La denuncia de Bolivia a Macri que no sorprendió a nadie
Macri llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2015, después de una campaña electoral en la que planteó la necesidad de modificar todo lo realizado por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, especialmente en lo referido a la política exterior, la estrategia de inserción internacional, el modelo de desarrollo y el rol del estado.
Y así fue como se rompió una corta pero a la vez larga tradición de política exterior sostenida en el tiempo. Macri partió del supuesto de que el kirchnerismo había aislado al país y argumentó que él lograría “la vuelta de Argentina al Mundo” y la llegada de “una lluvia de inversiones” a través de un modelo de “inserción prooccidental”. En la práctica, ese modelo de inserción implicaba entre otras cosas reencausar los vínculos con Estados Unidos y países de Europa como Alemania, España, Italia, Gran Bretaña y Holanda e incrementar los contactos con Canadá y Japón; volver a tener relaciones estrechas con los organismos multilaterales de crédito (como el FMI) y otros espacios multilaterales (Organización Mundial del Comercio y G20 financiero); disminuir la relevancia de Latinoamérica como un ámbito natural de inserción para Argentina y reorientar las relaciones solo hacia los países con propuestas político-económicas semejantes y en ese sentido, otorgarle a la crisis venezolana el lugar más relevante de la gestión externa hacia la región, dejando de lado relaciones construidas durante el kirchnerismo con China y Rusia, nuevos hegemones que buscan espacio en la región a través del desarrollo de infraestructura. Pero lo que más llama la atención sin duda es el rol que se le ha asignado a la política de derechos humanos que Argentina supo construir después de atravesar una de las dictaduras más sangrientas de la región.
El jueves pasado el ministro de relaciones exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri envió armamento en apoyo de quienes dieron el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, en el marco de avances en la causa judicial que investiga lo ocurrido en noviembre de 2019, incluyendo declaraciones de políticos, civiles y militares en los hechos.
Y este hecho se suma a la lista que el gobierno de Macri posee en tan solo cuatro años de gestión. Repasando brevemente encontramos que bajo su gobierno recortó fondos, desarticuló programas, despidió personal, le dio más poder a las Fuerzas Armadas y quiso “mover” el feriado del 24 de Marzo, pero además se produjeron la detención ilegal de Milagro Sala en Jujuy, la desaparición de Santiago Maldonado durante la represión de Gendarmería en el Pu Lof Cushamen de Esquel, el asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura en Villa Mascardi, y el intento de amnistía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia por la aplicación de la Ley de 2×1 para los represores de la última dictadura civico-militar, revertido luego de la masiva movilización popular en Plaza de Mayo.
A veces la política exterior de un gobierno y la doméstica no son muy congruentes, pero en el caso de Macri, han sido idénticas.
El destrato hacia las políticas de derechos humanos ha sido plasmada tanto en el plano doméstico como en el internacional, es por ello que el envío de cargamento militar ilegal -como lo calificó el actual ministro de defensa Agustín Rossi- para atentar contra la población de un país hermano debería ser un motivo de condena generalizada.
En este sentido, no podemos dejar de señalar que el gobierno de Macri cambió completamente el esquema de seguridad y defensa de la Argentina. A solo poco más de un mes de gestión, se decretó la Emergencia de Seguridad Pública, que incluyó la habilitación a las Fuerzas Armadas para derribar “aviones hostiles” no identificados, en el marco de la lucha contra el delito complejo y el crimen organizado, algo inédito desde la vuelta a la democracia.
Es importante recalcar que Estados Unidos se convirtió en la piedra angular de la política exterior de la gestión. En 2016, Argentina ingresó al State Partnership Program que asoció a las Fuerzas Armadas con la Guardia Nacional del estado de Georgia y se produjo la aparición de los llamados fusion center, que permitían el entrecruzamiento de información proveniente de diversas agencias tales como las FF.AA. y las Fuerzas de Seguridad argentinas, la DEA, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense y miembros del Comando Sur. Durante la gestión 2015-2019, también se observó un rol activo del Ministerio de Seguridad en la ejecución de la agenda, en contraposición al accionar sutil y casi desdibujado del Ministerio de Defensa. El primero, al tener a cargo las fuerzas de seguridad y, por tanto, vía libre respecto a las nuevas amenazas, adquirió un perfil más alto y avanzó hacia un entendimiento con las diversas agencias estatales en materia de seguridad. En otras palabras, esa conducta se debe a que en gran medida la mentada “modernización del sistema de defensa” –vinculada al combate a las “nuevas amenazas” (ideológicas) y con impacto en la dimensión estratégica de la política de defensa– se produjo sin modificar la normativa, algo que se ve hoy en día en Colombia y el rol imperante que posee la policía a la hora de “contrarrestar” las protestas contra el gobierno de Ivan Duque.
Si profundizamos el análisis sobre la denuncia que Bolivia hace, encontramos la participación activa de otros actores en el golpe de estado a Evo Morales como es el de Brasil, un país que ya ha transitado por un proceso de militarización de la seguridad pública, con los cuales Macri compartió propuestas político-económicas semejantes, que con el gobierno de Temer vio incrementada la militarización de Río de Janeiro y cuya situación se acentuó con la llegada de Jair Bolsonaro y un gabinete colmado por personajes pertenecientes a la estructura militar brasileña.
No es casualidad que los gobiernos no populares aboquen sus visiones de política exterior a los lineamientos dictados por potencias, lo que preocupa en este caso es que el gobierno de Macri haya abandonado la bandera de protección de derechos humanos en materia de política exterior que tanto le ha costado construir a la argentina luego de 38 años de lucha de los organismos de derechos humanos por el reconocimiento de esta casi como política de Estado.
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