Daniel Artana

Economista jefe de FIEL. Profesor en la UNLP y en la UTDT. Ph. D. in Economics UCLA

Mala suerte o mala praxis

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La mala praxis pasa la factura. Como en 2019, el gobierno apuesta a que el FMI aportará nuevos fondos

La sequía reducirá las exportaciones agrícolas en alrededor de US$ 20.000 millones. Un shock externo negativo de casi 4% del PIB. Sin embargo, las turbulencias que aquejan a la economía hoy son, fundamentalmente, consecuencia de una serie de errores de política económica.

Antes de profundizar el análisis, debe mencionarse que las sequías no son una novedad en la Argentina. Hubo fuertes caídas de la producción agrícola en 2008 y 2018, sólo para recordar las más recientes. Un gobierno prudente debió ahorrar pesos de la recaudación por retenciones y acumular dólares en el BCRA en los momentos de vacas gordas.

Y hubo vacas muy gordas. La mejora en los términos del intercambio ocurrida post pandemia ayudó a aumentar las exportaciones de un promedio de US$ 61.000 millones al año en 2016-2019 a US$ 78.000 millones en 2021 y US$ 88.000 millones en 2022. En esos dos años, sólo se acumularon reservas por algo menos de US$ 7.000 millones y no se logró erradicar siquiera el déficit fiscal primario -superó los 2% del PIB en 2022-, a pesar de que los ingresos fiscales volvieron a los niveles de 2019 cuando había un virtual equilibrio antes de intereses. Si la actividad económica se recuperó plenamente de la pandemia no se justifica que el gasto no haya retornado a los niveles de 2019. Sin embargo, es casi 2% del PIB mayor, incluso a pesar de la licuación que sufrieron los jubilados que permitió reducir el gasto previsional en alrededor de 1% del PIB.

La economía todavía sufre las consecuencias del “plan platita” de 2021 y de la decisión de atrasar el tipo de cambio real oficial, también con un claro propósito electoral, primero, y de utilizarlo como ancla nominal, después, aún sin contar con el paraguas de un programa con el Fondo Monetario Internacional. Así, entre diciembre de 2020 y abril de 2022, el tipo de cambio se depreció 37%, menos de la mitad de la inflación observada en ese mismo período, que alcanzó al 86%.

La indecisión fiscal también aportó su grano de arena a las dificultades para renovar la deuda doméstica. La monetización de parte de los vencimientos sólo agregó más combustible a una economía con exceso de pesos que, en parte, se esterilizan con Leliqs, provocando un déficit cuasifiscal de proporciones. Así, el remedio empieza a parecer peor que la enfermedad. De hecho, el monto de pasivos remunerados del BCRA resta efectividad a uno de los instrumentos de política monetaria que utilizan los bancos centrales en la mayoría de los países del mundo: la tasa de interés. Una suba en la tasa, que habitualmente es una señal que se utiliza para enfriar a economías recalentadas, en la Argentina resulta en un aumento en los pagos que realiza la autoridad monetaria, lo que despierta temores de un efecto dominó.

Además, la obsesión por controlar los tipos de cambio alternativos sacrificando reservas del BCRA ha sido una práctica habitual de los ministros del gobierno actual. A pesar de ello, la inconsistencia del programa económico de turno mantuvo la brecha elevada. Y cuando la brecha es alta, los dólares que genera la economía empiezan a escaparse de las manos del BCRA. La respuesta oficial de profundizar todavía más los controles genera algún alivio de corto plazo pero que luego resulta en menores ingresos de divisas o mayores pagos al exterior por el canal oficial. No es casual que, desde 2019 en adelante, virtualmente se perdieran los aportes al mercado de cambios de los turistas del exterior, del financiamiento externo neto a empresas privadas, y de la inversión extranjera directa. A la corta o a la larga, el perro de los controles se
muerde la cola y la decisión oficial fue siempre profundizar los controles.

Más recientemente aparecieron los programas Soja 1 y Soja 2 que, además de generar una pérdida para el BCRA por pagar más caras las divisas que compra que las que vende (que resulta en más emisión), adelantan divisas y recaudación. El problema es que en algún momento el futuro llega y queda poco o nada por vender; en los primeros meses de 2023, se nota la falta de divisas y de ingresos fiscales que se adelantaron a 2022.

Y también aparecen medidas desesperadas para postergar vencimientos de deuda en pesos a tasas elevadas y de obligar a los organismos estatales a desprenderse de títulos en dólares con el objetivo de reducir la brecha, pero al costo de aumentar el riesgo país.

Ahora la estrategia oficial parece ser similar a la de 2019, al pedir un aporte adicional del FMI por la vía de un adelantamiento en los desembolsos previstos para lo que resta de 2023 (unos US$ 10.800 millones). Sin embargo, ya estaba previsto que se desembolsen US$ 4.000 millones antes de las PASO. La clave sería lograr que además se posterguen los pagos de capital al FMI (US$ 5.400 millones antes de las PASO, más
US$ 4.500 millones adicionales en los últimos 4 meses del año, ver Gráfico 1). Pero, aún con algo de dinero del FMI, parece inevitable que la recesión se agrave para que se reduzca la demanda por importaciones.

En resumen, en lugar de que la inflación de algún mes empiece con 3, parece que será la caída de actividad económica la que empiece con ese dígito. Crónica de una muerte anunciada, diría el famoso escritor colombiano.

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Los desafíos económicos del próximo gobierno

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Para poder analizar los desafíos que enfrentará el próximo gobierno, hay que imaginar primero cuáles serán las condiciones iniciales. El escenario más probable es uno parecido al actual: alta inflación, distorsiones de precios relativos (las más notorias, atraso del tipo de cambio oficial y de las tarifas), múltiples controles, elevada pobreza. A esa lista de problemas, probablemente, se sume una recesión moderada.

Gradualismo o shock
Una primera decisión es si las distorsiones macro se deben resolver de golpe o en forma gradual. Más allá de las ventajas y desventajas de cada uno, en el campo fiscal, el gradualismo requiere financiamiento si se quiere bajar la inflación de golpe. A diferencia de 2016, cuando estaba la opción de normalizar la deuda en default y acceder al crédito internacional, hoy esa opción no está disponible. En un contexto donde hay dudas importantes acerca de la capacidad del gobierno de poder lograr el rollover del capital que vence, parece casi imposible lograr financiar intereses o déficit primario con crédito externo.

Los abultados vencimientos de deuda local tampoco parecen dejar mucho espacio para lograr sumas importantes en ese mercado. Además, si se normaliza el acceso al mercado de cambios, habrá que lidiar también con la normalización del overhang monetario. Con las entidades financieras cargadas de Leliqs y títulos públicos no parece haber mucho espacio para lograr financiamiento adicional de los depositantes.
En resumen, si se opta por el gradualismo fiscal, la baja de la inflación será también gradual porque será necesario utilizar el impuesto inflacionario para cerrar las cuentas.

La experiencia internacional de los últimos 40 años permite ver que ha habido alrededor de 180 casos de mejoras en el balance fiscal primario de 4% del PIB o más y donde el 75% o más de la mejora fiscal fue lograda mediante una reducción del gasto público. Hay evidencia de países desarrollados y en desarrollo. En algunos casos, la reducción del peso del Estado en la economía se logró por un aumento del PIB, pero en muchos otros, por una reducción del gasto medido a precios constantes, combinado con un aumento en la actividad económica.

Timming de las reformas

Otro punto relevante a decidir es si las reformas estructurales deben postergarse hasta que la macro se haya estabilizado. La ventaja de postergar parece estar asociada a dos elementos: se evita una superposición de conflictos en el corto plazo, al tiempo que se reconoce que es mejor debatir las reformas y lograr más adhesiones.
En el diseño de un programa de estabilización es crucial que la política monetaria y fiscal sean consistentes con la meta de inflación que se desee alcanzar y, además, se requiere un ancla nominal, que en la Argentina ha sido habitualmente el tipo de cambio.

Si se demoran las correcciones cambiarias y de tarifas, el programa estará expuesto a shocks y problemas de credibilidad. Un ancla cambiaria es poco creíble si hay atraso cambiario y pocas reservas en el BCRA. Y los aumentos de tarifas frecuentes generan ruido en los índices de precios. No es casual que en algunos de los programas de estabilización se resuelvan primero las distorsiones de precios relativos antes de lanzar formalmente el programa.

No parece ese el mejor contexto para discutir reformas estructurales porque tales correcciones de precios
relativos aumentarán la inflación en el corto plazo. Sin embargo, la Argentina presenta algunas características que sugieren que es muy importante lograr avanzar en algunas de esas reformas durante los primeros meses de gestión del nuevo gobierno. Generar credibilidad a partir del mero anuncio
de un programa de estabilización no es fácil para un país que ha abusado de los defaults y del impuesto inflacionario y que, además, se enamora frecuentemente de políticas anti crecimiento a través de la adicción a una economía cerrada con un importante sesgo antiexportador, de una regulación laboral
anti empleo, de controles y cuotas sobre innumerables transacciones, del abuso de impuestos muy distorsivos y poco visibles y, más recientemente, de un desprecio por la gestión profesional de las políticas públicas. Además, algunas de las reformas estructurales son necesarias para ayudar a garantizar la solvencia del Estado a mediano plazo (previsional, reforma del empleo público, empresas públicas).

Más aún, los gobiernos parecen expuestos a perder apoyo popular a los pocos meses de iniciada la gestión. Pero si ese es el caso, postergar las reformas sólo aumentará la chance de que puedan ser bloqueadas por los grupos de presión que hoy se benefician de su ausencia.

En resumen, no parece haber mejor opción que encarar con decisión un programa macroeconómico contundente y de impulsar al mismo tiempo reformas estructurales que mejoren las perspectivas de crecimiento de mediano y largo plazo.

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Leven anclas

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En la anunciada guerra contra la inflación, el punto de partida es muy malo. El 4.7% de inflación de febrero sería seguido por un registro todavía más alto en marzo. Si bien esta aceleración de la inflación responde a errores del pasado, en particular a la fuerte expansión fiscal y monetaria del segundo semestre de 2021, no deja de complicar hacia el futuro porque afecta la inercia y las expectativas.
El acuerdo firmado con el FMI modifica las anclas que el gobierno utilizó (fallidamente) durante el período electoral.
Entre diciembre de 2020 y junio de 2021, el tipo de cambio oficial se depreció algo más del 15%, mientras que entre junio y diciembre de 2021 la devaluación fue inferior al 7%. Pero el “ancla” cambiaria no podrá ser utilizada más por el gobierno que se comprometió a evitar que el tipo de cambio
real se aprecie desde los niveles observados a finales del año pasado.
La segunda ancla utilizada en 2021 fueron las tarifas de energía que aumentaron sólo 9% durante el año. El acuerdo también remueve ese ancla: sólo los usuarios de menores recursos tendrán un aumento del orden del 20%; la mayoría de los consumidores, uno del 42% y los de altos ingresos, uno cuatro veces superior. Y no se sabe si las urgencias fiscales no forzarán el gobierno nacional a ir incluso por encima de esas variaciones.

Los controles de precios más intrusivos desde el cambio de autoridades en la Secretaría de Comercio parecería que seguirán, aunque su eficacia se resiente a medida que pasa el tiempo.
El acuerdo con el FMI pone el foco en la reducción del déficit fiscal que, junto con una mayor colocación de deuda en el mercado local de capitales, permitiría reducir en mayor proporción la emisión del BCRA para el Tesoro Nacional. Además, la tasa de interés debería ser positiva en términos reales. Si bien con reducciones menos agresivas es un deja vu del acuerdo stand by de 2018. Una política fiscal y monetaria más austeras son cruciales para reducir la inflación, pero se parte de niveles muy altos, con baja credibilidad en el gobierno y expectativas de que no se cumplirá lo pactado.
Además, la invasión de Rusia a Ucrania ha modificado el escenario internacional. En el debate público, el foco se ha puesto en el mayor costo de la energía importada.
Sin embargo, si se observan los precios actuales se puede ver que han aumentado tanto el precio del petróleo y del gas natural como los precios de las commodities agrícolas. Hay mucha incertidumbre sobre
el impacto en la disponibilidad de otros insumos, en particular de fertilizantes que pueden generar efectos negativos adicionales a nuestra producción agrícola. Tampoco se sabe con precisión si hay ventas de granos y oleaginosas realizadas con contratos a precios viejos (aunque deberían ser pocas). Si sabemos que la especulación del gobierno de esperar a que se reduzcan los precios de la energía y no
cerrar antes del conflicto contratos de abastecimiento de LNG parece que va a salir cara.
En cualquier caso, si se computan los valores de los últimos días, se puede estimar que la ganancia por aumento en las exportaciones será al menos igual que la pérdida por el mayor costo de las importaciones de LNG. En cambio, el impacto en los ingresos fiscales por mayores retenciones será mucho menor que el efecto sobre los subsidios a la energía. En otras palabras, el problema de corto plazo de la guerra para la economía argentina tiene más que ver con el impacto sobre el desequilibrio fiscal en pesos que por su efecto sobre el saldo del balance comercial en dólares.
En cualquier caso, un shock estanflacionario como el generado por la guerra pone, en el corto plazo, algo
de presión adicional a la inflación doméstica.

En resumen, las bajas expectativas de cumplimiento del acuerdo en materia fiscal y monetaria, la elevada inflación en el punto de partida, el fracaso de las anclas nominales “electorales”, la necesidad de
recomponer algunos precios relativos, sugieren que una vez más las pautas de inflación oficiales serán
superadas por la realidad.

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Inconsistencias electorales

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En los primeros siete meses del año, el gobierno logró cerrar las cuentas primarias con un déficit equivalente a 0.7% del PIB, bastante menor al que se podía inferir del presupuesto. El ajuste en jubilaciones y salarios públicos sumado a ingresos extras por retenciones y el aporte solidario más que compensaron las mayores erogaciones en subsidios a la energía y el transporte.

Pero las urgencias electorales han impulsado un relajamiento que, ya puede verse, llevará a una mayor emisión monetaria. Si se supone que el déficit del año antes del pago de intereses termina en 3.5% del PIB, que se financia con emisión (es decir se coloca deuda por los intereses que vencen hasta fines de año) y que el BCRA esteriliza alrededor de medio billón de pesos, quedará un remanente de pesos por encima de lo que desean tener los demandantes de dinero que sería del orden de 15% a 20%. Ese desequilibrio requerirá una reducción en la oferta real de dinero por la vía de un aumento en los precios de esa magnitud. Si se lo suma a la inflación necesaria para financiar el desequilibrio del año 2022, es fácil concluir que la inflación el año próximo será parecida a la de este año (pronóstico de FIEL desde hace varios meses atrás).

Esa no ha sido la única inconsistencia de la campaña electoral. Por ejemplo, hay figuras políticas destacadas que sugieren que es vital reducir fuertemente los impuestos. La elevada carga tributaria que tiene la Argentina en comparación a su nivel de desarrollo y el abuso de impuestos ineficientes (entre otros, cheque, ingresos brutos, tasas municipales de Seguridad e Higiene) justificarían avanzar en tal sentido. Pero hay un pequeño problema: esos altos impuestos no alcanzan siquiera para financiar el gasto público actual. Entonces, para poder avanzar en reducciones de impuestos se requiere proponer reducciones de gasto ya que la “magia” de la llamada curva de Laffer no tiene aval empírico.

Tarde o temprano habrá que encarar una reducción profunda del gasto estatal. Las licuaciones del gasto previsional y de los salarios públicos que ha realizado este gobierno para financiar parcialmente subas en otros gastos no son sostenibles. Muchos observadores se asustan ante la complejidad de la tarea y su supuesto costo político, pero si no hay espacio para seguir subiendo impuestos, las opciones que se han utilizado desde 2005 hasta hoy también son costosas: inflación, que agrava los problemas sociales y afecta el funcionamiento de la economía, o endeudamiento externo, que primero atrasa el tipo de cambio real y luego termina en defaults. La opción de financiamiento local está muy acotada y tampoco está exenta de problemas.

Otra curiosidad de esta campaña es la sugerencia del oficialismo de que la única deuda pública relevante es la que se emite en dólares. En primer lugar, este nuevo discurso del oficialismo se contrapone a los ejercicios de sostenibilidad de la deuda que presentó el Ministerio de Economía al Congreso en oportunidad de discutirse la restructuración de la deuda en moneda extranjera con inversores privados que incluían, como es correcto, a toda la deuda estatal.

En segundo lugar, es curioso que la deuda en pesos sea vista como un «paga Dios» cuando uno de los principales tenedores es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES.

Finalmente, los países desarrollados emiten la casi totalidad de su deuda en moneda local y ello no obsta para que la incluyan en los ejercicios que se hacen para evaluar su sostenibilidad. Es cierto que la deuda en moneda local puede licuarse por decisión del Banco Central del país, pero ello no está exento de problemas (para los memoriosos, recordar la salida del Plan Primavera que desembocó en la hiperinflación de 1989). La verdadera ventaja aparece cuando los ahorristas locales tienen en cartera gran parte de la deuda estatal y no salen corriendo a venderla ante el primer cimbronazo. Ese ha sido el caso de Japón, y algunos analistas lo utilizan para explicar porqué el cociente deuda a PIB es tan alto en ese país y a pesar de ello no parece enfrentar problemas de liquidez. Pero si la clave es que los ahorristas le “hagan el aguante” al gobierno, no cambia mucho que la deuda sea emitida en moneda local o extranjera.

Otra curiosidad es la confusión entre solvencia fiscal y crecimiento de exportaciones. Es obvio que un deudor que tiene pasivos en moneda extranjera debe conseguir las divisas de algún lado si tiene que reducir el tamaño de ese pasivo. En cambio, si puede mantener la cantidad de deuda constante sólo requiere poder emitir deuda en dólares por la misma cantidad que vence y eso puede concretarse sin un aumento en las ventas al exterior. Cuando en el año 2020 el gobierno reestructuró su deuda con los privados, supuestamente lo hizo para volverla sostenible. Si hubiese sido así, podría hoy emitir deuda en el mercado internacional y conseguiría, de este modo, los dólares que necesita para pagar los dólares que vencen. Que no pueda hacerlo es evidencia de las malas decisiones de política económica o del susto que genera la coalición de gobierno en los ahorristas; no puede atribuirse a la pandemia, ya que países en desarrollo con mayor peso de la deuda respecto del tamaño de su economía han podido financiarse a tasas muy bajas.

Pero aún si el deudor debe reducir el peso de la deuda, la limitante más importante para hacerlo no es el crecimiento de las exportaciones, sino que tenga los pesos para poder comprar los dólares en el mercado y usarlos para reducir su pasivo. Si los acreedores de títulos emitidos en moneda local quieren reducir su exposición con el gobierno y el Tesoro no tiene superávit en pesos, igual habría un problema. La maquinita daría una opción que no es muy distinta que usarla para comprar reservas que luego se usan para cancelar deuda en moneda extranjera.

Es posible que la cancelación de pasivos externos pueda resultar en un salto en el tipo de cambio real. Pero el riesgo de tener que afrontar una reducción abrupta en la demanda de títulos públicos parece mucho menos relevante si el déficit fiscal global es muy bajo o nulo.

En resumen, sería mucho más útil para el futuro económico de la Argentina que se discutan propuestas para limitar el oportunismo fiscal en los años de elecciones y, mirando el largo plazo, sugerencias que permitan reducir el tamaño del gasto y el déficit fiscal. Si ello se concretara, al menos la volatilidad macroeconómica se reduciría en forma importante.

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El largo camino hacia las elecciones legislativas

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En el camino a las elecciones de medio término el gobierno esboza una estrategia económica que pretende influir en el resultado electoral:
a) bajar la inflación postergando aumentos de tarifas y de tipo de cambio e interviniendo para reducir la brecha cambiaria, aun cuando ello le haga perder las pocas reservas que ganó el BCRA por la mejora en el precio de la soja,
b) forzar una mejora transitoria en los ingresos de jubilados y probablemente asalariados aun cuando el Estado y las empresas no tengan los recursos para hacerles frente,
c) apretar controles para lograr una baja en el precio de algunos alimentos, aunque sea efímera y contradictoria con el objetivo de aumentar exportaciones, y
d) aumentar todavía más el peso del Estado en la economía aún a pesar de la grotesca ineficiencia que ha caracterizado a la gestión pública

Dado que es una carrera corta es posible que la inflación ceda respecto del 4% mensual que promedió en el semestre diciembre 2020-mayo 2021 y que haya una mejora transitoria en el salario real. Pero lo curioso de este caso, y a diferencia de los observado en 2014 y 2015, es que el Gobierno heredará los costos de las inconsistencias de su pseudo programa económico ya que debe gobernar hasta finales del 2023.

El primer desafío post elecciones será llegar a un rápido acuerdo con el FMI ya que las decisiones de política económica han impedido que el gobierno nacional acceda a financiamiento en dólares a tasas de interés razonables como de hecho hace la gran mayoría de los países emergentes. Claramente no es una restricción para acceder a financiamiento que las economías sean bimonetarias (por ejemplo, Bolivia, Perú o Uruguay) o incluso no tengan moneda propia (por ejemplo, El Salvador o Panamá). La limitante pasa más por la visión particular de la economía que tienen varios miembros de la coalición gobernante que influye en las decisiones macro y microeconómicas que se adoptan y que espanta a los inversores privados.

¿Estará dispuesta el ala política del Gobierno a ceder ante el FMI? La decisión de hacer un pago parcial al Club de París sugiere que ese es el escenario más probable. Pero no es seguro. El acuerdo con el FMI reducirá un poco el altísimo nivel de riesgo, pero no parece que sea suficiente para lograr financiamiento adicional para el sector público o los privados ¿Si no hay una zanahoria de corto plazo, para qué arreglar? Los más moderados del Gobierno tendrán que explicar convincentemente que un default con el FMI puede desalentar aún más las inversiones privadas y, sobre todo, intranquilizar a los depositantes lo que pondría una presión adicional a la ya exorbitante brecha cambiaria.

¿Y cederá el FMI? Con un déficit primario alto y la necesidad de acumular reservas la Argentina deberá depender del impuesto inflacionario por bastante tiempo. A eso se suma la inflación diferida de este año al siguiente en el contexto del plan electoral de acá a noviembre y la acumulación de una demanda reprimida de divisas (dividendos, turismo, deuda privada) que ni siquiera se pudo regularizar en un contexto de precios altos de la soja. Inflación alta y controles de cambios no parecen ser fáciles de digerir para el organismo multilateral.

Luego del acuerdo con el FMI el Gobierno tendrá el desafío de cumplirlo. Ya se han subido impuestos a destajo (bienes personales, retenciones, impuesto País, aporte solidario extraordinario e ingresos brutos) y se han pisado jubilaciones a los que aportaron y sueldos públicos, para gastar más en subsidios a la energía y el transporte, algo de inversión pública y atención de la pandemia. ¿Podrá el oficialismo diseñar una política fiscal sostenible?

Finalmente, el resultado electoral de noviembre puede afectar la economía en los años siguientes. Si el Gobierno gana la mayoría en la Cámara de Diputados algunos de sus referentes ya insinúan que podrían ir por reformas que seguramente serán percibidas como un deterioro terminal en la calidad de las instituciones; si en cambio gana la oposición: ¿Se mantendrá unida la coalición oficial con visiones tan diferentes si perciben que perderán el poder en 2023? ¿Cuál será el apoyo político a la necesaria mejora en la política fiscal y monetaria?

En conclusión, hay un largo camino que recorrer hasta las elecciones de 2023. Hagamos votos para que se mantenga alto el precio de la soja y que siga actuando como un bálsamo para las heridas que genera una política económica subordinada a las necesidades de corto plazo de la política.

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