Florencia Grillo

Politóloga, UBA  

Integración regional: CELAC vs OEA y el rol de Argentina

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No podemos dejar de hablar de Perú, la asunción de Pedro Castillo y la importancia que ahora parece que van a tener los distintos organismos internacionales como la CELAC y el Grupo Andino, sobre todo atravesado por la reivindicación de las comunidades originarias.

Castillo en su primer discurso dijo absolutamente de todo, si querés ver un resumen copado te dejo este artículo con los puntos claves.

En la ceremonia inaugural estuvieron presentes Alberto Fernández (Argentina) quien fue el primer presidente en felicitarlo por su triunfo electoral, Sebastián Piñera (Chile), que hay que destacar que fue su primer viaje fuera de territorio chileno desde el comienzo de la pandemia. Por otro lado, fue el primer acto que Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Arce (Bolivia) participaron en calidad de presidentes; Iván Duque (Colombia) y el Rey Felipe VI (España) también estuvieron presentes, sobre todo con los ojos puestos en las reuniones bilaterales, al igual que Francisco Bustillo (Canciller de Uruguay) que viajó en representación de Lacalle Pou y Hamilton Mourao (Vicepresidente de Brasil) quien asistió en nombre de Bolsonaro.

Y en esta foto se ve claro quienes están al lado del nuevo presidente de Perú. Fernández y Arce, formando un tridente clave para la cooperación sur-sur que Argentina está buscando para la etapa de post-pandemia.

¿Por qué digo que Argentina está buscando esto? Vayamos al grano. 

Porque así como empezó esta nueva administración, empezaron los cuestionamientos a la nueva visión de política exterior de descolonización que impone el nuevo gobierno.

Una política exterior “abierta y democrática”, que priorice la integración regional, el fortalecimiento de organismos como la CELAC y el Grupo Andino, y la reactivación de UNASUR, anunció el nuevo canciller peruano Héctor Béjar al asumir el cargo. En su primer discurso como ministro de Relaciones Exteriores, dijo que “la autonomía e independencia serán un principio esencial de la nueva diplomacia peruana, las decisiones se tomarán en función de los intereses de nosotros, que es la expresión colectiva de la nación, y no de intereses de otros”.

No mencionó al Grupo de Lima, principal vocero internacional de la oposición al régimen venezolano, que el Perú ha integrado con entusiasmo en los anteriores gobiernos, pero fue claro en señalar que el nuevo gobierno se guiará por el principio de “no intervención en los asuntos internos de otros países” y que en ese marco buscará contribuir a un diálogo entre los distinto sectores venezolanos y no el enfrentamiento con el gobierno de ese país. Un claro distanciamiento del Grupo de Lima y a las propuestas de la candidata Fujimori y su visión de la política exterior.

“Sudamérica y América Latina en especial, tienen una deuda pendiente con sus pueblos para articular una acción conjunta y responsable en la lucha regional contra el COVID. Nuestros países tienen la obligación ética de cooperar en esta lucha, independientemente de las orientaciones políticas de los gobiernos” afirmó. 

Es por ello que la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) del sábado 24 de julio que tenía como principal objetivo la búsqueda de una estrategia regional para adquirir vacunas y celebrar los 238 años del natalicio de Simón Bolívar, ahora toma más relevancia.

Porque el encuentro, que tuvo lugar en Ciudad de México, fue noticia por otras razones. La principal, un discurso del presidente anfitrión, Andrés Manuel López Obrador, haciendo un llamado a sustituir la Organización de Estados Americanos (OEA).

El mandatario incluso delineó algunas características que debería tener ese nuevo organismo, al que equiparó con la Unión Europea: debería ser un ente “verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia”. La idea fue rápidamente rechazada por Colombia, pero bien acogida por figuras como Alberto Fernández, Luis Arce y José Mujica.

Incluso Fernández sostuvo que la OEA “ha dejado de ser un organismo que funcione y sirva a América Latina”. A través de Twitter, Arce dijo “hacerse eco de las palabras del hermano López Obrador”, mientras que el expresidente uruguayo Mujica dijo, tras apoyar a AMLO, que “es un deber aprender a gobernarnos nosotros mismos; la tutoría de los intereses de las potencias del norte nos ha hecho mucho mal”.

Tras las reuniones bilaterales (incluso con el mandatario conservador Guillermo Lasso)  que Fernández tuvo en Perú en el marco de la asunción de Pedro Castillo, se planteó la idea de que sea el próximo presidente de la CELAC. Con el apoyo explícito de México, quien hoy posee la presidencia del organismo regional, Alberto Fernández podría asumir el cargo el próximo mes, a pocas semanas de haber dejado la presidencia pro-tempore del MERCOSUR y haber hecho entrega de la misma a Brasil, que el año próximo va a las urnas y Lula tiene todas las de ganar.

Hay que destacar que el MERCOSUR atraviesa, el período de menor densidad de vínculos transnacionales económico-comerciales de su historia. Este declive de los intercambios intra-zona comenzó a consolidarse a partir de 2011 y fue acentuándose, de manera abrupta, a partir del avance de la demanda de productos primarios de China que, a la par, contribuyó a la aceleración de un proceso de primarización del bloque.  

Frente a ello, los países del MERCOSUR no generaron nuevas condiciones para un re-despegue productivo basado en proyectos conjuntos de diversificación productiva. Por el contrario, se fueron incrementando lentamente dinámicas unilaterales y creencias dogmáticas que desalentaron cualquier tipo de acuerdos.

Es por ello que, en este contexto, para entender un poco más el rol de la CELAC de cara al futuro, hay que hablar de los cuestionamientos que hoy posee la OEA, el organismo que se intenta debilitar en el plano geopolítico.

La aparente inacción ante la deriva represora en Nicaragua, el silencio ante la situación de Honduras y la cuestionada actuación tras el golpe al presidente Evo Morales en Bolivia no han ayudado a mejorar la situación de la OEA de cara a distintos actores regionales. Incluso la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), que engloba a exmandatarios como José María Aznar, Jorge Quiroga y Mauricio Macri, emitió un comunicado criticando a la OEA por no actuar a tiempo en Nicaragua.

Y si le queremos echar más nafta al fuego, La Cámara de Representantes de Estados Unidos introdujo en Julio una ley llamada “Asignaciones de Fondos para Operaciones en el Extranjero”, que ahora pasa al Senado, donde pide al Departamento de Estado indagar si las denuncias de la Organización de Estados Americanos sobre irregularidades electorales contribuyeron al golpe contra Evo Morales en 2019.

La OEA sigue siendo un actor influyente, pero con una política centrada en la agenda de Estados Unidos hacia América Latina. Bajo la secretaría de Luis Almagro se ha alejado de una posición imparcial y se ha enfocado en la estrategia geopolítica de la potencia contra gobiernos específicos, especialmente los del ámbito bolivariano. Esto fue ratificado por un estudio hecho en la Universidad de Salamanca, España, donde indican que en Bolivia no hubo fraude electoral e incitan a que Luis Almagro sea denunciado por delitos de lesa humanidad ante el Tribunal de la Haya.

Ha sido catalogada muchas veces como un organismo ineficiente que refleja las fracturas que hay en la región. La organización postergó una reunión para tratar la situación de Cuba tras la oposición de varios países, y en el caso de Venezuela no logró el consenso necesario para adoptar una resolución determinante ante la crisis.

Hay que tener presente que la OEA se levantó en la Guerra Fría, y es probable que agarre nuevamente vigor por el auge de China y los constantes esfuerzos de Rusia por reaparecer como un actor dominante dentro del sistema internacional, sobre todo a través de la diplomacia de vacunas, el recurso de soft power que hoy las potencias eligen para relacionarse con nuestra región. Si querés leer más sobre esto, te dejo este artículo que escribí al respecto.

Hay un ente regional que responde a necesidades nuevas, que es la CELAC, como decía anteriormente. Es una OEA sin Estados Unidos ni Canadá y fue creada para impulsar un diálogo sur-sur en América, un poco al margen de la gran influencia, sobrevalorada, de esos dos países. Hay que repensar la OEA, sobre todo teniendo presente que ni Cuba ni Venezuela participan en ella. 

La CELAC cumple un propósito adicional. Por su proximidad geográfica y dependencia económica, México no puede confrontarse con Estados Unidos. Al mismo tiempo, no puede someterse si aspira a tener el respeto y la confianza para tomar el liderazgo entre sus aliados latinoamericanos. En ese acto de equilibrismo y de diplomacia a varias bandas, la imagen de la CELAC contrapuesta completamente a la OEA. 

Pero pensemos también que el surgimiento de cualquier nueva organización supranacional implica desafíos enormes. Supranacional implica que se sobrepasan los límites de lo nacional y se dificulta el efecto vinculatorio cuando se incide en la soberanía. Las mayores presiones vienen del exterior y esto enciende de alguna manera los nacionalismos (que ya bastante envalentonados están).

Por otra parte, hay que entender que hay una desconexión entre los países que viven realidades totalmente diferentes. Como la impronta de EE.UU. es tan fuerte en la región, la única manera actual de imponer sanciones con algún efecto coercitivo es apelando a la potencia norteamericana. Por ello, si el resto del continente quiere tener alguna posibilidad de crear organismos de alcance regional que dejen huella, lo primero que tendría que hacerse sería reforzar los lazos económicos, a esto apuesta Perú.

Castillo en su plataforma planteaba la necesidad de contar con Centros internacionales de arbitraje para la región, un Sistema Interamericano de Derechos Humanos y un Grupo de Acción Financiera Internacional a nivel Sudamericano y Latinoamericano, para contrarrestar la influencia y poder que hoy posee el Fondo Monetario Internacional en nuestra región.

Pero todavía falta. 

Pensemos que por decisión del Gobierno de Jair Bolsonaro, Brasil dejó la CELAC en enero del año pasado. Y mientras el gigante latinoamericano solo mira hacia dentro y se ha quedado sin aliados en el continente tras la salida de Donald Trump, el eje de México y Argentina, basado en la afinidad entre las Administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, quiere llenar ese vacío en el liderazgo regional. Ya lo hizo con las vacunas, poniéndose al hombro la producción y distribución de insumos para toda Latinoamérica.

Alberto Fernández se consolida como el gran líder de la región y esto Washington lo tiene claro, de hecho, el principal asesor de seguridad nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, llegará a Buenos Aires hoy (al momento de la publicación de esta edición).

¿La agenda del viaje? Argentina y Brasil.

Jake Sullivan, titular del Consejo Nacional de Seguridad (NSC) de la Casa Blanca, y Juan González, jefe del Hemisferio Occidental en ese organismo, que conocen la agenda geopolítica de Jair Bolsonaro y Alberto Fernández, en esta gira relámpago -junto a otros funcionaros de la Casa Blanca- apuntan tornar más fluida la relación con Washington.

González ya estuvo en abril en Buenos Aires, en una gira que incluyó otros países de la región y de hecho, en junio recibió a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, en Washington. Que cuatro meses después regrese a Buenos Aires, pero esta vez acompañado por su jefe directo, confirma que sigue firme el plan de seducir a la Argentina, pese a las reticencias en política exterior que exhibe con frecuencia el gobierno.

Fernández podrá ser errático con su política respecto a Venezuela, Nicaragua y Cuba o podrá proponer sustituir a la OEA por la CELAC, pero sabe que “haciendo los deberes” con el tema del cambio climático gana muchos puntos en la Casa Blanca. 

No es precisamente el caso de Bolsonaro, al que la oposición en su país y organizaciones ambientalistas globales acusan de poner en peligro el Amazonas.

China siempre presente. La cooperación militar y cibernética será otro asunto a tratar, con especial interés en el 5G y en lo que haga Brasilia con las presiones de Pekín para que Huawei provea esa red.

Se hablará del tema vacunas también, con quien el gobierno hizo un acuerdo por 3,5 millones, pero Venezuela, Bolivia y Nicaragua también serán asuntos importantes, así como la lucha contra la pandemia y el crecimiento económico compartido. Es decir, la renegociación de la deuda con el FMI y la necesidad de un apoyo de Washington en ese camino.

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El legado de Angela Merkel

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Se acercan las elecciones en Alemania y surgen a priori dos interrogantes ¿Cuál será el legado de Merkel? ¿Qué será del futuro de la Unión Europea?

Primero, hagamos un breve repaso. A finales de junio, por ejemplo, Merkel recibió al presidente francés, Emmanuel Macron, en la cancillería; hizo lo mismo con el primer ministro italiano, Mario Draghi. Se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y luego viajó a Bruselas para asistir a dos días a la cumbre de la Unión Europea, donde intentó fortalecer los vínculos entre la OTAN y Estados Unidos e intentó fomentar el diálogo con Vladímir Putin. Esta semana, fue recibida por Joe Biden en la Casa Blanca. 

Merkel transformó la política alemana posterior a la Guerra Fría, liberalizó su partido, presidió una expansión extraordinaria del poder económico y político alemán en Europa e hizo mucho por defender el proyecto político europeo en tiempos muy complejos. Crisis del euro, crisis migratoria, el Brexit, el ascenso de populismos y ahora la pandemia.

La popularidad de Merkel en Alemania ha fluctuado en cuatro períodos. A nivel internacional, se consolidó, año tras año, como el principal líder europea y en unos meses dejará el poder con una imagen positiva que rompe todos los récords.

Y no todo ha sido color de rosa para la Canciller.

Durante sus 16 años de gestión, los países del sur de Europa resintieron las políticas de austeridad impuestas desde Berlín durante la crisis de la eurozona y los culparon del ascenso de los populistas en Atenas y Roma; por el contrario, algunos países del norte de Europa y del Báltico exigían que Grecia fuera expulsada de la eurozona tras la crisis de la deuda. Los europeos del este estaban enojados con ella por dar la bienvenida a los refugiados y se negaron a participar en un sistema de reasentamiento en toda la UE. Los liberales de todo el continente la han acusado de no prestar especial atención ante el retroceso democrático en Polonia y el ascenso de líderes autoritarios en Hungría. Una sucesión de primeros ministros británicos, desde David Cameron hasta Boris Johnson, se han sentido consternados por la cortés negativa de Merkel a pagar cualquier precio para evitar que se divorcien de la UE. Incluso, desde el otro lado del continente, soportó que Trump ninguneara la estrecha relación que Estados Unidos y la Unión Europea supieron construir.

Para profundizar el análisis, consulté a varios colegas internacionalistas. 

Esteban Chiacchio, analizando el caso griego, me cuenta que “hay un caso específico en dónde es interesarse posicionarse para comprender un doble desafío que deberá abordar quién busque llenar los zapatos de Ángela:  mantener unida a la familia (o sea, al bloque) y comprender las subjetividades en disputa que hay “puertas adentro” de cada nación”. Y expone que “La catastrófica situación financiera de Grecia y las políticas de austeridad que recomendaba la dirigente alemana, fueron un cóctel que minaron cualquier indicio de popularidad de Merkel en tierras helénicas; ello, sumado al resultado del referéndum, animó a referentes políticos del continente a cuestionar los términos de la alemana, como fue el caso del presidente francés Francois Hollande.” 

Y agrega “el caso griego se vio sumamente eclipsado por lo ocurrido un año después: el Brexit pateó el tablero de la geopolítica global y significó un nuevo desafío para Merkel, que sin dudas paseó su memoria por la experiencia griega para regatear los traspiés de dicha experiencia: ¿a cuáles nos referimos? La investigadora de la Universidad de Macedonia, Ino Terzi, postula que la baja comunicación y comprensión de la Unión Europea respecto a las condiciones de los ciudadanos afectados, no solo desprendieron políticas ineficientes, sino que también dañaron la reputación del bloque de manera significativa.”

Además, habla sobre la posible desintegración de la UE: “Pensar que el evitar la desintegración de la UE debe estar a la cabeza de la agenda de quién tome las riendas tras Merkel es algo exagerado. Si se pueden tomar algunos aspectos del caso griego para el mundo post-pandémico y sus nuevas particularidades: en un mundo -un continente- en dónde la comunicación constantemente se está reinventando, la reputación de la Unión Europea no puede solo sostenerse en base a la experiencia de sus instituciones y su confianza en los acuerdos y beneficios mutuos. El inmenso desafío es que el transnacionalismo no se devore a la necesidad de comprender las motivaciones subjetivas domésticas. Escribirlo es fácil, desarrollarlo es un largo camino de concesiones y reservas.”

Por otra parte, Gonzalo Fiore Viani analiza la actual situación de la derecha alemana y el futuro de la política alemana. “El balance del gobierno de Merkel, sin dudas, es positivo, y será recordada en el futuro como una de las grandes dirigentes políticas mundiales. Sin embargo,  los desafíos que enfrenta tanto su país como la Unión Europea tras su retirada, son muchos.

La extrema derecha, encabezada por Alternative Für Deutschland (AfD), aprovechó la bandera de las “libertades” frente a las restricciones impuestas por el gobierno para combatir la pandemia, para consolidar y ampliar su base electoral. Merkel, siempre centrada en sus posiciones y poco afectada por los grandes gestos o las frases rimbombantes, suele referirse en términos muy duros a AfD, el partido ultraderechista con mayor inserción electoral desde los años de la posguerra. Un signo claro de esto es lo sucedido en la región de Turingia en las elecciones regionales de 2019. Allí, el vencedor había sido el partido de izquierda Die Linke, pero quedó lejos de poder formar un gobierno, mientras AfD se posicionó en el segundo lugar, con un sorprendente 24% y 22 diputados”.

Además, sostiene que “El líder de la formación extremista en Turingia es uno de los elementos más radicales del partido, Björn Höcke. Con un discurso explícitamente xenófobo, racista y contrario a cualquier tipo de inmigración, Höcke ya es uno de los políticos de derecha más conocidos en el país. Luego de meses de negociaciones, en febrero de 2020, Thomas Kemmermich, del Partido Liberal, fue finalmente electo jefe regional de Turingia, gracias a los votos de la CDU y de AfD. Esto provocó un cisma político en Alemania, ya que rompió con el “pacto tácito” que existe en el sistema de partidos tradicionales: jamás pactar con la ultraderecha. Merkel criticó de manera muy dura esta decisión de un hombre de su propio partido. A causa del escándalo político desatado, Kemmermich debió renunciar, y la región se sumió nuevamente en la inestabilidad.”

Analizando la futura situación de la Unión Europea en su conjunto y el posible vacío que dejará la Canciller, Martín Schapiro me cuenta que “Merkel deja un orden económico europeo comunitario que se relaciona con una forma de actuación colectiva, con una cantidad de reglas y valores en esa actuación que van a sobrevivir durante mucho tiempo, donde la Unión Europea tiene compromisos colectivos a nivel presupuestario, en particular me refiero al manejo del presupuesto de los países miembro donde la UE también interviene colectivamente, si bien no lo hace como un supra- estado con recaudación común, sí interviene colectivamente ante las dificultades de los estados individuales ”.

Además agrega que “queda un liderazgo político y moral que ha marcado límites claros respecto de la ultraderecha europea, tanto de la derecha que es parte o socia minoritaria en los gobiernos en Occidente, como la de su propio país y como los que gobiernan en Hungría y Polonia, donde el conflicto de valores se ha escenificado desde la Comisión hacia los gobiernos de esos países seleccionados, respecto a la legislación LGBTIQ. Esos han sido valores que se han proyectado hacia el resto del mundo como valores europeos muy ligado al liderazgo de Merkel. Ese liderazgo inflexible ya su vez dotado de muchísima legitimidad interna y externa, teniendo en cuenta el peso de Alemania dentro de la Unión, hoy va a estar en cuestión ya que no hay una figura clara que pueda tomar ese liderazgo de manera tan indiscutible como lo tiene hoy el gobierno alemán”.

Alemania entre potencias

Trazar las cambiantes relaciones de Alemania con las grandes potencias ha sido el desafío más fastidioso de Merkel. Como potencia media europea que comparte continente con Rusia e importa energía de Rusia, depende para las exportaciones de China (el mayor socio comercial de Alemania fuera de la UE) y depende de Estados Unidos para su paraguas de seguridad, Alemania tiene opciones estratégicas limitadas. Históricamente, esto se ha reflejado en un instinto profundamente arraigado de equilibrar aliados y adversarios por igual, y Merkel no ha sido una excepción a esta tradición.

En una línea similar, gran parte de las conversaciones sobre el emergente mundo “multipolar” no impresionaron a Merkel durante mucho tiempo. Mientras Washington seguía siendo el principal proveedor de seguridad de Europa, ella y sus gobiernos se sintieron libres para abrir camino a las relaciones económicas especiales con Rusia –deterioradas después de la anexión de Crimea en 2014, a pesar de lo cual el controvertido y desacertado proyecto del gasoducto Nord Stream 2 se mantuvo– y, en particular, con China, de nuevo a expensas de la unidad europea. Pensar en los polos, en las dinámicas geoestratégicas y el peligro de crear dependencias peligrosas, se dejó para más adelante.

Sin embargo, tras cuatro años de presidencia de Donald Trump y los crecientes temores de la élite alemana sobre si EEUU logrará resolver lo que algunos describen como “inmensos problemas” internos, Merkel parece haber tomado finalmente la decisión de que es necesario un cambio. 

Como mínimo, Europa y Alemania necesitan tener un “plan B” en caso de que los estadounidenses vuelvan a elegir a Trump o una figura trumpista en las próximas elecciones, lo que podría acabar definitivamente con siete décadas de política exterior estadounidense. Esto significa un Occidente que en el futuro se basará más en los intereses compartidos, más que en los valores, y una Europa que cooperará estrechamente o incluso se alineará con Washington siempre que tenga sentido hacerlo, al tiempo que amplía el margen de lo que la UE puede hacer por su cuenta si es necesario.

Merkel parece apuntar ahora con firmeza a la creación de la autonomía estratégica europea: otra victoria silenciosa para Macron, quien, al final del largo mandato de la canciller, puede sentirse satisfecho de que la gran líder de Europa, después de bloquear durante años, se mueva ahora con firmeza en su dirección, a toda velocidad.

A pesar de haber tenido grandes relaciones económicas con Rusia, los modelos políticos siguen chocando. La anexión de Crimea por parte de Rusia, su guerra de poder en curso en Ucrania, sus operaciones de desinformación y propaganda en las redes sociales alemanas, el hackeo de los servidores del Bundestag en 2015, el asesinato en 2019 de un refugiado político checheno en Berlín, el intento de asesinato en 2020 del político del opositor ruso Alexei Navalny y el apoyo de Moscú a la brutal represión de las manifestaciones masivas en Bielorrusia: todos estos acontecimientos han llevado a la clase política alemana a una reconsideración sobre la relación con Moscú.

Como canciller, se convirtió en una transatlántica dedicada, incluso defendiendo la guerra del presidente George W. Bush en Irak. Tuvo una muy buena relación con Barack Obama, quien la instó a postularse para un cuarto mandato debido al riesgo para Europa de Trump. Y en mayo de 2017, después de esa primera aparición de Trump en una cumbre del G-7, Merkel dio la bienvenida a la elección de Biden con calidez (y un alivio palpable). Su ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, quien comparte sus puntos de vista sobre la importancia de la alianza con Estados Unidos, sigue presionando por un mayor gasto en defensa y una postura militar alemana más progresista. Pero también es cierto que las capacidades de seguridad de Alemania han estado lamentablemente infra financiadas durante demasiado tiempo.

De cara al futuro, todo es incertidumbre. Algunos plantean que Emmanuel Macron encontraron el gran próximo líder de la Unión, pero la legitimidad interna en Francia le pondrá las cosas muy complicadas.

Para Merkel, está empezando nada menos que un nuevo orden mundial, y quiere que la UE le dé forma. En lugar de evitar vincular a su sucesor, como algunos han especulado en relación con su tibia respuesta transatlántica, el objetivo de Merkel en sus últimas semanas parece ser casi el contrario: crear la plantilla para un Occidente futuro y para una política exterior europea que resista incluso cambios de gran alcance, especialmente en Estados Unidos.

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La denuncia de Bolivia a Macri que no sorprendió a nadie

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Macri llegó a la Casa Rosada en diciembre  de  2015,  después  de  una  campaña  electoral  en  la  que  planteó  la  necesidad  de  modificar todo lo realizado por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, especialmente en lo referido a la política exterior, la estrategia de inserción internacional, el modelo de desarrollo y el rol del estado.

Y así fue como se rompió una corta pero a la vez larga tradición de política exterior sostenida en el tiempo. Macri  partió  del  supuesto  de  que  el kirchnerismo había aislado al país y argumentó  que  él  lograría  “la  vuelta  de  Argentina  al Mundo” y la llegada de “una lluvia de inversiones”  a  través  de  un  modelo  de  “inserción prooccidental”.  En la práctica,  ese  modelo de inserción implicaba entre otras cosas reencausar los vínculos  con  Estados Unidos  y  países  de  Europa  como Alemania, España, Italia, Gran Bretaña y Holanda  e  incrementar  los  contactos  con  Canadá  y  Japón; volver a tener relaciones estrechas con  los organismos  multilaterales  de  crédito  (como el FMI)  y  otros espacios  multilaterales  (Organización Mundial del Comercio y G20 financiero);  disminuir  la  relevancia de Latinoamérica como un ámbito natural de inserción  para  Argentina  y  reorientar  las  relaciones  solo  hacia  los  países  con  propuestas político-económicas  semejantes y en ese sentido, otorgarle  a  la  crisis  venezolana  el  lugar  más  relevante de  la  gestión  externa  hacia  la  región, dejando de lado relaciones construidas durante el kirchnerismo con China y Rusia, nuevos hegemones que buscan espacio en la región a través del desarrollo de infraestructura. Pero lo que más llama la atención sin duda es el rol que se le ha asignado a la política de  derechos  humanos que Argentina supo construir después de atravesar una de las dictaduras más sangrientas de la región.

El jueves pasado el ministro de relaciones exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri envió armamento en apoyo de quienes dieron el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, en el marco de avances en la causa judicial que investiga lo ocurrido en noviembre de 2019, incluyendo declaraciones de políticos, civiles y militares en los hechos. 

Y este hecho se suma a la lista que el gobierno de Macri posee en tan solo cuatro años de gestión. Repasando brevemente encontramos que bajo su gobierno recortó fondos, desarticuló programas, despidió personal, le dio más poder a las Fuerzas Armadas y quiso “mover” el feriado del 24 de Marzo, pero además se produjeron la detención ilegal de Milagro Sala en Jujuy, la desaparición de Santiago Maldonado durante la represión de Gendarmería en el Pu Lof Cushamen de Esquel, el asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura en Villa Mascardi, y el intento de amnistía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia por la aplicación de la Ley de 2×1 para los represores de la última dictadura civico-militar, revertido luego de la masiva movilización popular en Plaza de Mayo.

A veces la política exterior de un gobierno y la doméstica no son muy congruentes, pero en el caso de Macri, han sido idénticas.

El destrato hacia las políticas de derechos humanos ha sido plasmada tanto en el plano doméstico como en el internacional, es por ello que el envío de cargamento militar ilegal -como lo calificó el actual ministro de defensa Agustín Rossi- para atentar contra la población de un país hermano debería ser un motivo de condena generalizada.

En este sentido, no podemos dejar de señalar que el gobierno de Macri cambió completamente el esquema de seguridad y defensa de la Argentina. A solo poco más de un mes de gestión, se decretó la Emergencia  de  Seguridad  Pública,  que  incluyó  la habilitación  a  las  Fuerzas Armadas  para  derribar  “aviones hostiles” no identificados, en el marco de la lucha contra el delito complejo y el crimen organizado, algo inédito desde la vuelta a la democracia.

Es importante recalcar que Estados Unidos se  convirtió  en  la  piedra  angular de la política exterior de la gestión. En 2016, Argentina ingresó al State Partnership Program que asoció a las Fuerzas Armadas con la Guardia  Nacional  del  estado  de  Georgia y se produjo la aparición de los llamados fusion center, que permitían el entrecruzamiento de información proveniente de  diversas  agencias  tales  como  las  FF.AA.  y  las Fuerzas de Seguridad argentinas, la DEA, el  Departamento  de  Seguridad  Nacional  estadounidense  y  miembros  del  Comando  Sur. Durante la gestión 2015-2019, también se observó un rol activo del Ministerio de Seguridad en la ejecución de  la  agenda,  en  contraposición  al  accionar  sutil  y casi desdibujado del Ministerio  de  Defensa.  El primero, al tener a cargo las fuerzas de seguridad y, por tanto, vía libre respecto a las nuevas amenazas, adquirió un perfil más alto y avanzó hacia un entendimiento con las diversas agencias estatales en materia de seguridad. En otras palabras,  esa  conducta  se  debe  a  que  en  gran  medida la mentada “modernización del sistema de defensa” –vinculada al combate a las “nuevas amenazas” (ideológicas) y con impacto en la dimensión estratégica de la política de defensa– se produjo sin modificar la normativa, algo que se ve hoy en día en Colombia y el rol imperante que posee la policía a la hora de “contrarrestar” las protestas contra el gobierno de Ivan Duque.

Si profundizamos el análisis sobre la denuncia que Bolivia hace, encontramos la participación activa de otros actores en el golpe de estado a Evo Morales como es el de Brasil, un país que ya ha transitado por un proceso de militarización de la seguridad pública, con los cuales Macri compartió propuestas  político-económicas  semejantes, que  con  el  gobierno  de Temer  vio  incrementada  la  militarización  de Río de Janeiro y cuya situación se acentuó con la llegada de Jair Bolsonaro y un gabinete colmado por personajes pertenecientes a la estructura militar brasileña.

No es casualidad que los gobiernos no populares aboquen sus visiones de política exterior a los lineamientos dictados por potencias, lo que preocupa en este caso es que el gobierno de Macri haya abandonado la bandera de protección de derechos humanos en materia de política exterior que tanto le ha costado construir a la argentina luego de 38 años de lucha de los organismos de derechos humanos por el reconocimiento de esta casi como política de Estado.

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Independencia de Estados Unidos: desafíos pendientes

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En la etapa constitutiva de los Estados Unidos como potencia imperialista, tuvo en las diversas guerras emprendidas por el deseo de dominio una de sus manifestaciones históricas específicas. Desde su propio nacimiento como Estado-nación moderno con la guerra de independencia, pasando por las guerras por la conquista del Oeste y por la hegemonía americana, la Guerra de Secesión, y luego las guerras mundiales, la de Corea y Vietnam, en todas se expresó de manera específica la “cuestión negra”. Si históricamente Estados Unidos se sirvió de la población negra para sus intereses dominantes mientras la condenó en el terreno interno a la esclavitud primero y a una ciudadanía de segunda después, el movimiento negro desplegó frente a esto múltiples formas de resistencia y fortaleció su organización.

Más allá de proclamar el nacimiento de los Estados Unidos de América, la Declaración de Independencia supuso una auténtica declaración de intenciones que dejó claras las aspiraciones de la nueva nación. Desde su promulgación el 4 de julio de 1776, la elocuencia de su mensaje se convirtió en un poderoso mito fundacional, el origen de un destino común venerado por el pueblo estadounidense.

Hoy en día, la Declaración sigue siendo una referencia para aquellos que anhelan convertir a EE UU en el país más justo e inclusivo del mundo. Paradójicamente, la Declaración constituye también un obstáculo para conseguir ese objetivo.

Redactada y firmada por los Padres Fundadores con Thomas Jefferson a la cabeza, en su segundo párrafo la Declaración afirmó como verdades “evidentes en sí mismas” que “todos los hombres son creados iguales” y que “la libertad y la búsqueda de la felicidad” son “derechos inalienables”.

La claridad y rotundidad de estas afirmaciones son innegables y su impacto ha marcado el devenir histórico del país. La Declaración es la base del “excepcionalismo americano” que ha ensalzado a EE UU como una nación única, bendecida en su creación por ideales democráticos y no limitada a vínculos ancestrales a un territorio.

Es una idea radical y extraordinariamente atractiva: una nación abierta a todos los que quieran unirse a ese ideal de libertad e igualdad. No en vano, en un país que orgullosamente se auto identifica como una nación de inmigrantes, la Declaración ha sido el motor del “sueño americano” que ha atraído capital humano de todo el mundo y ha impulsado los grandes logros de EE UU.

El texto, ratificado por el Segundo Congreso Continental el 4 de julio de 1776, sirve para múltiples propósitos: memorial de agravios contra el colonialismo inglés, alegato contra la tiranía y proclamación revolucionaria. No es la Constitución de 1787. Se trata más bien de una declaración de principios democráticos pero sin resultados garantizados: “Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.

Créditos: Craig Hudson

Estas incumplidas promesas, tan originales como engañosas al venir desde el minuto cero acompañadas de la tolerada lacra de la esclavitud, ayudan a explicar el cúmulo de frustraciones preexistentes a las protestas que se desencadenaron tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis.

En Estados Unidos, donde la esclavitud marcaría -desde antes de la independencia- diferencias difíciles de reconciliar entre el Norte y el Sur, millones de personas fueron utilizadas como mano de obra cautiva sobre todo en el especulativo cultivo de algodón. Para 1860, en vísperas de la guerra civil americana, el valor de todos los esclavos en Estados Unidos era superior al valor combinado de todos los ferrocarriles y bancos de la nación.

En este proceso, la esclavitud se integró en el diseño político de Estados Unidos. Para ganarse el respaldo de los futuros Estados sureños, con grandes plantaciones e incontables esclavos para su cultivo, de la Declaración de Independencia tuvo que desaparecer la acusación de que la monarquía británica había impuesto la esclavitud a sus colonias americanas. 

Y para sacar adelante la Constitución de 1787 se utilizó el Three-Fifths Compromise. A efectos del censo federal, un esclavo sería contabilizado como las tres quintas partes de un hombre libre, lo que garantizaba el peso específico dentro de la Unión de la demografía desigual de los Estados.

A pesar de todos estos intentos de proteger y mantener esta tragedia descrita en términos moralistas como el defecto de nacimiento de Estados Unidos, la esclavitud llevó a la secesión de los Estados del Sur en 1861, lo que desembocó en una guerra civil que costó la vida a un 2,5% de la población americana, en torno a un millón de víctimas mortales.

Al final del destructivo conflicto, se aprobaron las enmiendas XIII, XIV y XV de la Constitución de Estados Unidos. Estas reformas se concentraron en la abolición de la esclavitud, ciudadanía y derechos políticos para los esclavos. Una rectificación sin compensación alguna que, sobre todo en el Sur, relegó a los afroamericanos a una posición marginal. 

Esa histórica desigualdad fue el foco de la lucha por los derechos civiles a mediados del siglo XX y pese a los avances logrados todavía afecta a gran parte de la sociedad norteamericana.

Así es como surgen muchos interrogantes ¿cómo es posible convivir con la esclavitud durante 89 años después de haber declarado solemnemente que “todos los hombres son creados iguales”? ¿cómo es posible que, en 1965, cien años después de abolir la esclavitud, el matrimonio interracial fuera todavía un crimen en casi la mitad de los Estados del país?

Para entender estas paradojas es necesaria una lectura más profunda de la Declaración. El contexto histórico arroja luz sobre lo que los Padres Fundadores quisieron decir, más allá de lo que textualmente dice la Declaración. Muchos de sus autores, incluido Jefferson, eran dueños de esclavos y, obviamente para ellos, el hombre negro, pudiendo ser su propiedad, no podía ser su igual. Los nativos americanos solo se mencionan en la Declaración como “indios salvajes” y quedaron también ajenos a los derechos descritos en la Declaración.

Con el paso del tiempo, los descendientes de los autores de la Declaración (algunos con entusiasmo, otros a regañadientes y otros de tan mala gana que llegaron a provocar una guerra civil) ampliaron poco a poco el círculo, otorgando derechos a grupos “extraños”, no solo a negros e indígenas. Judíos, católicos, italianos, chinos, irlandeses, hispanos, etc. han sufrido discriminación por motivos religiosos o por ser percibidos como “culturalmente diferentes”. Algunos grupos como los de ascendencia italiana e irlandesa han entrado plenamente en el círculo de la América blanca. Otros grupos como los musulmanes o los hispanos continúan sufriendo hoy la discriminación y los ataques del nacionalismo xenófobo que Donald Trump sabe explotar con maestría.

El actual estallido racial en Estados Unidos debe entenderse también como parte de la corrosiva crisis de desigualdad agravada por la pandemia.

Los afroamericanos (y también los hispanos) son los que de forma desproporcionada la están sufriendo. Ya sea en su condición de víctimas del virus o damnificados de la subsecuente crisis económica.

La retórica racista se basa en incitar miedos similares a los que azuzaron otros arrebatos racistas de la historia de EE UU. Por ejemplo, en la década de 1920 el país adoptó las ideas de jerarquía racial de la eugenesia. Promovidas por la formidable maquinaria universitaria norteamericana liderada por Yale y Harvard, esas ideas justificaron el racismo, establecieron el supremacismo blanco, y produjeron políticas abiertamente racistas como el bloqueo a la inmigración de grupos étnicos “indeseables”, la segregación, la esterilización forzada y la criminalización del matrimonio interracial. El objetivo era aplacar el temor a lo que el presidente Theodore Roosevelt llamó “suicidio racial”, es decir, la disminución del dominio de la raza angloamericana o raza nórdica, considerada la raza maestra.

Trump ha alimentado constantemente una guerra civil cultural a través de provocaciones más propias de un político en auge en las redes sociales que del presidente de una de las naciones con mayor diversidad racial del mundo.

Por supuesto, Donald Trump no es el primer ocupante del despacho oval que ha intentado politizar el problema racial de Estados Unidos.

Descrédito internacional, violencia extrema, sobredosis de miedo e incertidumbre, retroceso económico, polarización política, protestas raciales y populismo desatado. 

La historia no se repite pero el 2020 se parece mucho a 1968, el año que realmente nunca ha terminado para el gigante americano y que se ha convertido en la última fuente de inspiración electoral para Donald Trump.

Y para esto es clave entender que la transformación racial está siendo el motivo detonante de estos discursos de odio.

El electorado que se mantuvo fiel a Trump añora un pasado que trasciende los últimos cuatro años. Evoca un país mítico de los años cincuenta, una realidad previa a la declaración de derechos civiles. 

Mucho ha cambiado desde entonces. 

La sociedad norteamericana es más secular, las mujeres ya no votan como los hombres, la distribución del ingreso es más desigual, y los obreros estadounidenses ven sus trabajos desaparecer. Pero quizás el cambio más profundo sea la transformación racial. La población blanca, 90% del país en 1950, representa hoy cerca del 60%. El electorado es hoy más diverso que nunca.

Cada vez que un cambio político subvierte el rígido orden racial estadounidense, un presidente conservador emerge para resistir la transformación histórica. 

En el siglo XIX, tras la guerra civil y el asesinato del presidente Abraham Lincoln, Andrew Johnson demoró la reconstrucción de los estados del Sur y empoderó a la élite blanca. En el siglo XX, tras el movimiento de los derechos civiles, Richard Nixon llegó al poder reclamando representar a la “mayoría silenciosa”. En el siglo XXI, tras el ascenso de Barack Obama, el primer presidente afroanericano en la historia del país, Donald Trump prometió hacer “América grande de nuevo”. 

Los presidentes explotan al límite sus poderes constitucionales. No es casual que Johnson, Nixon y Trump hayan enfrentado un juicio político en el Congreso. Nixon renunció antes de ser juzgado. Johnson y Trump sobrevivieron al voto del Senado, y apostaron su reelección a todo o nada. Johnson fue reemplazado por Ulysses Grant, general de los ejércitos del Norte. Trump defendió su puesto frente al vicepresidente de Obama, Biden. 

Y el gran perdedor de esta lucha -además de la comunidad afroamericana- ha sido el propio Partido Republicano. El proyecto personalista de Trump impidió que el republicanismo se modernizara para capturar a un país cambiante. El núcleo duro de su electorado está representado hoy por un hombre blanco, de edad avanzada, evangélico y sin educación superior. Los jóvenes, las mujeres, la minorías raciales, las disidencias sexuales y el electorado suburbano de clase media-alta se alejan cada vez más del partido. 

El futuro de la democracia no se funda en la derrota definitiva del Partido Republicano y su discurso que engrandece al supremacismo blanco, sino en la revitalización de la democracia, de la inclusión social y representación efectiva de todos los ciudadanos en todas las instancias de gobierno.

Hoy la administración Biden tiene una tarea enorme por delante y ya ha dado muchos guiños hacia la comunidad afroamericana, este 4 de Julio se celebrará con la primera mujer vicepresidenta afroamericana y descendiente de inmigrantes de la historia en la Casa Blanca, con Juneteenth (fecha que celebra el fin de la esclavitud) declarado feriado nacional, con el asesino de George Floyd en prisión, pero todavía no es suficiente.

La oposición y los desafíos que quedan: el tema de las reparaciones sigue siendo un tema controversial en los EE. UU., Incluso la falta de apoyo para las reparaciones, particularmente en comunidades como Tulsa, la oposición feroz a la teoría crítica de la raza, las luchas culturales en curso sobre la eliminación de monumentos confederados legislación en curso para la supresión de votantes aprobada en los estados republicanos.

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Bloqueo a Cuba: una política de Estado

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El mundo volvió a condenar el embargo

La Asamblea General de la ONU condenó una vez más el bloqueo impuesto a Cuba hace casi 60 años por 184 votos contra dos -Estados Unidos e Israel- y algunas ausencias notorias en las deliberaciones como la de Brasil, que en la última sesión había votado contra la resolución. Hubo tres abstenciones: Ucrania, Emiratos Árabes Unidos y por segunda vez Colombia, otro gran aliado de Washington. Y cuatro países -República Centroafricana, Moldova, Myanmar y Somalia- no votaron.

Con su voto en contra de una resolución anual de condena al embargo en la Asamblea General de Naciones Unidas, Biden mostró que no ha suavizado su política hacia la isla y sigue la misma línea dura de la administración de Donald Trump, quien endureció el bloqueo. Solo en 2016, bajo la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos se abstuvo por primera vez en 25 años de votar en contra de la resolución. En esos momentos había un acercamiento entre ambos países que ya ha quedado atrás.

La resolución se vota cada año (excepto en 2020 por la pandemia) en la ONU desde 1992 para desaprobar las medidas impuestas por Washington a fin de presionar un cambio de sistema político y social en la isla tras la llegada de Fidel Castro al poder. Lo más importante que tenes que saber es que la resolución NO tiene carácter vinculante, por lo que Estados Unidos puede hacer caso omiso de la opinión del resto de los países. Además, el peso político de la ONU es superado por el del Congreso estadounidense, único en la capacidad de levantar el embargo. 

Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez dio un discurso muy duro contra Washington. Algunas de las frases más destacadas fueron:

“Al igual que el COVID-19, el bloqueo asfixia y mata y debe cesar”

“Las 243 medidas coercitivas unilaterales impuestas por Trump se mantienen hoy vigentes y en completa aplicación práctica y, paradójicamente, van conformando la conducta del actual gobierno estadounidense”. 

“La plataforma de campaña del Partido Demócrata prometía a los electores revertir rápidamente las acciones tomadas por el gobierno de Donald Trump, en particular la eliminación de las restricciones a los viajes a Cuba, las remesas y el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, incluyendo los visados”

Rodriguez hizo hincapié en que las pérdidas ocasionadas por las sanciones de Estados Unidos alcanzaron los 9.157 millones de dólares entre abril de 2019 y diciembre de 2020.

La cifra es astronómica para un país que atraviesa una dura crisis económica agudizada por las medidas de Washington. Mercancías cuyo nivel de producción son bajos en la isla tal como alimentos -harinas, pollo, leche en polvo- o insumos deben ser importados al doble de su precio ya que no pueden adquirirse en el vecino país. Además, Cuba no puede exportar sus productos a Estados Unidos ni usar dólares.

No distingue entre demócratas y republicanos 

En 1959, el éxito de la Revolución Cubana dio un nuevo puntapié en el ya complicado contexto de la Guerra Fría. El asomo del sistema comunista en el área natural de influencia de los Estados Unidos provocó la implementación de medidas críticas sobre la isla.

El embargo comercial, económico y financiero de Estados Unidos hacia Cuba fue impuesto sobre la venta de armas por primera vez el 14 de marzo de 1958, durante el régimen de Fulgencio Batista. La segunda vez fue en 1960, como respuesta a las expropiaciones de las compañías y demás propiedades de los ciudadanos estadounidenses en la isla por parte del nuevo gobierno revolucionario. 

En 1961, el entonces presidente Eisenhower, rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Un año más tarde, el recién electo John F. Kennedy, declaró el bloqueo unilateral de ese país contra Cuba. Kennedy firmó la orden presidencial para implantar un bloqueo total contra la Isla, cuyo objetivo era cortar todo tipo de vínculo comercial con Cuba y cercar al país para provocar el derrocamiento del gobierno revolucionario.

En adelante, las relaciones se tornaron cada vez más hostiles. El gobierno prohibió la importación de toda mercancía de origen cubano en territorio estadounidense con el fin de asfixiar económicamente a la nación caribeña y hostigar el régimen revolucionario para así lograr su derrocamiento.

La ausencia de relaciones diplomáticas resultó ser un elemento perjudicial para Estados Unidos en sus relaciones con Cuba entre los años 1961 y 1977. Por ejemplo en 1965 se vio obligado a negociar a través de terceros un acuerdo migratorio debido a la gran cantidad de inmigrantes cubanos que llegaban a las costas de la Florida. 

Durante el periodo 1977 y 1980, ambos países intentaron comenzar un proceso de normalización donde centro del interés de sus gobiernos estaba en la búsqueda de solución de problemas concretos como por ejemplo el acuerdo y delimitación de la frontera marítima entre las zonas económicas exclusivas de ambos estados como resultado de la aprobación de la fórmula jurídica en la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar y otro sobre derechos de pesca. Ésos acuerdos fueron los primeros de una serie de actos de cooperación que posteriormente se ampliaron casi todos referidos a intereses mutuos de seguridad nacional, regional e internacional. 

Podría decirse que el inicio de una relación diplomática a través de las Secciones de Intereses quedó sin efecto con el advenimiento del gobierno de Reagan en 1980. Desde entonces Estados Unidos ha mostrado muy poco interés en desarrollar y ampliar los vínculos por esa vía. Ni siquiera bajo el mandato del demócrata Bill Clinton cambió esta tendencia. La oficina de Washington en La Habana fue priorizando la función subversiva, es decir, promover grupos de oposición y financiar y estimular sus actividades, más que la función como representación diplomática en sí. 

En 1992, el embargo adquirió el carácter de ley con el propósito de mantener las sanciones contra la República de Cuba. Según lo recogido en el Cuban Democracy Act estas sanciones continuarían mientras el gobierno se negara a dar pasos hacia “la democratización y mostrara más respeto hacia los derechos humanos”. 

En 1996, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley llamada Helms-Burton Act mediante la cual se eliminó la posibilidad de hacer negocios dentro de la isla o con el gobierno de Cuba por parte de los ciudadanos estadounidenses. En 1999, el presidente Bill Clinton amplió el embargo comercial prohibiendo a las filiales extranjeras de compañías estadounidenses comerciar con Cuba por valores superiores a 700 millones de dólares anuales, siendo por ello la primera ley transnacional en el mundo. No obstante, en el 2000 el mismo Clinton autorizó la venta de ciertos productos humanitarios a Cuba.

El punto culminante de este cambio en las funciones de las secciones de intereses ocurrió en 2002-2003 cuando el gobierno de George W. Bush instó a su enviado a La Habana a provocar una ruptura total de relaciones. Un tímido cambio pudo vislumbrarse bajo la primera administración Obama. Propuso a Cuba reiniciar las conversaciones migratorias bianuales suspendidas por Bush en el año 2003. Además en vísperas de la Cumbre de las Américas en 2009 en Trinidad y Tobago, Washington tomó una serie de disposiciones, la más importante fue la liberación de los viajes para los cubanoamericanos. Recordemos que hoy Barack Obama había reconocido que la política hacia Cuba había sido un fracaso. 

Los avances que se podrían haber logrado a partir del anuncio realizado el 17 de diciembre de 2014 bajo la administración Obama, sobre restablecer conversaciones para mejorar las relaciones diplomáticas, quedaron sin efecto con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca quien retomó la política de mano dura hacia la isla, incluso durante la pandemia, impidiéndole acceso a ciertos insumos básicos para combatir el COVID. 

La administración de Trump endureció el embargo con medidas que van desde la suspensión de cruceros y envíos de remesas y restricciones de viajes, pasando por recortes de la atención consular a la isla o abrir la persecución a los barcos con combustible que la isla compra.

Además abrió la posibilidad de que personas lleven a los tribunales a empresas de terceros países que se atrevan a invertir u operar con Cuba e impuso multas a bancos internacionales que aceptaron dinero de la nación caribeña.

El argumento de Trump es que el gobierno cubano viola los derechos humanos de los ciudadanos. Durante su campaña electoral, Biden dijo que desarticularía algunas de esas medidas para volver a la política de diálogo iniciada por Obama, pero hasta ahora no hubo cambios.

El embargo comercial hacia Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. A pesar de las diversas manifestaciones realizadas por parte del gobierno cubano en Naciones Unidas, y del gran apoyo que la comunidad internacional ha mostrado, apoyándose sobre los principios de igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en asuntos internos, la libertad de comercio y navegación internacionales, y las pérdidas económicas que ambos estados sufrieron como consecuencia del bloqueo, el conflicto parece no tener una pronta solución.

Geopolítica cubana ¿qué onda?

Sin lugar a dudas el año 1989 fue un punto de inflexión en la historia reciente de Cuba. 

La desintegración del bloque socialista sumergió a la economía cubana en una crisis sin precedentes. En apenas cuatro años la pérdida del 85% de los nexos comerciales y financieros con el exterior arrastró al país a un deterioro de las principales variables económicas prácticamente insostenible se contrajeron las exportaciones, las importaciones y el PBI. Como consecuencia de eso Cuba quedó completamente aislado y este aislamiento de un escenario internacional marcado por el fin de la Guerra Fría no fue sólo económico sino también geopolítico.

Ya que en 1989, comenzó la transición de un mundo caracterizado por la bipolaridad hacia la unipolaridad bajo la hegemonía absoluta de Estados Unidos, una hegemonía que limita las posibilidades de Cuba de defender el modelo político, económico y social sobre el que ha sustentado y desea seguir sustentando se la revolución. Es por eso que se pueden identificar cambios en el patrón de intercambio de relaciones como por ejemplo el proceso de acercamiento a socios que cumplan con un doble requisito: deben repercutir positivamente en la recuperación económica de la isla y al mismo tiempo no deben intervenir en las decisiones soberanas de la misma. 

Durante los años 90 y los 2000 la presencia de la Unión Europea en la economía de Cuba se consolidó día tras día hasta lograr casi 1/3 del comercio internacional de bienes de Cuba. Pero la incidencia de Venezuela y China en la importancia de intercambio comercial en un nuevo contexto geopolítico con el advenimiento de ciertos gobiernos populares en la región y un no alineamiento a las políticas de Washington en la región latinoamericana, empezó a complicar las relaciones estables que tenía con la Unión Europea y así comenzaron los problemas como por entre 2003 y el 2005 cuando se reavivaron viejas posiciones respecto a un modelo económicamente más liberal y políticamente pluripartidista. 

La Unión Europea le exigió a Cuba también más libertad de civiles e indicios de mejoras en la supuesta violación de derechos humanos es por esto que las relaciones empiezan a tener un transcurso más conflictivo y los antiguos países socialistas comienzan a jugar un papel muy importante en la geopolítica cubana. Sobre todo destacando el papel que cumplió España en todo este proceso entendiendo que el vínculo es mucho más estrecho que con el resto de los países, teniendo en cuenta el pasado colonial y la posición del gobierno español en aquel momento con la creencia de qué la transición española de la dictadura franquista a la democracia puede ser un ejemplo para la isla.

Es por ello, que Venezuela y China, entre muchos motivos, se convirtieron en los principales nexos comerciales. No podemos dejar de lado que en un contexto tan complejo, hoy China es el principal socio comercial de la isla. 

A pesar de la lejanía geográfica de la cooperación económica y comercial entre China y Cuba ha mantenido siempre un desarrollo estable desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas. 

Dichas relaciones con el gigante asiático se han desarrollado en el plano comercial, finanzas, nuevas energías, biotecnología y en distintos temas de cooperación. Pensemos que la Habana se suscribió oficialmente a la Belt and Road Iniciative (BRI) en 2018 durante la primera visita al extranjero del presidente Miguel Díaz-Canel, en un itinerario marcado también por la nostalgia de la Guerra Fría donde incluyó a Rusia, Vietnam y Laos.

Y si hablamos de Rusia, tenemos que nombrar las relaciones en aumento que poseen ambas naciones, conformando una de las alianzas estratégicas de más larga data que no le caen para nada bien a Washington. 

Claramente desde 1990 en adelante el punto de vista político hagamos países coinciden los principales temas de la agenda internacional sobre todo construir un orden mundial basado en la multipolaridad y el principio del derecho internacional con la organización de las Naciones Unidas asumiendo un rol clave sobre todo en materia de seguridad e incluso coincidiendo con la visión de la importancia de un desarrollo sanitario a nivel internacional, estratégico en este contexto de pandemia donde Cuba ha sido perjudicada por el bloqueo estadounidense a ciertos insumos básicos.

Es por eso que nos últimos dos años se han hecho énfasis en la importancia de garantizar la calidad de la salud de ambos pueblos a partir no sólo de la exportación de medicamentos y productos de la industria farmacéutica y biotecnológica sino de también la utilización de capacidades existentes en Rusia que le permitan a Cuba producir medicamentos para el gigante euroasiático y para la región latinoamericana hoy aliada del bloque conformado por Rusia y China en la diplomacia de vacunas. 

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