Florencia Grillo

Politóloga, UBA  

Tensión Oriente-Occidente: el mapa geopolítico se reconfigura

Compartí esta noticia !

Mientras estás leyendo esto, se están celebrando elecciones en Irán y más de 59 millones de personas están habilitadas para votar. 

Si creías que en Perú había muchos candidatos, es porque no viste la cantidad de candidatos que se presentaron en Irán: 592 personas. Pero sólo 7 fueron aceptados por el Consejo de Guardianes (conformado por el jefe de estado y 6 juristas nominados por el poder judicial). 

Los siete candidatos llegarán a esta jornada electoral después de tres debates presidenciales donde el conservadurismo fue el actor central de la escena. 

El ultraconservador Ebrahim Raisi será el próximo presidente de Irán después de que un recuento parcial de votos le diera una ventaja indiscutible.

Se impuso a otros tres candidatos en unas elecciones presidenciales a las que varios aspirantes no pudieron presentarse y que registraron una participación ligeramente inferior al 50%, significativamente menor que en 2017, cuando el 73% de los votantes acudieron a las urnas.

3 puntos clave para entender estas elecciones y su impacto en Occidente

1- La participación 

El desencanto por la política parece no distinguir entre culturas, espacios geográficos ni lenguas. La expectativa por la participación es baja. Y esto puede tener muchas razones. Algunos analistas creen que el presidente tiene poco poder y hay un enojo generalizado por la cantidad de candidatos conservadores y la suposición de que el ganador ya ha sido elegido como expresamos anteriormente. También existen preocupaciones por la situación de pandemia y el aglomeramiento de personas. Dato de color: sólo el 1% de la población está completamente vacunada.

Las elecciones parlamentarias del 2020 tuvieron la tasa de participación más baja hasta la fecha con sólo un 42% en comparación con el 70% en las elecciones presidenciales de 2017. 

Pensemos que la participación en estas elecciones es fundamental para otorgarle legitimidad al régimen iraní. Ha habido una importante campaña mediática por parte de funcionarios y varios líderes muy importante dentro del gobierno alentando al voto incluido el Líder Supremo el ayatolá Ali Khamenei. 

Durante la campaña de 2020 el líder supremo iraní declaró que votar “era un deber religioso y nacional” (compañero Ali!). Y recientemente dijo “si la gente no participa en las elecciones los enemigos maximizaran la presión sobre nosotros”. 

2- El ganador ya fue elegido?

El gran favorito a ganar esta carrera presidencial es el conservador Ebrahim Raisi, un ex juez de línea dura que es hostil a Occidente y es considerado como el sucesor preferido del Líder Supremo Ali Khamenei. Ya se habia presentado en las elecciones de 2017 contra el actual presidente Hassan Rouhani.

¿Qué podemos decir de este señor? Bueno, si se convierte en presidente agravará la ira interna por la manipulación de las elecciones y tendrá implicaciones a nivel internacional. Como es un conservador es probable que tratar con él sea mucho más difícil para la línea de cooperación o multilateralismo que está adoptando occidente en estos tiempos de pandemia y crisis generalizada.

3- Reacciones internacionales 

Y si bien Irán avanza en sus esfuerzos por reactivar el pacto nuclear de 2015, las elecciones presidenciales podrían reducir significativamente el tiempo que les queda a las potencias mundiales para llegar a un acuerdo.

Irán insiste en que la salida del moderado Hassan Rouhani, quien fue clave para el acuerdo que levantó las sanciones económicas y redujo su programa atómico, no afectará las conversaciones para volver a poner el acuerdo en línea después de que el entonces presidente Donald Trump retirara a Estados Unidos en 2018.

Pero probablemente sea necesario sellar un acuerdo antes de que Rouhani dimita en agosto. Es probable que un punto de fricción sea quién se mueve primero: Irán para reducir su trabajo nuclear o Estados Unidos para levantar las sanciones.

Un acuerdo revivido podría hacer que la República Islámica regrese a los mercados petroleros mundiales. Los vecinos de Irán también están observando de cerca.

Raisi ha dicho que apoya la diplomacia nuclear, pero también la minimizó como un “asunto marginal”.

Su relación con Estados Unidos ya es tensa: Washington lo sancionó en 2019 por su presunto papel en una represión mortal contra los ciudadanos que protestaban contra el fraude electoral. Grupos de derechos humanos lo acusaron de presidir juicios que llevaron a ejecuciones masivas de presos políticos en 1988.

Eso agrega otro desafío al ya complicado impulso de Occidente para restringir un programa nuclear que Irán dice que es “pacífico”, pero que Washington y sus aliados creen que tiene como objetivo la fabricación de bombas.

La reunión que todos esperaban

Biden y Putin se vieron las caras por primera vez en Ginebra y vamos a destacar algunos puntos importantes que nos dejó la reunión, que fue vista como un esfuerzo por parte de ambos países para establecer reglas básicas para aliviar las tensiones a raíz de una serie de ciberataques atribuidos a piratas informáticos rusos, sanciones por la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 y una manifestación de expulsiones diplomáticas.

Como primer paso importante, los dos líderes acordaron devolver a sus respectivos embajadores a Washington y Moscú, algo que preocupaba a la diplomacia norteamericana.

Después de casi cuatro horas de reuniones, Biden y Putin dieron conferencias de prensa separadas, en las que caracterizaron la cumbre como “productiva” y describieron una lista corta de áreas para una mayor discusión sobre seguridad cibernética e intercambio de prisioneros. En un comunicado conjunto emitido después de la reunión, los dos presidentes reafirmaron su compromiso de evitar la guerra nuclear y anunciaron planes para reanudar las conversaciones de estabilidad estratégica para sentar las bases para futuras negociaciones sobre control de armas. 

Podría decir que fue una reunión no tan sorprendente, como se esperaba. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia han estado sometidas a una atención considerable desde 2014, cuando Estados Unidos liberó una campaña internacional para introducir sanciones económicas contra Rusia tras la anexión de Crimea por parte de Moscú y su intervención en el conflicto en el este de Ucrania.

Los resultados de esta reunión no serán vistos en el corto-mediano plazo. Pero el hecho de haberse visto en persona, es muy simbólico, sobre todo para el líder norteamericano. Biden quería demostrar que “America is back” lo cual significa “no soy Trump” y éste hace concesiones necesarias y abre canales de diálogo en momentos difíciles con sus principales socios (G7 + OTAN) que habían sido descuidados por la administración anterior. 

La elección de Ginebra como escenario se remonta a un encuentro de la Guerra Fría en 1985: la primera cumbre entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev.

Y las cosas no podrían estar más picantes… Te dejo la anterior entrega del newsletter donde traté esto.

El presidente de Rusia se ve forzado últimamente para subrayar su visión de Occidente como hostil. El foro económico de este mes en San Petersburgo afirmó nuevamente que Estados Unidos quiere contener desarrollo a Rusia. 

¿Cómo se unen ambos temas?

Pensemos que las relaciones entre Estados Unidos e Irán alcanzaron el punto más bajo tras el asesinato del comandante de la fuerza Quds, Soleimani, por el ataque de aviones no tripulados estadounidenses (así arrancaba el 2020, te acordas?).

Y a medida que la relación con Estados Unidos se hacía pedazos, Irán fortalecía su vínculo con Rusia. Putin está sabiendo utilizar la debilidad geopolítica de Irán para su propia ventaja económica haciendo grandes ventas de material militar ruso a la República islámica y alentando una cooperación más profunda entre la Unión Económica Euroasiática y Teherán.

¿Qué tienen en común Moscú y Teherán? Consideran que la interferencia occidentales en sus respectivas zonas de influencia socavan sus imperativos y “derechos históricos”. Pero para Rusia Irán juega un papel geopolítico más importante. Dado que las relaciones de Moscú conocimiento en general y con Estados Unidos en particular han empeorado en los últimos años, el modelo de multipolaridad los asuntos mundiales se ha vuelto popular en Rusia. Esta tendencia de pensamiento político presupone el desarrollo de varios grupos de gravitación geopolítica en Eurasia, como por ejemplo China, Rusia, India, la Unión Europea y Estados Unidos.

Pero como en toda relación bilateral no todo es color de rosa. La mayor dependencia de Irán del apoyo económico diplomático de Rusia le da una enorme influencia sobre Teherán. Esto es particularmente relevante a raíz del asesinato de Soleimani. 

Desde 2015 cuando Rusia entró en el conflicto sirio o informes de los medios de comunicación sobre las preocupaciones de Moscú sobre la influencia de las tropas iraníes en Siria a expensas de los intereses estratégicos rusos. Un conflicto que vamos a abarcar en alguna otra entrega. Por lo pronto la creciente dependencia iraní de Rusia abrirá oportunidades puramente económicas para Moscú, lo cual, no le viene nada mal…

Compartí esta noticia !

Nuevos aires populares en América Latina

Compartí esta noticia !

Durante este último año ha quedado en evidencia que, ante un sistema multilateral debilitado y a las disputas geopolíticas entre China y Estados Unidos, el abordaje de la pandemia de covid-19 quedó reducido a respuestas unilaterales que dificultaron su control y profundizaron las desigualdades. Asimismo, el sistema de cooperación internacional ha quedado una vez más a merced de disputas y de intereses contrapuestos, frente a un modelo que además se ha mostrado ineficaz para resolver los problemas en términos de salud y desarrollo. En América Latina se suma la creciente fragilidad de la integración regional, que debilita aún más el margen de acción de los países durante la pandemia.

No es que la región no esté activa en el contexto de la pandemia, sino de que las iniciativas de los distintos bloques regionales han estado desarticuladas entre sí. Este escenario, también favorecido por el distanciamiento político-ideológico entre los países y la falta de liderazgo, ha limitado la posibilidad de alcanzar políticas concertadas.

Pero no todo parece estar perdido. Ante la magnitud de estos impactos, la acción colectiva regional no es una opción, sino una necesidad. Para poder avanzar en este sentido se requiere una visión política sostenida, no solo orientada a atender la acuciante coyuntura sino también con una visión compartida del futuro.

El fortalecimiento de la integración regional tiene que ser uno de los caminos para superar las dificultades de esta emergencia, que precisamente obliga a cerrar las fronteras de los países como uno de sus aspectos más paradigmáticos. Más allá de las disparidades políticas que tengamos, la lucha común debe incentivar a trabajar en conjunto en pos de un proceso de recuperación lo más rápido posible para luego encauzar el tránsito hacia el necesario desarrollo económico y social de la región.

Entre los nuevos liderazgos está el de Ecuador, que ha apostado al menos de manera preliminar, por pasar página del correísmo con la victoria del neoliberal Guillermo Lasso en los comicios presidenciales del pasado 11 de abril.

No obstante, la victoria de Lasso deberá conjugar la herencia de pragmatismo económico y político proveniente de la década correísta (2007-2017) y de su sucesor Lenín Moreno, con la posibilidad de una reconversión del mapa político ecuatoriano, donde la complejidad de actores anuncia una alteración del binomio izquierda/derecha, ahora más enfocado en el pulso entre correístas y anticorreistas.

La victoria de Lasso, en gran medida motivada por la atomización del voto indígena y del campo político de la izquierda, no ha obstaculizado el hecho de que algunas de estas expresiones de izquierdas sí han logrado establecer marcos de reconversión y de renovación de sus liderazgos más emblemáticos a nivel regional.

Los casos más significativos han sido el la nueva era “post-kirchnerista” en Argentina, con la presidencia de Alberto Fernández desde 2019 y la vuelta del MAS en Bolivia, con la victoria electoral del actual presidente Luis Arce en octubre de 2020., en una suerte de reconversión en la era “post-Evo” tras el golpe de Estado y el exilio del presidente Morales.

En el caso de Brasil, parece retrotraer viejas disputas políticas. Recientemente Lula da Silva, anunció su vuelta al ruedo político como candidato en las elecciones presidenciales de 2022. De esta manera, marca la pauta política en un país azotado por la crisis de la pandemia, con más de 300.000 muertos.

En el foco está la gestión de esta crisis por parte de Bolsonaro, quien a pesar de todo parece convencido de concurrir para la reelección en 2022. Al mismo tiempo, Bolsonaro, un antiguo militar que ha evidenciado su devoción por el mundo castrense y las armas, ha tenido que afrontar una inédita crisis institucional con la renuncia en pleno de su cúpula militar.

Con todo, la vuelta de Lula a la política con la mente puesta en los comicios 2022 pareciera igualmente definir la incapacidad de las izquierdas brasileñas para confeccionar un liderazgo por fuera del liderazgo del ex presidente. En este sentido, el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula no ha seguido el ejemplo del kirchnerismo, que sí logró reconvertir, al menos desde una fórmula electoral, su liderazgo muy ligado a los Kirchner a través de un nuevo presidente como Alberto Fernández.

El test electoral en Brasil más bien pareciera denotar una vieja disputa entre Lula y Bolsonaro, con visos incluso de revanchismo político, y que podría obstaculizar la posibilidad de una renovación de los liderazgos políticos en el país.

Chile por su parte, celebró elecciones constituyentes para redactar una nueva Constitución y celebrará comicios presidenciales en noviembre, otro test importante para Sebastián Piñera y las fuerzas opositoras que agitaron la calle en 2019 clamando por la reforma constitucional.

Las elecciones constituyentes chilenas evidenciaron un claro mensaje ciudadano contra los partidos políticos tradicionales que han dominado la política chilena en los últimos treinta años. El ascenso de liderazgos independientes y progresistas, con escasa representación de partidos conservadores, da igualmente a entender un final simbólico del legado neoliberal que dejó la era Pinochet.

En esa misma jornada electoral se celebraron comicios municipales y por primera vez de gobernadores regionales, donde las fuerzas opositoras de izquierdas obtuvieron importantes triunfos que, muy probablemente, ejercerán una influencia decisiva de cara a las presidenciales de noviembre próximo.

Por otro lado, Perú no sale de su asombro tras la victoria del izquierdista Pedro Castillo frente a la enorme maquinaria publicitaria del partido conservador de Keiko Fujimori. Al mismo tiempo, esa pulseada electoral pareció recrear la división política entre la capital, Lima, y las regiones rurales peruanas, un contexto muy similar al de otros casos a nivel andino como las vecinas Bolivia entre La Paz y el oriente del país y Ecuador entre Quito, Guayaquil y las regiones amazónicas. El discurso de Castillo, de integración regional, de fortalecimiento económico a través de la activación de mecanismos de cooperación como la CELAC y estrechar lazos entre países vecinos, ha sido celebrado por Evo Morales, Lula da Silva, Rafael Correa e incluso el propio presidente Alberto Fernandez, fue el primer mandatario de la región en felicitar al recién electo presidente. 

Por otro lado, México celebró comicios legislativos, federales y locales el pasado 6 de junio, que definen un nuevo momento político para el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el poder desde 2018. En este sentido, estas elecciones generaron un nuevo equilibrio político en el país.

Su partido Morena, incluido dentro de la coalición electoral Juntos Haremos Historia completada con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, consiguió mantener la mayoría cualificada dentro del Congreso de los Diputados y al menos unas 10 de las 32 gobernaciones del país. No obstante, los opositores PRI y PAN también avanzaron electoralmente, aumentando su representación en un Congreso mexicano que se muestra claramente fragmentado y polarizado. Este escenario define también algunas de las claves enfocadas en las presidenciales mexicanas de 2024.

El 2022 se anuncia como el año electoral decisivo para la región a corto plazo. A las presidenciales brasileñas se les unen las de Colombia, donde el izquierdista Gustavo Petro buscará poner fin a cuatro años de uribismo en manos del actual presidente Iván Duque, con el acuerdo de paz con las guerrillas como pulso electoral.

Las protestas que desde finales de abril están realizándose en varias ciudades colombianas por la propuesta de reforma tributaria (finalmente aplazada) del presidente Duque y, especialmente, por la represión por parte de los organismos de seguridad, augura una etapa de convulsión para la política colombiana. Con incidencia no sólo de cara a los comicios presidenciales 2022 sino también como posible reactivador del descontento social a nivel regional. Esto ya sucedió con los violentos disturbios en 2019 tanto en Colombia como en Ecuador y Chile, entre otros.

Lo que se viene en Perú, para ser más específica, tras las elecciones es un escenario de conflicto, con la élite y los medios en contra del gobierno, un Congreso opositor con sectores de derecha antidemocráticos que amenazan con un golpe, al que se negaron las Fuerzas Armadas, un duro contexto de pandemia y de crisis económica, financiera, social y sanitaria. Lo esperable es que la derecha se resista a los cambios y no deje gobernar a Pedro Castillo y lo confronte, manteniendo la polarización. La estabilidad la puede lograr formando un gabinete plural que le baje el tono al conflicto, que tiene que ser un gabinete de centroizquierda, y como primeras acciones combatir la pandemia y reactivar la economía.

Compartí esta noticia !

Chile: un nuevo ciclo político feminista y ambientalista

Compartí esta noticia !

El estallido social vino a desmoronar la narrativa de estabilidad política, prosperidad económica y progreso social del así llamado “modelo chileno”, que sirvió de base para la movilidad ascendente del país en la sociedad internacional durante las últimas tres décadas.

La movilización popular empujó el establecimiento de un proceso constitucional como principal vía para superar los problemas estructurales del país y, al mismo tiempo, inaugurar un nuevo ciclo político, donde todas las áreas y acciones sectoriales del Estado deberán subordinarse al nuevo ordenamiento constitucional que el país se dé para sí en el marco del proceso constituyente que comenzará en breves. 

A partir de las movilizaciones del 2019, el movimiento feminista chileno no paró de crecer. De esta forma, logró establecer su agenda en el debate público.  En este sentido, es importante destacar que gracias al triunfo del colectivo feminista, la redacción de la nueva Constitución será un proceso desarrollado por una Asamblea con paridad de género (78 hombres y 77 mujeres). Este hecho conforma un hito histórico ya que será la primera Constitución escrita por igual proporción de hombres y mujeres, en clave feminista.

Chile posee un sistema que ve en lo individual el fundamento de su razón de ser, en que existen abusos reflejados en la permisividad e inacción ante el avance de las  empresas, concentración de la riqueza, financiación ilegal de la política, aumento del costo de vida, entre otros aspectos, reflejan que pese al éxito económico de las últimas décadas y los avances en la mejora de las condiciones de vida de la población, una mayor redistribución es urgente.

Luego de la elección histórica que dejó al desnudo a la clase política chilena (y fue un cachetazo para la derecha gobernante) es hora de avanzar hacia una agenda que incluya a las mujeres, las disidencias sexuales, las comunidades indígenas y diversos movimientos sociales dentro del conjunto de actores con capacidad de toma de decisión.

Repasemos los puntos más importantes de lo que se viene.

Reconocimiento de los pueblos originarios

La definición de los derechos para las comunidades originarias y el debate sobre un Estado plurinacional serán otros de los temas fundamentales de la Convención.

La Convención Constitucional recién electa incorpora a 17 representantes indígenas pertenecientes a los 10 pueblos originarios chilenos reconocidos por el Estado, entre ellos, los mapuches, aimaras, quechuas y diaguitas.

Entre las demandas de estas comunidades está la de crear un Estado plurinacional (si, como Bolivia o Ecuador), con el que se acepte su autonomía y sus derechos. Además, plantean la necesidad de contar con garantías en términos territoriales y el reconocimiento de su cultura y su lengua, entre otras cosas. 

Históricamente, la relación entre las comunidades originarias y el estado chileno ha estado marcada por el conflicto, básicamente en función del avance de la industria forestal en tierras reivindicadas por las comunidades mapuche y el impacto sobre el hábitat de dichas comunidades y la responsabilidad que el estado nunca cumplió.

La mayor parte de las plantaciones forestales se han establecido en tierras ancestrales mapuche. Las comunidades afectadas por esta industria reclaman derechos de propiedad sobre las tierras forestadas, que les fueron usurpadas tanto durante la época de la colonia como con posterioridad al golpe de Estado de 1973. Por eso, el reconocimiento de esas tierras sería un avance fundamental en ampliación de derechos y reparación histórica.

Medioambiente y derechos del agua

El avance de la sequía (amige mira ese mapa de 2016 y 2020 te lo pido por favor) y los efectos del cambio climático – de causa humana y asociada al modelo de desarrollo extractivista- son fenómenos que no se pueden negar y que solo se agravarán en los años que vienen, de hecho en el año 2020 no solo la pandemia golpeó fuerte al país andino, sino que también se convirtió en el primer país de latinoamérica en agotar sus recursos renovables más rápidamente.

Actualmente la Constitución (El Código de Aguas fue redactado bajo la dictadura de Pinochet en 1981) resguarda los privilegios del negocio de las plantaciones en la región de Valparaíso que han provocado escasez del agua para el consumo humano.

Pero además de la agroindustria, también están los casos de empresas mineras y forestales en distintas partes del país cuya actividad comercial ha reducido el agua disponible en las comunidades.

El agua cruza casi todos los conflictos socioambientales que tiene un país tan extenso como Chile. Desde los glaciares en la cordillera amenazados por la actividad minera, los paltos en la zona central, los monocultivos de pinos y eucaliptus en territorio mapuche, hasta los ríos que nutren hidroeléctricas.

La Constitución actual chilena estipula el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza.

Este debate no sólo es importante por los efectos en el medioambiente sino cómo se lleva adelante el modelo chileno. La nueva Constitución, eventualmente contemplaría la idea  de que las empresas se tengan que hacer cargo del equilibrio ecológico cumpliendo con estándares mínimos.

Chile es uno de los pocos países que tiene una privatización casi completa de sus aguas, tanto en el origen como en la gestión del recurso. Es por ello, que el bloque de centro-izquierda que hoy es mayoría tras las elecciones, entre otras cosas, plantea que la nueva Constitución debería garantizar explícitamente que el agua es un bien nacional de uso público.

Y si hablamos de medioambiente y cambio climático no podemos dejar de nombrar que Chile es parte del Triángulo del Litio, un lugar que alberga el 65% de reservas del mundo, conformado también por Bolivia y Argentina, un lugar de disputa geopolítica clave en el plano internacional.

Vamos che, que esos recursos naturales no se van a explotar solos!

Pensemos que el ambicioso objetivo de cero emisiones de carbono en Estados Unidos para 2050 es el aspecto más destacado del “Plan para el cambio climático y la justicia ambiental” presentado Biden. Luego de incorporar al país, el segundo mayor emisor mundial de carbono, en el Acuerdo de París y realizar la Cumbre de Líderes contra el Cambio Climático. Si Estados Unidos realmente pone en práctica su plan climático y ambiental, la política exterior chilena alcanzaría otro nivel de importancia en el tablero geopolítico.

Para reducir las emisiones, Biden tendrá que fomentar las alternativas existentes a los combustibles fósiles. En el caso de la industria automotriz, por ejemplo, habría que esperar más incentivos para coches eléctricos. En este escenario, el mineral más importante es el litio, principal materia prima utilizada en la fabricación de baterías. No en vano se lo conoce como el “petróleo blanco”.

Sobre este tema se iba a hablar en 2019, pero el estallido social provocó la cancelación total de la agenda internacional y nacional del gobierno. Cayó primero la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde el presidente Piñera recibiria a los 21 jefes de estado y/o gobiernos que la conforman incluyendo a los mandatarios de Estados Unidos, China, Rusia, entre muchos otros. Luego cayó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) en Chile (finalmente se hizo pero en España, como el superclásico), donde asistiría el presidente francés como principal estrella de la jornada y un sinnúmero de personalidades y ambientalistas de todo el mundo.

Una política exterior diferente

La política exterior chilena a partir de 1990

Al igual que la etapa autoritaria refundacional post 1973, la transición chilena también constituyó, especialmente en sus primeros años, una nueva etapa de repolitización, en cuanto que gestó un nuevo proyecto y una nueva identidad sobre el país y el mundo, en lo político (democrático), económico (neoliberal) e incluso en torno a la seguridad internacional (cooperativa).

Debido al fuerte aislamiento internacional del régimen autoritario (que además debilitó la posición regional del país), el régimen democrático realizó un esfuerzo especial de reinserción en una coyuntura internacional que le permitió converger exitosamente desde su nueva identidad democrática y neoliberal con el nuevo escenario de globalización. 

La inserción política internacional fue espectacular. En 1993 se incorporó al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y en 1996 suscribió el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. 

A lo largo del tiempo, supo consolidar relaciones fructíferas más con potencias mundiales o economías emergentes en el globo que con sus pares regionales, lo que devela sus intereses ideológicos en política exterior. 

Eso se refleja en que el 75 % de sus exportaciones se concentran en Estados Unidos, la Unión Europea y Asia-Pacífico, y el 90 % de las inversiones extranjeras en Chile proviene de aquellas latitudes.

Esto se produce en el contexto de mayor auge en las relaciones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos (aunque siempre fueron re amiges), las cuales se cristalizan en el Tratado de Libre Comercio entre ambos países en el año 2004, al igual que se hizo con Canadá en el año 1996, y con la Unión Europea en el 2002, lo que, a pesar de su relevancia para el país, ha sido superado por China y las potencias del Asia-Pacífico.

Por lo tanto, la política exterior de Chile ha estado elementalmente enfocada en el crecimiento económico nacional, o más bien, en determinadas élites nacionales, originadas en los consensos políticos entre coaliciones de derecha y de centro-izquierda, en donde lo prioritario ha sido los intereses de los sectores privados de inversiones, en virtud de un progreso económico-social al estilo neoliberal, que solo ha aspirado a mejores formas de equidad social mediante la demanda de oferta de trabajo y revitalización de los comercios internos como consecuencia de sus políticas internacionales, reflejadas principalmente en Tratados de Libre Comercio y una muy baja influencia regionalista en la política comercial.

Asimismo, adoptó políticas a favor el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino y estableció diálogos políticos bilaterales y multilaterales con los Estados africanos y del Medio Oriente.

Chile fue siempre el primo mayor de la región que negociaba con absolutamente todos. En el ámbito económico y comercial, Chile desarrolló una política de regionalismo abierto mediante la cual intentó participar de la negociación del NAFTA, apoyó el ALCA, y negoció acuerdos comerciales bilaterales con el Mercosur, los países de la Comunidad Andina, el SICA y el Caricom, México, Estados Unidos y Canadá, con Europa y Asia-Pacífico.

Integración regional? Me arruga la ropa.

Durante esta etapa, el regionalismo abierto chileno desestimó la integración plena en el Mercosur, lo que hubiese significado una reorientación del modelo de desarrollo hacia otro de integración estratégica (incluida un alza generalizada de aranceles) hegemonizado por el eje más industrializador brasileño-argentino.

La opción chilena produjo un importante distanciamiento político del país de importantes Estados de la región, aunque con el tiempo fue equilibrado por la emergencia de un conjunto de países con modelos afines en políticas regionales sobre democracia, derechos humanos, seguridad y cooperación para el desarrollo.

¿Habrá un cambio en la política exterior chilena?

La política exterior se construye con una visión donde se recoge la historia del país, los intereses permanentes que identifican a la mayoría, el presente y su proyección al futuro, anteponiendo el interés nacional a cualquier otro. En 30 años, con avances y retrocesos, Chile había logrado superar visiones ideológicas o de grupos de interés. Hemos visto un serio retroceso en los últimos tres años, en particular en la desarticulación de los organismos regionales de integración, donde el gobierno del presidente Piñera ha tenido gran responsabilidad.

Hoy nos encontramos en un escenario desesperanzador por la pandemia que afecta al planeta, la recesión económica que golpea duramente a la región, la incertidumbre futura y la creciente presencia del gigante chino que ha pasado a ser el principal mercado para la mayoría de los países latinoamericanos (y Chile ha sido el primer país sudamericano en establecer relaciones comerciales con China, ningún boludo). Cuando más necesidad hay de coordinación con nuestros vecinos y la región, de hablar con una sola voz para defender intereses comunes y ser escuchados, vemos que las instituciones políticas que se construyeron en el pasado, con todos los defectos que puedan haber tenido, hoy están inmovilizadas.

Chile deberá retomar la senda del diálogo político y de reconstrucción del proceso de integración y armonización de políticas que den sentido a la identidad latinoamericana. Será la mejor manera de defender el interés nacional y el pueblo chileno ya lo expresó en las urnas.

Se puede abrir un nuevo ciclo hacia una política exterior progresista, que basa sus acciones y decisiones en un modelo de autonomía estratégica y de activa participación estatal. 

Una política exterior progresista es, por definición, una política exterior feminista. En ese marco, se deben superar las barreras de los mínimos permitidos, y avanzar hacia modelos más ambiciosos e inclusivos.

Una política exterior de tipo progresista aspira a una agenda climática incluida. En el caso de Chile, esto significa posicionar al país como un líder internacional en la lucha contra el cambio climático, tanto en sus componentes ambientales tradicionales como en el cuidado del océano (algo sumamente importante dadas las condiciones geográficas chilenas). 

Para un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, la protección del medio ambiente constituye un nicho diplomático en el que puede cultivar una reputación y mejorar su estatus internacional. Ello implica redefinir las prioridades y objetivos de política exterior con un claro foco en el desarrollo sustentable, sostenible e inclusivo.

En ese marco, cuatro elementos son imprescindibles y definitorios de la política exterior progresista para constituir una estrategia de base para la acción internacional de América Latina en general: es feminista y pone a los seres humanos en el centro de la acción internacional; aspira a una agenda climática; apuesta fuertemente por el multilateralismo; y es inherentemente participativa.

A corto y mediano plazo, esto está estrechamente vinculado tanto a la recuperación de la crisis económica y social derivada de la pandemia, como de la forma en que se lleve a cabo el proceso constituyente y el pacto social que emerja del mismo.

En el largo plazo, el desempeño internacional del país estará sujeto a su nivel de desarrollo, la capacidad de la nueva Constitución de sentar las bases de un orden social más justo, y, por cierto, el contar con una política exterior que mire hacia Latinoamérica de una vez por todas.

Lejos de constituir un obstáculo a su inserción internacional, el estallido social, el proceso constituyente y la elección presidencial de 2021 representan una oportunidad para repensar la forma en que Chile se relacionará con el mundo.

Compartí esta noticia !

Israel-Palestina: más allá de las armas

Compartí esta noticia !

Medio Oriente, que ha sido un foco de rivalidad y conflicto durante siglos, un lugar de encuentro para Europa, África y Asia y un paso para el rápido acceso a sus recursos a través del Mar Rojo y el Golfo Pérsico, se enfrenta a políticas, económicas y sociales y desafíos ambientales sin esperanzas de cambio en el corto plazo en la mayor parte de la región.

La sensación de vulnerabilidad se acentúa en esta área donde la historia determina la geopolítica al contemplar las alianzas cada vez más cambiantes entre actores tradicionalmente rivales. Intentar abordar las estrategias que dominan en una región donde los aspectos políticos y religiosos condicionan la realidad de un entorno en el que fuerzas centrífugas y actores paraestatales compiten por la hegemonía regional es un trabajo sumamente complicado.

Hoy por hoy están dándose muchos procesos que pegan directa o indirectamente en este conflicto. Como la convicción de la fuerza militar de Israel, el choque del eje sunita-chií precipitado por la guerra siria, la preocupación por la amenaza de la Jihad global, el resurgimiento de los Hermanos Musulmanes y la geopolítica del gas y los hidrocarburos -particularmente las reservas descubiertas en el Mediterráneo oriental en 2009- que está cambiando una tendencia geopolítica de acercamiento que es estratégico en principio, pero que, más allá del efecto de contención frente a Irán, puede tener un impacto positivo a largo plazo en el área del soft power y el cambio de mentalidad que ya se está presenciando.

Pensemos que en geopolítica, los vacíos son rápidamente llenados por otro que busca posicionarse, sea un actor estatal o no. Un factor que no puede pasarse por alto es el avance simultáneo de China frente al retroceso de Estados Unidos, las nuevas alianzas que se están dando en el Indo-Pacífico, las crisis económicas producto de la pandemia; los movimientos migratorios producto de las guerras y de las catástrofes climáticas; el realineamiento y el nuevo escenario geopolítico que se abre con la diplomacia de las vacunas. Es todo un combo en este conflicto interminable. 

Sin más vueltas, comencemos.

¿Cómo empezó este desastre?

Los palestinos y las fuerzas israelíes se han enfrentado desde el comienzo del Ramadán después de que Israel impusiera restricciones sobre los lugares donde los fieles musulmanes podían reunirse cerca del Muro Occidental y la mezquita Al-Aqsa. También hubo protestas generalizadas relacionadas con la decisión de Israel de desalojar por la fuerza a las familias palestinas que viven en tierras en el este de Jerusalén que, según los colonos judíos, les pertenecían antes de la guerra árabe-israelí de 1948.

Los soldados israelíes han estado en un enfrentamiento con los palestinos durante toda la semana  en la mezquita . Después de que los soldados siguieron acorralando a Al-Aqsa, Hamas comenzó a lanzar cohetes contra Israel desde la Franja de Gaza. Ahora, Israel está respondiendo con ataques aéreos. Pero la violencia no está igualada: el sistema de defensa aérea de Israel puede interceptar la mayoría de los cohetes, mientras que los civiles en Gaza no tienen tal defensa. A la hora de escribir este newsletter, Al Jazeera informa 122 palestinos muertos, incluyendo 31 niñes y más de 900 heridos.

Oriente Medio hoy en día es irreconocible desde hace tres décadas. Egipto y Jordania han estado en paz con Israel durante décadas. En los últimos meses, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Marruecos han normalizado las relaciones con Israel. Todos los gobiernos árabes mantienen vínculos importantes, aunque discretos, con Israel, y la normalización parece ser solo cuestión de tiempo.

Se ha hablado mucho de “tierra por paz” y los lazos normales a cambio de una retirada completa de Israel a las líneas de 1967, y el interés propio es la palabra de moda. Sin embargo, aunque los conflictos intraestatales han terminado, el conflicto de Israel con los palestinos no lo ha hecho. Hasta que trece millones de palestinos continúen viviendo a través de Tierra Santa y en el exilio (de los cuales siete millones residen entre el río Jordán y el Mediterráneo), el lugar de conflicto aumentará y fluirá sobre la base de eventos geopolíticos.

Pensemos que el proyecto “panárabe” surgió como reacción nacionalista a la dominación colonial y a sus fronteras arbitrarias, hoy ese frente unido contra Israel “desde el Océano Atlántico hasta el Golfo Arábigo” ha dado paso a un proceso de pacificación a un ritmo sin precedentes.

Vamos a calmarnos. En este sentido, la Liga Arabe instó a la ONU a proteger al pueblo palestino y los lugares sagrados cristianos y musulmanes. Este ente multilateral aprobó la Resolución número 8.660 donde se condenan las agresiones israelitas a suelo palestino. En el documento se destacó la importancia del papel que, según el acuerdo de paz suscrito con Israel en 1994, tiene a Jordania como guardián de los lugares sagrados musulmanes y cristianos de Jerusalén Este, ocupada por Israel en 1967.

La nación del fuego atacó

Israel está accediendo agresivamente a nuevas tierras y construyendo colonias. Las realidades geopolíticas actuales proporcionan pocos incentivos para que Israel haga concesiones a los palestinos. Una mezcla de tratos árabes sin precedentes alineados con Israel; la frustración palestina empeorada por un liderazgo estratégico deficiente desprovista de ideas y lo más importante de la cohesión; la creciente dominación de la derecha en Israel; están cambiando las arenas de la arrogancia (ambas partes). La historia muestra que la paz con las naciones árabes no conduce automáticamente a un acercamiento entre Israel y los palestinos. De hecho, el actual movimiento nacional palestino surgió precisamente de la sensación de derrota, soledad y abandono por parte de los gobiernos árabes que siguió a 1948.


David vs Goliat

Se puede argumentar que, en términos de poder nacional, Israel es más fuerte que nunca. Israel ha recuperado todo el apoyo diplomático de Estados Unidos bajo la administración Trump, como demuestra el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén hace un par de años. Además, sigue siendo el principal receptor de ayuda militar estadounidense. Por otro lado, ha buscado vínculos más estrechos con Rusia y China, grandes potencias que consideran al sector productivo de alta tecnología de Israel como un activo prometedor.

Pensemos que Israel desarrolló su propio complejo militar-industrial que fabrica armamento y hardware de última generación que es altamente competitivo en el mercado mundial de armas. El ejército israelí ha adaptado su doctrina y su disposición operativa para poder luchar tanto en campos de batalla convencionales como no convencionales.

En cuanto al poder económico, Israel es una economía industrial desarrollada. Tiene ventajas comparativas en materia aeroespacial, electrónica avanzada,etc. Según el Atlas de Complejidad Económica, Israel es una economía más compleja que ciertos países desarrollados (como Bélgica, Holanda, Canadá y Australia) y mercados emergentes (como India, Polonia, Turquía y Brasil).

Por el contrario, la posición geopolítica de los palestinos está comprometida. Durante la Guerra Fría, su causa fue respaldada por estados que estaban desesperados por patrocinar el nacionalismo árabe secular (la ideología adoptada por Yasser Arafat y su generación de líderes palestinos). Sin embargo, después del tratado de paz bilateral entre Israel y Egipto, el declive del nacionalismo árabe, en términos militares, políticos y económicos, y la fatídica desaparición de la Unión Soviética hace tres décadas, los palestinos han quedado en un estado de orfanato geopolítico (una remera que diga “más solo que palestina en el plano geopolítico”), una condición terrible en una región que atrae constantemente la participación de poderes extrarregionales.

Por último, pero no menos importante, la economía palestina es extremadamente frágil y aún más agravada por la pandemia. Depende principalmente de las actividades primarias y el turismo. Tiene un sector de tecnología en crecimiento, pero su auge está vinculado a la subcontratación encargada por empresas israelíes. Asimismo, los territorios palestinos reciben una gran cantidad de ayuda exterior, pero no está claro si esos recursos se están utilizando para fomentar el desarrollo.

A la luz de lo anterior, es razonable afirmar que existe una correlación asimétrica de fuerzas que favorece abrumadoramente a Israel. En términos simples, esta realidad socava la perspectiva de implementar una solución de dos estados en el corto plazo.

¿Estados Unidos qué onda en todo esto? 

La posición de Biden sobre el conflicto israelí-palestino ha sido muy consistente desde el momento en que era senador, creyendo que una solución de dos estados sigue siendo la única opción viable. Se movió para reanudar la ayuda financiera a los palestinos que fue suspendida por Trump, y le dijo a Israel que se abstuviera de una mayor anexión de cualquier territorio palestino y limitara la expansión de los asentamientos israelíes existentes en Cisjordania.

Dado el fracaso de Israel para formar un gobierno de coalición estable después de cuatro elecciones en dos años, junto con el desorden político entre los palestinos, es poco probable que puedan reanudar las negociaciones de paz en serio en las circunstancias actuales. Además, tanto el Primer Ministro Netanyahu como el Presidente Abbas, que están atrapados en sus viejas posiciones, deben abandonar primero la escena política antes de que se pueda reanudar cualquier conversación de paz.

La nueva estrategia de la Administración Biden en Oriente Medio está obligando a las potencias regionales a reevaluar sus intereses geoestratégicos y actuar de una manera que podría poner fin a varios conflictos que han plagado la región. Aunque Biden está intensificando su enfoque en la región de Asia y el Pacífico, el interés geoestratégico y el compromiso de Washington con sus aliados en Oriente Medio siguen siendo los mismos, aunque la estrategia de Biden difiere sustancialmente de la de su predecesor. 

¿Cómo puede terminar esta situación?

Puede haber una salida diplomática pero es difícil. El pueblo palestino siempre dependió del derecho internacional y esperaban que la comunidad internacional pudiera o actuara en su nombre. La realpolitik demostró otra cosa. El derecho internacional no ha sido un amigo confiable de los palestinos: Declaración Balfour en 1917; Plan de Partición de la ONU en 1947; Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU en 1967 (la piedra angular del proceso de paz). 

El derecho internacional ha marcado la diferencia sólo cuando las fuerzas externas que pretenden defenderlo, especialmente el Consejo de Seguridad de la ONU, están dispuestas a hacerlo. La absorción de la Jerusalén Oriental árabe en Israel, el reconocimiento estadounidense de la soberanía israelí en los Altos del Golán, la anexión de facto de gran parte de lo que queda de las tierras palestinas muestran lo contrario.

El conflicto nunca fue bilateral entre Palestina e Israel. El futuro de Cisjordania (y Jerusalén) está interconectado con Jordania y la Franja de Gaza con Egipto. Es demasiado complejo amigue, pero lo vamos a seguir de cerca.

Compartí esta noticia !

¿Por qué estalló Colombia?

Compartí esta noticia !

Los jóvenes de Colombia hoy están en la primera línea de las protestas contra el Gobierno de Iván Duque. Son esos manifestantes los que han arrinconado al Ejecutivo, al punto de forzarlo a retirar la fallida propuesta de reforma tributaria que desencadenó las movilizaciones. 

Las encuestas coinciden en que Duque ha perdido decididamente el apoyo de los jóvenes. El 74 % de los consultados entre 18 y 25 años tenía una imagen desfavorable del mandatario en una encuesta de Cifras y Conceptos. 

A sus 44 años, Duque es el presidente más joven en la historia reciente de Colombia y, aunque llegó al poder con 42 años recién cumplidos, siempre ha exhibido, desde la propia campaña, sus credenciales conservadoras. Esa paradoja estuvo presente durante todo su mandato, y lo ha hecho, una vez más, durante la última semana de caos. 

Aunque el Gobierno se abrió a un proceso de diálogo político en busca de una nueva reforma consensuada, la movilización no cede y los jóvenes son un componente central del cóctel de descontento que cerca al Ejecutivo del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por Álvaro Uribe.

La estrategia del presidente colombiano Iván Duque durante los últimos días dista mucho de ser la adecuada para superar el impasse actual de conflictividad social. Mantiene un discurso beligerante, de categorías binarias y resuelto bajo el uso de la fuerza. Duque confía en que la mala prensa y la popularización de este tipo de lecturas pueden, per se, desescalar paulatinamente el conflicto.

Pero sucede todo lo contrario. 

Desde hace tiempo, Colombia es una bomba que en cualquier momento puede explotar. Y no lo es solo por el nivel de pobreza, la exclusión social y el abandono que sufren millones de personas y buena parte de la geografía del país. Lo es porque, una vez finalizado formalmente el conflicto armado, la movilización social tiene ante sí una serie de carencias y necesidades en términos de precariedad laboral, vulnerabilidad y desposesión de derechos que, sin el soporte del conflicto armado, tienen todo a su disposición para visibilizar, problematizar y politizar numerosas necesidades maltrechas durante décadas. 

Es decir, ahora más que nunca la conflictividad social juega con todo a su favor para hacer gravitar la agenda política por fuera del tradicional esquema paz/seguridad que durante décadas dominó las agendas de gobierno acontecidas en Colombia y que invisibilizó una marcada violencia estructural.

A estos jóvenes los une el desencanto, el rechazo a la clase política y un profundo malestar frente al Gobierno. En la oleada de protestas que ya habían sacudido al país a finales de 2019, los jóvenes de universidades públicas y privadas fueron destacados protagonistas.

Pero la actual oleada de movilizaciones marca diferencias. La pandemia y el confinamiento han contribuido al aumento de la desigualdad y han hecho más difícil acceder a la educación, la salud, e inclusive, el acceso a la vivienda -un problema que atraviesa a la generación millennial-, con protestas sociales muy difíciles de controlar.

La búsqueda de un modelo económico y una policía distintos tiene que ver con la idea de un país nuevo. La generación que lidera las protestas en las calles creció en un país en guerra, bajo los discursos completamente polarizantes de la Guerra Fría; y hoy su mayor anhelo es que la política supere esos traumas del conflicto y permita, incluso a través de la protesta pacífica, hablar de temas como educación, derechos sociales, inclusión de minorías y legalización de las drogas, entre otras cosas prohibidas en el debate en Colombia durante décadas.

Así que un cambio de ese modelo desigual y excluyente —que para muchos requeriría una mayor democratización de la salud y la educación— está en el corazón de este movimiento.

También exigen el retiro de un proyecto que busca privatizar la salud, un mejor manejo de la pandemia de coronavirus y un salario básico acorde a la canasta de alimentos para paliar a uno de los países más desiguales del continente. Actualmente el desempleo en Colombia es del 16,8 por ciento y la pobreza alcanza al 42,5 por ciento de la población.

Las protestas actuales comenzaron con una huelga general por una reforma fiscal impopular contra un gobierno profundamente polarizador, en defensa de los líderes de derechos humanos amenazados, por un aumento de la red de seguridad social durante la pandemia y por la reforma policial.

Y las calles ya lograron dos efectos inesperados en un país donde la movilización social, que fue tachada de “subversiva”, rara vez tuvo consecuencias políticas: las retirada de la reforma tributaria y la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aun así, ninguna de las medidas ha sofocado el descontento social.

Lo que es difícil de pronosticar es si este movimiento sumamente heterogéneo, que en origen se mostró fresco y novedoso, terminará en una situación que sí tiene precedentes en Colombia: la de una violencia desbordada. Más de 24 muertes, 89 personas desaparecidas, 140 denuncias de violencia según la Defensoria del Pueblo de Colombia y según la ONG Temblores, se reportaron más de 200 intervenciones violentas hacia mujeres, entre ellas, 10 denuncian agresión sexual. 

Desde la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresaron el martes pasado su profunda preocupación por la reciente actuación de las fuerzas del orden en la ciudad de Cali que finalizaron con varios muertos y heridos.

La actual es una situación sin precedentes. Y que mucho se explica porque el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 abrió una caja de pandora de demanda.

La reforma rural integral planteada en el acuerdo, suponía admitir la realidad de una violencia estructural de la cual el Estado fue corresponsable durante décadas. En Colombia, la reforma agraria resultó siempre una promesa incumplida por parte de las élites políticas, a lo que se sumaba una suerte de política territorial que siempre gravitó en torno a una “bogotanización” de la agenda pública. 

Es decir, la reforma rural implicaba reconocer que la periferia olvidada de Colombia necesitaba de mayores recursos e inversiones si verdaderamente se quería abordar un proceso de construcción de paz estable y duradero.

Y este fue el punto de partida del comienzo del desastre.

Desde el partido del presidente Ivan Duque, nunca aceptaron que la paz debía llegar al país por medio de una solución negociada y que, entre otras cuestiones, ello obligaba a repensar los límites de la democracia colombiana y de su Estado de Derecho.

Durante sus primeros años en el gobierno, Duque se ha encargado de deslegitimar el Acuerdo de paz. Homologando el término “paz” al término FARC. Ha instrumentalizado el Poder Judicial, evitó aumentar el presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo, ha obstaculizado el avance de la Jurisdicción Especial para la Paz y ha criminalizado, bajo la etiqueta de “guerrillera” o “terrorismo”, cualquier reivindicación o protesta social, por muy ajena que resulte a la cuestión del Acuerdo.

De nada sirve un Acuerdo de Paz si no se acompaña de medidas que transformen las condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, y de intervenciones que resignifiquen un imaginario social colectivo, preparado para lo que supone, desde todos los extremos, un proceso de construcción de paz. Allí están los resultados a la vista: el quinto país más desigual del mundo, con unos niveles irresueltos en cuanto abandono territorial e institucional de las zonas con mayor presencia del conflicto armado, y en donde la necesaria presencia del Estado en aquellos lugares que abandonan las FARC para asumir el proceso de entrega de armas nunca se cumplió. 

Muchos esperaban que ese acuerdo, junto con el fin formal de cinco décadas de guerra civil que mató a más de 250 mil personas y obligó a más de 7 millones a huir de sus casas, abriría un nuevo espacio para la izquierda en el espectro político de Colombia, pero la realidad dista de ser así y los resultados están a la vista: crisis de representación, desconfianza hacia el sistema político en aumento y alta desconexión entre la juventud y la política.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin