Daniel Artana

Economista jefe de FIEL. Profesor en la UNLP y en la UTDT. Ph. D. in Economics UCLA

“Mini” riesgos de Celestino y Paul

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La fragilidad de la economía argentina no soportaría un escenario adverso. Una baja en el precio de las commodities o el desenfreno en la política fiscal y monetaria podría alentar una huida de los activos en pesos.

En Estados Unidos, los macroeconomistas más destacados discuten acerca de la magnitud de los paquetes de estímulo fiscal y monetario y los riesgos de que esto pueda desencadenar una aceleración de la tasa de inflación. Es evidente que es un debate muy relevante, más aún cuando se observa que el aumento de precios en ese país superó el 2% durante los cuatros primeros meses del año (6% anualizado).

En este debate, por un lado, se ubican las “palomas”, que sostienen que los datos del primer cuatrimestre se vieron afectados por hechos puntuales y que la mediana de los aumentos de precios no muestra una tendencia creciente. Señalan, además, que existe espacio en el mercado laboral: hay todavía 7 millones menos de empleados que antes de la pandemia, y casi 5 millones menos de personas que buscan empleo. Además, la trasmisión de dinero a precios no es tan clara como en el pasado, en parte porque se refleja en el precio de los activos y en parte por la mayor competencia de productos importados y por el bajo grado de sindicalización.

Más importante aún, sostienen que, si eventualmente se confirma que la tasa de inflación se aceleró, los bancos centrales tienen la reputación suficiente para reducirla sin generar una recesión. Son creíbles luego de varias décadas de baja inflación en el mundo desarrollado.

En cambio, por otro lado, los “halcones” sostienen que los paquetes de estímulo fiscal son exagerados y que la deuda pública ya es la más alta de la historia, que las familias ahorraron buena parte de la ayuda y van a gastar ese ahorro extraordinario, lo cual se sumaría a la expansión fiscal y podría generar excesos de demanda y, finalmente, que la credibilidad de los Bancos Centrales es importante pero no es suficiente para eliminar el riesgo de una suba en la tasa de interés mayor a la esperada por los mercados, lo que podría generar una recesión.

El último punto es el más relevante para la Argentina. A comienzos de los 80, y luego de varios años de inflación de dos dígitos anuales, el entonces Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Paul Volcker, decidió subir fuertemente la tasa de interés. La inflación cedió y se ubicó desde entonces en niveles de un dígito bajo anual, pero las consecuencias para la región latinoamericana fueron devastadoras: la tasa real de interés de los bonos públicos americanos trepó hasta 8% anual, el dólar se fortaleció, los precios de las commodities cayeron y varios países entraron en default. No hay riesgo de repetir un problema de esa magnitud, precisamente porque la credibilidad de los bancos centrales ayuda, pero un ex presidente de una de las Fed sostiene que no puede descartarse que la tasa de corto plazo tenga que aumentar a 4 ó 4.5% si es que no se actúa con moderación para prevenir que la inflación aumente.

Un “mini” Volcker podría generar muchos problemas a la frágil economía argentina.

Otro evento histórico que deja algunas enseñanzas es el cúmulo de errores del período 1972-1974 que terminaron en el “Rodrigazo”. La Argentina se favoreció de una mejora de 47% en los términos del intercambio entre 1970 y 1973. El déficit externo de 1971 y 1972 se convirtió en un superávit en 1973 y el Banco Central pudo triplicar sus reservas entre fines de 1972 y fines de 1973. Lamentablemente, no se aprovechó la bonanza externa: el déficit fiscal del gobierno nacional y de las provincias, que había sido de sólo 1.6% del PIB en 1970, fue creciendo hasta el 6% del PIB en 1973 y 1974 para trepar a casi 12% del PIB en 1975. Entre septiembre de 1971 y febrero de 1975 se mantuvo congelado el tipo de cambio oficial. Junto con controles de precios, eso permitió desacelerar transitoriamente la tasa de inflación interanual: de 77% en marzo de 1973 a 12% en mayo de 1974. Pero la emisión era groseramente inconsistente con el resto de las variables macro: la base monetaria que aumentaba a un ritmo interanual ya elevado de 59% en marzo de 1973, se aceleró a 150% en septiembre de ese año y siguió en tres dígitos anuales hasta mediados de 1974. La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo reflejaba esa inconsistencia macro: entre 110% y180% en ese mismo período.

Todos sabemos cómo terminó el experimento de pretender forzar la baja de la inflación controlando el tipo de cambio oficial y los precios al mismo tiempo que se encendía a full la maquinita de emitir pesos. Cuando se revirtió la bonanza en los términos del intercambio en 1974 y 1975, la Argentina terminó en su primera hiperinflación.

Hoy no hay riesgo de repetir un episodio tan grave. Pero la decisión oficial de desacelerar fuertemente la depreciación del peso y congelar artificialmente algunas tarifas y precios para ganar algunos votos puede desencadenar un salto de inflación después de las elecciones. La gravedad del problema depende de cuánta presión se ponga sobre lo fiscal y monetario, y también de los avances (o falta de) en normalizar la deuda externa bilateral y multilateral.

En ese marco, la declaración de algunos referentes del oficialismo de suspender los pagos al FMI y al Club de Paris y pedir una renegociación de la deuda, no ayuda. La pregunta es ¿Qué sugieren hacer si los países desarrollados no aceptan esa postura?. ¿Defaultear ambas deudas? El principal riesgo de tal decisión no pasa por perder acceso al crédito internacional, que ya el gobierno no tiene, sino porque convertirse en un paria puede generar dudas en los depositantes que hoy contribuyen a financiar al Tesoro a través del BCRA. Una caída más acelerada en la demanda de activos en pesos puede generar un problema enorme, máxime si hay algún retroceso en el precio de las commodities.

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¿La deuda es impagable?

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El gobierno actual empezó su gestión con el diagnóstico de que la deuda pública con el sector privado necesitaba ser reestructurada; ahora se suma que la deuda con el FMI también sería impagable. Aunque parecería que a veces se habla de los vencimientos del stand by vigente (el Presidente) y otras se habla de las nuevas condiciones que tendría un acuerdo de facilidades extendidas (la Vicepresidente).

En materia de deuda es conocido que una cosa es la solvencia y otra la liquidez. El gobierno nunca pudo demostrar en forma contundente que había un problema de solvencia. De hecho, cuando se corrigen los errores que había en la presentación oficial de hace un año atrás (omisión de la inflación internacional y falta de consistencia en el cómputo de la tasa de interés relevante), la deuda era sostenible con un superávit primario bajo.

Había sí un problema de liquidez: los acreedores privados no querían renovar los vencimientos de capital en forma voluntaria. Y es bien sabido que un problema de liquidez puede terminar en una restructuración. Para cualquier deudor es vital que los acreedores confíen en su programa: si se no puede refinanciar gran parte del capital que vence, es game over.

En la versión oficial, ese problema de liquidez (y/o de solvencia) fue resuelto con el canje. Recién en 2025 empiezan los vencimientos de capital de bonos emitidos bajo ley Nueva York (algo menos de US$ 3000 millones que trepan hasta US$ 6.000 millones en 2031) a los cuales hay que agregar alrededor de US$ 1000 millones por año de vencimientos en moneda extranjera bajo ley local.

Antes que eso aparecen los pagos con el FMI de alrededor de US$ 18.000 millones tanto en 2022 como en 2023. Si se acuerda un EFF con 4 años y medio de gracia, el capital se diferiría a 2026 y ejercicios siguientes, con pago de casi US$ 7.000 millones al año.

En otras palabras, ignorando a los otros multilaterales, que en general aportan préstamos nuevos de un importe similar a lo que vence, habría pagos anuales en moneda extranjera de entre US$ 10.500 y US$ 13.700 millones entre 2025 y 2030.

¿Son impagables esos montos? En verdad, antes de esas fechas hay que pagar en moneda local al sector privado cifras mayores a esas en 2021 y 2022. Pasa que se vienen renovando en un mercado algo cautivo y parecería que la deuda en pesos (más allá de que cada vez es menos licuable) parece preocupar menos a las máximas autoridades del gobierno. Pero el desafío es el mismo: generar confianza para poder renovar el capital y ello se logra con un programa fiscal que muestre que convergemos en el mediano plazo a un equilibrio (es decir, un superávit primario similar a la carga de intereses).

Como muestra el cuadro adjunto la variación de deuda puede analizarse desde distintos ángulos: la primera columna muestra la deuda bruta del gobierno nacional; la segunda, sólo la que en cada momento se debía al sector privado y los organismos multilaterales y la tercera (que es la mejor definición) incluye los pasivos remunerados del BCRA y resta las reservas internacionales netas de la autoridad monetaria. Las dos últimas columnas muestran el resultado fiscal primario y global, acumulado cada cuatro años. Cuando el desequilibrio es importante, como se ve desde 2011 en adelante, la deuda aumenta mucho. Ello ha ocurrido también con el gobierno actual que ha aumentado los pasivos netos de reservas en alrededor de US$ 25.000 millones, claro está influido por el Covid 19.

En resumen, si no se generan las condiciones para acceder a los mercados locales e internacionales de deuda, todos los vencimientos tarde o temprano son “impagables”: los de moneda local, los de moneda extranjera con el sector privado y los que se deben al FMI. La mayoría de los países del mundo logran esa confianza. En el caso argentino con vencimientos moderados con relación al PIB, la clave pasa por lograr un sendero fiscal que asegure un superávit primario luego de que se supere la pandemia. ¿Tendrá el gobierno la voluntad de hacerlo?

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¿Es impagable la deuda?

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El gobierno actual empezó su gestión con el diagnóstico de que la deuda pública con el sector privado necesitaba ser reestructurada; ahora se suma que la deuda con el FMI también sería impagable. Aunque parecería que a veces se habla de los vencimientos del stand by vigente (el Presidente) y otras se habla de las nuevas condiciones que tendría un acuerdo de facilidades extendidas (la Vicepresidente).

En materia de deuda es conocido que una cosa es la solvencia y otra la liquidez. El gobierno nunca pudo demostrar en forma contundente que había un problema de solvencia. De hecho, cuando se corrigen los errores que había en la presentación oficial de hace un año atrás (omisión de la inflación internacional y falta de consistencia en el cómputo de la tasa de interés relevante), la deuda era sostenible con un superávit primario bajo.

Había sí un problema de liquidez: los acreedores privados no querían renovar los vencimientos de capital en forma voluntaria. Y es bien sabido que un problema de liquidez puede terminar en una restructuración. Para cualquier deudor es vital que los acreedores confíen en su programa: si se no puede refinanciar gran parte del capital que vence, es game over.

En la versión oficial, ese problema de liquidez (y/o de solvencia) fue resuelto con el canje. Recién en 2025 empiezan los vencimientos de capital de bonos emitidos bajo ley Nueva York (algo menos de US$ 3000 millones que trepan hasta US$ 6.000 millones en 2031) a los cuales hay que agregar alrededor de US$ 1000 millones por año de vencimientos en moneda extranjera bajo ley local.

Antes que eso aparecen los pagos con el FMI de alrededor de US$ 18.000 millones tanto en 2022 como en 2023. Si se acuerda un EFF con 4 años y medio de gracia, el capital se diferiría a 2026 y ejercicios siguientes, con pago de casi US$ 7.000 millones al año.

En otras palabras, ignorando a los otros multilaterales, que en general aportan préstamos nuevos de un importe similar a lo que vence, habría pagos anuales en moneda extranjera de entre US$ 10.500 y US$ 13.700 millones entre 2025 y 2030.

¿Son impagables esos montos? En verdad, antes de esas fechas hay que pagar en moneda local al sector privado cifras mayores a esas en 2021 y 2022. Pasa que se vienen renovando en un mercado algo cautivo y parecería que la deuda en pesos (más allá de que cada vez es menos licuable) parece preocupar menos a las máximas autoridades del gobierno. Pero el desafío es el mismo: generar confianza para poder renovar el capital y ello se logra con un programa fiscal que muestre que convergemos en el mediano plazo a un equilibrio (es decir, un superávit primario similar a la carga de intereses).

Como muestra el cuadro adjunto la variación de deuda puede analizarse desde distintos ángulos: la primera columna muestra la deuda bruta del gobierno nacional; la segunda, sólo la que en cada momento se debía al sector privado y los organismos multilaterales y la tercera (que es la mejor definición) incluye los pasivos remunerados del BCRA y resta las reservas internacionales netas de la autoridad monetaria. Las dos últimas columnas muestran el resultado fiscal primario y global, acumulado cada cuatro años. Cuando el desequilibrio es importante, como se ve desde 2011 en adelante, la deuda aumenta mucho. Ello ha ocurrido también con el gobierno actual que ha aumentado los pasivos netos de reservas en alrededor de US$ 25.000 millones, claro está influido por el Covid 19.

En resumen, si no se generan las condiciones para acceder a los mercados locales e internacionales de deuda, todos los vencimientos tarde o temprano son “impagables”: los de moneda local, los de moneda extranjera con el sector privado y los que se deben al FMI. La mayoría de los países del mundo logran esa confianza. En el caso argentino con vencimientos moderados con relación al PIB, la clave pasa por lograr un sendero fiscal que asegure un superávit primario luego de que se supere la pandemia. ¿Tendrá el gobierno la voluntad de hacerlo?

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Reflexiones sobre la presión tributaria argentina

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El elevado desequilibrio fiscal y la resistencia de buena parte del espectro político para reducir el gasto público pone nuevamente el foco en la presión tributaria. Más allá de que las comparaciones entre países tienen una validez relativa, parece oportuno aclarar algunos problemas de estimación que pueden confundir a un lector desprevenido.

La Argentina es un país federal y los tres niveles de gobierno tienen recursos propios. La Nación comparte con los niveles subnacionales los ingresos de algunos tributos y lo propio hacen las provincias con sus municipios.La base GFS del FMI en su versión más desagregada sólo contiene para la Argentina los ingresos del gobierno nacional. Así excluye lo recaudado por éste que se comparte con las provincias y los propios de los gobiernos subnacionales. De esta forma, se excluye una parte importante de los ingresos totales del gobierno general.

Para la región, la base del BID-CIAT contiene información de la presión tributaria incluyendo a los gobiernos subnacionales y la ajustada incluyendo aportes a los sistemas privados de previsión, pero no se reporta la totalidad de ingresos no tributarios; sólo los de las regalías que son similares a otros impuestos que se cobran a las actividades extractivas. En cambio, la base del GFS del FMI tiene la ventaja de incluir un detalle de los recursos del gobierno general de varios países. El último año con información completa disponible es 2017.

A pesar de los esfuerzos por medir mejor los ingresos del Estado, existen algunos problemas que deben ser corregidos. Por ejemplo:

  • Hay 12 provincias que tienen sistemas jubilatorios de reparto para los empleados públicos de sus jurisdicciones. Los aportes y contribuciones a la seguridad social de estos sistemas no aparecen en las estadísticas del GFS o en la base BID-CIAT ni tampoco en las que publica el gobierno argentino sobre los ingresos del gobierno general. Sin embargo, es posible estimarlos con información presupuestaria; para el año 2017 alcanzaron a 1.9% del PIB.
  • Tampoco se incluye la recaudación que hace la AFIP y que se destina a las obras sociales (en su mayoría administradas por los sindicatos) y el aporte obligatorio para asegurar los riesgos del trabajo. En el año 2017, ingresaron a la AFIP el equivalente a 2% del PIB por estos conceptos.
  • De acuerdo con la Constitución Nacional, los municipios sólo pueden cobrar tasas por el uso de servicios, pero habitualmente obtienen la mayoría de sus recursos propios de un gravamen que replica el impuesto a los ingresos brutos provincial y de otro que es similar al impuesto inmobiliario que percibe la mayoría de las provincias. Además, la información de ingresos municipales se conoce con demoras y se reporta lo obtenido por estas tasas dentro de los ingresos no tributarios, cuando en verdad son impuestos. 

Por lo tanto, para mejorar la estimación de los ingresos públicos de la Argentina se utilizó la información del MECON para los ingresos del gobierno nacional y de los esquemas ahorro-inversión de las provincias con algunas correcciones de imputación. Por ejemplo, el impuesto a la patente automotor se asignó a la categoría impuestos a la propiedad. En la base del GFS, en la medida en que se trate de una licencia por circular, se los agrega en impuestos a bienes y servicios. En la Argentina, la mayoría de las provincias cobra tasas que exceden con creces a una autorización para circular, ya que se percibe alrededor de 4% del valor de mercado de los automotores; ello las convierte en un impuesto a la tenencia de ese bien durable.

En el caso de los municipios, la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias del MECON publica esquemas ahorro-inversión pero que incluyen a varios de los gravámenes percibidos por este nivel de gobierno como recursos no tributarios. Para asignarlos correctamente se recurrió a las proporciones que estima el trabajo de Lopez Acotto y Macchioli, 2015.

Además, se incluyó por separado un ajuste a las contribuciones a la seguridad social que en la Argentina cobra la AFIP pero que se distribuyen a las obras sociales y a las aseguradoras de riesgo del trabajo. En la medida en que financian programas de seguro social obligatorio que en otros países pueden ser administrados por el Estado, es posible concluir que forman parte de los recursos del gobierno. Pero como no se puede realizar un ajuste similar en los otros países y es posible que existan algunos seguros similares (obligatorios pero administrados por el sector privado) se los reporta en una columna aparte.

El Gráfico 1 muestra las estimaciones -con los ajustes señalados- de ingresos del gobierno general de la Argentina, y en forma comparada con los países de la OECD (excluyendo Chile y México) y de un conjunto selecto de la región (Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay – Latam), en tanto que el Gráfico 2 reporta la composición de los tributos (impuestos y aportes a la seguridad social).

Gráfico 1

Gráfico 2

Algunos comentarios relevantes que surgen de evaluar esta información son los siguientes:

  • Los ingresos totales del gobierno argentino eran, en 2017, entre 10 y 15% inferiores a los que obtenían los países de la OECD, pero eran alrededor de 30% mayores a los del grupo Latam.
  • Si la comparación se centra en los concepto de ingresos más comprensivo para los países de Latam, el gobierno general de la Argentina obtenía, en 2017, recursos por el equivalente a 38% del PIB, comparado con 41.5% para los países de la OECD (sin Latam) y 29.6% del PIB para los de Latam. Comparado con la OECD, la Argentina percibía aproximadamente 2.5% del PIB menos de otros ingresos no tributarios, alrededor de 1.5% del PIB menos de impuestos y casi un punto del PIB más de aportes a la seguridad social. Respecto de Latam, la Argentina obtenía más ingresos en dos rubros: más de 6% del PIB de impuestos, casi 4% del PIB de aportes a la seguridad social, pero casi 2% del PIB menos en otros ingresos.  
  • Dentro de los impuestos, la Argentina recibía menos recursos que los países desarrollados de impuestos al ingreso de personas y sociedades (menos de la mitad) e incluso menos que sus pares de Latam (5.3% del PIB comparado con 6.8% del PIB). Sin embargo, esa diferencia se reducía o se revertía si se sumaban a los impuestos al ingreso, los aportes y contribuciones a la seguridad social. Al menos en el caso argentino, los aportes y contribuciones a la seguridad social tienen un componente distributivo importante, lo cual los convierte en una suerte de pseudo impuesto adicional a los ingresos[1]. A su vez, las personas aportaban 2.2% del PIB (similar a Latam), pero mucho menos que los 8.6% del PIB que aportaban los individuos en la OECD[2].
  • No había mayores diferencias en lo recaudado en la Argentina y los países desarrollados por gravámenes a la propiedad (1.4% comparado con 1.5% del PIB), aunque sí superaba al promedio de 1% percibido por el resto de los países de Latam[3]. Estos números no incluyen lo recaudado por retenciones a las exportaciones; en la medida en que se reflejen en un menor valor de la tierra, deberían incluirse como impuestos a la propiedad.
  • La Argentina recaudaba más que los países desarrollados y que los de Latam en impuestos a bienes y servicios. La diferencia se explicaba por los impuestos en cascada y a las transacciones financieras (que, también son un gravamen a las ventas en cascada, porque el grueso de la recaudación la aportan empresas) que generaron en 2017 casi 7% del PIB comparado con 0.5% en los países de la OECD y 2.3% del PIB en Latam.
  • Los impuestos a consumos específicos en la Argentina aportaban 1.7% del PIB, a mitad de camino entre los 2.4% del PIB de la OECD y los 1.2% recaudados en Latam.
  • Finalmente, la alta protección arancelaria y el uso de impuestos a la exportación hacían una clara diferencia en el caso argentino: se recaudaban 1.3% del PIB, comparado con 0.4% del PIB en Latam y sólo 0.1% del PIB en los países desarrollados.

En resumen, la Argentina obtenía muchos más recursos que otros países de impuestos en cascada y de gravámenes al comercio exterior, también la tributación sobre el trabajo en la forma de aportes a la seguridad social era relativamente alta y ello contrastaba con menores ingresos por impuesto a la renta. También había una diferencia importante, en menos, de ingresos no tributarios, aunque la base de datos no permite conocer si ello obedecía a menores ingresos por intereses de activos del gobierno o por menores ingresos no tributarios (regalías o tasas por el uso de servicios). La recaudación por impuestos a la propiedad estaba en línea con la obtenida en los países desarrollados y la tributación a consumos específicos a medio camino entre los desarrollados y el resto de Latam.

Dos comentarios finales. La presión tributaria o los ingresos del Estado son un promedio entre lo aportado por familias y empresas que tienen distinta formalidad. En un trabajo de FIEL del año 2006 estimamos que los sectores formales tenían una presión tributaria 30% más alta que el promedio. Si se mantiene esa proporción, las actividades formales enfrentan hoy una presión tributaria similar a los países desarrollados de mayor recaudación, pero con la desventaja de recibir contraprestaciones del Estado muy inferiores.

Y la presión tributaria ha aumentado desde 2017 a la fecha por la introducción de nuevos impuestos, el aumento en las tasas de algunos vigentes y la reversión en la reducción de ingresos brutos acordada en 2017 entre la Nación y las provincias.

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Frazada corta

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A pesar de una incipiente recuperación económica luego del colapso de actividad observado en el segundo trimestre del año, la economía argentina transita días complicados. Hay varios factores a señalar.

Por un lado, el mejor desempeño en mortalidad cada millón de habitantes que mostraba la Argentina en relación con los países más afectados empieza a diluirse. A finales de julio, por ejemplo, con 73 muertos por millón, la Argentina tenía alrededor del 20% de la mortalidad de Estados Unidos, de 8 países europeos con diferente éxito sanitario y de 6 países Latinoamericanos[1]. A finales de septiembre, y sin considerar la reciente corrección realizada por la Provincia de Buenos Aires, la mortalidad había trepado a 365 que era alrededor del 60% de la observada en Estados Unidos y de los países latinoamericanos incluidos en la comparación, y ya alcanzaba al 85% del promedio de los 8 países europeos mencionados.

En segundo lugar, la caída interanual en el PIB y en el empleo observada en el segundo trimestre del año es de las más altas de los países incluidos en el Gráfico 1. La prohibición de despidos y la duplicación en la indemnización no podían atenuar el impacto de la recesión en el segmento de la población donde se sabía que el riesgo era mayor: informales y cuentapropistas.  Este problema es general en otros países de Latinoamérica con la información disponible para ambas variables, como puede verse en ese gráfico. Los datos de Brasil sugieren que sólo una menor caída del PIB fue efectiva para moderar la caída del empleo.

Gráfico 1

En una situación económica con desafíos inéditos no había espacio para que conflictos políticos deterioraran aún más la confianzaClick to Tweet

La estrategia oficial respecto de la pandemia genera dudas que se suman a las tensiones políticas dentro de la coalición de gobierno. En una situación económica con desafíos inéditos no había espacio para que conflictos políticos deterioraran aún más la confianza. Algunos ejemplos de decisiones políticas que agravan las desconfianza  son los cambios sin fundamento técnico en las reglas de juego sectoriales, las declaraciones contradictorias de miembros del gobierno sobre diversos temas, los vaivenes en las regulaciones cambiarias y el llamado impuesto a las grandes fortunas (que en verdad es un desprolijo gravamen a tasas elevadísimas sobre activos productivos y bonos que, en el caso de los radicados en el país, sufrieron pérdidas de valor inusuales por la pandemia y la frágil macroeconomía).

En ese contexto no debe llamar la atención que la renegociación favorable de la deuda en moneda extranjera calmara las aguas sólo un par de semanas y que el proyecto de presupuesto no haya servido como una señal de ordenamiento fiscal y monetario.

Respecto del presupuesto, hay varios interrogantes. Por un lado, la reducción proyectada del déficit primario a la mitad del que habría este año es algo menor a la que arroja un cálculo de política fiscal neutra (ajustada por el ciclo). La intención de aumentar la inversión pública en porcentaje del PIB explica en parte esto.

Pero, además, se supone que se podrá financiar la mitad del déficit primario proyectado con endeudamiento adicional por encima de los vencimientos de capital e intereses que habrá el año próximo. No parece que haya espacio en el mercado local para eso.

Y, finalmente, hay dudas respecto a si se podrá cumplir con el presupuesto en un año electoral. Por ejemplo, se prevé reducir el peso de los subsidios a la energía y transporte, pero eso requiere aumentos de tarifas algo por encima de la inflación proyectada y que los costos no aumenten. Sin embargo, la inflación seguramente será mayor que el 29% previsto en el presupuesto, pero no es claro si la mejora nominal en la recaudación que genera una mayor inflación se utilizará para reducir el déficit primario respecto del proyectado o si ampliarán las partidas de gasto.

El déficit primario proyectado para lo que resta de 2020 y para todo el 2021 (1.1 billones de pesos en el último cuatrimestre del año y 1.6 billones para el año próximo) representan alrededor del 120% de la Base Monetaria de agosto. Si no se consigue colocar deuda para financiar una parte de este desequilibrio y dadas las restricciones para continuar con la esterilización, la emisión resultante sería importante: equivale a un promedio de 5% mensual hasta finales de 2021. Si se puede colocar deuda por el 20% del déficit primario (o esterilizar), la emisión sigue siendo alta (algo más de 4% mensual de promedio).

Nótese que colocar deuda o esterilizar más (que en el contexto actual es financiar al Tesoro con los depósitos de las entidades financieras a través del BCRA) requiere mejorar la confianza y ello parece estar fuera del alcance del gobierno.

Una visión económica alejada de lo que quienes ahorran e invierten suponen que funciona, la falta de credibilidad en el programa fiscal y monetario, y una apuesta a que controles cambiarios cada vez más intrusivos podrán resolver el problema de credibilidad es una combinación letal para la normalización de la economía. En el pasado, las extravagancias en la visión económica de la coalición política a cargo del gobierno podían compensarse o bien con elevadas reservas netas en el BCRA o bien con superávits gemelos (ver Gráfico 2). Hoy se cumple sólo con una condición: alto excedente de dólares, pero hay muy pocas reservas y el déficit fiscal es alto y, para peor, se financia en gran parte con emisión.

Gráfico 2

En este contexto, el gobierno enfrenta el típico dilema de la frazada corta. La verdadera solución pasa por agrandar la frazada. Ello es posible o bien si mejora (mucho más) el precio internacional de la soja, o si la coalición gobernante deja de lado las extravagancias económicas y se encolumna detrás de un programa fiscal y monetario austero bajo el paraguas del FMI.

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