En el marco de la causa por el hackeo a los ministros y magistrados de la Justicia nacional, otra de las víctimas de la suplantación de identidad fue el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. El nombre del funcionario es el primero del ámbito Ejecutivo que aparece entre los afectados en esta causa, ya que hasta el momento sólo aparecían miembros del Poder Judicial nacional.
El juez Martínez De Giorgi reveló al mandatario misionero la existencia de varias líneas telefónicas a su nombre, que habrían sido utilizadas por esta banda delictiva.
Una vez informado, el propio Herrera Ahuad habría pedido a la empresa Telecom el informe de las líneas y se sorprendió porque no era una, ni dos como se sospechaba en un principio, sino seis, publicó el diario Primera Edición.
La investigación se inició en diciembre cuando la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) detectó que, desde uno de los teléfonos secuestrados, en donde se activaron líneas del juez de la CSJN, Horacio Rosatti, también aparecieron líneas a nombre de Rosenkrantz, y de la jueza federal de Posadas con competencia electoral, María Verónica Skanata.
Hasta el año pasado “se identifican 39 abonados, además de los cinco a nombre de Horacio Daniel Rosatti que impactaron en los IMEI. Los 39 abonados tienen titularidad a nombre de 28 personas distintas. De las 28 personas identificadas, 2 pertenecen a funcionarios judiciales: María Verónica Skanata y Carlos Fernando Rosenkrantz”. La línea de Rosenkrantz se activó en Misiones, en febrero pasado.
Sin embargo, en los próximos días podrían ser muchos más los políticos de Misiones a los que les utilizaron su nombre -como a Herrera Ahuad- para sacar líneas.
El juez federal en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, Marcelo Martínez De Giorgi, de los Tribunales de Comodoro Py en Buenos Aires, avanzó ayer en la investigación por el hackeo al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, al ministro y Carlos Rosenkrantz y otros funcionarios judiciales nacionales.
En ese marco, decidió la detención de tres misioneros, entre ellos el eldoradense Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, que aparece como una de las piezas centrales en Misiones de la operación; y dos posadeños.
Asimismo, el fiscal Gerardo Pollicita pidió la aprehensión de un expolicía federal, con quien se abre una nueva línea de investigación.
La Justicia busca determinar si existió una asociación ilícita para hackear celulares a jueces de causas clave y para sustituirles la identidad a varios funcionarios para hacerse de líneas a su nombre con el fin de cometer los delitos. Todo comenzó a ser investigado en marzo, cuando Rosatti denunció que habían sacado cuatro líneas telefónicas a su nombre.
Declaración testimonial
Como víctima de la suplantación de identidad, el juez Martínez De Giorgi le envió una nota como Gobernador de la provincia de Misiones a Herrera Ahuad con fecha 31 de mayo pasado y que habría sido entregada en la Casa de Gobierno a inicios de junio.
Fue cuando el mandatario habría comenzado a conocer que era otro de los afectados por una maniobra que lleva decenas de funcionarios en la misma situación, a partir del accionar de la banda sospechada de la asociación ilícita.
Apenas ingresada la nota, el misionero habría solicitado la intervención a la Fiscalía de Estado, ya que la afectación es no solo a su persona sino al cargo que ostenta.
Martínez De Giorgi le habría dado en la misiva a Herrera, la opción al Gobernador de dar su testimonio por escrito o la plataforma Zoom, para aportar datos a la causa 987/2023 en la que se investiga la “falsificación de documento destinado a acreditar la identidad”.
En la respuesta al titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8, Herrera Ahuad desconoció la titularidad de las seis líneas telefónicas que sacaron los delincuentes y, a partir de ello, la Fiscalía de Estado provincial deberá definir si se presenta como querellante en la causa original o presenta una nueva demanda.
¿Quiénes están detrás?
Los detenidos no serían los principales interesados en los hackeos a las líneas de teléfono o las suplantaciones de identidad a jueces y políticos. Ya lo declaró el eldoradense Nuñes Pinheiro, cuando aseguró que un anónimo lo contactó por teléfono para que haga uno de los trabajos y le giró el dinero.
Para la Justicia en el espionaje a Rosatti y otros jueces hay una “gran organización encabezada por dos o tres personas que tercerizan los servicios de espionaje”, señalaron fuentes judiciales al diario porteño Clarín. Aunque no se descarta el vínculo político para espiar a determinados referentes.
La maniobra, según contó el matutino en base a fuentes del Ministerio Público Fiscal, buscaba “acceder ilegítimamente a aplicaciones de comunicación; lo que les permitió conocer su historial de conversaciones y demás documentos e información existente en dichas plataformas (fotografías, videos, opiniones, etc.), suplantar la identidad digital de las víctimas (lo que posibilitó enviar mensajes a su nombre) y tener en su poder información privada y acceso a sus cuentas con el fin de cometer otros delitos”.
A pedido del fiscal Pollicita, el juez Martínez De Giorgi ordenó la conexión de todas las causas similares que se tramitan en la Justicia.
Si bien al inicio del expediente los elementos incorporados apuntaron a las ciudades de Posadas y Garupá, como los lugares donde se localizaron los puntos de venta en los que se adquirieron las tarjetas SimCard asociadas a las líneas telefónicas desconocidas por Rosatti, “con el devenir de la investigación, dicho indicio se tornó estrictamente circunstancial, puesto que se incluyó la aparición de nuevos damnificados de similares maniobras delictivas, entre ellos varios ministros de la CSJN, quienes no sólo desempeñan sus funciones en el máximo tribunal del país, sino que concretamente sus actividades laborales las realizan en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, indicó el juez.
¿Quiénes son los misioneros detenidos por el hackeo a jueces y funcionarios?
El juez Martínez De Giorgi ordenó la detención de cuatro personas en la causa por hackeo de los celulares a magistrados federales y la suplantación de identidad a otros funcionarios para cometer delitos. Dos de ellos fueron aprehendidos por la Gendarmería Nacional, tras allanarse sus domicilios en Posadas.
Una de las sospechosas es Nelly Soledad Valdés. Desde el mismo IMEI que se activó una de las lineas inventadas al ministro de la Corte, Horacio Rosatti, aparece la activación de tres líneas a nombre de la mujer. El otro detenido es Santiago Machado. Al igual que Valdés, aparece ligado a una de las líneas del presidente de la Corte.
Ambos fueron llevados a Buenos Aires, detenidos, a la espera de la indagatoria judicial que podría ocurrir en el transcurso de hoy.
El tercero fue el joven eldoradense Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien se presentó en los tribunales de Comodoro Py. “Yo metí la pata, pero no sabía de quiénes eran los teléfonos. Ni me fijé. De política no sé nada”, dijo ayer a la mañana Nuñes Pinheiro, cuando llegó con sus abogados Sebastián Noguera y Marcos Kapko, sabiendo que quedaría detenido.
Nuñes Pinheiro no solo está imputado por el hackeo a cuatro jueces federales. También reconoció, en otra causa, haber participado del hackeo al celular del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y al teléfono del precandidato a gobernador del PRO Diego Santilli.
“No sé por qué ordenan la detención de un joven que se mostró predispuesto a colaborar y dijo todo lo que sabía, cuando en esa causa todavía no está ni indagado. Es el pato de la boda”, se quejó en diálogo con Infobae el abogado Sebastián Noguera, defensor del hacker.
También un ex policía federal
En Junín (Buenos Aires) fue allanado y arrestado el pasado lunes un expolicía federal llamado Ariel Zanchetta. Según pudo saber Infobae, pidió información de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a la base de datos de la empresa Sudamericana Data un día antes de que se concretaran los hackeos a sus celulares. Eso surge de la investigación que llevó adelante la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) a pedido del fiscal Pollicita.
De ese análisis se comprobó que Zanchetta hizo 2.157 pedidos de informes personales de jueces, políticos de distintos partidos políticos, ministros y jueces de la Corte. Trascendió que el expolicía justificaba sus solicitudes en esa base de datos diciendo ser periodista en busca esta información.
A su vez, el diario Clarín contó ayer que lo llamativo del informe que llegó a la fiscalía a cargo de Pollicita fue que las búsquedas de Zancheta abarcaban un universo de 150 personas entre ellos “importantes políticos y dirigentes actuales, como también ex presidentes”.
