Daniel Artana

Economista jefe de FIEL. Profesor en la UNLP y en la UTDT. Ph. D. in Economics UCLA

Optimismo financiero a un año de las elecciones

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La sucesión de superávits fiscales logrados parece ir despejando las dudas acerca de su sostenibilidad, al tiempo que la reciente mayor disponibilidad de divisas a través de distintas vías parece traer cierto alivio en materia de reservas. Sin embargo, la necesidad de continuar con su acumulación por parte del BCRA agita el debate sobre la existencia o no de atraso cambiario. El nivel de salarios en dólares sugiere que por el momento no habría atraso cambiario, aunque el margen se diluye rápido.

Un país con equilibrio fiscal no debería tener un riesgo país de cuatro dígitos, a menos que se piense que ese equilibrio no es sostenible o que, por falta de acceso al crédito, el soberano no podrá cumplir con el servicio de deuda.

La sucesión de superávits fiscales que ha logrado el gobierno nacional parece ir despejando las dudas acerca de su sostenibilidad. Subsiste el problema de la subestimación de los intereses que ocurre porque no se computan como tales los que surgen al colocar letras cupón cero a descuento.

El aumento de la deuda del Tesoro en pesos que ocurrió al reemplazar los pasivos remunerados del BCRA generó un incremento en el monto de intereses que se computa debajo de la línea y que podría alcanzar a 1% del PIB. En cualquier caso, el resultado fiscal obtenido es más que satisfactorio y además se percibe la decisión del gobierno de seguir achicando gastos e ineficiencias.

Aun cuando haya superávit, hay quienes dudan de que el gobierno pueda convertir los pesos a dólares. Las reservas netas son negativas y no hay acceso a nuevos créditos en el mercado internacional de capitales. En verdad, se duda de la decisión de cualquier gobierno de dejar que la economía entre en recesión y que ello aumente el superávit comercial; antes es posible que las autoridades decidan incumplir con los pagos de deuda.

La compra de reservas del BCRA durante el mes de octubre reduce algo esas dudas. Y a ello se suma que parecería que, finalmente, se van a concretar REPOS por una suma que permitiría asegurar los pagos de capital del año próximo a los inversores privados. Además, es posible que los multilaterales (excluyendo al FMI) hagan desembolsos netos positivos durante 2025, lo cual depende, entre otras cosas, de la capacidad del gobierno de concretar a tiempo los gastos que financian algunos de esos préstamos.

También ayudó que el tramo local del blanqueo haya sido exitoso (podría acercarse a los US$ 20.000 millones). Un 60% del aumento final en los depósitos en dólares se debe encajar en el BCRA, lo que aumentará las reservas brutas, pero el 40% restante se puede prestar básicamente a exportadores. Estos habitualmente liquidan las divisas que reciben para hacerse de pesos y eso puede explicar, al menos, parte de la compra de dólares del mes de octubre. De todas maneras, algo de ese financiamiento podría ser reemplazo de otro que se hubiera tomado en el mercado internacional.

En ese contexto, hay quienes dudan de si hay atraso cambiario. Con reservas netas negativas, es obvio que el BCRA debería acumular reservas y ello requiere un tipo de cambio más alto que en el caso en que esto no fuera necesario. Además, por un lado, está el shock negativo sufrido en los precios de exportación (que se habría detenido) y, por otro, algo de alivio climático y las buenas noticias que brinda cada mes el sector energético.

Las comparaciones históricas aportan una referencia. Cuando se pone el foco en el tipo de cambio real multilateral, la tesis de que hay atraso cambiario cobra más fuerza. Sin embargo, al analizar la evolución de salarios privados en dólares constantes (ajustados por el IPC americano), la conclusión es otra. Si bien es cierto que hay que ajustar las series por productividad, la caída en la misma, al menos en los últimos años, no es tan pronunciada como para invalidar que los salarios lucen todavía bajos, al menos en comparación con los US$1.500 por mes de la Convertibilidad y los algo más de US$ 2.000 por mes de finales de 2015.

En cualquier caso, ese margen se evaporará rápido si los aumentos salariales en dólares siguen “navegando” al 2% por mes. Con la alta informalidad laboral, habría sido preferible transitar el periodo que va desde una economía de capitalismo prebendario a una orientada por el mercado a un ritmo menor de apreciación cambiaria. La necesaria desregulación de la economía va a ayudar a rebajar costos, pero ello a veces demora en materializarse.

En el frente tributario, la urgencia fiscal no da margen para avanzar más allá de la eliminación del impuesto PAÍS que ocurrirá a finales de año. Sí es posible reemplazar impuestos muy malos por otros menos malos, pero ello presenta algunas dificultades de “economía política”. Los impuestos peores, en general, son poco visibles y muchos de ellos son recaudados por los gobiernos subnacionales. Sí sería posible aumentar el porcentaje que se puede descontar de otros impuestos (un ejemplo es el gravamen sobre las transacciones financieras).

En resumen, los indicadores financieros, con la menor brecha y riesgo país desde que asumió el gobierno, dan un margen importante para empezar a transitar el año electoral, pero subsisten desafíos importantes que requieren que el gobierno mantenga el ritmo de avance en las reformas estructurales.

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El presupuesto 2025

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La subestimación de la inflación proyectada con la que se elaboró el presupuesto ayudará a lograr un nuevo superávit en 2025 sin recurrir a la regla fiscal. Sin embargo, el gobierno necesitará de financiamiento para compensar un menor superávit externo al previsto. Hay opciones, pero algunas de ellas implican costos políticos importantes.

El gobierno presentó en tiempo el presupuesto para el año 2025. La proyección es que se mantendrá el superávit financiero el año próximo, con ingresos algo superiores a los de 2024 medidos en porcentaje del PIB y gastos similares. Como la economía se proyecta que crezca 5% en términos reales, se prevé que ingresos y egresos aumenten por encima de la tasa de inflación en algo más del crecimiento proyectado.

Las proyecciones de ingresos prevén reemplazar el impuesto PAIS, que aportaría 1.1% del PIB en 2024, por un aumento en la recaudación del impuesto a las ganancias -que parece factible, luego de la reducción aprobada en el mínimo no imponible-, mayores recursos por impuesto a los combustibles, lo que requiere aumentos del gravamen unitario bastante por encima de la tasa de inflación, y aumentos algo optimistas en la recaudación de derechos de exportación y de los recursos de la seguridad social.

Sin embargo, como el gobierno es demasiado optimista con la inflación proyectada para 2024 y para 2025, la recaudación en pesos nominales se logrará y el superávit se obtendrá por una reducción de los gastos que no tienen ajuste automático por inflación. No parece que sea necesario recurrir a la regla fiscal.

De todas maneras, el diseño de la regla fiscal no es bueno porque, apartándose de la práctica más reciente a nivel internacional, no se protege a los gastos de capital ante un faltante de ingresos y, además, porque se trata de una regla procíclica: una causa habitual de los menores recursos a los esperados es un bajo crecimiento de la economía; un ajuste fiscal en ese contexto probablemente agrave la caída.

En los egresos se mantiene la reducción en las partidas lograda en 2024, que sumó alrededor de 5% del PIB.

Hay alguna reasignación hacia jubilaciones y gastos en personal que se espera compensar con una baja adicional en el déficit de las empresas públicas. El subregistro de los intereses capitalizables sería inferior al superávit proyectado con lo cual se prevé mantener un superávit genuino.

En las cuentas externas, se prevé en el presupuesto un superávit en el comercio de bienes y servicios del orden de US$ 20.700 millones. Con precios internacionales que no recuperen lo previsto por el gobierno y la respuesta natural de las importaciones a la recuperación de la actividad, el resultado sería entre US$ 8.000 y 10.000 millones menor. Para compensarlo, el gobierno necesita financiamiento externo.

El blanqueo, que parece será bastante exitoso, genera reservas brutas en la medida en que el dinero blanqueado termine en depósitos en los bancos, pero no reservas netas. En otras palabras, el BCRA puede utilizar la liquidez en forma temporal pero no es una solución estructural.

La segunda opción es el RIGI, pero su efecto pleno se vería recién en 2026 y, además, el efecto neto para la economía será menor a los montos de inversión brutos en la medida en que una parte de esa inversión sea en bienes de capital no fabricados en el país.

La tercera opción son los Repos, que probablemente sean de un monto mayor a lo previsto en los medios (del orden de US$ 3.000 millones). Luego aparecen opciones con costo político. Se podría eliminar parcial o totalmente el dólar blend que hoy gozan los exportadores, pero ello requeriría una compensación vía depreciación del tipo de cambio oficial que afectaría los índices de inflación por la necesidad de ajustar precios de la energía. Además, aumentaría la brecha cambiaria que también contamina los precios y afecta negativamente expectativas.

Finalmente, está la opción de recurrir al FMI, lo que requeriría de un nuevo acuerdo, o de lograr algún préstamo bilateral.

Puede concluirse que el gobierno tiene opciones para resolver el problema externo del año próximo, pero algunas de ellas implican costos políticos importantes.

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Avances estructurales y dudas cambiarias

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El gobierno ha dado varios pasos en implementar algunas reformas estructurales orientadas a reducir el costo para el sector privado; entre ellas, la rebaja en el impuesto PAIS. Estos avances son importantes para el futuro de la economía local. Sin embargo, subsisten dudas por el financiamiento externo hasta que las reformas se traduzcan en mayores inversiones y exportaciones.

El gobierno ha dado pasos importantes en algunas reformas estructurales que tienen como objetivo reducir los costos del sector privado. Dentro de las más importantes se pueden señalar: a) la eliminación de algunas trabas para-arancelarias que encarecían las importaciones por encima del arancel externo común, el derecho de estadística y el impuesto PAÍS, b) la simplificación de varios trámites administrativos, c) la reducción de alrededor de 20.000 empleados estatales y la propuesta de mejorar la carrera administrativa, d) la eliminación de pseudo impuestos que encarecían algunas actividades y que financiaban a algunos grupos de presión (por ejemplo, SADAIC), e) la reducción en los cargos que agravaban la indemnización por despido, f) la rebaja del impuesto PAÍS para las importaciones de bienes, del 17.5% al 7.5%.

Sobre esta última medida, debe señalarse que el impuesto PAÍS genera más distorsiones que otros gravámenes. Es una protección adicional que se agrega a una estructura arancelaria con niveles medios muy elevados y que, por lo tanto, tiene un sesgo antiexportador importante: los precios de venta al mercado interno de un productor nacional resultan muy superiores a los que obtiene si exporta y, además, se encarecen los insumos que utiliza quien vende al exterior.

El gobierno decidió reducir este impuesto sin compensar su efecto con una depreciación adicional en el tipo de cambio oficial. Esto debería producir alguna disminución en el nivel general de precios (no en la tasa de variación de cada mes, luego de computarse el efecto inicial). Pero el efecto puede demorar algún tiempo en concretarse.

Aún en mercados competitivos, como es el caso del mercado de combustibles de Estados Unidos, existen estudios que muestran una respuesta asimétrica a los cambios en el precio del petróleo (insumo principal), más rápida en las subas. Esto se ha explicado por la demora que pueden tener las estaciones de servicio en vender los stocks comprados al precio viejo. En un mercado de productos no homogéneos, ese mayor precio transitorio no resulta en una pérdida de volúmenes importante, aun cuando algunos competidores reaccionen más rápido que otros.

Un cambio en el precio de un insumo tendría un efecto inmediato en los precios en mercados contestables. Pero, en la práctica, las presiones competitivas tienen efecto a lo largo de varios meses sin que ello genere una intervención de las oficinas de defensa de la competencia.

En el mismo sentido, la literatura sugiere que los cambios en la tasa del IVA se trasladan al precio final en forma más rápida, pero no necesariamente se observa siempre un passthrough total.

Esta respuesta esperada contrasta con las urgencias de la macro argentina. De todas maneras, la reducción de este impuesto es una medida que tendrá un efecto positivo en el mediano plazo. Sí es más relevante analizar su impacto en los ingresos del gobierno por este tributo, que se reducirán casi un 60%. El gobierno es consciente de la dificultad de prorrogar este gravamen para 2025, dado que, en el mejor de los casos, se debería compartir su producido con las provincias. Parecería que se confía en compensar su reducción / eliminación por medio de la reversión en la baja del impuesto a las ganancias de las personas físicas, el adelanto en el pago del impuesto a los bienes personales para asegurar la tasa y la base imponible, el blanqueo y la moratoria, y la recuperación en la actividad económica. Eventualmente, será necesario reducir algún gasto en forma adicional.

En ese contexto, cobra relevancia la votación en el Congreso del aumento en las jubilaciones sin su correspondiente financiamiento. Los gastos en jubilación aumentarían por tres motivos: un incremento general de casi el 8%, un seguro de que la jubilación mínima sea algo mayor que el costo de la canasta alimentaria y un ajuste anual por la mitad de la diferencia entre la variación en los salarios y el IPC, que opera solamente si los salarios mejoran en términos reales.

El impacto es significativo y no puede compensarse con lo actualmente gastado en el bono de 70.000 pesos, que se agrega a la jubilación mínima, porque operaría el límite del costo de la canasta básica. Tampoco ello garantiza que no habrá más juicios, porque los que litigan son, en general, los de jubilaciones más altas, que sólo recibirían la compensación (muy parcial) del 8%.

El argumento de que hay recursos que se gastan en otras prioridades, como el presupuesto adicional para la SIDE o la rebaja en la alícuota del impuesto a los bienes personales, no resiste una comparación numérica: el mayor gasto previsional de cada año supera con creces a esas eventuales fuentes de recursos.

El mercado cambiario

A pesar de que el BCRA volvió a comprar reservas en el mes de agosto, las dudas hacia adelante persisten y son importantes. Es posible que se hayan postergado algunas operaciones a la espera de la reducción en el impuesto PAÍS y, además, el nuevo calendario de pago de importaciones hace que, en los próximos tres meses, los pagos sean mayores a las compras devengadas.

El gobierno parece apostar al blanqueo y al RIGI y eventualmente a cerrar el faltante con REPOS. En el caso del blanqueo, sólo la multa puede aportar algunas divisas al Tesoro, pero los montos que se depositen en las cuentas especiales aportan reservas brutas (por los encajes), pero no netas. El blanqueo sí puede ayudar a mejorar la actividad económica o el precio de algunos activos financieros.

El RIGI puede destrabar algunos proyectos importantes, pero el ingreso de divisas se empezaría a dar recién el año próximo por la demora que existe entre el momento de aprobación por parte del gobierno y la concreción de las inversiones. No ha habido más precisiones sobre los REPO desde su anuncio.

Además, la economía está sufriendo un shock negativo importante en los precios de exportación de las commodities agrícolas que, a los valores actuales, no puede ser compensado por la mejora prevista en el saldo comercial de energía y minería.

Como última instancia, aparece un nuevo programa con el FMI que, seguramente, requerirá una eliminación del blend para exportar y del impuesto PAÍS.

En resumen, los avances en reformas estructurales son muy importantes para el futuro de la economía, pero subsisten dudas acerca del financiamiento hasta que esas reformas resulten en mayores inversiones y exportaciones.



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Prendiendo velas al blanqueo de capitales

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Aparecen algunos tibios indicios de recuperación económica, pero también un riesgo
asociado al deterioro en los indicadores financieros. Ante ello, se anuncian medidas de
control monetario y flexibilización del cepo. Estas medidas parecen intentar establecer un
puente hasta que empiecen a ingresar divisas por el blanqueo o el RIGI.

Los datos que se van conociendo del segundo trimestre del año muestran algunos indicios de que la economía está rebotando desde los mínimos observados en el primer cuarto. El cuadro adjunto resume -con indicadores ajustados por estacionalidad- los cambios observados en diversas variables desde diciembre de 2023 y desde diciembre de 2022. Por ejemplo, el estimador mensual del PIB del mes de mayo recuperó lo perdido entre diciembre y abril gracias a la recuperación de la cosecha y el buen desempeño de la producción petrolera, pero todavía se ubica 5% por debajo del nivel de fines de 2022. En el caso de los sectores de la construcción y la industria manufacturera, la caída acumulada desde 2022 es muy importante y, en mayo, todavía la actividad se ubicaba 22% y 5% por debajo de lo observado a finales de 2023, respectivamente.

Con respecto a los salarios, las dos estimaciones correspondientes a trabajadores del sector privado formal (el RIPTE y el IVS estimado por el INDEC) muestran una mejora real -ajustados por la inflación minorista- de 6% en lo que va de 2024, pero un nivel entre 10 y 15% más bajo si la comparación se hace con diciembre de 2022. Esa recuperación no se replica en los ingresos de los empleados públicos o de los trabajadores informales.

La baja en la tasa de inflación y mecanismos de ajuste que actúan con algún desfasaje sugieren que la mejora observada podría mantenerse en los meses de junio y julio. Algo parecido ocurre con las jubilaciones que, además, obtuvieron en el mes de abril una compensación parcial de 12.5% por la pérdida sufrida en los últimos años.

Esa mejora de ingresos debería traducirse en una recuperación modesta del consumo privado, pero aparece un riesgo asociado al deterioro en los indicadores financieros que se dio desde abril en adelante. La reacción del gobierno fue anunciar la fase 2 del programa que procura cerrar todas las fuentes de emisión, informando que se esterilizará la emisión de pesos por la compra de dólares en el mercado oficial vendiendo divisas en el Contado con Liquidación.

Más allá del impacto monetario de la medida, el BCRA utilizará una parte de las divisas que podía acumular en sus reservas para reducir la brecha cambiaria. El efecto en los mercados fue el esperado: se redujo algo la brecha y aumentó el riesgo país (los dólares que se vendan en el CCL no estarán disponibles para pagar la deuda).

También la autoridad monetaria anunció algunas medidas de flexibilización del cepo. La más importante es que las importaciones podrán pagarse con divisas adquiridas en el mercado oficial a plazos más cortos y que los exportadores de servicios podrán retener el doble de divisas sin necesidad de venderlas al oficial. Ambas medidas también deberían reducir la brecha cambiaria al disminuir la demanda de dólares para pagar importaciones de aquellas empresas que no pudieran financiarse al plazo impuesto por el BCRA y permitirles a los exportadores de servicios contar con más dólares de libre disponibilidad. Pero ello resultará en un menor ritmo de acumulación de reservas.

Las medidas anunciadas parecen intentar establecer un puente hasta que empiecen a ingresar divisas por el blanqueo o el RIGI. En el segundo caso, la demora en reglamentar la ley y los tiempos que insume presentar los informes técnicos requeridos más ejecutar las inversiones sugieren que no habrá un ingreso significativo de dólares en lo que resta del año.

En el caso del blanqueo, es más difícil hacer una estimación, pero luego de cuatro años de regulaciones e impuestos intrusivos y excesivos debería haber fondos que quieran volver al circuito legal. En todo caso, habrá que ver qué porcentaje de esos fondos se reingresa al país.

Además de ello, el gobierno ha anunciado que para levantar el cepo cambiario espera a que la tasa de inflación mensual sea muy baja. Eso puede llevar varios meses desde los niveles actuales del orden del 4% y, por eso, medidas que avancen parcialmente en la dirección correcta son bi-
envenidas.

En el interín, el gobierno deberá ir mostrando cómo, sin un acceso fluido a los mercados de capitales, va a cumplir con los pagos de deuda del Tesoro y del BCRA en moneda extranjera del año 2025. Las opciones disponibles se pueden resumir en las siguientes:

  1. Obtener financiamiento a tasas más bajas que las que hoy rinden los títulos públicos, ofreciendo algún colateral como el oro o un sobreaforo de títulos.
  2. Acordar un nuevo programa con el FMI que aporte algunos fondos adicionales. Debe recordarse que las divisas que aporte el FMI no pueden utilizarse para pagar deuda con privados, pero como el dinero es, en alguna medida fungible, existe algún margen de flexibilidad.
  3. Unificar el tipo de cambio y que la eliminación de la brecha cambiaria aliente una mayor venta de divisas al BCRA. Esto requiere atender el problema del “passthrough” a precios, acotado para muchos bienes y servicios que ya contemplan el efecto del impuesto PAIS y del dólar blend para las exportaciones, pero no para la energía que en su mayoría se guía por el tipo de cambio oficial.

Parecería que el gobierno está evaluando acciones en los tres frentes mencionados hasta que se resuelva la incógnita de cuán exitoso será el blanqueo de capitales.

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Peores indicadores financieros,a pesar del avance de las reformas

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Un mini shock externo negativo, que afecta negativamente la disponibilidad de divisas, parece ser el responsable del deterioro en los indicadores financieros. Sería importante, además, que el gobierno avance en remover algunas de las distorsiones que genera el cepo cambiario vigente.

Entre los meses de abril y junio, se observó un deterioro en los indicadores financieros. Por ejemplo, el riesgo país promedio del mes aumentó algo más de 160 puntos básicos y la brecha entre el tipo de cambio oficial y el CCL se duplicó. Ello no se revirtió a pesar de la aprobación de la Ley de Bases. Si bien subsisten algunos temas políticos, como la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de un aumento adicional en las jubilaciones sin que quede claro cómo se financiaría, y algunos conflictos dentro del Poder Ejecutivo, parecería que los factores no económicos no tienen el peso suficiente para explicar tales resultados.

El desempeño fiscal tampoco ayuda a entender lo ocurrido. El gobierno logró un superávit en cada uno de los primeros meses del año y el ajuste parece depender cada vez menos de factores transitorios.

Debe mencionarse que los anuncios del inicio de la fase 2 del programa económico aumentan la exigencia sobre el Tesoro porque la decisión de terminar de traspasarle los pasivos remunerados del BCRA (alrededor de 18 billones de pesos) resultará en una mayor carga de intereses (o mayor incremento de la deuda, si se emiten letras/bonos a descuento). Sin embargo, la decisión de las autoridades permite que la tasa de política monetaria sea un instrumento algo mejor que en el pasado, ya que una eventual alza de la tasa no se reflejará en un aumento en los pagos inmediatos del BCRA.

Es cierto que, en la medida en que las tasas arbitren, los cambios en la tasa de interés se reflejarán, a la larga o a la corta, en la carga de intereses del Tesoro, pero en forma más pausada porque los vencimientos de deuda son a plazos mayores que los pases a un día. Entonces, ahora el gobierno tendría más grados de libertad para lograr que las tasas sean positivas en términos reales.

También hubo alguna mayor certeza de que un eventual aumento en la demanda real de dinero podría ser satisfecho con emisión vía compra de reservas. El límite sería la base amplia y, si se utilizara como referencia la de finales de junio, habría espacio suficiente para remonetizar la economía (la base amplia era en ese momento, aproximadamente, el doble de la base monetaria común).

Sin embargo, aparecen dos cuestiones relacionadas con el mercado de cambios. Se infiere de la lectura del Staff Report del FMI que, para los técnicos del organismo, el tipo de cambio real de finales de marzo era similar al que ellos estiman de equilibrio. Desde entonces, el tipo de cambio
real multilateral se apreció alrededor de 14%. Además, el BCRA dejó de acumular reservas en el mes de junio.

La liquidación de divisas del campo en los primeros cinco meses del año ha sido menor, en dólares ajustados por inflación americana, a la que se dio en años normales en el pasado, pero si bien se puede inferir que hay algo menos de volumen de lo normal, los precios más bajos explican buena parte de lo ocurrido. De hecho, desde diciembre de 2023 a junio de 2024, el precio en puertos argentinos de la soja y el maíz cayó alrededor de 12% en dólares. En ese mismo período, el Real de Brasil se depreció contra el dólar un 10% (Cuadro 1). Dos mini shocks externos negativos que se suman al efecto del clima más frío sobre las importaciones de energía apuntado por el gobierno. En otras palabras, factores ajenos a la voluntad de agentes económicos de la Argentina están influyendo negativamente en la disponibilidad de divisas.

En los anuncios del viernes 28 de junio también se mencionó que todavía no hay fecha para levantar el cepo.

Al igual que en el tema fiscal, sabemos cuál es el objetivo de largo plazo (equilibrio en las cuentas públicas y deshacerse del cepo), pero en el primer caso ha habido avances claros que se complementan con la ley de Bases que brinda nuevos instrumentos para continuar la tarea de
reducción del gasto.

En el tema cambiario se avanzó en limpiar stocks no deseados de deuda comercial heredados de la administración anterior, pero se generó una deuda nueva por el pago en cuatro cuotas de la mayor parte de las importaciones. En definitiva, no se ve con tanta claridad la hoja de ruta para
llegar al largo plazo.

Algunos de los temas que es necesario resolver parecen complejos. Por ejemplo, la remoción del impuesto PAIS tiene un costo fiscal, pero la ley de Bases permite al menos una compensación parcial. Pero si se remueve el blend 80/20 para los exportadores y el impuesto PAIS, ello equivaldría a una revaluación del tipo de cambio efectivo, a menos que se compensara con una depreciación del tipo de cambio oficial. Pero si ello ocurre, se incrementarían los costos de la energía y se requeriría una ronda adicional de aumentos tarifarios respecto de los estimados hasta hoy, si se quiere evitar una suba en los subsidios.

En cualquier caso, sería importante que el gobierno pueda avanzar en remover algunas de las distorsiones que genera el cepo actual, que no difiere mucho del heredado. Es más relevante que esos avances se concreten en las operaciones que traban el normal funcionamiento de las empresas (dividendos, pagos de importaciones) que en las que afectan a las personas.

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