Daniel Artana

Economista jefe de FIEL. Profesor en la UNLP y en la UTDT. Ph. D. in Economics UCLA

En la dulce espera

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Ante la falta de definiciones sobre quiénes integrarán el equipo económico del nuevo gobierno y sin certezas del contenido del programa económico, sólo se puede hacer un análisis muy general.

Política fiscal

Se habla de aumentos en las tasas de algunos impuestos (a las exportaciones y a los bienes personales) pero no queda claro si la recaudación extra se utilizará para reducir otros gravámenes, para mejorar el balance fiscal primario o para financiar un aumento en el gasto primario.

El presidente electo y algunos de sus asesores han destacado en varias oportunidades la importancia de equilibrar las cuentas públicas. Se supone que se refieren al balance global del fisco nacional incluyendo intereses. Y también se han manifestado acerca de la necesidad de que esa mejora fiscal sea obtenida gracias a la recuperación de la economía. Esto plantea algunos interrogantes.

La Argentina tiene una elevada presión tributaria comparada con países de similar desarrollo y además utiliza en exceso gravámenes muy distorsivos sobre la producción (ingresos brutos, transacciones financieras, sellos, retenciones, tasa de seguridad e higiene municipal).

A su vez, en los gravámenes al ingreso o a la riqueza debe considerarse que los mismos recaen sobre contribuyentes que han sufrido una caída importante en su riqueza neta; ahorristas argentinos poseen títulos públicos y acciones que han perdido entre el 40% y el 85% de su valor.

La reacción habitual de quienes sufren una merma en su riqueza o sufren impuestos adicionales es reducir su consumo para aumentar la tasa de ahorro. Esto opera en contrario a los intentos por reactivar el consumo vía distribuciones de renta entre residentes. Por otra parte, la Argentina necesita mejorar sus cuentas fiscales en forma permanente y creíble.

La experiencia de otros países sugiere que ello se logra más fácilmente por la vía de reducciones del gasto primario. Si se opta por aumentarlo, financiado en parte con mayores impuestos, se puede diluir en parte el efecto sobre la credibilidad del ajuste. Es posible que se pretenda evitar un ajuste adicional y se procure lograrlo a partir de la mejora de ingresos que genere la reactivación.

Aún cuando se diera tal recuperación, la credibilidad del programa fiscal requiere de un control férreo del gasto primario en términos reales. Un primer test del nuevo gobierno es poder frenar las demandas sobre el gasto primario de los actores que forman parte de su propia coalición.

Sin un sendero fiscal creíble, será más difícil renegociar la deuda en forma rápida.

Curiosamente se ha instalado la “necesidad” de recortar intereses porque un cupón promedio de 7% en dólares luce “elevado”.

En verdad dista mucho de las tasas de dos dígitos que se pagaban a finales de los 90 en la Argentina y, ajustados por la inflación internacional, se reducen a 5% real.

Además, el costo de la deuda soberana durante el período del boom de commodities (9 años entre 2003 y 2011) fue un promedio anual de 7.4% en Brasil, 6.3% en Perú ó 6.8% en Colombia y ninguno de estos tres países terminó en un default soberano o en deudas impagables.

Claro que en ese período de nueve años promediaron superávits primarios de 3% del PIB en Brasil, 2.3% del PIB en Perú y casi 1% del PIB en Colombia. El diagnóstico de intereses “elevados” en el caso argentino parece más una excusa para evitar tener superávit primario.

Nótese que el total de intereses con los bonos argentinos de mediano y largo plazo que tiene el sector privado y con los multilaterales es de aproximadamente US$ 11.000 millones al año (hoy un poco más de 2.5% del PIB). Política monetaria Parecería que se tratará de aplicar una política monetaria blanda con la esperanza de que el cepo evite que la emisión se traduzca en una pérdida de reservas del BCRA y que los pesos se canalicen más a cantidades, facilitando la recuperación.

Hay espacio para ablandar la política monetaria pero ello es posible en un contexto de recomposición de la confianza que permita recuperar la demanda por dinero en términos reales. A diferencia del cepo de 2011, hoy hay un tercio de las reservas netas que había en aquel entonces, y una demanda de dinero en caída, comparada con un aumento del M3 privado en moneda local de 18% del PIB a 22% del PIB entre 2003 y 2011 (que fue interrumpido transitoriamente sólo por la crisis financiera internacional). Esa recuperación de la confianza puede darse en un contexto de políticas económicas ad hoc si mejoran los precios internacionales o hay muchas reservas netas, pero ninguna de esas condiciones estará presente, al menos al comienzo de la gestión del nuevo gobierno.

Por lo tanto, sería más seguro apostar a un programa económico que convenza a los ahorristas de que, aún en un contexto de cepo, pueden hacer daño a la macro presionando sobre la brecha cambiaria. Una brecha alta, tarde o temprano, contamina los precios y reduce el balance comercial declarado al BCRA.

Políticas microeconómicas Las urgencias de la macro pueden llevar a errores serios en las políticas micro. Por ejemplo, la pesificación de los precios domésticos de productos transables para subsidiar a los consumidores locales termina con una crisis de oferta como demuestra lo ocurrido con la energía y la carne entre 2005 y 2015. Y en los momentos de urgencia aparecen sugerencias de reactivar políticas sectoriales o regionales de alto costo fiscal y escaso aporte al valor agregado nacional; el caso emblemático es la producción industrial en Tierra del Fuego.

En resumen, la calidad de las decisiones económicas es crucial no sólo en la consistencia indispensable de la política fiscal y monetaria sino en preservar los incentivos a la producción de transables y evitar subsidios desmedidos que sólo perjudican al erario y a los consumidores.

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Lecciones de la crisis

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La crisis de confianza que se generó después de las PASO del 11 de agosto ha dado lugar a una gran confusión respecto de las causas y las medidas que se adoptaron para enfrentar los problemas.

¿Fue el ajuste fiscal y monetario el culpable de la derrota del oficialismo?

En 2015, la Argentina tenía un déficit fiscal del orden de 6 a 7% del PIB que no podía ser financiado con reservas internacionales (no había reservas netas), ni tampoco en el pequeño mercado local de capitales. Eso dejaba como opciones el impuesto inflacionario y el financiamiento con deuda externa. Estas dos alternativas generan costos importantes, la primera por su impacto negativo sobre la pobreza y el funcionamiento de la economía, y la segunda porque atrasa el tipo de cambio real y expone la economía a un sudden stop.

La solución era avanzar rápido en la mejora de las cuentas fiscales pero en lugar de eso (o de intentar un gradualismo) el gobierno optó por la inacción, ya que el déficit fiscal de 2016 y 2017 no fue muy distinto del de 2015. El corte de financiamiento externo desde 2018 en adelante, que sólo pudo ser reemplazado por el FMI en forma parcial, obligó a una corrección acelerada de la posición fiscal con un impacto contractivo sobre el nivel de actividad. En definitiva, la génesis del problema es muy anterior a 2018 y 2019: es la inacción fiscal de los dos primeros años. Por ejemplo, si se hubiera optado por una reducción gradual del déficit primario a un ritmo de 1% del PIB por año, como los ahorros se acumulan, se podía haber prescindido de toda la deuda de corto plazo que hay en 2019.

Eso deja una lección importante para el futuro gobierno. Si se quiere reducir la volatilidad de la economía argentina, es prioritario resolver la cuestión fiscal.

En el campo monetario, la falta de credibilidad en el ancla nominal y objetivos muy ambiciosos en la reducción de la inflación ayudaron a que la tasa de interés real fuera alta. Ello se agravó con la crisis de confianza que requirió una compensación creciente para que los ahorristas optaran por invertir en instrumentos en moneda local. Tasas de interés muy elevadas en términos reales conspiraron también en contra del nivel de actividad.

¿Puede la crisis convertirse en una oportunidad?

Ello es posible en un gobierno que tiene un largo período de gestión por delante, pero no parece estar al alcance de uno cuyo mandato terminaría en pocos meses.

Sin embargo, esta situación no es justificativo para las medidas de corte populista decididas post PASO en materia fiscal y energética: conspiran contra la mejora en las cuentas públicas y contra los incentivos a la inversión que harán posible una mejora permanente en la oferta de petróleo y gas.

¿Qué margen de maniobra tiene el gobierno en el medio de la incertidumbre? En momentos de alta incertidumbre, el margen de acción de cualquier gobierno se acota al extremo. Los problemas había que resolverlos antes para generar los colchones que permitieran un tránsito más ordenado hasta el 10 de diciembre.

Cuando hay colchones acotados y una crisis de confianza, los gobiernos se ven forzados a elegir el mal menor. Sin embargo, al tomar las decisiones con cuentagotas y favorecer a los individuos a expensas de las empresas e inversores institucionales, el gobierno nacional generó algunos costos para el futuro que podían haberse evitado. La reprogramación de la deuda de corto plazo, particularmente en pesos, donde empresas y gobiernos subnacionales estacionaban liquidez genera un daño adicional a la actividad económica y complica la recuperación de un mercado en el futuro que existe en todos los países. El daño que generan los controles a la salida de capitales puede ser acotado si se mantienen por un plazo corto. Si el nuevo gobierno los extiende en demasía, además de fomentarse las típicas operaciones de subfacturación y sobrefacturación del comercio exterior, se reducirá la inversión ante la imposibilidad de disponer libremente de las utilidades.

Los desafíos para el próximo gobierno

La oposición enfatizó durante la campaña la necesidad de reprogramar la deuda. Se habló de la que se mantiene con el FMI pero ahora se ha sumado, por iniciativa del gobierno, la que se debe en bonos al sector privado (algo más de US$ 100.000 millones). Para lograr una extensión de plazos es habitual que los países comprometan un esfuerzo fiscal primario que le de ciertas garantías a los acreedores que cobrarán luego de la extensión. Como puede verse, el problema fiscal vuelve a ser central.

Se suma a este desafío que el programa monetario parte con una inflación muy elevada que no deja mucho margen para el error. Con una economía en recesión (el PIB caería otro 3% este año) y alta inflación el nuevo gobierno puede quedar preso de algunas de sus promesas de campaña y tratar de navegar sin resolver los problemas. Ese muddling through llevaría pronto a una desilusión colectiva. La opción es enfrentar los problemas con decisión lo cual puede requerir pagar costos políticos importantes al inicio de la gestión. Paradojalmente, es crucial evitar la inacción y desconfiar de las planillas de cálculo donde todo se resuelve mágicamente si la economía crece en forma sostenida.

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Propuestas inconsistentes durante la campaña electoral

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Al acercarse las elecciones han aparecido numerosas sugerencias económicas de las principales fuerzas que competirán en la elección de octubre que, en muchos casos, carecen de sustento. Si bien esto ha sido moneda corriente en el pasado en nuestro país y en otros, es más preocupante cuando esas sugerencias provienen de los técnicos de cada espacio. Algunos ejemplos son los siguientes:

Poner plata en el bolsillo de la gente para reactivar. Esa propuesta ignora el origen de la reducción en el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Al desaparecer el financiamiento externo voluntario y ser reemplazado sólo en parte por el FMI, la economía debió ajustar su exceso de consumo agregado (que se tradujo en un déficit en la cuenta corriente del balance de pagos que caminaba hacia 6% del PIB en el primer trimestre de 2018). No se puede consumir por encima de lo que se produce a menos que alguien lo financie o la economía tenga alguna reserva para usar. Dadas las escasas reservas netas del BCRA, no había mucho espacio para evitar una reducción del consumo.

Más allá de alguna normalización que a veces es posible si hubo algún overshooting durante el salto cambiario de 2018, la clave pasa por lograr relajar la restricción externa. Para que ello pueda sostenerse durante varios años es necesario o bien que aumenten los precios de los productos de exportación (que no depende de nosotros), o bien que aumenten las cantidades exportadas (que sí depende de nosotros, en particular de reformas que aumenten la productividad del sector transable de la economía) o bien que aumente el financiamiento menos volátil como el que provee la inversión extranjera directa.

La propuesta de poner plata en el bolsillo para reactivar pone el carro delante de los caballos y está condenada a tener, en el mejor de los casos, un vuelo corto.

Sin embargo, hay un espacio para alguna recuperación en la medida en que el nuevo gobierno anuncie un programa fiscal y monetario consistente y creíble. Ello ayudaría a reducir el riesgo país y la tasa de interés real que son como “impuestos” que soportan los trabajadores.

Hay que reducir las excesivas tasas que se pagan por las Leliq. La tasa de interés real es muy elevada, en parte por la incertidumbre electoral que reduce la demanda de pesos, y en parte por las dudas que genera el programa económico del gobierno que asuma el 10 de diciembre, aún si gana la opción más moderada.

Si se pretende reducir mágicamente la tasa de interés de las Leliq habría una merma importante en la tenencia de pesos, un salto en el tipo de cambio nominal y un golpe inflacionario. Si, en cambio, se avanza en un programa consistente, ello permitirá una reducción en la tasa de interés real en forma sostenible que, junto con la normalización de la demanda de pesos, debería ayudar a desarmar gradualmente el stock de pasivos remunerados del BCRA.

Hay que mejorar el salario real gradualmente, también el tipo de cambio real y las tarifas deben aumentar al mismo ritmo que los salarios. Esta curiosa propuesta no permite ver cuál es el precio relativo que cede, dado un nivel general de precios. Si todo va para arriba la consecuencia sobre la inflación es evidente.

Promover la expansión de Vaca Muerta genera los recursos para reducir impuestos distorsivos. La oportunidad de los recursos no convencionales es enorme, pero requiere también de enormes inversiones para lograr un aumento en la producción que expanda las ventas del sector en US$ 20.000 millones, como se señaló. Pero aún si se lograra ese aumento en forma rápida no hay un aporte de recursos a la Nación que permita reemplazar los 4% del PIB que generan las retenciones a la exportación y el impuesto al cheque. Sólo las provincias cobran regalías y otros impuestos asociados al valor de la producción. La base imponible del impuesto a las ganancias es ventas menos costos (incluyendo los intereses pagados por la deuda que utilizan las empresas para invertir). Suponiendo que el retorno sobre el capital propio es 20% de las ventas y que la tasa del impuesto a las ganancias se reduce al 25% como fue acordado en 2017, sólo se obtendría una recaudación adicional de 0,2% del PIB que, además, se comparte con las provincias en mayor medida que los impuestos que se quieren reemplazar. Esa recaudación sería todavía menor si el gobierno accede a permitir la amortización acelerada de las inversiones que difiere parte del impuesto al futuro.

Una expansión en Vaca Muerta sí aliviaría la restricción externa y permitiría mejorar el nivel de producción y consumo de la economía, lo que ayudaría a la recaudación. Pero tampoco la aritmética cierra ya que, en el mejor de los casos, hay que calibrar su impacto en la recaudación utilizando la tributación promedio en el margen del orden de 40% (que además se compartiría con las provincias).

Hay varias reformas estructurales que ya se han completado como la previsional. Esta conclusión ignora que el sistema jubilatorio tiene un déficit enorme si se contemplan los ingresos previsionales puros. Restablecer incentivos, es decir que la jubilación se calcule estrictamente en base a lo aportado (como se hace en algunos sistemas de reparto en países avanzados) es clave y ello debería llevar a la revisión de los numerosos casos en que ello hoy no se cumple.

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La agenda estructural

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Las reformas estructurales han entrado al debate público sin muchas precisiones. Parecería que los principales actores políticos perciben que habrá que avanzar en reformas, sea porque los vecinos se mueven en esa dirección (Brasil ya aprobó una ambiciosa reforma laboral y está en el Congreso una profunda reforma previsional; en la campaña electoral de Uruguay se discuten detalles de posibles reformas también en esos dos campos), o porque ello abriría la puerta para convertir el stand by vigente con el FMI en un EFF que permite estirar los plazos de devolución del préstamo que tomó el gobierno actual, o porque varios analistas las consideran cruciales para aumentar la tasa de crecimiento de mediano plazo de la economía y reducir su volatilidad, en la medida en que permitan mejorar la solvencia fiscal.

La agenda estructural incluye reformas en el campo laboral y previsional, en la apertura de la economía, en el sistema tributario y en la eficiencia del Estado en general. Los cambios en estas áreas son muy exigentes desde lo político por una razón sencilla: la mayoría de las reformas recortan privilegios cuyos beneficiarios tienen una gran capacidad de lobby para tratar de bloquearlas (beneficios concentrados en unos pocos cuyos costos están repartidos entre muchos).

Dadas las dificultades que enfrentó el gobierno a finales de 2017 para avanzar en algunos de estos campos, se puede entender que algunos actores coincidan con el título “hay que hacer reformas estructurales” pero que lo vacíen de contenido, sosteniendo que ya se ha resuelto el problema o poniendo en el centro de la discusión reformas que son relativamente fáciles de lograr, como el blanqueo laboral. Pero lograr la solvencia fiscal y mejorar la competitividad del sector privado requiere bastante más que títulos o blanqueos.

En los párrafos que siguen se analizan algunas de las reformas más relevantes a nivel nacional. Se excluyen la educación y la salud que son, mayormente, competencia de las provincias.

Apertura de la economía. La Argentina es una de las economías del mundo más cerradas al comercio internacional y este es uno de los factores que explican porqué las exportaciones son tan bajas en relación al PBI.

Ello aumenta la vulnerabilidad macro porque, ante un faltante de financiamiento, un salto de exportaciones no aporta mucho y se termina en una recesión profunda para reemplazar dólares financieros por comerciales. Seguramente será tema de discusión al comienzo de la próxima gestión presidencial reducir el arancel externo muy alto que tiene el Mercosur y tratar de cerrar el tratado de libre comercio con la Unión Europea.

Reforma laboral. El nivel de protección que cada país decide darle a sus trabajadores influye en los costos que pagan las empresas y ello puede afectar el empleo. Pero los problemas principales que enfrenta la Argentina no pasan por ahí, sino por el derroche en intermediarios que perciben un pago importante por sus “servicios”. Dos ejemplos claros son: a) la alta litigiosidad que resulta en pagos importantes para los abogados laboralistas y un costo importante para el Estado que financia el fuero laboral; y b) los fondos extras que perciben los sindicatos por encima del aporte voluntario de quienes deciden afiliarse.

Los costos de la alta litigiosidad entran en los costos de las empresas pero no benefician al trabajador. Una opción para reducirla es que las multas por pagar algo en negro (que, obviamente, en muchos casos no es comprobable) sean bajas para cualquier empleador que tiene registrados a sus trabajadores en el sistema previsional, que es la situación de muchísimas Pymes (digamos 5% en lugar del 200% actual) y que sean más severas para los que tienen trabajadores en la clandestinidad.

Una discusión aparte es el cómputo de la indemnización, ya que algunos países han reducido los 30 días por año de antigüedad que rigen en la Argentina. Los sindicatos argentinos, además de administrar las obras sociales -Alemania, país del cual se imitó el modelo de salud de la seguridad social, ya introdujo una profunda reforma hace una década-, reciben en muchos casos aportes extras para el gremio o para actividades que hace/supervisa el gremio. En los hechos, actúan como un impuesto al trabajo cuya recaudación se “privatiza”.

Por ejemplo, cualquier empresa de comercio hace un aporte adicional del orden del 15% sobre las cargas patronales y aportes personales para financiar un seguro privado de jubilación, actividades de capacitación y otros menores cuyos beneficios son bastante difusos, pero en los cuales el gremio es un actor central. Esto se replica en varios sindicatos que disfrutan de ingresos que aumentan el costo laboral sin que ello favorezca claramente a los trabajadores.

Además, las normas que regulan el empleo temporario en la Argentina son rígidas y costosas, en particular para resolver los casos de personas que desean trabajar una jornada reducida.

Reforma previsional. La Argentina gasta alrededor de 11% del PIB por año en jubilaciones y pensiones cuando se suman las 12 cajas provinciales no transferidas y la ANSES. Hay varios problemas de incentivos que resultan en regímenes especiales, entendiendo por tales a hacer menos aportes que otro trabajador que tiene un ingreso similar para obtener una jubilación parecida.

El principal régimen especial es el monotributo, pero hay otros (judiciales, docentes, futbolistas y servicio exterior). Aún dentro de un sistema de reparto es posible estimar las jubilaciones en función de lo aportado por cada uno a lo largo de su vida laboral. Ello resolvería varias injusticias que tiene el régimen actual y mejoraría los incentivos a aportar. A esto se agrega el problema de la edad jubilatoria (sobre todo de las mujeres) y la litigiosidad que resulta de prometer beneficios que no pueden sostenerse fiscalmente. Reforma impositiva.

El desafío es lograr los recursos para poder cumplir con los objetivos de la reforma de 2017 y evitar comportamientos oportunistas de los municipios que quedaron afuera de aquélla. Nótese que además de financiar las rebajas comprometidas a finales de ese año (y luego parcialmente suspendidas) hay que lograr ingresos para retrotraer el aumento en las retenciones. Reforma del Estado. A pesar de los avances en la reducción del peso del Estado en la economía, hay todavía mucho espacio para reducir “cantidades” reemplazando el ajuste por mayor inflación que en parte se hizo en 2019.

Hay opciones que van desde fusionar tareas que hoy hace cada ministerio hasta avanzar en despolitizar la asistencia social que sigue teniendo intermediarios y algunos abusos. Conclusión. La agenda de reforma es amplia y obviamente habría que complementarla con acciones de provincias y municipios. Son temas complejos y “políticamente” costosos pero que son cruciales para lograr mayor crecimiento, mayor empleo formal y mayor equidad. 

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Con las manos atadas

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La depreciación de 11.8% en el tipo de cambio mayorista del mes de marzo, la inflación mayor a la esperada durante el primer trimestre del año y la publicación de las estadísticas de desempleo y pobreza han generado desazón. ¿Puede el gobierno hacer algo para cambiar este panorama? Lamentablemente, la respuesta es que puede hacer poco o nada.
Ejecutar una política fiscal anticíclica en un contexto de alta capacidad ociosa y elevado desempleo y subempleo podría ser efectivo. Pero para poder avanzar en ese sentido hace falta que alguien financie el déficit fiscal adicional. El financiamiento voluntario privado ha prácticamente desaparecido; sólo se cuenta con el que aportan los organismos multilaterales que está condicionado al programa fiscal acordado con el FMI. Este programa prevé dos casos en los cuales el compromiso de equilibrio primario para 2019 se puede relajar: un deterioro en las condiciones sociales que abre la puerta para un aumento en el gasto de 0.2% del PIB (que acaba de ser ampliado a 0.3%) y el avance en la ejecución de algunos proyectos de inversión pública con financiamiento internacional por otro 0.2% del PIB. Aún utilizando el margen de 0.5% del PIB, este año habrá un apretón fiscal significativo comparado con el déficit primario de 2018 de 2.4% del PIB.
Relajar la dureza monetaria corre el riesgo de impulsar el tipo de cambio al techo de la zona de no intervención (ZNI). Tampoco parece el camino adecuado para reducir la tasa de inflación. En el diseño del programa monetario, ese relajamiento podía venir si el tipo de cambio se ubicaba en el piso de la ZNI. Desde esta columna se argumentó que un piso más alto con una banda más estrecha habría sido mejor, pero no parece que haya mucho margen ahora para cambiarlos.
Dentro del rango de medidas heterodoxas, el gobierno podría impulsar el crédito al sector privado. Los anuncios de programas con tasas de interés subsidiadas para Pymes y jubilados van en ese sentido.
Finalmente, en el pasado, luego de fuertes depreciaciones de la moneda local, los ahorristas se han tentado de desprenderse de divisas para comprar bienes durables que redujeron su costo en dólares. Pero esta decisión también está afectada por la incertidumbre electoral. Hasta que no desaparezca el riesgo de una vuelta al populismo es difícil esperar que este desahorro sea importante. Otros factores externos ya están operando (mejora en la cosecha y en Brasil) o sufren de la misma demora en su ejecución (mayor financiamiento o inversiones externas).
Los datos de actividad sugieren que la economía habría dejado de caer y podría insinuar una tibia recuperación. El PIB mensual, la industria y la construcción relevados por INDEC, el índice Construya y el índice de producción industrial de FIEL todos muestran una recuperación en las series ajustadas por estacionalidad en los meses más recientes disponibles. La mejora en la cosecha ayudaría a consolidar esa mejora, pero la dureza fiscal y el aumento reciente en las tasas de interés actuarán en sentido contrario.
 
En la medida que se reduzca el riesgo de retornar a un experimento populista (agravado por la falta de recursos para distribuir) habría un alivio que debería traducirse en una caída del riesgo país. Así se capitalizaría, pero con demora, el avance en la disminución del desequilibrio fiscal y del déficit externo. De todas maneras, parece poco sostenible que la economía argentina pueda abandonar “el modo ajuste”. Aún a pesar del receso 2018-2019 y de la depreciación observada en el tipo de cambio real multilateral del orden de 30% respecto de finales de 2017, la cuenta corriente del balance de pagos sigue siendo deficitaria. Una mejora en el consumo sin mayor depreciación aumentaría ese desequilibrio y no es evidente de dónde saldría el financiamiento para hacerlo posible ni la capacidad de mantenerlo en el tiempo.
La Argentina necesita reformas estructurales que le permitan sostener el crecimiento aún en un contexto en el que no haya mucha suerte (en precios de exportación o crecimiento de nuestros socios comerciales). De esa manera se puede disparar el círculo virtuoso de mayores inversiones y exportaciones. La solvencia fiscal y la reducción de sobrecostos al sector privado son esenciales y no se lograrán con slogans de campaña.

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