lejos de representar la situación de la mayoría: apenas los hogares de clase alta y clase media alta se encuentran, en promedio, por encima de esa cifra. El 78% restante, correspondiente a los segmentos de clase media baja y clase baja, registra ingresos inferiores al promedio nacional.

La distribución permite dimensionar el problema. La clase alta representa el 5% de los hogares y tiene un ingreso promedio de $12,5 millones mensuales, mientras que la clase media alta, que concentra otro 17%, alcanza un promedio de $5,5 millones. En el extremo opuesto, la clase media baja representa el 26% de los hogares, con un ingreso promedio de $2,5 millones, mientras que la clase baja superior reúne al 31% y registra un promedio de $1,95 millones. Otro 21% de los hogares se encuentra en situación de pobreza, con un ingreso promedio estimado de $900.000.

El dato más relevante para entender la dinámica del consumo es precisamente esa distancia entre el promedio y la distribución. Solo los dos segmentos de mayores ingresos superan los $2,8 millones, mientras que el 78% de los hogares se encuentra por debajo de esa referencia. La propia Fundación Encuentro advierte que se trata de un patrón característico de las distribuciones de ingreso desiguales: una minoría con ingresos elevados empuja el promedio hacia arriba, haciendo que ese indicador pierda capacidad para describir la situación de la mayoría.

Esto ayuda a explicar por qué una desaceleración de la inflación y una recomposición de los salarios reales no necesariamente producen un rebote inmediato del consumo masivo. El problema no reside únicamente en la velocidad con la que evolucionan los precios o los salarios, sino en el punto de partida y en la distribución de los ingresos disponibles para gastar.

Los hogares de menores ingresos tienen, además, una característica decisiva para la economía real: concentran una mayor propensión al consumo. Es decir, una porción más elevada de cada peso adicional que reciben suele destinarse a bienes y servicios, mientras que los hogares de mayores ingresos cuentan con mayor capacidad para ahorrar o canalizar sus recursos hacia otros activos. Por eso, una mejora concentrada en los segmentos superiores puede mejorar determinados indicadores agregados sin generar el mismo impacto sobre supermercados, comercios, servicios y otros rubros asociados al consumo cotidiano.

El relevamiento señala que los ingresos de ese 78% de hogares están en recuperación, pero todavía no alcanzan para sostener un nivel de gasto comparable con el período previo a la crisis. En paralelo, los segmentos de clase alta y media alta muestran señales de normalización del consumo y dependen mucho menos de la evolución del ciclo salarial.

La consecuencia es una economía con dos velocidades. Por un lado, los hogares ubicados en los estratos superiores tienen margen para recomponer consumos postergados y aprovechar la estabilización de las variables macroeconómicas. Por otro, la mayoría todavía enfrenta una restricción presupuestaria que obliga a priorizar gastos esenciales y posterga decisiones de consumo que requieren mayor ingreso disponible.

El dato de pobreza vuelve todavía más concreta esa restricción. El 21% de los hogares se encuentra por debajo de la línea de pobreza estimada y registra un ingreso promedio de $900.000 mensuales. En este segmento, una mejora del salario real puede ser absorbida rápidamente por alimentos, vivienda, servicios y otros gastos indispensables, sin traducirse necesariamente en un aumento significativo del consumo discrecional.

Desde una perspectiva de política económica, el desafío que plantea el diagnóstico es pasar de una recuperación de los agregados macroeconómicos a una recuperación más extendida de los ingresos disponibles. La desaceleración de la inflación constituye una condición necesaria para recomponer el poder adquisitivo, pero el relevamiento muestra que no resulta suficiente por sí sola para reactivar el consumo masivo.

La variable decisiva será, entonces, cuánto de la mejora macroeconómica consigue convertirse en ingreso disponible para la mayoría de los hogares. Mientras el 78% permanezca por debajo del promedio nacional, la cifra de $2,8 millones seguirá describiendo mejor la posición de una minoría que la realidad económica de la mayoría de las familias.

En ese sentido, el problema del consumo no parece ser solamente de confianza o de expectativas. También es un problema de distribución del ingreso y de capacidad efectiva de compra. Para que el consumo masivo vuelva a funcionar como motor de la actividad, la recuperación deberá atravesar esa brecha: no alcanza con que mejore el promedio si la mayor parte de los hogares todavía no recuperó el ingreso necesario para gastar.

El Consumo No Repunta Pese a La Mejora Macroeconómica – Primer Trimestre 2026 by CristianMilciades

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Una familia tipo ya necesita más de $1,53 millones para no ser pobre: la canasta básica subió 35,7% en un año

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El costo de vida vinculado a los consumos esenciales continúa en ascenso, aunque a un ritmo menor que el registrado durante gran parte de 2024 y 2025. En junio, una familia tipo integrada por dos adultos y dos hijos necesitó $1.531.473 para no ser pobre, un incremento del 2,2% respecto de mayo y del 35,7% en comparación con igual mes del año pasado, según informó el INDEC.

La cifra surge de la actualización de la Canasta Básica Total (CBT), indicador que además de los alimentos incorpora bienes y servicios indispensables como transporte, indumentaria, salud, educación y vivienda. Su evolución constituye una referencia clave para empresas, negociaciones salariales y el diseño de políticas sociales, ya que determina el umbral estadístico para superar la línea de pobreza.

En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que fija la línea de indigencia— alcanzó los $689.853 para ese mismo hogar, tras registrar una suba mensual del 1,3% y un incremento interanual del 36,3%. Para un adulto equivalente, el costo mensual de la alimentación básica ascendió a $223.253, mientras que la canasta total llegó a $495.622.

Más allá del dato estadístico, las cifras reflejan un escenario de fuerte presión sobre los ingresos de los hogares. Aunque la variación mensual de la canasta alimentaria volvió a ubicarse por debajo de la de la canasta total, el encarecimiento de los servicios y de los componentes no alimentarios explica que el costo para no caer bajo la línea de pobreza haya crecido por encima del de los alimentos básicos.

Para el sector privado, especialmente en actividades intensivas en mano de obra, la evolución de la CBT constituye un indicador que trasciende el plano social. Su comportamiento suele influir en las discusiones paritarias, en la actualización de escalas salariales y en las proyecciones de consumo interno. En las economías regionales, donde una parte importante del empleo depende de actividades agroindustriales, forestales, comerciales y de servicios, la capacidad de compra de los hogares continúa siendo un factor determinante para la dinámica del mercado interno.

Los datos del primer semestre muestran, además, que la canasta básica total acumuló un incremento del 17% entre enero y junio, mientras que la alimentaria registró la misma variación en ese período. La convergencia entre ambos indicadores evidencia que, tras varios meses de desaceleración inflacionaria, los gastos esenciales mantienen una trayectoria ascendente, aunque con una velocidad considerablemente menor a la observada un año atrás.

El desafío hacia la segunda mitad del año será determinar si la desaceleración de la inflación logra consolidarse también en el costo de las canastas básicas. Para el Gobierno, una menor velocidad de crecimiento de estos indicadores fortalece la estrategia de estabilización. Para empresas y trabajadores, el foco seguirá puesto en la evolución del poder adquisitivo real, una variable que continúa condicionando el nivel de actividad y las decisiones de consumo.

Canasta 07 26 INDEC by CristianMilciades

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El INDEC informó que la canasta básica subió 1,1% en abril y una familia tipo necesitó casi $1,47 millones para no ser pobre

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La desaceleración de la inflación convivió con un nuevo aumento de las líneas de pobreza e indigencia. La Canasta Básica Total trepó 2,5% mensual y consolidó una suba interanual de 32,4%, en un escenario donde el consumo sigue bajo presión.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 1,1% en abril respecto de marzo, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) registró una suba de 2,5%. Con estos datos, una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó $1.469.786 para no caer bajo la línea de pobreza y $665.053 para cubrir únicamente los alimentos mínimos y no ser indigente.

La publicación se conoció en paralelo al dato de inflación de abril, que fue de 2,6%, y volvió a mostrar una desaceleración respecto de los meses previos. Sin embargo, la dinámica de las canastas sociales expone que el costo de sostener ingresos básicos continúa en niveles elevados, aun con menor presión inflacionaria.

Qué muestran las nuevas líneas de pobreza e indigencia

Según el organismo estadístico, la CBA acumuló una variación de 12,8% en lo que va de 2026 y de 32,4% en términos interanuales. La CBT, que incorpora además bienes y servicios no alimentarios, avanzó 12,3% en el año y también alcanzó un incremento interanual de 32,4%.

El informe detalla distintos escenarios familiares. En un hogar compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años, se necesitaron $529.460 para cubrir la canasta alimentaria y $1.170.106 para acceder a la canasta total.

En tanto, para un hogar integrado por un hombre y una mujer de 30 años con tres hijos pequeños, el umbral de indigencia ascendió a $699.490 y el de pobreza alcanzó los $1.545.872.

El INDEC recordó que la CBA se calcula tomando como referencia los requerimientos nutricionales mínimos de un adulto equivalente, mientras que la CBT amplía esa base incorporando gastos no alimentarios mediante el coeficiente de Engel.

La diferencia entre la inflación general de abril y la evolución de las canastas revela una tensión económica que el Gobierno sigue monitoreando: la baja del índice general no implica automáticamente una recuperación del poder de compra.

Mientras la CBA mostró una variación mensual más moderada, la CBT avanzó casi al mismo ritmo que el IPC. Eso significa que servicios, transporte, educación, indumentaria y otros consumos esenciales continúan presionando sobre los ingresos familiares.

El dato adquiere relevancia política porque las canastas funcionan como referencia directa para medir pobreza e indigencia. También son variables sensibles en negociaciones salariales, asistencia social y actualización de ingresos.

El frente social sigue siendo una variable crítica para el Gobierno

La administración nacional viene sosteniendo como eje central de su estrategia económica la desaceleración inflacionaria y el equilibrio fiscal. Sin embargo, los números del INDEC muestran que el proceso todavía convive con niveles altos de exigencia para los hogares urbanos.

La suba de la CBT por encima de la CBA también deja entrever que el peso de los servicios y consumos no alimentarios mantiene tensión sobre las economías familiares, aun cuando algunos alimentos desaceleraron sus aumentos.

En ese contexto, la evolución del consumo privado, los salarios y la capacidad de recuperación del mercado interno aparecen como variables centrales para los próximos meses.

La desaceleración de la inflación abrió una nueva etapa para la política económica, pero las cifras de pobreza e indigencia continúan condicionadas por el comportamiento de los ingresos reales y del consumo.

El mercado y el Gobierno seguirán de cerca si la baja del IPC logra consolidarse en los próximos meses y si eso se traduce efectivamente en una mejora del poder adquisitivo. También habrá atención sobre el impacto de tarifas, salarios y actividad económica en la evolución futura de las canastas básicas.

canasta_05_26 INDEC by CristianMilciades

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Capital Humano relevó 9.421 personas en situación de calle y busca ordenar la política social a nivel federal

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El Ministerio de Capital Humano informó que un total de 9.421 personas se encuentran en situación de calle en 19 provincias del país, según el primer relevamiento nacional realizado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. El estudio, basado en 7.894 entrevistas, marca un punto de inflexión en la construcción de datos oficiales sobre una problemática históricamente fragmentada.

El operativo incluyó registros en espacios públicos —calles, plazas y zonas urbanas— y en dispositivos de alojamiento como refugios o paradores. El dato central no solo cuantifica la población afectada, sino que instala una base de diagnóstico para el rediseño de políticas sociales en un esquema donde la Nación ya no ejecuta directamente la asistencia.

Un cambio de enfoque en la política social

El relevamiento se enmarca en la Ley 27.654, que establece la necesidad de contar con información federal sobre personas en situación de calle y en riesgo. Según lo informado, el objetivo es pasar de intervenciones reactivas a una planificación estructurada basada en evidencia.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que el proceso implicó coordinación con provincias y municipios, con criterios metodológicos unificados pero adaptados a cada territorio. La lectura oficial apunta a un “cambio de paradigma”: de la asistencia dispersa hacia una estrategia integral con base estadística.

En términos concretos, esto supone que el Estado nacional busca consolidar su rol como coordinador y generador de lineamientos, mientras que la implementación queda en manos de las jurisdicciones locales.

Qué muestran los datos

El informe revela una composición mayoritariamente masculina (83%), con un 17% de mujeres. El 92% de las personas relevadas son mayores de 18 años, mientras que un 6% corresponde a menores.

Uno de los datos más relevantes es la persistencia del fenómeno: el 32% lleva más de dos años en situación de calle. A su vez, el 90% cuenta con DNI, lo que indica que no se trata de una población fuera del sistema formal de identidad.

En el plano socioeconómico, el 53% realiza alguna actividad laboral y el 56% percibe transferencias sociales. Además, el 30% cuenta con ingresos previsionales. Estos indicadores reflejan una realidad más compleja que la exclusión absoluta: hay inserción parcial, pero insuficiente para sostener condiciones habitacionales.

La tensión de la descentralización

El relevamiento se da en un contexto donde el Gobierno nacional transfirió a las provincias la responsabilidad directa sobre la atención de personas en situación de calle, reservándose la definición de políticas generales.

Esta decisión redefine el equilibrio de poder en la política social: las provincias ganan protagonismo en la ejecución, pero dependen de lineamientos y eventualmente recursos que fija la Nación. La construcción de datos federales aparece, en ese marco, como una herramienta para ordenar esa relación.

Impacto económico y social

Aunque el informe no desarrolla variables macroeconómicas, los datos permiten inferir una relación directa con el mercado laboral y los ingresos. La presencia de empleo informal y transferencias sociales sugiere que la problemática no se explica únicamente por la falta de trabajo, sino por la insuficiencia de ingresos frente al costo de vida.

La prolongación de las trayectorias en situación de calle también implica mayores costos para el sistema público, tanto en salud como en asistencia social, lo que refuerza la necesidad de políticas preventivas.

Implicancias para Misiones y el NEA

Si bien el informe no desagrega datos por provincia, el hecho de que 19 jurisdicciones hayan participado abre la puerta a diagnósticos más precisos a nivel regional. Para provincias del NEA como Misiones, donde las políticas sociales tienen fuerte articulación local, contar con información sistematizada podría influir en la asignación de recursos y en la planificación territorial.

En ausencia de datos específicos, el impacto potencial radica en la posibilidad de integrar estas métricas en programas provinciales y municipales, especialmente en contextos urbanos donde la problemática tiende a concentrarse.

Un escenario abierto

El relevamiento establece una base inédita, pero deja abiertas variables clave: la evolución de la situación en el corto plazo, la capacidad de las provincias para responder a la demanda y el rol financiero que asumirá la Nación.

También queda por observar si esta nueva arquitectura —datos centralizados y ejecución descentralizada— logra traducirse en políticas efectivas o si profundiza las asimetrías territoriales.

Por ahora, el dato es contundente: más de 9.400 personas en situación de calle en el país. La respuesta, en adelante, dependerá de cómo se articule el poder político entre Nación y provincias.

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