Daniel Artana

Economista jefe de FIEL. Profesor en la UNLP y en la UTDT. Ph. D. in Economics UCLA

Con las manos atadas

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La depreciación de 11.8% en el tipo de cambio mayorista del mes de marzo, la inflación mayor a la esperada durante el primer trimestre del año y la publicación de las estadísticas de desempleo y pobreza han generado desazón. ¿Puede el gobierno hacer algo para cambiar este panorama? Lamentablemente, la respuesta es que puede hacer poco o nada.
Ejecutar una política fiscal anticíclica en un contexto de alta capacidad ociosa y elevado desempleo y subempleo podría ser efectivo. Pero para poder avanzar en ese sentido hace falta que alguien financie el déficit fiscal adicional. El financiamiento voluntario privado ha prácticamente desaparecido; sólo se cuenta con el que aportan los organismos multilaterales que está condicionado al programa fiscal acordado con el FMI. Este programa prevé dos casos en los cuales el compromiso de equilibrio primario para 2019 se puede relajar: un deterioro en las condiciones sociales que abre la puerta para un aumento en el gasto de 0.2% del PIB (que acaba de ser ampliado a 0.3%) y el avance en la ejecución de algunos proyectos de inversión pública con financiamiento internacional por otro 0.2% del PIB. Aún utilizando el margen de 0.5% del PIB, este año habrá un apretón fiscal significativo comparado con el déficit primario de 2018 de 2.4% del PIB.
Relajar la dureza monetaria corre el riesgo de impulsar el tipo de cambio al techo de la zona de no intervención (ZNI). Tampoco parece el camino adecuado para reducir la tasa de inflación. En el diseño del programa monetario, ese relajamiento podía venir si el tipo de cambio se ubicaba en el piso de la ZNI. Desde esta columna se argumentó que un piso más alto con una banda más estrecha habría sido mejor, pero no parece que haya mucho margen ahora para cambiarlos.
Dentro del rango de medidas heterodoxas, el gobierno podría impulsar el crédito al sector privado. Los anuncios de programas con tasas de interés subsidiadas para Pymes y jubilados van en ese sentido.
Finalmente, en el pasado, luego de fuertes depreciaciones de la moneda local, los ahorristas se han tentado de desprenderse de divisas para comprar bienes durables que redujeron su costo en dólares. Pero esta decisión también está afectada por la incertidumbre electoral. Hasta que no desaparezca el riesgo de una vuelta al populismo es difícil esperar que este desahorro sea importante. Otros factores externos ya están operando (mejora en la cosecha y en Brasil) o sufren de la misma demora en su ejecución (mayor financiamiento o inversiones externas).
Los datos de actividad sugieren que la economía habría dejado de caer y podría insinuar una tibia recuperación. El PIB mensual, la industria y la construcción relevados por INDEC, el índice Construya y el índice de producción industrial de FIEL todos muestran una recuperación en las series ajustadas por estacionalidad en los meses más recientes disponibles. La mejora en la cosecha ayudaría a consolidar esa mejora, pero la dureza fiscal y el aumento reciente en las tasas de interés actuarán en sentido contrario.
 
En la medida que se reduzca el riesgo de retornar a un experimento populista (agravado por la falta de recursos para distribuir) habría un alivio que debería traducirse en una caída del riesgo país. Así se capitalizaría, pero con demora, el avance en la disminución del desequilibrio fiscal y del déficit externo. De todas maneras, parece poco sostenible que la economía argentina pueda abandonar “el modo ajuste”. Aún a pesar del receso 2018-2019 y de la depreciación observada en el tipo de cambio real multilateral del orden de 30% respecto de finales de 2017, la cuenta corriente del balance de pagos sigue siendo deficitaria. Una mejora en el consumo sin mayor depreciación aumentaría ese desequilibrio y no es evidente de dónde saldría el financiamiento para hacerlo posible ni la capacidad de mantenerlo en el tiempo.
La Argentina necesita reformas estructurales que le permitan sostener el crecimiento aún en un contexto en el que no haya mucha suerte (en precios de exportación o crecimiento de nuestros socios comerciales). De esa manera se puede disparar el círculo virtuoso de mayores inversiones y exportaciones. La solvencia fiscal y la reducción de sobrecostos al sector privado son esenciales y no se lograrán con slogans de campaña.

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La hora de las reformas estructurales

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Durante el año próximo el debate se centrará en cuestiones coyunturales: si la economía se recuperará o no y qué forma tendrá esa recuperación (de U o de V), cuánto se sostendrá la mejora en las cuentas externas cuando la economía abandone la recesión, si la inflación bajará como está previsto en el presupuesto, si la incertidumbre electoral alentará una fuga importante de capitales, etcétera.
Nuestras proyecciones son que la economía tendrá una recuperación modesta a partir del segundo trimestre del año, que el superávit externo estará se acercará a los US$ 10.000 millones, que la inflación se reducirá por debajo del 30% anual, y que puede ocurrir una fuga de capitales importante durante el tercer trimestre de 2019, que el BCRA podrá controlar si logra aprovechar la abundancia de divisas del primer semestre para fortalecer su posición de reservas (lo cual requiere, además, que el Tesoro no venda los dólares que recibirá del FMI por encima de sus vencimientos en moneda extranjera).
En un año de elecciones es difícil avanzar en reformas estructurales, pero la agenda económica del futuro presidente deberá incluir varias.
Más allá de que al finalizar el mandato del Presidente Macri se habrá eliminado el déficit fiscal primario heredado de 4% del PIB, la Argentina sigue mostrando una vulnerabilidad en sus cuentas públicas nacionales. Por un lado, la depreciación de la moneda nacional y la acumulación de deuda pública que fue necesaria para financiar el gradualismo puso en evidencia que con un mercado de capitales doméstico pequeño no es obvio que habrá financiamiento voluntario para hacer frente a los vencimientos de capital e intereses.
Para lograr una trayectoria descendente del cociente deuda a PIB se requiere lograr un superávit primario del orden de 2.5% del PIB. Apostar a un menor esfuerzo fiscal suponiendo que o bien se apreciará el tipo de cambio real, o bien que la economía logrará crecer en forma sostenida a tasas cercanas al 4% al año es una jugada de alto riesgo y, en alguna medida, similar a la inacción fiscal de los dos primeros años de la gestión actual que implícitamente suponía que los problemas se arreglarían solos, gracias al crecimiento.
Ese mayor esfuerzo fiscal debe contemplar que se han comprometido reducciones de impuestos (de retenciones desde 2020 y las previstas en el acuerdo fiscal de finales de 2017, desde el año próximo) y que la inversión pública será ya muy baja. Ello requiere encarar reformas que permitan reducir el gasto corriente en forma sostenible. Urge avanzar en el campo previsional, reducir cualquier exceso de empleo público, acotar todavía más los subsidios al sector privado y transferir más servicios a las provincias.
Pero además de la mejora fiscal es necesario avanzar en reformas pro-crecimiento y pro empleo privado formal. La evidencia empírica muestra con claridad que el desarrollo requiere de un aumento en la inversión y del ahorro nacional y de un marco normativo que facilite las mejoras de productividad. Ello se logra con economías abiertas al comercio internacional (la Argentina, junto con Brasil, es una de las más cerradas del mundo), con mayor flexibilidad laboral para adecuarse más fácilmente a los desafíos que plantea la innovación, con mejoras en las instituciones, con mejoras en la cantidad y calidad de la infraestructura, con un aumento en el capital humano y con una política macroeconómica que reduzca la volatilidad de las variables principales de la economía (crecimiento, tipo de cambio real, etcétera).
Esta agenda parece muy demandante en lo político. Pero, habitualmente, las reformas estructurales han sido “costosas” en la mayoría de los países que han debido encararlas. Ello es así porque detrás de cada ineficiencia hay un interés que la defiende. Sin embargo, no hay otra opción: abandonar décadas de decadencia económica y social requiere de un avance importante en varios de los frentes mencionados.
 
 

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Semejanzas y diferencias con Brasil

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Varios desafíos económicos de la Argentina y Brasil son parecidos. El crecimiento económico ha sido bajo en comparación con los países exitosos de la región. Así, durante 20 años, entre 1980 y 2000, la Argentina promedió un crecimiento de 1.5% al año y Brasil de 2%. Sólo gracias al boom de las commodities ambos países pudieron crecer a tasas más altas entre 2001 y 2010 (3.4% anual en el caso de la Argentina y 3.7% en el de Brasil), pero los excesos durante los años de bonanza se pagaron caro cuando cayeron los precios agrícolas. Desde 2010 a 2018, ambas economías sólo pudieron crecer a un promedio inferior al 1% anual, menor al crecimiento poblacional.
La baja tasa de inversión -que es inferior al 20% del PIB en ambos países- es una explicación del bajo crecimiento. Además se agregan los problemas para aumentar la productividad en un contexto de economías muy cerradas al comercio internacional, de regulaciones excesivas y de un tamaño del Estado exagerado para su nivel de desarrollo, compitiendo ambos países por ver quién tiene la presión tributaria más alta de la región y la mezcla de impuestos más nociva para la producción.
En materia fiscal, los desafíos son parecidos. La Argentina ha avanzado antes, en el marco del acuerdo firmado con el FMI. Proyecta pasar de un déficit primario de 2,6% del PIB este año a un superávit primario de algo más de 1% en 2023; es decir, una mejora del orden de 4% del PIB. De acuerdo a la última revisión del artículo IV del FMI, Brasil necesita una mejora fiscal del mismo orden de magnitud (de un déficit primario de 2% a un superávit primario de 2% en ese mismo lapso) si pretende reducir el peso de la deuda pública en el PIB, que se acerca al 80%. Es cierto que Brasil tiene mayores chances de reducir el peso de la deuda vendiendo activos mientras que la Argentina depende más de una apreciación real del tipo de cambio.
Con una presión tributaria récord y baja inversión pública en ambos países, el desafío para la consolidación fiscal pasa por reducir el peso del gasto corriente en la economía. De acuerdo al FMI, Brasil gasta 13% del PIB en salarios de empleados públicos, muy por encima del 10% de los países desarrollados o del 7% promedio para Latinoamérica. La sugerencia es que ese gasto debe reducirse en alrededor de 1% del PIB. En la Argentina, los tres niveles de gobierno tienen erogaciones en salarios del orden de 12% del PIB. Puede concluirse que el exceso de empleo público es un problema común a ambos países.
También ambos países tienen serios problemas de solvencia en su sistema previsional (aunque algo más serios en el caso de Brasil). El gasto en pensiones representa en Brasil alrededor de 11% del PIB, a pesar de que su población es relativamente joven. En la Argentina, si se suman los egresos del sistema nacional y de las cajas provinciales no transferidas, el gasto llega a casi 12% del PIB. La moratoria previsional ha tenido efectos devastadores sobre la solvencia del sistema argentino. 
El desequilibrio externo de Brasil es moderado y, además, la inversión extranjera directa es más importante que en el caso argentino. A ello se agrega que el mercado local de capitales es mucho más grande que el de nuestro país, lo que reduce su exposición a los sudden stops. También es clara la ventaja en materia inflacionaria. Brasil también ha avanzado en flexibilizar las anacrónicas regulaciones laborales, mientras que esa es una asignatura pendiente en la Argentina.
El nuevo gobierno de Brasil parece más convencido acerca de las ventajas de abrir la economía al comercio internacional. Pero no es claro si contará con el apoyo político necesario y cuál será la estrategia para acotar los costos que habitualmente se generan durante la transición de una economía muy cerrada a una más abierta. Tampoco es claro si tratará de abrir su economía por medio de tratados bilaterales (y el pendiente con la Unión Europea es lo más inmediato para ambos países) o con reducciones de aranceles unilaterales.
En resumen, ambos países enfrentan una cargada agenda de reformas estructurales necesarias para asegurar la solvencia del Estado y generar los cambios que permitan un aumento en las inversiones y en la productividad.

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La política del doble cero

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El primer cero
El nuevo programa firmado por el gobierno argentino con el FMI todavía no es público pero se van conociendo algunos detalles. En materia fiscal, el gobierno propone adelantar un año la eliminación del déficit fiscal primario que estaba prevista para 2020 y, a cambio, recibe un adelantamiento de los fondos que se iban a desembolsar, más fondos adicionales por US$ 7.100 millones. Eso permite que el gobierno nacional tenga recursos para hacer frente a todos sus vencimientos de deuda de aquí a finales de 2019, suponiendo un mínimo rollover de la deuda de corto plazo.
En acuerdo con la mayoría de los gobernadores, se establecieron los criterios a través de los cuales se logrará alcanzar esa meta. El esfuerzo previsto en el programa anterior de 1,3% del PIB se lograría por la vía de una reducción de gasto en términos reales y el adelantamiento, que es un monto similar, por la vía de mayores ingresos (impuestos a las exportaciones de bienes y servicios).
Si bien en la discusión del presupuesto es posible que se decidan algunos cambios, es poco probable que ellos se aparten mucho de lo acordado entre la Nación y la mayoría de las provincias. Con una mirada más larga, entre 2015 y 2019 la presión tributaria nacional aumentaría alrededor de 0.5% del PIB y el gasto primario se reduciría en casi 4% del PIB. La mala noticia es que la mitad de ese esfuerzo se habría concretado por la vía de menores gastos de capital.
El acuerdo prevé que la mejora fiscal debería continuar en 2020 (otro punto del PIB). Pero no puede detenerse allí. Si se excluye la deuda que el Tesoro tiene con el BCRA, la deuda nacional sería este año cerca de 65% del PIB. Aun suponiendo que se apreciara el tipo de cambio real a 32 pesos de hoy (ajustado por inflación) y que el costo del nuevo endeudamiento bajara a 7% en dólares, se requiere otro punto de superávit primario desde 2021 en adelante para lograr una reducción sostenida en el cociente deuda/PIB. Dado que no hay espacio para nuevas subas de impuestos (de hecho habría que financiar la rebaja gradual prevista en la reforma de 2017) y que casi no queda inversión pública nacional en el presupuesto, será necesario que el futuro presidente encare reformas estructurales profundas para reducir el peso del gasto corriente.
El segundo cero
El anuncio de una banda cambiaria amplia de flotación del peso (entre 34 y 44 pesos que se ajustan al 3% mensual de aquí a fin de año en forma diaria) fue acompañado de la decisión de controlar agregados monetarios (la base monetaria) que no podrán crecer en términos nominales hasta junio de 2019 (más allá del ajuste estacional que se permitiría en diciembre).
Este marco de crecimiento nominal nulo sólo se modifica si el peso toca el piso de la banda, porque allí opera como un escenario de tipo de cambio fijo donde el BCRA compra los dólares que el sector privado quiere venderle para satisfacer su mayor demanda de pesos. La dureza monetaria se manifiesta en tasas de interés de las Leliq muy elevadas en un intento por ganar credibilidad para el ancla monetaria elegida.
En la medida en que las tasas altas se prolonguen en el tiempo se generará un déficit cuasifiscal creciente. Por ello, la clave pasa por generar la confianza.
En materia cambiaria el punto de partida es muy diferente del de abril de 2018. El tipo de cambio real es bastante más realista y junto con la recesión están reduciendo en forma rápida el déficit externo.
Además, el Tesoro recibirá del FMI más dólares de los que necesita para hacer frente a sus vencimientos en moneda extranjera, lo cual lo habilita a vender algunas divisas en el mercado. Y, además, el BCRA ha anunciado que puede vender US$ 150 millones por día en todos los días de acá a finales del año en que el tipo de cambio pase el techo de la banda.
 
El diablo está en los detalles
Más allá del esfuerzo que requiere lograr el cumplimiento de ambos ceros, hay algunos grados de libertad. En materia fiscal, el proyecto de presupuesto prevé utilizar 0.4% del PIB del Fondo de Garantía Solidario para pagar parte de los egresos asociados a la reparación histórica.
En un sentido estricto, entonces, el déficit primario será 0.4% del PIB en 2019 si se cumple con el presupuesto. En materia monetaria, la meta se fija en función de la Base, agregado que no incluye las Leliq (que son encajes remunerados).
En la medida en que haya un aumento en la demanda de crédito mayor al que prevé el programa, el BCRA tendrá alguna flexibilidad de satisfacerlo sin alterar su meta, modificando la composición entre encajes sin remunerar y Leliq.
Además, cuando se ajusta por inflación la proyección de base monetaria cero, la caída real máxima se da a finales del primer trimestre del año próximo -acumulando alrededor 17% real-, cifra que es sólo algo más alta que la observada en las dos últimas recesiones.
El riesgo principal
El gobierno procura reganar al menos parte de la confianza perdida y ello lo lleva a sobreactuar tanto en el frente fiscal como en el monetario. Un ajuste fiscal superior a 2% del PIB en un año electoral es una rareza y tasas de interés de intervención de 6% mensual también. Por ello se camina sobre un hilo delgado: si la confianza no se restaura pronto, la economía podría recesionar más de lo previsto en el programa y poner en duda las metas fiscales.
Sin embargo, se puede inferir de las proyecciones del presupuesto que se prevé una caída interanual de la actividad de 5% en el segundo semestre de este año (-3% en el tercer trimestre y -7% en el cuarto) y una caída de 5.5% en el primero de 2019. Si bien la realidad puede ser algo peor, no cabría esperar una diferencia significativa capaz de generar un faltante fiscal muy importante.
El principal problema es que las “buenas noticias” que aparecerán por la vía de la mejora en las cuentas externas y fiscales se darán gradualmente y ello puede demorar su efecto en el nivel de riesgo país.
Lamentablemente, reganar la confianza luego de varias decisiones desacertadas a lo largo de la gestión actual requiere un proceso bastante doloroso.

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La magnitud de la recesión es la variable de ajuste

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La discusión acerca del presupuesto 2019 pasa por alto que la clave para definir el nivel de actividad de los próximos trimestres es el financiamiento que la Argentina (sector público más privado) pueda conseguir para financiar un desequilibrio externo que se reduciría, gradualmente, desde 5% del PIB en 2017 a 2.7% del PIB en 2020 en el escenario más benigno proyectado por el gobierno argentino y el FMI, o a 1% del PIB en el escenario adverso. Mientras se mantenga el déficit de la cuenta corriente del balance de pagos, el país debe lograr colocar deuda neta por encima de los vencimientos de capital. Si esos fondos no están disponibles, las divisas se deben generar por las “buenas”, es decir vía un aumento de exportaciones de bienes y servicios -lo que normalmente requiere de un tipo de cambio real más alto-, o por las “malas”, es decir por medio de un receso más profundo que reduzca las importaciones.
Es difícil precisar qué esperan aquellos que pueden financiar a la Argentina para aumentar su exposición al país. Pero parece claro que el ajuste fiscal comprometido en el acuerdo con el FMI es una condición indispensable. La forma en que se logre la reducción del déficit primario es más una cuestión doméstica. Pero en este sentido, la propuesta del Ejecutivo de poner el peso en la reducción del gasto, que luce claramente desproporcionado para un país de ingresos medios como la Argentina, parece más alineada con la necesidad de alentar la inversión y recuperar el crecimiento económico de mediano plazo.
Además, la evidencia de la Argentina y de otros países de la región muestra que la reducción del déficit fiscal ayuda a mejorar las cuentas externas. Las propuestas de soluciones fáciles que sostienen que es posible omitir el “ajuste” no proporcionan las divisas que darían algún sustento a esa conclusión.
La actividad en caída. La sequía, las turbulencias financieras y la elevada tasa de interés real que desalienta la tenencia de inventarios produjeron una merma en la actividad económica y en las importaciones (en este último caso, también alentada por un tipo de cambio real que se depreció algo más del 20% respecto de 2017).
El PIB mensual que estima el INDEC cayó 4.2% entre marzo y mayo. Las importaciones de bienes al mes de junio, medidas en dólares, eran 16% más bajas que las registradas en marzo (o eran 15% menos que las de diciembre) y el Índice de Producción Industrial de FIEL cayó 5.4% interanual en junio, cifra que se repetiría en julio. Estas caídas son consistentes con una recesión que mostraría lo peor en el segundo trimestre del año, que se ubicaría alrededor de 5% por debajo del primero (corregido por efectos estacionales). A partir de allí, la economía subiría lentamente, retornando al nivel de actividad del primer trimestre de 2018 recién a finales del año próximo. En cualquier caso, sería un error afirmar que la recesión se terminó en el tercer trimestre de este año porque la caída del segundo trimestre tiene un origen más duradero (las turbulencias que origina el frenazo en la entrada de capitales) y uno más transitorio (la sequía). La vuelta a la normalidad en la actividad agropecuaria del segundo semestre aportaría algo a la medición del PIB corregido por estacionalidad, aunque ello distaría de una recuperación sólida.
La inflación. La tasa de inflación mensual de julio se ubicaría algo por debajo del 3% mensual, cifra que es bastante mejor que la observada en junio pero que todavía no permite ser optimistas con respecto a lograr la meta de inflación para este año. El BCRA decidió estabilizar el tipo de cambio a un nivel real que no es lo suficientemente elevado como para alentar a los agentes económicos a que se desprendan de divisas. En otras palabras, el nivel de 28 pesos por dólar requiere de tasas de interés elevadas. Es cierto que una mayor depreciación hubiera vuelto inalcanzable la meta de inflación, pero el problema es que esa meta fue algo “optimista” y se paga un precio en términos de actividad económica.
Las perspectivas para el futuro. El gobierno nacional y la economía necesitan emitir deuda neta aún luego de suponer que se utilizarán los fondos aportados por el FMI y otros organismos internacionales, en lugar de tratarlos como contingentes. La clave pasa por una reducción en el riesgo país que permita esa colocación de deuda y por continuar renovando la deuda de corto plazo del Tesoro y del BCRA. Si bien no está garantizado que esa colocación de deuda ocurrirá, hay importantes diferencias que juegan a favor de la economía en 2019 respecto de otros episodios con dificultades.
En primer lugar, la región no está en problemas serios que auguren caídas de actividad o depreciaciones importantes de la moneda. La mayor incertidumbre proviene de la elección presidencial en Brasil, pero se trata de una economía que cuenta con reservas netas importantes para acolchonar una eventual fuga de capitales.
En segundo lugar, la normalización de la cosecha argentina daría un impulso de una sola vez a la actividad y a las exportaciones. Ello requiere de un clima normal que no está garantizado para la cosecha gruesa del año próximo, aunque si ya está operando para la fina.
Es cierto que hay riesgos en la economía internacional por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y por la inconsistencia en la política fiscal americana. Pero con esos factores visibles para los mercados, las tasas de interés de la deuda americana siguen siendo favorables para el mundo emergente. La clave pasa más por un manejo prudente y gradual de la vuelta a la normalidad luego de años de “quantitative easing”.
En resumen, nuestras proyecciones centrales son que la Argentina transitará un período de recesión seguido por una lenta normalización, con inflación alta pero sin sufrir una crisis de proporciones.

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