Juan Carlos Argüello

Periodista, director de Economis

La palabra bajo ataque: Jésica Tritten y el retroceso comunicacional en la Argentina actual

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“Vivimos una lesión gravísima, no solo del sistema de medios, sino de las condiciones democráticas básicas”, afirma Jésica Tritten, con la claridad y la convicción de quien lleva más de dos décadas pensando la relación entre Estado, medios y ciudadanía. La periodista, productora, exgerenta de Contenidos Públicos y referente del universo audiovisual educativo en Argentina, visitó Posadas para brindar una clase magistral en el marco de la Cátedra Abierta de Educación, Medios y Capitalismo de Plataformas, en el auditorio de la Universidad de la Integración Sudamericana (UNISUD).

Tritten es una voz con autoridad, no por pertenencia partidaria sino por experiencia en gestión y conocimiento profundo del sistema de medios públicos. En esta entrevista, que transcurre entre definiciones firmes, advertencias profundas y un optimismo pedagógico, se despliega una radiografía inquietante del presente mediático argentino: concentración, intervención autoritaria, desmantelamiento de contenidos educativos y una creciente precarización del trabajo de prensa.

¿Cómo ves el estado actual de los medios públicos en Argentina?

Hace más de veinte años que estudio la televisión pública y, lamentablemente, hoy no puedo decir nada positivo. No porque no me guste tal o cual programa —eso sería una opinión personal—, sino porque el problema es estructural: la conducción de los medios públicos está absolutamente intervenida. La TV Pública, Radio Nacional, las radios provinciales, las señales educativas como Encuentro, Paka Paka, DeporTV, e incluso la agencia Telam, están bajo control de una única persona. El directorio, que por ley debe contar con representación parlamentaria, no está funcionando. No hay pluralidad. No hay deliberación. No hay control. Solo una figura que toma decisiones administrativas, editoriales y de gestión sobre todo el sistema. Es autoritarismo puro.

¿Qué implica esto para la sociedad?

Es una pérdida gravísima del patrimonio público. Y lo más alarmante es que ni siquiera sabemos la magnitud de esa pérdida. Pensemos en el archivo de Telam, en décadas de materiales audiovisuales educativos validados por el sistema escolar, en el acervo histórico de la televisión pública. Todo eso está ahora bajo llave, sin acceso público, sin transparencia. Es como una quema de libros digital. Y todo ocurre en un marco en el que el gobierno anuncia, sin tapujos, que vino a destruir estas estructuras. Entonces, ¿cómo no interpretar que efectivamente están avanzando en esa dirección?

¿Qué observás en el sector privado?

Una concentración comunicacional cada vez más fuerte. Y lo preocupante es que esa concentración no solo no resiste al gobierno, sino que muchas veces lo acompaña en su orientación económica y discursiva. Hay una sincronía entre el poder político y ciertos conglomerados mediáticos que agrava la situación. El resultado es una herida profunda en la libertad de expresión. Estamos en uno de los momentos más oscuros desde el regreso de la democracia.

¿Cómo afecta eso al ejercicio del periodismo?

Hay autocensura. Por miedo, por desgaste y también por precarización. Hoy un trabajador de prensa necesita tener entre cuatro y seis trabajos para alcanzar la canasta básica. En esas condiciones, es casi imposible sostener una producción periodística de calidad, con tiempo para investigar, contrastar, profundizar. Esto impacta directamente en la calidad democrática. Porque cuando baja la calidad del periodismo, también baja la calidad de la vida cívica. Y esto no es casual: hay una intencionalidad clara de precarizar la palabra.

¿Por qué creés que gran parte de la sociedad tolera o al menos no reacciona ante este retroceso?

No sé si hay acompañamiento consciente. Tal vez haya una resignación, una omisión, un silencio. La historia argentina es compleja. Somos una sociedad que atravesó el horror de los 30.000 desaparecidos. Y aún con todas las responsabilidades claras de los perpetradores, eso dejó marcas. Aun así, hay resistencias activas: en las universidades, en el sistema de salud, en ciertos sectores organizados. Lo que pasa es que, al haber cada vez menos medios con vocación plural, esas resistencias no logran visibilizarse.

¿Es resistencia o reacción?

¿Pero hay resistencia o hay reacción?

Es una reacción a las acciones que hace este Gobierno, de muchísima crueldad. Un Gobierno que además de sacarle derechos a diferentes colectivos, lo hace con mucha crueldad, con mucha crueldad retórica, con crueldad política, con crueldad en las formas. Entonces no creo que no haya resistencia. Quizás, por esto que decíamos antes de de una lesión tan grande de la libertad de expresión, estos colectivos que tienen una resistencia o reacción, como vos decís en algunos casos, no están tan visibilizadas. Creo que este es un año electoral, que hubo algunas palabras respecto de decisiones sobre este Gobierno. Viene una elección muy grande en la provincia de Buenos Aires y lo digo por lo que significa para el porcentaje a nivel nacional. Hay unas primeras respuestas concretas que son las herramientas de la democracia para ver cómo viene. Después, obviamente, seguramente una población muy grande esté de acuerdo con lo que hace este Gobierno, porque no hubiera llegado al poder. Evidentemente tiene una parte de su electorado que que está, para los que fundamenta su política, más violenta, más cruel. Pero me niego a pensar que la Argentina entera sea de esta manera.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, Jésica Tritten es periodista, productora, docente universitaria e investigadora en comunicación. Fue directora de Educ.ar, impulsora de las señales Encuentro y Paka Paka, presidenta de Contenidos Públicos SE y responsable de la creación y gestión de la plataforma Contar. Desde hace años, se ha convertido en una de las principales voces en defensa de los medios públicos, la soberanía audiovisual y la democratización del acceso a la cultura. Su paso por Posadas, en el marco de la Cátedra Abierta de UNISUD, dejó un mensaje tan incómodo como necesario: cuando la palabra se precariza, la democracia también.

Hablaste del “capitalismo de plataformas”. ¿Qué cambios trajo ese fenómeno?

Hasta hace quince años, el conflicto entre gobiernos y medios era entre Estados nacionales y conglomerados locales: Clarín en Argentina, Globo en Brasil, Televisa en México. Hoy, esos conflictos se trasladaron a un nuevo plano: el de las grandes plataformas digitales, que tienen más poder que muchos Estados. Empresas que no solo manejan el mercado, sino que modelan subjetividades, afectan decisiones políticas, colonizan la intimidad. Con la pandemia, ese ingreso fue brutal. Llegaron al aula, a la casa, al cuerpo. Y lo hicieron sin que nadie lo advirtiera con suficiente profundidad. Por eso es urgente construir una mirada crítica sobre su impacto.

¿Es reversible esta situación?

Sí. No creo que sea irreversible. Brasil salió del bolsonarismo. México y Europa están avanzando en regulaciones. Incluso países como China están debatiendo marcos normativos nuevos. El primer paso es dejar de naturalizar el algoritmo. Entender que no estamos hablando solo de tecnología, sino de relaciones de poder. Y a partir de ahí, recuperar soberanía cultural. No demonizo las plataformas, ni tampoco la inteligencia artificial. Generan trabajo. Pero un Estado no puede dejar su política audiovisual en manos de ellas. Hoy, lo poco que se produce en Argentina es para plataformas. Eso nos habla de una pérdida de soberanía. Porque no se produce lo que queremos contar, sino lo que las plataformas piden, con sus lógicas estéticas, narrativas y de mercado.

¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial en este escenario?

Enorme. Y por eso es un tema que me ocupa. La inteligencia artificial no puede ser pensada de forma lineal. Tiene efectos muy distintos según el ámbito: no es lo mismo en educación, que en medicina, o en la producción de conocimiento científico. Lo que necesitamos es una reflexión situada, crítica, atenta a las particularidades. El problema es que hoy no hay condiciones laborales ni tiempo para esa reflexión. Ni en la escuela, ni en los medios. Porque los trabajadores están atravesados por el pluriempleo y la urgencia económica. Y cuando eso ocurre, las discusiones se vuelven superficiales, repetitivas, polarizadas.

¿Hay reflexión en los medios o entre colegas sobre todo esto?

Sí, hay. Y yo participo de esas discusiones. Pero están debilitadas. Los trabajadores de prensa están exhaustos, sobrecargados. Y la posibilidad de hacer periodismo con tiempo, con investigación, con profundidad, hoy es casi un lujo. Antes, los medios destinaban presupuesto a áreas de investigación. Hoy, son muy pocos los diarios que pueden sostener eso. El resultado es una prensa empobrecida, y por ende, una ciudadanía más vulnerable. Cuando una empresa multinacional atenta contra las condiciones laborales de los periodistas, está atentando contra el lenguaje democrático. Contra nuestra posibilidad de entendernos como sociedad.

A pesar de este diagnóstico, ¿sos optimista?

Sí, tengo que serlo. No tengo otra opción. Me considero, antes que comunicadora, una educadora. Y no puedo educar sin esperanza. Si no creyera en la potencia de las nuevas generaciones, en su capacidad de pensar críticamente y transformar, me tendría que quedar en mi casa. El escenario es duro, pero no definitivo.

¿Ves la posibilidad de una reversión política como ocurrió en Brasil?

Ojalá. Hoy Argentina atraviesa un momento muy grave. Tenemos presos políticos. Y eso nos retrotrae a lo peor de nuestra historia. No se trata solo de Cristina Fernández de Kirchner, que además de ser expresidenta es la presidenta del principal partido opositor y del movimiento político más grande de América Latina. Hay una clara persecución a las mujeres que hacen política y periodismo. Se las estigmatiza, se las calla, se las ataca desde el Estado. Eso no puede no preocuparnos. La democracia argentina, la que conseguimos con tanto dolor, está hoy lesionada. No importa la pertenencia partidaria de cada uno. Este es un problema del Estado de derecho, de la República. Y no podemos ser indiferentes.

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Argentum, el regreso irónico

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El billete Argentum, propone emitir el diputado nacional Ricardo López Murphy, como reemplazo del peso y para “mejorar el funcionamiento del sistema monetario”. El proyecto plantea una eliminación de tres ceros en el peso y que cada Argentum valga mil pesos. 

La -escasa- creatividad del fugaz ministro de Economía de la Alianza, obliga inevitablemente a revivir los tiempos de esplendor de Domingo Cavallo, quien había hecho exactamente lo mismo al reemplazar el plan Austral, inaugurando la Convertibilidad y la década del uno a uno. Pero el fulgor duró poco: la década terminó en una feroz crisis de pobreza y desempleo, el país endeudado y privatizado. 

Tras el ocaso del menemato, López Murphy fue uno de los varios ministros de Economía de Fernando De la Rúa, el radical empeñado en sostener la Convertibilidad heredada y sin otro plan que el ajuste y nuevo endeudamiento. Antes de ser eyectado a los pocos días de asumir, el “bulldog”, como lo apodaban, tuvo la idea de recortar presupuesto en la educación y los fondos para las provincias. Nada demasiado distinto a lo que impuso el presidente Javier Milei. 

Por ese entonces también convivían “billetes paralelos”, que intentaban suplir la ausencia de pesos. Los bonos Patacones, emitidos por la provincia de Buenos Aires entre 2001 y 2002 y los Lecop, bonos emitidos por la Argentina, en el mismo período con el fin de cancelar las deudas del Estado con las provincias debido a la falta de recursos financieros. El país del déficit cero, impuesto por el –otra vez- convocado de urgencia, Domingo Cavallo, ajustaba con el recorte de fondos a las provincias, parálisis de obra pública y despidos. ¿De dónde suena?

Los gobernadores, por ese entonces, estaban en pie de guerra por el recorte de recursos, que afectaba la gobernabilidad y ponía en riesgo la supervivencia de miles de ciudadanos. 

En el amanecer de diciembre de 2001, días antes del estallido, con ínfulas parecidas a la de algunos funcionarios actuales, Chrystian Colombo, entonces jefe de Gabinete de De la Rúa, vino a Iguazú a negociar con los gobernadores peronistas el respaldo al Presupuesto 2022, una nueva ley de coparticipación y más ajuste. Eran las exigencias, cuando no, del FMI. Los gobernadores se negaron a aceptar más recortes y exigieron que los tijeretazos presupuestarios no afectaran los intereses de las provincias, además de reclamar que la Nación abone los aportes por coparticipación atrasados. El enviado presidencial se fue con las manos vacías, después de disfrutar de las mejores habitaciones del hotel Casino y una opípara cena bien regada. La falta de respaldos no hizo más que evidenciar la debilidad del último presidente radical, que pocos días después se escapaba en helicóptero. 

El peronismo, que en 1999 se había ido derrotado para nunca más volver, había ganado las elecciones de medio término en todo el país, ante la ineficiencia de la alianza, denuncias de corrupción, la renuncia de Chacho Álvarez y las coimas del Senado. 

Aunque parezca una ironía, el planteo de aquellos gobernadores de 2001, es el mismo que el de los actuales. Hace pocos días, en un hecho inédito, los 23 gobernadores y el intendente porteño firmaron un proyecto de ley para redistribuir la recaudación del impuesto a los combustibles, del que se apropió la Nación, para que con esos recursos se financien obras en las provincias. Lo mismo con los ATN, que se generan automáticamente, pero se los queda el Tesoro nacional. “La Nación se jacta del ajuste y acusa a las provincias de no hacerlo, pero en realidad, el ajuste lo están financiando las provincias”, dicen los gobernadores. La sensación es de hastío y recorre todos los puntos cardinales. 

En 2001, Colombo relató ante los gobernadores reunidos en Iguazú las exigencias del FMI que incluían una nueva ley de coparticipación, el ok al presupuesto 2002 y una concertación entre oficialismo y oposición. Los gobernadores no ponían demasiados reparos, pero pedían alguna oferta concreta. Algo sobre el papel. 

El escenario se repitió ahora con el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman -principal responsable del presupuesto nacional-, quienes se reunieron con los gobernadores primero y con los ministros de Economía de las provincias, después, para analizar el reparto de fondos federales. Tras el primer encuentro, los gobernadores firmaron los proyectos de ley, que ya fueron ingresados al Congreso, para recuperar la recaudación del impuesto a los combustibles y el reparto automático de los ATN. 

Guberman volvió a recibir el martes a los ministros de Economía provinciales, pero sin ninguna contraoferta formal, lo que generó un inocultable malestar. El funcionario les ofreció coparticipar únicamente la plata correspondiente a los ingresos por el impuesto a los combustibles, pero rechazó modificar el sistema de entrega de los ATN, denominados “transferencias discrecionales”.

No hay chances de que acepten eso. Están dando una miseria, estamos hablando de unos 300 millones de pesos, nada más”, explicó una persona al tanto de las conversaciones.

“Fue una reunión larga, sin ninguna propuesta concreta del Gobierno nacional. Solo repitieron lo que ya habían dicho y que fue rechazado por los gobernadores”, explicaron tras la segunda cita. 

“Es un hecho político inédito. Las 24 jurisdicciones del país se pusieron de acuerdo. Si no hay señales claras de la Nación, las provincias seguirán actuando en bloque”, advierten por lo bajo los gobernadores.

Como en 2001, la propuesta de ajuste sin condicionamientos también está siendo resistida en las urnas. La Libertad Avanza solo salió primera en la ciudad de Buenos Aires, en una elección en la que fueron a votar la mitad de los porteños. Manuel Adorni sacó el 30 por ciento de esa mitad. En ninguna de las demás elecciones provinciales el espacio libertario logró superar ese techo. En Misiones el ex tenista Diego Hartfield cosechó cerca del 20. En Formosa, Gildo Insfrán minimizó a la LLA. En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro se impuso geográficamente, aunque el peronismo ganó en las ciudades principales y se impuso en Rosario, donde derrotó al candidato libertario. El peronista Juan Monteverde logró un batacazo: hace más de 50 años que el peronismo no ganaba en Rosario. Es la tercera ciudad más grande de la Argentina. Y donde Patricia Bullrich –la que siempre está– desembarcó con todo un arsenal para combatir la inseguridad y el narcotráfico. 

Milei también empieza a perder consistencia en un terreno que disfrutaba desde antes de ser electo. Una encuesta de Ad Hoc, revela una caída en las menciones digitales por quinto mes consecutivo: El 49 % de las menciones en redes fueron críticas, frente a un 41 % positivas y 10 % neutrales: la racha más larga desde que Milei asumió. La última crítica negativa en las redes, fue a la suspensión del desfile militar del 9 de julio. El Gobierno nacional resolvió suspender el desfile militar con el argumento de “razones presupuestarias”, en un giro en relación con el acto realizado en 2024, que el propio Ejecutivo había impulsado como un símbolo de tradición y recuperación institucional. Ahora, temen que el Presidente sea reprobado en público. La historia se repite. En mayo de 2001, Fernando De la Rúa tomó la misma decisión para evitar el reproche público, que se había expresado unos días antes en el aniversario de la Armada.

El dato de las urnas es inocultable. Y hasta los empresarios que antes estaban entusiasmados con la idea del ajuste económico, ahora reclaman ayuda del Estado. En el caso de Misiones, el aporte está. Los Ahora son programas esenciales para sostener el consumo y ahora se sumó el Ahora Pymes, diseñado exclusivamente para retroalimentar el movimiento de las pequeñas y medianas empresas dentro de la provincia. Que el dinero circule y se quede -formalmente- en la provincia. 

El escenario es distinto cuando se habla con los funcionarios nacionales. “Vamos, presentamos números, pero siempre priorizan el déficit cero. Necesitamos una mirada distinta para las economías regionales. No se habla de la madera, del té, de la yerba… sólo de soja y maíz”, sintetizó a Economis Guillermo Fachinello, en su doble rol de presidente de la Confederación Económica de Misiones y de la Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones. Esta semana hubo una cumbre de empresarios madereros de toda la región norte. El lamento es idéntico. Lo mismo sucedió en Virasoro, donde sesionó el 147º Congreso Maderero, organizado por la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines -FAIMA-.

El presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad, se reunirá en las próximas horas con empresarios madereros para analizar la situación. Entiende que el ámbito de resolución de la crisis depende casi exclusivamente de la Nación y que será necesario tener una voz potente en el Congreso. Lo mismo hizo el candidato a diputado nacional con productores yerbateros, que entendieron la necesidad de defender la supervivencia del Instituto Nacional de la Yerba Mate, ante el embate definitivo en contra del organismo regulador, encabezado por la diputada correntina Sofía Brambilla, a gusto de la yerbatera Las Marías y el gobernador Gustavo Valdés.

La posición de la diputada de Cambiemos no hace más que confirmar un viejo anhelo de Mauricio Macri, quien durante su presidencia ya había intentando derrumbar el INYM, nacido en 2002 después de una década de yerba desregulada y precios de miseria. Sin embargo, desde Corrientes llegó un inesperado respaldo al organismo: “Soy muy respetuoso de las instituciones. El INYM, bien manejado, es una herramienta fundamental para el sector, porque da previsibilidad y permite aplicar tecnologías y estrategias comerciales. Más que eliminarlo, hay que normalizarlo y devolverle el sentido original por el cual fue creado”, subrayó Orlando Stvass, vicepresidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, cuya marca comercial es Playadito, la yerba más vendida de la Argentina. 

La posición de Misiones es firme: sostener el INYM más allá de buscar en paralelo soluciones intermedias y respaldos a los pequeños productores. La solidez del mensaje se hizo explícita en una reunión del gobernador Hugo Passalacqua con todos los intendentes.  “Son la piedra basal del misionerismo. La alta política, en su mejor versión, es eso: escucharnos con cariño y con diálogo”, destacó el gobernador, quien tuvo una agenda intensa durante la semana. Reuniones con los demás gobernadores, con el Consejo Federal de Inversiones, con el que cerró financiamiento para la floricultura, un sector incipiente pero pujante de la chacra misionera.

El viernes también hubo una cumbre con Viviana Alva Hart, representante del BID en Argentina, con quien negoció financiamiento directo para obras de infraestructura en Misiones. Se pretende construir una ruta y reparar otra, además de obras hídricas. Sería el primer endeudamiento directo de la provincia ante el hueco dejado por la Nación.

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Síntomas que dejan de ser aislados

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El lunes se produjo un hecho casi inédito. Los 23 gobernadores y el intendente porteño diseñaron un proyecto de ley que busca redistribuir impuestos con criterios de mayor equidad federal. La iniciativa propone eliminar los fondos fiduciarios alimentados con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (impuesto que se sigue cobrando, pese a que la Nación decidió desentenderse del arreglo de las rutas), para que esos recursos sean reasignados conforme a las prioridades de cada provincia. También plantea coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en línea con los criterios de la Ley de Coparticipación Federal 23.548. 

Si se aplica la fórmula propuesta por los gobernadores de reparto de ATN para el período enero a mayo de 2025, se tendrían que haber repartido $ 214.949 millones (a precios corrientes) en lugar de los $80.500 millones que se distribuyeron efectivamente. Misiones debería haber recibido 3.858 millones más de los que recibió. 

La cumbre de gobernadores marcó la cancha y anticipó el clima de la primera reunión del Pacto de Mayo, que se hizo un día después con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La reunión pretendió darle forma a lo firmado por los gobernadores el año pasado con el presidente Javier Milei, pero terminó sin ningún avance concreto y los potenciales acuerdos fueron pateados para más adelante. 

La señal de los gobernadores es inequívoca: no discuten el plan de ajuste, sostenido como única bandera por el Presidente, pero le ponen un límite. Desde hace varios meses los mandatarios vienen diciendo que el ajuste festejado por el Gobierno nacional, es, en realidad, financiado a costa de las provincias y sus recursos. El impuesto a los combustibles, que sigue vigente, pero no se usa para su destino original, es uno de tantos ejemplos. La Nación sigue recaudando y no ha bajado los impuestos, aunque su destino ahora sea “bajar el déficit”. El proyecto de ley será ingresado por el Senado, donde las provincias tienen representación directa y pueden ejercer mayor presión. Incluso hacer caer algunas posiciones del Gobierno nacional. 

El modelo económico también comienza a ser cuestionado por think thanks hasta hace poco abiertamente a favor. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina alertó que la presión tributaria nacional subió al 63,6 por ciento. El peso de los impuestos en soja es del 65,9%, maíz 53,4%, trigo 78,2% y girasol 63,2%. “Se anunció que la reducción temporal de DEX sólo se prorroga para trigo, con el retorno de retenciones para los demás cultivos los índices aumentarían a el promedio nacional 67%, 70% en soja, 56% en maíz y 67% en girasol”, sostiene la economista Nicolle Pisani Claro.

De todos los impuestos que paga una hectárea agrícola, el 63,8% son nacionales no coparticipables, es decir, que no vuelven a las provincias. El 28,4% son nacionales coparticipables, 6,8% corresponde a los impuestos que cobran las provincias y un 1% son los municipales.

Un dejà vu de los 90 agravado y acelerado“, aseguró Eduardo Buzzi, ex presidente de la Federación Agraria Argentina, a quien poco se le puede cuestionar de kirchnerista. 

Sin embargo, Buzzi reconoció que que durante el gobierno de Cristina Kirchner, el total de las retenciones, por lo menos iban a parar a las provincias y los municipios: “En algun momento se eliminó eso y no se restituyó más y en este momento 1 de cada 3 barcos que pasan por el Paraná queda completo en la casa de Gobierno del farabute, mentiroso e hipócrita, engañador de Javier Milei, con el timbero que administra la economía que es Caputo y con el individuo Frankestein para el interés nacional que se llama Sturzenegger”, concluyó. 

“La rentabilidad de la mediana empresa agropecuaria, pequeña empresa agropecuaria, producción de commodities, está mal. Y ni hablemos de las producciones de economías regionales, están entrando limones de Egipto, tomates de los países vecinos”, cuestionó Buzzi.

El mismo lunes de la cumbre de los gobernadores, la Conferencia Episcopal argentina -los gobernadores de la Iglesia- emitieron un fuerte documento, sobre los efectos del ajuste libertario en “el flagelo del narcotráfico y el consumo de drogas, una herida profunda en el corazón de tantos jóvenes, muchos de ellos en situaciones de extrema pobreza”. 

“Vemos con preocupación y dolor que la retirada del Estado abre paso al avance del narcotráfico, que ocupa ese lugar vacío y se convierte en una suerte de “Estado paralelo”, donde los narcos ofrecen a los jóvenes una vida corta pero aparentemente mejor, y esto a cambio de su dignidad, su libertad y, muchas veces, su vida”, sentencia el documento. “No se puede seguir esperando que quienes acompañan a los jóvenes más rotos lo hagan sin recursos. La entrega gratuita de tantos voluntarios es muy valiosa, pero debe ser complementada con equipos que puedan dedicarse a tiempo completo, y eso requiere financiamiento. Desfinanciar estas obras, demorar la ayuda o relegarlas a la buena voluntad de voluntarios agotados, es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte. Sin el compromiso económico del Estado, esta ardua tarea no se sostiene. Y si esta tarea cae, no habrá quien reciba a los que tocan fondo buscando una segunda oportunidad”. 

La posición de la Iglesia pone el foco en el ajuste furioso en las áreas más sensibles del Estado y el discurso de mano dura que esgrime la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien entiende el flagelo de las drogas únicamente como un problema policial.

Ese corrimiento del Estado que observa la Iglesia, es permanente en la era Milei. La motosierra atraviesa programas y arrasa con las inversiones que ahora son cargadas a las provincias, desde viviendas a escuelas, salud o seguridad. Sin embargo, el Presidente acusa a los gobernadores de ser “la última trinchera de la casta” y de ser responsables del gasto público. Los números, en contraste, marcan que las provincias sí hicieron el ajuste, incluso por encima de la Nación. Y en paralelo, bajó la presión tributaria de las provincias, contra un aumento nacional.

El jueves ocurrió otro hecho inédito. El directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate por primera vez votó en contra de una indicación de la Nación. Por mayoría el directorio decidió rechazar la supresión de resoluciones que permitían el control de calidad y salubridad de la yerba mate.

El Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) debatió una propuesta impulsada por los representantes del sector industrial para derogar dos resoluciones clave que regulan el control de calidad de la materia prima: la Resolución 11/2017 y la 287/2022. Ambas normas -vigentes hasta hoy- fueron defendidas con firmeza por los representantes de los productores, cooperativas, trabajadores rurales y secaderos, quienes rechazaron en forma mayoritaria su eliminación, además del representante del Gobierno de Misiones.

La Resolución 11/2017 aprobó el Reglamento de Secanza de la Yerba Mate y establece pautas técnicas para el secado de la hoja verde, mientras que la Resolución 287/2022 incorpora controles sobre contaminantes inorgánicos en la yerba canchada, tanto nacional como importada. Estas disposiciones forman parte del “Reglamento de Control de Calidad de Materia Prima de Yerba Mate”, que busca garantizar estándares sanitarios y preservar la identidad del producto.

El pedido de derogación surgió por parte de la Nación, a solicitud expresa del sector industrial en el marco de reuniones mantenidas con autoridades del área agroindustrial. “Fue un compromiso que plantearon a cambio de no desfinanciar al INYM”, explicaron.

Sin embargo, la mayoría de los representantes votó por sostener las resoluciones vigentes, en línea con el mandato de sus respectivas bases. “Durante casi dos meses cada sector llevó estas propuestas a consulta y la decisión fue mantener las normativas. Si hubiera artículos que necesiten revisión, se puede tratar en cualquier momento, pero no corresponde derogar todo el cuerpo normativo sin justificación técnica”, indicaron desde el bloque que representa a los secaderos.

El voto en el directorio va en línea con la posición de la mayoría de los productores de defender la continuidad del INYM como herramienta clave para la supervivencia del sector hoy agobiado por la caída del precio de la materia prima. Mientras tanto, la Provincia trabaja en un organismo similar misionero, aunque con las limitaciones de no poder actuar en toda la zona productora. 

En paralelo, se sostienen medidas de alivio, como créditos blandos para secaderos y molinos que pagan el precio más elevado y descuentos de cheque a tasa cero para productores y secaderos. La operatoria, que ya liquidó 2.500 millones, seguirá vigente, según anunció el gobernador Hugo Passalacqua. El objetivo es llegar a los diez mil millones.

El esfuerzo por cuidar la producción yerbatera es exclusivamente de la Provincia. Lo mismo sucede con el sector forestal, que recibe asistencia financiera e incentivos directos para la exportación, en momentos en que la caída del mercado interno hizo insostenibles a muchas empresas. El consumo también cuenta con el paraguas provincial. Los Ahora siguen vigentes hasta el 30 de septiembre y en lo que va del año ya generaron un movimiento comercial de más de 27 mil millones de pesos.

El Gobierno provincial entiende que es un momento de concentrarse en las soluciones locales. El conductor político de la Renovación, Carlos Rovira, les pidió a los ministros y funcionarios de primera línea, redoblar los esfuerzos para atender las demandas crecientes de la sociedad y los huecos que deja la gestión nacional.

En su primera evaluación tras las elecciones provinciales, Rovira fue claro: “Ganamos”. Punto. La lectura es que en un tiempo raro, los misioneros volvieron a confiar en la Renovación. Sin embargo, llamó a “despertar la gestión” para sostener esa confianza, de cara a las elecciones de octubre. Ese despertar debe ser inmediato, exige autocrítica y no búsqueda de chivos expiatorios.

Como anticipó Economis hace dos meses, a la cabeza de ese despertar estará Oscar Herrera Ahuad, como candidato a diputado nacional, acompañado por la joven libertaria Micael Gacek, el empresario metalúrgico Walter Rossner y Graciela De Moura, la empresario de El Soberbio y actual funcionaria del ministerio de Industria. Herrera Ahuad se puso la misión de recorrer de punta a punta la provincia en busca de respaldos. En mano a mano con el vecino, el productor y el empresario. Lo avala su experiencia en la gestión y una imagen que se mantiene entre las más valoradas de la política misionera. 

Nuevamente, la Renovación fue la primera en mostrar sus cartas de cara a octubre. En la oposición todavía no hay nombres conocidos, aunque se especula con repetir algunos, especialmente en el espacio libertario, detrás del que se encolumnarán los demás partidos como la UCR y el PRO.

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Diego Robolini: “En Misiones logramos una verdadera integración entre lo público y lo privado”

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En un escenario por momentos incierto, el Banco Macro se ha convertido en un socio estratégico para el consumo y el desarrollo productivo misionero. Diego Robolini, gerente de la División NEA, destaca el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y la fortaleza de los programas Ahora, que ya movilizaron más de 27 mil millones de pesos en lo que va del año y se extenderán hasta el 30 de septiembre.

¿Cómo analiza el rol del Banco Macro en el actual escenario económico misionero?

Estamos muy contentos con las cosas que estamos haciendo con la provincia. En un escenario complejo, Banco Macro se ha transformado en un aliado clave para las empresas misioneras, especialmente las Pymes. En la presentación del Ahora Pymes, el gobernador Hugo Pasalaqua hablaba de ya no distinguir tanto el sector público del sector privado y trabajar de manera absolutamente integrada y me gustó esa palabra. Es ya una integración, más que una articulación de políticas públicas y privadas. Lo del Ahora Pymes es un nuevo ejemplo de esa de esa situación.

¿Qué distingue al programa Ahora PyME del resto?

Tiene una particularidad muy interesante: está orientado al negocio entre empresas, el famoso B2B –transacciones comerciales entre empresas, en lugar de ventas directas al consumidor final-. A lo largo de los cuatro viernes de julio, las empresas podrán comprar hasta en 12 cuotas sin interés con la tarjeta Business. Es una propuesta novedosa en el país. Surgió de la Cámara de Comercio de Posadas, fue recogida por la provincia y enseguida nos sumamos. Ya hay 250 comercios inscriptos.

¿Hay programas similares en otras provincias?

Desde nuestra experiencia bancaria, no. Misiones es la única provincia que tiene este tipo de programas, con resultados sobresalientes. Eso refuerza nuestra apuesta. Incluso en muchos casos aportamos financiamiento propio.

¿Qué otras líneas de crédito están vigentes actualmente?

Tenemos líneas subsidiadas por el Gobierno provincial desde hace más de tres años. Una de capital de trabajo, con plazo de hasta 12 meses, y otra de inversión a largo plazo, de hasta 48 meses. La línea de capital tiene hoy una tasa nominal del 38%, con un subsidio de 10 puntos por parte de la Provincia, lo que deja la tasa final en 28%. En la de largo plazo, la tasa es del 44%, subsidiada en 7 puntos, lo que reduce el costo al 37%. Son tasas muy competitivas.

¿Están también acompañando con créditos para el pago de aguinaldos?

Sí, totalmente. Las líneas de capital de trabajo permiten destinar fondos al pago de aguinaldos, compra de insumos, recomposición financiera. Hay una alta demanda, lo que demuestra su utilidad.

En yerba mate también están presentes. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue una iniciativa del Gobierno provincial para agilizar la compra-venta de hoja verde y yerba mate canchada. Lo que hicimos fue armar una línea para productores y secaderos, que permite descontar cheques a 30, 60 o 90 días con tasa cero. El productor cobra el monto total del cheque sin descontar intereses. El Gobierno provincial absorbe la diferencia. Ya llevamos 2.500 millones de pesos liquidados, y estimamos que vamos a llegar a 10.000 millones. La demanda es muy alta. 

¿Estas experiencias se toman como modelo en otras regiones?

Claramente son distintivas. Tiene que ver con la prioridad que el Gobierno provincial da a estas herramientas y con nuestra vocación de estar cerca, tanto del gobierno como de los clientes. Esa cercanía hace que las políticas fluyan de forma natural.

¿Cómo viene la nueva edición del programa Naves?

Muy bien. Es la edición número once, junto a Emprende IAE y la Universidad Austral. Es un programa de formación para emprendedores y empresas en marcha, con una duración de cinco meses. Hay dos modalidades: una 100% online y otra blended, que combina clases presenciales en la universidad y virtuales. La inscripción cierra el 4 de julio.

Los programas “Ahora” son marca registrada en Misiones. ¿Qué balance hacen desde el banco?

Te doy un dato: en lo que va del año ya se comercializaron 27.000 millones de pesos a través de los distintos programas Ahora, con 3.700 comercios adheridos. Eso muestra la magnitud del impacto. Estos programas son un emblema y nacieron, como dice siempre el gobernador, como respuesta al comercio fronterizo. Para nosotros, representan un modo de acompañar la realidad de la provincia, estar cerca del cliente y sumar valor. Una forma concreta de integrarnos al entramado productivo. No es solo financiar, es entender el contexto, aportar soluciones y generar herramientas útiles para que las empresas misioneras puedan crecer. Es un compromiso real con la provincia.

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La letra chica de Belgrano

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La automotriz sueca Scania suspendió la producción de cajas de cambio, ejes y otros componentes en la planta ubicada en Colombres, Tucumán. Desde la empresa explicaron que “se acordó la implementación de un esquema de suspensiones laborales, en medio de la coyuntura internacional que derivó en una disminución temporal en la demanda”.

La situación de Scania refleja el escenario  industrial, sin respuestas en el Gobierno nacional. La Argentina está cara en dólares y aplasta las exportaciones de manufacturas. 

“Actividades como la nuestra y la metalúrgica están cayendo, y se prevé pérdida de trabajo. No estamos protegiendo a la industria nacional”, afirmó Luis Diarte, el secretario general de SMATA Tucumán.

Esa preocupación se refleja en otras industrias. En el caso de Misiones, la industria forestal hizo una fuerte advertencia hace unos días, apuntando a la parálisis de la obra pública como uno de los motivos de la caída abrupta de la demanda, sumada al encarecimiento de los costos y un contexto externo volátil.

No son expresiones aisladas. Los datos del mercado laboral que se conocieron esta semana permiten analizar una primer esbozo del impacto de la motosierra. En el primer trimestre el desempleo subió al 7,9 por ciento de la población, dos décimas más que en el mismo período del año pasado, pero un punto y medio más que en el último trimestre de 2024. En paralelo, las tasas de actividad y de empleo registraron un descenso en comparación con el cuarto trimestre de 2024. La primera tuvo una variación negativa de 0,6 p.p. (de 48,8% a 48,2%), mientras que la segunda disminuyó 1,3 p.p. (de 45,7% a 44,4%). 

Ese deterioro marca la evolución del mercado laboral en el primer año de Milei. No hubo ninguna mejora. Solo deterioro. El resultado es 1,1 millones de desocupados. 

La realidad parece querer contradecir la visión del Presidente, quien, ajeno a los datos del organismo oficial de estadísticas, aseguró que en la Argentina se registra un “récord de puestos de trabajo”.

“El salario real viene mejorando desde hace 12 meses. Estamos en récord de puestos de trabajo. Por lo tanto, está funcionando. Lo que pasa es que hay que entender que venimos de un desastre”, se excusó el mandatario en una entrevista televisiva.

El último dato oficial también contradice al Presidente. En marzo de 2025, el índice de salarios se incrementó 3,0% mensual y 85,7% interanual. Pero la inflación acumulada desde el cambio de Gobierno es de 209,39 por ciento. No hay mejoras salariales y si bien hay sectores en alza, no hay recuperación homogénea. 

La caída del empleo no se explica sólo por despidos. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 13.862 casos. En el mismo período, se perdieron 210.971 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,14%). Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros dieciséis meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,73% del total de los casos (13.862 empresas menos).

El efecto motosierra es visible y se siente con intensidad dispar en el mapa argentino. Si la industria está en alerta, el campo también avizora tiempos complejos. El 30 de este mes vencen las bajas transitorias que aplicó el Gobierno a las retenciones a las exportaciones de granos. La Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte publicó una solicitada en el diario La Nación -el medio también es un mensaje- en el que hablan de “una muerte anunciada”.

La entidad, que agrupa a asociaciones del Norte Grande, señala que “este sistema malévolo de cobro de impuestos a los que producen bienes exportables, que son los que permiten el ingreso de divisas a nuestro país, solo está generando el quebranto y la desaparición de productores agropecuarios, con el consiguiente éxodo de las poblaciones rurales del NOA y NEA”.

“Llevamos más de dos décadas de una fenomenal transferencia de recursos que desde las provincias más postergadas terminan distribuidos por el Estado nacional en las provincias más ricas. Los productores recibimos como contraprestación una red vial en emergencia, niveles de inseguridad preocupantes, solo por mencionar los problemas más acuciantes”, sentencia la solicitada.

Esa es la realidad actual del sector primario yerbatero. Gracias a la desregulación impuesta por el Presidente, de una manera acelerada, están transfiriendo la riqueza yerbatera a los eslabones más altos de la cadena. Lo que en los 90 tardó una década, ahora se vive en poco más de un año: en marzo del año pasado, la yerba valía cerca de 400 pesos. Ahora, en promedio, 280. No cubre ni los costos, según los datos oficiales del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que también podría correr la suerte de ser desmantelado definitivamente si prospera una iniciativa de Sofía Brambrilla, una diputada de Cambiemos de Corrientes, delfín del gobernador Gustavo Valdés, el padrino político del radicalismo misionero. El argumento de la diputada es que el INYM funcionó como una estructura burocrática que lejos de potenciar al sector, lo ahogó con regulaciones innecesarias, superposición de funciones y costos que nunca se tradujeron en beneficios para los verdaderos protagonistas de la yerba mate: los productores, los industriales y los exportadores. 

Brambilla, de la ciudad de Goya, Corrientes, es una dirigente del PRO cercana al expresidente Mauricio Macri y al actual gobernador radical Gustavo Valdés, con quien mantiene una alianza política sólida. Forma parte del riñón macrista: estuvo presente en todos los espacios de pensamiento del PRO -incluso en los vinculados al club Boca Juniors- y fue enviada en 2015 a Corrientes como parte del armado político nacional. Fue delegada de ANSES en Goya y en 2017 se consolidó como diputada nacional. Sin embargo, no parece conocer demasiado de la cadena yerbatera: la realidad de los productores no es la misma que la de los industriales y los exportadores. El INYM -con aciertos y errores- vino a poner un poco de equilibrio en ese desbalance. 

La iniciativa de la correntina, que viene a cumplir un anhelo del propio Mauricio Macri, que hizo realidad Milei, cuenta con la firma de casi 20 diputados; entre los que se encuentran: Damián Arabia, Gerardo Millman, Sergio Capozzi, Karina Bachey, José Núñez, Aníbal Tortoriello, Germana Figueroa Casas, Alejandro Bongiovanni, María Inés Quiroz, Martín Ardohain, Ana Clara Romero, Nancy Ballejos, Paula Omodeo, Beltrán Benedit, Silvia Lospennato, Laura Rodríguez Machado, María Sotolano y Alida Mónica Ferreyra. Ninguno de Misiones, la principal provincia productora. 

En contraste, los productores comienzan a rebelarse ante el modelo motosierra que celebraban hasta hace algunas semanas. A diferencia de hace dos años, cuando Milei ganó por amplio margen en Misiones, la cosecha fue magra en las elecciones de hace dos domingos.

El viernes, una asamblea de productores de toda la provincia votó a favor de la creación de un organismo provincial que reemplace al INYM. Independientemente del nombre que se le ponga, la manifestación productiva está diciendo que necesita de un Estado presente, que regule, que controle y que equilibre. Lo mismo pidieron los madereros en un documento publicado hace unos pocos días. 

La idea de crear un organismo yerbatero provincial viene de hace varios años. El entonces diputado Hugo Escalada lo planteó en 2016. Carlos Rovira lo reflotó apenas se desreguló el mercado. Otros consideran que, de todos modos, hay que defender la ley del INYM, porque de otro modo se perdería una legislación que permite imponer condiciones en toda la zona yerbatera y no únicamente en Misiones.

Por lo pronto, hay un diálogo abierto con industrias misioneras para intentar establecer consensos mínimos. Pero sin ley, el mercado indica que el precio de la materia prima debe bajar, pese a que la cosecha está por debajo de la del año pasado. No parece cumplirse el axioma de que “cosechar por goteo” iba a forzar una suba de precios. 

La idea de un Estado activo, presente -o suficiente, como definió el gobernador Hugo Passalacqua-, está latente. El Gobernador lo ratificó en el lanzamiento del Ahora Pymes. “Desde que Manuel Belgrano creó las bases de nuestra Constitución tenemos claro en Misiones que el comerciante, las industrias, las PyMEs, etcétera, no pueden desarrollarse sin un Estado suficiente que los apoye”, marcó el mandatario.

El flamante Ahora Pymes permitirá que las empresas adheridas ofrezcan a otras pymes misioneras financiación de hasta 12 cuotas sin interés en compras realizadas con tarjetas de crédito Visa Business del Banco Macro, por montos de hasta $10 millones por tarjeta.

Está dirigido a comercios misioneros responsables inscriptos en el IVA y con certificado MiPyME vigente, que comercialicen bienes y/o servicios incluidos en los rubros habilitados. Estará vigente todos los viernes del mes de julio de 2025. El costo financiero será asumido mayoritariamente por la Provincia y el Banco Macro, mientras que los comercios adheridos sólo deberán aportar un 5% + IVA sobre el monto de cada operación. Hasta el viernes había más de 115 empresas anotadas para participar. 

Passalacqua señaló que “el programa no es el remedio a todas las enfermedades, pero es un enorme paliativo. No existen soluciones mágicas pero sí soluciones creativas y en conjunto”.  “No se trata solo de apoyar al comerciante o a la industria, sino también de garantizar el empleo a miles de familias misioneras. El mayor dador de empleo de Misiones es el comercio, servicio e industria, por eso si no cuidamos eso, no estamos cuidando a la gente”, remarcó. 

“Lo público y lo privado son dos caras de la misma moneda, en la provincia de Misiones ese debate público o privado ya está saldado. Hoy sabemos que sobre todo en situaciones difíciles y complejas como la situación económica que estamos atravesando, se sale siendo creativo, trabajando juntos, con la capacidad de escuchar, la predisposición del sector financiero, y la espalda del trabajo en este caso de los sectores industriales y comerciantes”, sostuvo. 

Esa sociedad le permite a Misiones atravesar el frente de tormenta con mayores fortalezas. No es que no se sienta la crisis, pero los indicadores económicos son mejores que en toda la región. El empleo sigue siendo el más alto del NEA y la caída no fue tan pronunciada por en otras provincias. Los datos de consumo también son los más elevados y el turismo marca diferencias con todo el Norte Grande. Iguazú es la segunda ciudad más visitada de la Argentina y aún con números inferiores a los años buenos, sigue fluyendo el turismo, de la mano de la naturaleza y los eventos organizados por el Estado y privados. 

La economía diversificada es clave. La fortaleza económica se evidencia en el sector exportador. Misiones tuvo un desempeño destacado en materia exportadora durante mayo, alcanzando ventas al exterior por USD 64 millones, lo que representa un incremento del 58% en comparación con el mismo mes del año anterior. El acumulado  entre enero y mayo de 2025 asciende a USD 211 millones, el valor más alto registrado para  este período desde, al menos, 2002. En  comparación con el mismo período de 2024, esto implica una suba del 13,4%. Si se analizan las exportaciones en términos de volumen físico, Misiones colocó en el exterior 280.621 toneladas en los primeros cinco meses del año, lo que representa un crecimiento del 11,7% interanual y constituye el mayor volumen exportado de los últimos catorce años. 

Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) alcanzaron ventas por USD 65,5 millones (31% del total provincial), creciendo 6,2% frente al año anterior. Así, el 78% de las exportaciones misioneras se explican por manufacturas, lo que reafirma su perfil exportador. No obstante, destaca el fuerte repunte de los productos primarios, que recuperan protagonismo en la estructura exportadora provincial. 

Misiones se consolida como la principal provincia exportadora del NEA, concentrando el 41% del total exportado por la región. Sus USD 211 millones exportados superan con holgura a los USD 159 millones del Chaco, USD 121 millones de Corrientes y  apenas USD 19 millones de Formosa. 

Y no solo exporta más, sino también a mejor precio: el valor promedio de exportación misionero fue de USD 752 por tonelada, liderando en la región. Le siguen Corrientes con USD 546/tn, Formosa con USD 401/tn y Chaco con USD 326/tn.

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