Juan Carlos Argüello

Periodista, director de Economis

Los Santiago y el Derecho que viene: marcas, ciberdelito e inteligencia artificial

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Hay entrevistas que, con el paso del tiempo, dejan de ser una foto y se convierten en un expediente vivo. El reportaje que Economis publicó hace cinco años sobre el estudio de Sergio Santiago -en plena pandemia- pertenece a esa estirpe: no fue solo un retrato de coyuntura, sino la señal temprana de una transformación que hoy se ve con claridad.

Cinco años después, Santiago vuelve a sentarse a conversar junto a sus hijos Sebastián y Facundo. No para reeditar aquella historia, sino para medir el trayecto, ponerle contexto a un quinquenio que sacudió la práctica jurídica, y mirar el mapa del Derecho con una convicción renovada: lo que cambió no fue apenas el procedimiento; cambió la profesión.

Se habla de marcas registradas, patentes, propiedad intelectual, ciberdelito, estafas bancarias, de la federalización de trámites que antes vivían cautivos en Buenos Aires, y de una herramienta inevitable: la inteligencia artificial.

El primero en hablar es el padre. Como corresponde en el relato y como corresponde en el linaje. Sergio Santiago arranca con una frase que parece chiste, pero no lo es: es resumen, es diagnóstico, es resistencia.

Estamos todavía vivos y molestando. Es cierto”.

Lo dice mientras cuenta una escena reciente: el Colegio de Abogados lo distinguió por un dato que pesa tanto como una sentencia: 40 años de matrícula. En un salón con cientos de personas, el reencuentro con un viejo compañero de facultad (Corrientes, la vida estudiantil, las historias que se congelan y vuelven) termina en un grito que desarma protocolos.

Me ve, pega un grito y dice: ‘Vos tampoco te pudiste morir’. Así, en todo el salón”.

La risa aparece, sí. Pero lo que se revela es otra cosa: el Derecho, también, es biografía. 

Sergio habla de un “retorno a la normalidad” que en el mundo judicial siempre llega con demora y con expedientes: juicios que se cierran, etapas que se clausuran, heridas que dejan de sangrar o aprenden a convivir con el cuerpo.

“La pandemia fue bisagra. Pero también fue un proceso. Y en ese proceso, yo salía de un abismo. Había pasado un montón de cosas. Ese mismo año falleció mi papá, que es una figura indeleble en mi vida. Se sumaron los chicos al estudio”.

“Eso me obligó a reconstruir. Literalmente. Pintar el estudio, mejorar despachos, tirar cosas del pasado: papeles, computadoras viejas, escáneres que no servían. No solo fue limpieza material. Fue simbólica”.

Y entonces aparece una frase que funciona como título dentro del título, porque condensa el núcleo de esta conversación: el estudio se consolidó como marca, y además como marca registrada. Un gesto que en un reportaje jurídico no puede pasar desapercibido.

“Hoy el estudio está absolutamente instalado como marca. Y sí: marca registrada. Valga la redundancia”.

Cuando toma la palabra Sebastián, el tono cambia levemente: es el mayor de los herederos y tiene una mirada más sistemática, más de ingeniería institucional, más de “abogado del día a día” que mira el impacto real del giro digital.

Sebastián fue el primer socio del padre y ya lleva una década como abogado.

Para él, uno de los puntos centrales del último lustro fue el cambio cultural que implicó la digitalización: lo que antes era una peregrinación a Buenos Aires -especialmente en marcas y patentes- se federalizó de hecho.

“Antes todos los trámites se hacían presenciales en Buenos Aires. Después de la pandemia se digitaliza todo y se abre el juego. Eso disparó el mercado, pero también la toma de conciencia”.

El Derecho, en su lectura, se volvió más preventivo, menos reactivo. Y eso lo cambió todo: el cliente que registra una marca no llega con un conflicto; llega para evitarlo, agrega Facundo, el menor, pero al mismo tiempo, el disparador del eje del estudio.

“El que viene por una marca, muchas veces no viene con un problema. Viene con un proyecto. Con prevención. Quiere evitar que le copien o que esté infringiendo derechos ajenos”.

En esa prevención aparece una pedagogía: explicar qué se protege, por qué se protege, y cómo un intangible puede ser el activo más valioso de una pyme. Un tema que, en Misiones, cobra un relieve particular por la combinación de provincia joven, emprendedurismo, economía regional y creatividad.

“Nos propusimos también hacer docencia: explicar qué significa proteger una marca, qué es una patente, qué valor económico tiene”.

En números, el crecimiento es contundente: el estudio supera las 800 marcas registradas. “Economis fue una de las primeras. Literalmente, segundo, tercero o cuarto cliente”, recuerda Sergio.

De la música a la propiedad intelectual, y de Misiones a Alicante

Facundo entra con una identidad propia: el músico que se volvió abogado y encontró, casi de manera natural, el puente entre creación y norma. El tono vuelve a cambiar: hay entusiasmo genuino, una especie de curiosidad en movimiento.

“Yo entré por la música, por derechos de autor. Y me encontré con un mundo enorme”.

De ese mundo nace una apuesta que hoy estructura al estudio: la especialización en propiedad intelectual en tiempos donde el valor económico se concentra cada vez más en intangibles, marcas, diseños, patentes, autoría, software y reputación digital.

Facundo ya había transitado formación en Buenos Aires y experiencias internacionales. En 2023, Estados Unidos; en 2024, España, Santander. Y ahora viene el paso que lo entusiasma como proyecto personal y profesional: Alicante, en enero, para un curso focalizado en marcas, diseños y derechos de autor, en una ciudad que es, en términos institucionales, un centro neurálgico: allí está la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea.

“Es un módulo de un máster más amplio, centrado en marcas, diseños y derechos de autor. Alicante tiene un peso especial en esto”.

La comparación es inevitable y, lejos de desanimar, le enciende la motivación.

“Europa está diez años adelante. Ir, ver, entender y volver con eso es una forma de aportar más”.

Facundo Santiago irá por una actualización jurídica en Alicante, España.
Facundo Santiago irá por una actualización jurídica en Alicante, España.

En su mirada, la pospandemia aceleró dos grandes procesos: la digitalización administrativa (que abrió el acceso al registro desde el interior) y la expansión del universo “propiedad intelectual” hacia todo el país.

“Después de la pandemia, estos temas se empezaron a abrir desde Buenos Aires hacia todo el país. Y acá, en Misiones, hay muchísima recepción”.

Ciberdelito: del desierto a la fiscalía especializada

Hay un capítulo que atraviesa la conversación y se impone con fuerza: las estafas bancarias y el ciberdelito. No como moda, sino como realidad económica y judicial que crece y exige respuestas.

Sergio recuerda cómo el tema era, hace pocos años, una especie de territorio sin nombre.

“Cuando arrancamos, nadie le daba pelota. Hoy tenés una procuración enfocada, fiscalía, equipo capacitado. Falta completar con juzgado o secretaría especializada, pero el salto es enorme”.

El ciberdelito como fenómeno no es solo penal; es institucional, tecnológico, económico y cultural. Y exige una justicia que entienda la materia.

“A los bancos esto también los obliga. No por mérito nuestro, sino porque la justicia empezó a aceptar el problema y eso impone inversión en software y hardware”.

La frase que tira Sergio es de esas que piden resaltador: “Hoy el ciberdelito maneja más guita que la droga”.

El volumen del daño económico se vuelve un argumento de política pública. Si el sistema no responde, no solo pierde la víctima: se erosiona la confianza social en la justicia.

Inteligencia artificial: el nuevo compañero de escritorio (con correa)

En el tramo final, aparece el tema que, inevitablemente, ya está reescribiendo el oficio: la inteligencia artificial. No como ciencia ficción, sino como herramienta diaria.

“La usamos todos los días”, dice Sebastián. “Pero siempre pasando por el cedazo, porque la inteligencia artificial todavía divaga”.

Sergio Santiago aporta la experiencia, aunque dice estar obligado a la actualización para seguir el ritmo de sus hijos.

Sergio suma un detalle que pinta el cambio de época: habla de trabajar con asistentes como Copilot y de exigirle que cite fuentes, pero también de no delegar el criterio.

En su visión, la profesión va a cambiar inexorablemente. Algunas ramas pueden perder protagonismo; otras se van a reconfigurar por completo.

“La abogacía no desaparece si se adapta. Lo humano -empatía, creatividad, criterio- sigue siendo insustituible”.

Y abre una discusión fuerte, propia de debate jurídico de época: la regulación.

Hay que regular el algoritmo antes, no después. Poner límites éticos antes de que el daño ocurra”.

Trabajar en familia, dicen, es una mezcla de amor y fricción, pero también de método.

“Nos queremos, nos puteamos… las dos cosas”, suelta Sergio, y se ríen.

Pero el núcleo es otro: el estudio funciona como un taller donde el escrito circula, se debate, se afina. La corrección colectiva no es un gesto: es política interna.

No hay tema que no discutimos en el grupo”, dice Sergio. “Cuando terminamos un escrito, circulamos. Todos opinamos. Todos nos corregimos”.

Facundo aparece como motor de una especialidad que obligó a todos a estudiar más.

“De propiedad intelectual, mucho de lo que ellos manejan lo aprendieron de lo que yo fui trayendo. Y a mí eso me obliga a sostener una actualización permanente”.

Sebastián suma el valor agregado de la experiencia del padre: esa intuición que no se aprende en manuales.

“Hay cosas que no están en los libros. Es roce, oficio, lectura del caso”.

Sergio lo ilustra con un caso concreto: una ejecución prendaria por plan de ahorro, pocos días para reaccionar, y una estrategia que desplaza el eje hacia derecho del consumidor, cláusulas abusivas, contexto contemporáneo.

“Fue la primera vez que, según el abogado de la firma, alguien le cambió el eje de discusión”.

El Derecho también es creatividad jurídica aplicada en un entorno más complejo, más tecnológico, más veloz.

El cierre se arma solo: cinco años después, el estudio consolidó su presencia como marca, amplió su campo técnico, se metió en la agenda dura del ciberdelito y apostó a la propiedad intelectual con formación internacional. Pero, sobre todo, entendió que el Derecho ya no se ejerce en un mundo estable: se ejerce en una época de aceleración.

Sergio lo dice con una vocación que no busca publicidad personal, sino cultura jurídica:

“Nosotros no vamos a los medios para que vengan al estudio. Vamos para que la gente vaya al abogado. Como el que va al médico”.

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El costo de la mala praxis

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La impericia y la escasez de músculo político, convirtieron una votación a favor en una victoria pírrica: el presidente Javier Milei desprecia ahora el Presupuesto que él mismo diseñó y que podría convertirse en el primero de su gestión, en la que todavía sobrevive el diseñado por Sergio Massa y prorrogado dos veces. Argentina está ante la inédita posibilidad de extender la ley madre por un año más, dándole ingentes facultades al Jefe de Estado para disponer y des-hacer a gusto y piacere del dinero del país. El Presupuesto fue votado por una amplia mayoría, con la salvedad de un capítulo en el que insistía con el ajuste a las Universidades y a las pensiones por discapacidad, a pesar de que el Congreso había ratificado su negativa en una escalada de confrontación que hoy parece lejana. Pero una cosa es el diálogo y otra obligar a los diputados a votar en contra de lo que habían votado hace no muchas semanas. 

Era obvio que iba a haber resistencias y era obvio que el Presupuesto no estaba listo para el debate en el recinto, sin análisis, sin discusión y con el bloqueo sistemático a los aportes de la oposición. Sobre la hora del dictamen, la Libertad Avanza incluyó el artículo 75 para derogar dos leyes que fueron aprobadas, vetadas e insistidas por el Congreso por dos tercios. Entre sus habituales aliados y representantes de algunos gobernadores, el oficialismo no logró aval para tal decisión, pero como la votación fue por capítulos, se cayeron también muchas otras cuestiones, como el recorte al régimen de zonas frías y la posibilidad de que las asignaciones familiares no se actualicen por el índice de movilidad.

Ni siquiera los diputados de la tropa propia sabían qué votaban. La evidencia fue el diputado correntino que elogió las obras destinadas a su provincia sin reparar en que estaba leyendo el dictamen de Unión por la Patria. El del oficialismo carece de obras para Corrientes y las demás provincias. 

Lejos de reconocer sus flaquezas, el Gobierno eligió responsabilizar a los gobernadores que “cambiaron su voto” sobre la hora. El enojo señala a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), además de Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco), estos últimos acusados de “darse vuelta” a último momento a pesar de “haber recibido ATN” en las últimas semanas. 

Pero no fueron los únicos. El bloque misionerista también rechazó los artículos del recorte educativo y de salud. 

La bronca que estalló en Olivos no fue diplomática ni contenida: fue furia pura contra Rolando Figueroa, Gustavo Valdés y, sobre todo, Leandro Zdero, a quien en la Casa Rosada seguían considerando un aliado. Los reproches fueron directos y cargados de insultos: “Les dimos 12.000 millones en ATN y nos traicionaron”, se escuchó, con especial énfasis en Chaco, provincia que había recibido unos 11.000 millones y terminó votando en contra. Nadie salió a explicar la derrota: ni el funcionario encargado de la negociación política ni Martín Menem dieron una versión clara de qué falló. En el fondo, la escena desnuda algo más profundo que un enojo coyuntural: una Casa Rosada que siente que puso recursos sobre la mesa y recibió deslealtad a cambio, y un oficialismo que, entre pases de factura y silencios incómodos, empieza a asumir que alguien -o varios- hicieron mal su trabajo.

Tendrían que hacer un poco de introspección. En una intervención cargada de advertencias políticas, el diputado Cristian Ritondo desnudó la falta de coherencia dentro del propio oficialismo y acusó a La Libertad Avanza de haber alcanzado un acuerdo con el kirchnerismo a cambio de cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN).

Fue explícito: el PRO, bloque que hasta aquí sostuvo con su voto buena parte de las iniciativas oficiales, no convalidará lo que considera una ruptura de reglas básicas. “Vamos a ir a la Justicia para declarar la inconstitucionalidad”, afirmó, y dejó una línea clara hacia adelante. La falta de códigos, de respeto por los compromisos asumidos y por los acuerdos políticos no será atribuible a la oposición, sino a La Libertad Avanza y, en particular, a quien hoy preside la Cámara. Un mensaje directo, sin eufemismos, que marca el fin de una tolerancia política y abre una etapa de conflicto institucional que el oficialismo no podrá desentenderse de explicar.

El Presupuesto nació rengo y ahora es, como el mismo gobierno lo admite, una letra muerta, que “rompe la regla del equilibrio fiscal”. 

Lo mismo pasó con la Reforma Laboral, apurada en el Senado por Patricia Bullrich, con el mandato de aprobarla en modo exprés, una urgencia que choca contra un análisis serio y hace tambalear los argumentos que justifican los cambios. La ex ministra de Seguridad, debutante en el Senado, reconoció que “necesitamos acuerdos para que sea mucho más razonable”. Sintetizó, también, que el debate de estos dos días se dio en un marco de “mucha crispación”.

La última vez que el Senado aprobó una reforma laboral a los empujones fue en mayo de 2000, durante la alianza con De la Rúa como presidente. Fue bautizada la ley Banelco y aceleró el derrumbe del gobierno en medio del escándalo por los sobornos y la renuncia de Carlos “Chacho” Álvarez . Las promesas de más empleo y actividad económica duraron lo mismo que aquel gobierno. 

La reforma incluía: 

• la eliminación de la cláusula de ultraactividad;

• la descentralización de las negociaciones laborales;

• la creación de servicios de mediación y arbitraje;

• la autorización para cambiar acuerdos de trabajo en casos donde la estabilidad económica de la firma estuviera en riesgo;

• la extensión del período de prueba;

• la nacionalización del registro de trabajadores;

• la modificación del sistema de tributación de microempresas para extender a las cuentapropistas de bajos ingresos.

Los pretendidos efectos positivos de la ley nunca se vieron. Cualquier parecido con la actualidad, es pura coincidencia. Patricia Bullrich se sumaría como ministra de Trabajo en octubre de 2000 y hasta un par de meses antes del estallido. 

La mala praxis parlamentaria no puede achacarse a la falta de votos ni de respaldos a la gobernabilidad. Por el contrario, tras las elecciones legislativas, los gobernadores más confrontativos bajaron decibeles y los más propensos al diálogo, cedieron toda resistencia. 

Es pura torpeza del oficialismo o una arriesgada apuesta a la victimización para seguir ejerciendo el poder sin cortafuegos. 

Pero la impericia tiene consecuencias. 

Las decisiones tomadas con la única vara del ajuste, están destruyendo el tejido económico. Pymes cerradas, empleos perdidos, consumo por el piso y un poder adquisitivo que no se recupera.

Misiones exhibe hoy un caso paradigmático de las consecuencias del modelo de la desregulación y el ajuste. La paradoja es que haya estallado en Andresito, territorio yerbatero donde Javier Milei se impuso en las elecciones presidenciales y legislativas. La crisis ya no es sólo de los productores primarios que dependen del precio de la materia prima, sino que explotó en la Cooperativa Andresito, entidad que aglutina a los apellidos más tradicionales del pueblo. 

La cooperativa anunció la suspensión temporal de pagos a sus asociados debido a una “posición financiera compleja” derivada del contexto económico actual. La decisión fue informada a través de una comunicación interna dirigida a los asociados, en la que la cooperativa detalla que, frente a la coyuntura económica, no podrá realizar pagos “hasta nuevo aviso”.

La suspensión de pagos afecta de forma inmediata a los productores asociados, quienes dependen de esos ingresos para sostener la actividad primaria, afrontar costos operativos y cumplir compromisos financieros.

La medida tiene un peso institucional relevante: la Cooperativa Yerbatera Andresito es una de las entidades más emblemáticas del norte de Misiones, con más de 40 años de trayectoria, y su marca llegó a posicionarse entre las diez yerbas más vendidas del país, lo que convierte a la situación actual en un dato de alto impacto económico y social.

En el Consejo de Administración conviven fieles defensores del modelo Milei que incluso cuestionaron la designación del nuevo presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Rodrigo Correa, quien todavía no hizo su debut público. 

La crisis ya no es solo productiva. Impacta en las industrias que temen un efecto cascada. “Hay cientos de cheques rebotados”, reconoció un industrial que hace tiempo viene advirtiendo sobre el escenario adverso. La suba de costos de operación y las tasas del mercado crediticio ponen en riesgo la operatividad de las empresas. “Se cortó la cadena de pagos”, advirtió.

No es una situación aislada la de la yerba. Según el Informe Coyuntural del tercer trimestre elaborado por la Fundación Observatorio PyME, más de la mitad de las PyME industriales manifestó problemas por retrasos en los pagos de sus clientes, mientras que un 35% declaró dificultades para cumplir con sus compromisos frente a proveedores, entidades financieras o el fisco.

El estudio revela que la producción industrial PyME acumuló una caída del 4,1% en lo que va del año, completando diez trimestres consecutivos de retroceso en el nivel de actividad.

En el tercer trimestre la producción fue 7,5% inferior a la del mismo período del año anterior, mientras que el empleo industrial PyME registró una contracción acumulada del 4,6%, aunque con una leve desaceleración en el ritmo de caída.

El informe advierte que el 81% de las PyME industriales experimentó aumentos en sus costos de producción durante el período analizado. Sin embargo, solo el 47% logró trasladar esos incrementos a precios, una mejora respecto del trimestre anterior, pero insuficiente para recomponer márgenes en un contexto de aceleración cambiaria y bajo dinamismo de ventas.

En el Gobierno provincial son conscientes de que las consecuencias de las decisiones nacionales repercuten en terreno propio. Las demandas de la sociedad apuntan a quién puede resolverlas más rápido y más cerca. Nunca es un funcionario sentado cómodo en un despacho de Buenos Aires. 

En esa lógica se inscribe el nuevo tiempo de gestión que puso en marcha el gobernador Hugo Passalacqua. Cercanía y más celeridad para atender las demandas de la sociedad. La llegada del ex intendente de Campo Grande, Carlos Sartori, apunta en ese sentido: fluidez con los jefes comunales, agilidad para mover el andamiaje estatal y presencia territorial

“Nadie se salva solo”, repitió Passalacqua  en el acto de entrega de certificados a los egresados de la cohorte 2025 de la Universidad Popular de Misiones. En 2025 hubo más de 3.000 egresados. “Lo que ustedes generen con su trabajo va a crear un circuito económico virtuoso. En un país donde la cosa no está fácil, ustedes son una avanzada”, afirmó, y concluyó con una definición que atravesó todo su discurso: “Nadie se salva solo. Todos nos salvamos en equipo, hombro con hombro, espalda con espalda”.

“Hagan oídos sordos a quienes dicen que uno se puede salvar solo porque eso no es así”, remarcó en el centenario del municipio de Puerto Libertad. El mensaje generó una fuerte ovación. “Nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad, unidos”, sostuvo y enfatizó en la importancia de trabajar juntos.

La cosa no está fácil”, repitió al confirmar la continuidad de los programas Ahora, clave para sostener el consumo en la provincia, donde siete de cada diez ventas se concretan con el plan financiado por Misiones y el banco Macro y otras entidades. En los últimos doce meses se generaron ventas por cien mil millones. Los comerciantes respiraron aliviados al saber de la extensión hasta marzo de 2026. Se reevaluará entonces el costo financiero que asume la Provincia que contrasta con el ajuste nacional en el altar del déficit cero. 

Los programas son esenciales para mantener el consumo y sostener el empleo. En el tercer trimestre del año, el aglomerado de Posadas exhibió una leve pero muy positiva  mejora en sus principales indicadores del mercado de trabajo. La tasa de actividad presentó un alza que estuvo apoyada en mayor cantidad de personas que salieron en la búsqueda de un trabajo, y al mismo la tasa de empleo se incrementó logrando  absorber parte de la nueva demanda vía ocupación; por su parte, la tasa de desocupación  también mostró una leve alza explicado por la mayor demanda de empleo ante crecimiento  de la actividad que fue en parte absorbida por trabajo pero otra parte no logró hacerlo. 

Detalle de los resultados de Posadas para el 3° trimestre 2025 

• La Tasa de Actividad se ubicó en 46,4%, presentando una expansión de 0,3 puntos  porcentuales respecto al trimestre anterior pero también se incrementó en 0,5  puntos en la comparación interanual. La variación positiva trimestral equivale a  unos dos mil nuevos activos en los últimos tres meses y dicho número se eleva a 4  mil personas en comparación con igual período del 2024. 

• La Tasa de Empleo fue del 44,3% en Posadas, lo que representa un incremento de  0,2 puntos contra el trimestre anterior, variación que generó 2 mil nuevos ocupados  en los últimos tres meses. En la comparación interanual, dicha tasa no presenta variación, aunque en términos absolutos equivale también a 2 mil nuevos ocupados  pero que no impactan sobre la tasa por el crecimiento poblacional del período. 

• La Tasa de Desocupación fue del 4,4%, incrementándose en 0,1 puntos  porcentuales a nivel trimestral pero no sufre variación en términos absolutos. En la  comparación interanual, en cambio, el crecimiento es de 1,0 p.p. producto del  crecimiento de la actividad que no fue en todo cubierta por el empleo. 

En el ámbito nacional, aunque el Gobierno quiera tener algo para celebrar, los datos no son tan elocuentes. Subió un poco el empleo y bajó la desocupación, pero todo eso impulsado por la informalidad y cuentapropismo: el 85% de los nuevos empleos fueron informales. La informalidad llegó al 43,3% de los ocupados.

El posicionamiento de Passalacqua y el fortalecimiento de la gestión recogen respaldos en la sociedad. En el ranking de gobernadores, el gobernador se ubica en el quinto lugar a nivel país, con una imagen positiva del 55,3% entre los misioneros, superando holgadamente el promedio nacional y quedando dentro del lote de mandatarios con mejor valoración social.

En el plano municipal, Leonardo “Lalo” Stelatto ratifica el buen momento político de Posadas. El intendente capitalino se posiciona como el tercer intendente con mejor imagen positiva de la Argentina, con un 59,3% de aprobación, apenas por detrás de Gustavo Sastre (Puerto Madryn) y Jorge Jofré (Formosa capital). El resultado cobra mayor relevancia si se observa el contexto general: de los 24 intendentes analizados a nivel federal, sólo tres superan el umbral del 59% de imagen positiva, y Posadas logra ubicarse en ese grupo de élite.

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Roberto Enriquez: “El modelo de esperar solo al Estado está sensiblemente agotado”

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En un momento de transición profunda para la economía argentina, la construcción atraviesa uno de los tramos más exigentes de las últimas décadas. Caída de la obra pública tradicional, reconfiguración del financiamiento y un cambio de modelo que obliga a repensar el rol del Estado y del sector privado definen el nuevo escenario. En ese contexto, Roberto Enriquez, empresario de la construcción y dueño de Hormisa, ofrece una mirada directa y sin eufemismos: reconoce la dureza del presente, pero sostiene que el esquema de depender exclusivamente de la obra pública está llegando a su límite y que el futuro del sector estará atado a la inversión privada, la baja del riesgo país y la estabilidad macroeconómica.

Desde el avance de obras estratégicas como la Ruta 105 hasta las expectativas por nuevos proyectos viales y urbanos en Misiones, Enriquez traza un diagnóstico que combina cautela y optimismo. “Hoy está duro, pero hay indicadores que muestran un cambio estructural”, resume, convencido de que si se consolida el acceso al financiamiento y se sostiene la previsibilidad económica, la construcción volverá a ponerse en marcha.

¿Cómo ve hoy al sector de la construcción, especialmente en el plano nacional?
Estamos atravesando un momento difícil porque hay un cambio de modelo muy concreto, muy definido. Como decía recién, hay que prepararse para esto. Hoy el sector está pasando una situación dura, esa es la realidad.

¿Dónde ve las oportunidades para que la construcción vuelva a moverse?
Este tipo de propuestas -la presentación de un modelo de casas premoldeadas de Hormisa- va de la mano con un financiamiento barato, que es lo que se está empezando a visualizar en Argentina. Las tasas empezaron a bajar, la inflación empezó a bajar, y eso hace que la inversión de riesgo empiece a jugarse en este tipo de emprendimientos, que son los que en definitiva van a empezar a mover el sector.

¿Se terminó el modelo de la obra pública tradicional?
A mi entender, que el sector esté esperando exclusivamente del Estado para poder construir es un modelo que no digo que esté agotado, pero sí sensiblemente agotado. Por eso hay que buscar otras alternativas, que van de la mano del privado, con innovación y con iniciativas de distinto tipo. Esto aplica a todo: rutas, viviendas, infraestructura en general.

Justamente mencionaba el caso de las rutas. ¿Cómo ve el nuevo esquema de concesiones?
Ahora se están licitando las rutas nacionales por peaje, que tienen que ver con esto mismo: inversión privada. Eso va a terminar siendo exitoso en la medida en que el financiamiento siga bajando y el riesgo país siga bajando, como estamos viendo que está pasando. Eso es lo que nos hace ser optimistas de cara al año que viene y a los próximos años, si este rumbo se sostiene.

Hablando de obras concretas, ¿cómo avanza la Ruta 105?
La Ruta 105 viene muy bien. Venimos cumpliendo todos los plazos en las curvas de contrato. Calculamos que para marzo o abril estaremos terminando los tres puentes: Pindapoy Grande, Pindapoy Chico y el ferroviario. Ya estamos en la etapa de tablero, así que estamos muy cerca de terminar. A partir de ahí queda solo la repavimentación hasta la Ruta 14. Entendemos que el año que viene la 105 va a quedar completamente concluida.

¿Qué otros proyectos están en agenda para los próximos meses?
Estamos a la espera del compromiso del financiamiento del soterramiento. Es una obra que ya iniciamos, pero todavía no se pudo firmar la partida presupuestaria. Si eso ocurre, es una obra muy importante para la ciudad y para nosotros también.
La travesía urbana de Posadas ya empezó nuevamente y está tomando ritmo. Tenemos muchas expectativas para el año que viene con estas tres obras, que son muy relevantes.

También mencionó un corredor estratégico para Misiones. ¿De qué se trata?
Tiene que ver con el corredor que pasa por Misiones, desde Foz do Iguaçu, pasando por Ituzaingó, hasta la Ruta 118, que se va a licitar por peaje. En ese proceso también estamos trabajando para participar de la licitación.

Más allá del momento actual, ¿nota previsibilidad para planificar hacia adelante?
Yo soy muy positivo. Hay un cambio de modelo claro y una realidad que es la fuerte baja de la inflación. Hay una estabilidad cambiaria que prácticamente lleva dos años, con el mismo tipo de cambio. No estamos acostumbrados a eso; siempre mirábamos qué iba a pasar con el dólar. Hoy ni siquiera es un problema, aunque nos cuesta creerlo por lo que venimos arrastrando.

¿Qué indicadores son clave para que el sector vuelva a crecer?
El financiamiento es fundamental. Y para eso es clave el riesgo país, la baja de las tasas y la estabilidad cambiaria. Si todo eso se sostiene -y yo creo que después de lo que se va a votar en estos días, como el presupuesto y las reformas- están dadas las condiciones para empezar a caminar un poco mejor.

¿Optimismo pese a las dificultades actuales?
Hoy está duro, no hay que negarlo. Pero por lo menos yo soy optimista de cara al futuro.

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Los cambios de la segunda mitad

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El 10 de diciembre se cumplió la primera mitad del mandato del presidente Javier Milei. Lejos de las promesas de crecimiento con o sin dinero, la Argentina atraviesa turbulencias que sólo encuentran sosiego en los más convencidos y optimistas. La realidad evidencia una profunda recesión, pérdida de empleo y poder adquisitivo y la urgencia de reformas que no son más que inciertas promesas de soluciones. 

La promocionada reforma laboral no es más que un refresh de otros paquetes similares cuyos efectos fueron de todo menos positivos para el empleo. Cualquier parecido es pura coincidencia, pero solo basta hurgar un poquito en la letra chica para encontrar la inspiración en la ley Banelco, que marcó el principio del fin del gobierno de De la Rúa por la denuncia de pago de coimas en el Senado para su aprobación y la renuncia del vicepresidente, Carlos “Chacho” Álvarez. 

La contención de la inflación, de la que hasta hace poco se jactaba el Presidente, desde hace un tiempo dejó de ser una virtud para volver a convertirse en una preocupación en el bolsillo. 

La inflación de noviembre fue de 2,5 por ciento, por encima de octubre y sin bajas desde mayo. El número no pasó desapercibido: en noviembre de 2015, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich protestaban por los precios altos con un cartelito de “IPC Congreso que marcaba 2,4%. 

El NEA también marcó un nuevo aumento por segundo mes consecutivo, con fuerte presión en alimentos y transporte, que subieron 3,2 por ciento, con el combustible y un alza de 4,7 por ciento en el mes. Pero incluso esos datos son apenas una muestra de la realidad: entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la comparación desnuda una distorsión difícil de relativizar. Con una inflación acumulada cercana al 250%, los aumentos en servicios esenciales se despegaron por completo del promedio general de precios y de la evolución de los ingresos. La tarifa eléctrica para los usuarios N3 trepó un 795%, el gas acumuló un alza del 936%, el boleto mínimo de colectivo en el AMBA aumentó un 834% y el subte escaló hasta un 1057%. En el mismo período, los salarios apenas lograron empatar -y con dificultad- la inflación, con subas estimadas en torno al 260%. El resultado es evidente: mientras los ingresos corrieron para no perder, los costos fijos básicos se multiplicaron varias veces por encima, erosionando de manera directa y persistente el poder adquisitivo de los hogares.

Esta primera mitad de gestión transcurrió entre la paciencia de la sociedad y el aporte a la calma de los gobernadores que se hicieron cargo del retroceso de la Nación, a pesar de las consecuencias de la caída de recursos, que se hacen cada vez más evidentes. Las provincias tuvieron que asumir en soledad inversiones de infraestructura, recursos para la educación, la salud y seguridad, al mismo tiempo que enfrentan una inédita suba de costos. 

La decisión del gobernador Hugo Passalacqua de postergar el aguinaldo para los funcionarios políticos y cargos jerárquicos, obedece a un estado de situación que solo encuentra paralelismo en los primeros años de este siglo, cuando el país dejaba atrás la década menemista en medio del caos tras el estallido de la Convertibilidad y la fuga de la alianza. La diferencia está en que ahora la Provincia tiene orden económico y así pudo afrontar el retroceso con una holgura distinta. Pero ese gesto, implica un gesto de austeridad que también incluye un mensaje simbólico hacia dentro: más cercanía, más diálogo, más contención.

Esos preceptos se hicieron visibles en la Legislatura, donde asumió la presidencia Sebastián Macías. Diálogo directo con espacios opositores -hubo una amplia mayoría a favor de su elección- y promesa de trabajo conjunto. Macías tendrá que gestionar tensiones en un recinto que tiene nuevos protagonistas, algunos de ellos impetuosos ante los micrófonos. 

La sesión de recambio de autoridades mostró a la Renovación y a la Libertad Avanza en defensa de la institucionalidad. Son los dos espacios que tienen gestión a cargo, en la Provincia y en Nación. Por eso saben del valor de la gobernabilidad. La vicepresidencia primera quedó en manos de Adrián Núñez, el referente libertario en Misiones -cuyos primeros pasos en la política los dio en la Cámara de Diputados desde dentro de la Renovación- y la segunda en manos de Walter Ríos, otro debutante. Mascando bronca quedó Ramón Amarilla, el ex policía que pretendía imponer condiciones, pero se quedó al margen, intercambiando gimoteos con Héctor “Cacho” Bárbaro, quien regresó a la Cámara y a los gritos. Tanto que recibió reproches del flamante presidente. 

Macías afirmó que en el recinto “no habrá espacio para agresiones, ni tampoco para discusiones que no promuevan debates constructivos”, y que se impulsará “el intercambio de ideas y propuestas que permitan construir las respuestas que los misioneros necesitan”.

También ratificó que la Cámara seguirá siendo “un espacio de puertas abiertas para los intendentes” y que la tarea legislativa se guiará “por el diálogo, el respeto, la institucionalidad y el Misionerismo”.

El cierre de la sesión quedó marcado por un movimiento: Rovira dejó su banca y recorrió el recinto para saludar a Ramona Velázquez, la ministra del Superior Tribunal de Justicia que se retira y, en el camino, saludó a cada uno de los diputados, deteniéndose particularmente, ante legisladores de la oposición, con los que intercambió palabras. 

El 10 de diciembre también marcó el tiempo de reconfigurar el equipo y Passalacqua ya dio los primeros pasos de una transformación que será profunda, aunque en etapas. Este lunes asumirá el nuevo jefe de Gabinete, Carlos Sartori, intendente de Campo Grande, que viene con la misión de tejer lazos más cercanos con los municipios y un cara a cara directo con los vecinos, al estilo del propio Gobernador. 

Passalacqua pidió a todos microgestión y despliegue territorial en todas las áreas, sanar vínculos con la chacra y los productores, dañados particularmente por la desregulación del sector yerbatero, pero también por la caída de la actividad en el sector forestal y los precios del té que no alcanzan para cubrir los costos de producción. No será una tarea sencilla, ya que el sector productivo eligió y ratificó a Milei en las elecciones, aunque sufre las consecuencias del modelo libertario. 

El vínculo con la producción yerbatera tiene una novedad: Rodrigo Correa, flamante presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, designado por el presidente Javier Milei después de dos años de acefalía -Daniel Notta fue nombrado pero nunca ratificado-. El contador libertario cuenta con el respaldo libertario en Misiones pero un desconocimiento del terreno en el que deberá desenvolverse. El INYM está hoy reducido a un organismo “de promoción”, aunque los productores y la Provincia insisten en que debe recuperar sus facultades regulatorias. Misiones reclamó en las últimas horas ante la Corte Suprema para que ponga freno a los decretos de desregulación y uno de los argumentos utilizados fue la acefalía del organismo, a la que ahora se puso -oportunamente- fin. Conocedores de la ciencia jurídica estiman que ese será un subterfugio para que los cortesanos -oportunamente- miren para otro lado. 

La de Sartori no será las única cara nueva en el gabinete. Los cambios serán por etapas y sin ansiedades para no desequilibrar la gestión. Pero hay varios ministros en revisión y no menos segundas líneas. 

En Desarrollo Social, un área crítica en los momentos que se viven, Passalacqua designó a Manuel “Manolo” Sánchez y la Astrid Baetke, con el objetivo de reforzar la gestión y el contacto social. 

Astrid Baetke, exdiputada provincial, que recientemente finalizó su mandato legislativo, y destacada en la Mesa de Mujeres Renovadoras, será la nueva subsecretaria de Juventud, mientras que Sánchez asumirá en Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tras su gestión como coordinador operativo del ministerio, encargado de la planificación y ejecución de programas sociales y asistenciales. 

La revisión no pasa únicamente por los nombres. El escenario económico se conmovió con una revelación de Economis: los programas Ahora, nacidos en 2018, durante la primera gestión de Passalacqua, entraron en un proceso de análisis con resultado, por estas horas, incierto. Transformados en un motor económico, con ventas por cien mil millones en los últimos doce meses, al mismo tiempo arrastran un costo fiscal intenso para la Provincia y las entidades bancarias que absorben el peso del financiamiento. Por eso, una de las alternativas es que quede vigente únicamente en las ciudades de frontera como Posadas, Garupá, Candelaria, Iguazú y Bernardo de Irigoyen y San Antonio, donde la competencia externa es feroz. 

La posibilidad de que los Ahora se den de baja, desnudó preocupación en la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, que alertó que siete de cada diez ventas se realizan gracias a los programas provinciales. La Cámara empresaria destacó el aporte “valioso” del Gobierno provincial y pidió por su continuidad en 2026. En contraste, la Confederación Económica de Misiones emitió un difuso comunicado en el que relativizó la importancia de los Ahora en la economía. “En el caso de la industria, la producción y los servicios no generan incidencias mayores”, señala el documento de la entidad que preside Guillermo Fachinello -padre del ministro de Industria-. Los números de los Ahora reflejan otra cosa: entre la construcción y bienes durables, se generaron ventas por 35 mil millones desde enero de 2024, en momentos en que la industria se desploma en el resto del país. 

La reacción de la CEM causó escozor en el ámbito empresario. Muchos se preguntaron a qué intereses representan, ya que sus propios asociados se ven beneficiados por una política que la conducción ningunea. En el Gobierno también tomaron nota, ya que la entidad muestra “neutralidad” mientras aprovecha planes y recursos, al mismo tiempo que reclama beneficios impositivos.

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El déjà vu argentino: tierra, desregulación y un país que insiste en tropezar

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La historia argentina tiene una particularidad inquietante: vuelve. No como una repetición mecánica, sino como un ciclo que se reactiva con nuevos nombres, nuevos discursos y viejas consecuencias. La discusión actual sobre la tierra -su propiedad, su uso, su regulación- no es una novedad en la agenda nacional. Es, más bien, un regreso. Y los antecedentes no son alentadores. Los 90 desreguladores provocaron un intenso éxodo rural y el derrumbe de las expectativas de los productores agrarios, agobiados por bajos precios y la presión de las grandes industrias.

En el paquete de reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei aparece, nuevamente, la idea de “liberar” el mercado de tierras para inversores extranjeros. Una apertura que remite inevitablemente a la década de los noventa, cuando la economía se desreguló bajo la promesa de eficiencia, inversiones y crecimiento, y terminó produciendo un profundo deterioro de la rentabilidad de los productores, un marcado éxodo rural y una inédita concentración de tierras en pocas manos.

Misiones fue uno de los territorios donde ese proceso se vivió con mayor crudeza. Durante la última década del siglo pasado, la provincia experimentó un fuerte éxodo rural como consecuencia de la crisis del agro -especialmente en la yerba mate y el tabaco- combinado con políticas liberales que desarticularon los mecanismos de regulación y protección. Pequeños productores y asalariados rurales migraron hacia las ciudades misioneras o directamente hacia Brasil en busca de empleo, dejando atrás chacras inviables, cooperativas debilitadas y comunidades fragmentadas. La concentración de tierras avanzó, mientras el entramado social del campo se erosionaba. Ese fenómeno, advierten hoy múltiples actores, está volviendo a repetirse. Y en forma mucho más acelerada.

El economista y ex rector de la Universidad Nacional de Misiones, Javier Gortari, lo describió con precisión en uno de sus trabajos al analizar el impacto de la desregulación sobre la cadena yerbatera: “En el caso de la producción de yerba mate, con la disolución de la CRYM y sin intervención estatal, creció el número de plantaciones al tiempo que la demanda se mantenía estable y el precio de la materia prima comenzaba una abrupta carrera descendente. Se produjo, entonces, una concentración de la renta yerbatera en los sectores mecanizados, industriales y supermercadistas, así como también una acelerada descapitalización de los productores pequeños y medianos, de muchas cooperativas y de la mayoría de los secaderos.
La desregulación de la actividad trajo aparejado un aumento de la producción. A partir de 1997, el mercado evidenció signos de saturación: frente a una oferta de materia prima en expansión por la puesta en producción de las nuevas plantaciones, se produjo una drástica caída de los precios pagados al productor primario. La presión económica sobre este sector se potenció por el incremento de los costos de comercialización”.

Ese proceso que describe Gortari no fue solo conceptual: tuvo una traducción directa y mensurable en los precios. Los datos oficiales de la década del noventa muestran con claridad el derrumbe del valor de la materia prima, en contraste con la evolución de la yerba elaborada.

Entre 1990 y 2000, el precio promedio del kilogramo de hoja verde pasó de 0,19 pesos/dólares a 0,07, una caída de más del 63%. La yerba canchada también registró un retroceso significativo, desde 0,31 en 1990 a 0,34 en 2000, luego de haber alcanzado picos a mediados de la década y comenzar un sendero descendente desde 1996–1997.

En sentido inverso, la yerba mate elaborada mantuvo valores sustancialmente más altos durante todo el período: pasó de 0,88 en 1990 a 2,46 en 2000, con máximos cercanos a 2,84 en 1995. La brecha entre el precio percibido por el productor primario y el valor final del producto en góndola se amplió de manera sostenida, confirmando empíricamente la concentración de renta dentro de la cadena yerbatera.

Los datos -elaborados a partir de estadísticas del INDEC y del entonces Ministerio del Agro y la Producción- refuerzan la advertencia central de Gortari: la desregulación, lejos de generar un mercado más equilibrado, profundizó la asimetría entre eslabones, deterioró la rentabilidad del productor y sentó las bases de una crisis estructural que, con distintos matices, vuelve a emerger en el presente. En términos de poder adquisitivo, el valor que hoy percibe el productor por la hoja verde vuelve a ubicarse en niveles comparables a los peores años posteriores a la disolución de la CRYM.

El productor sólo logra captar 16,4% del precio de venta en góndola. El promedio de los últimos 10 meses (17,0%) representa el peor momento desde 2019 del ratio entre lo que recibe el productor y el precio de góndola por kilo. 

En la misma línea, el diputado del Partido Agrario, Cristian Castro, aporta una lectura cuantitativa que refuerza la idea de ciclo histórico y deterioro estructural de la rentabilidad. Según su análisis, si se mide la ecuación del productor en términos relativos -es decir, la relación entre el precio de la hoja verde y el precio de la yerba en góndola- la rentabilidad del eslabón primario se redujo alrededor de un 42% en el período reciente. “Ese indicador muestra con claridad cómo se achica la participación del productor dentro de la cadena”, señala. Sin embargo, advierte que el cuadro es aún más crítico cuando se ajustan los valores por inflación: en términos reales, descontando el IPC acumulado, la caída de la rentabilidad del productor oscila entre el 60% y el 70%, un nivel comparable -e incluso superior- al registrado en los peores años posteriores a la desregulación de los noventa. Para Castro, esta combinación de precios atrasados, costos crecientes y pérdida de poder adquisitivo explica por qué la crisis actual no es solo coyuntural, sino la reaparición de un patrón ya conocido.

El Consejo de Mayo y la tierra como mercancía

En este contexto reaparece el llamado “Consejo de Mayo”, que recomienda liberar la adquisición de tierras por parte de privados extranjeros, derogando o vaciando de contenido las restricciones vigentes. Para el Gobierno nacional, estas limitaciones “atentan contra la inversión productiva” y deben ser removidas para dinamizar el mercado rural.

Según la lectura oficial, la eliminación de los topes permitiría ampliar la competencia, facilitar emprendimientos vinculados a producciones extensivas, infraestructura y energías renovables, y atraer capitales que hoy -según ese diagnóstico- encuentran obstáculos normativos. Sin embargo, la propuesta aún no especifica si se mantendrán mecanismos de monitoreo, qué organismo quedaría a cargo del relevamiento de operaciones ni cómo se garantizaría el control federal sobre un recurso estratégico como la tierra.

A este eje se suma otro punto sensible: la eliminación de la prohibición que impide cambiar el uso productivo de la tierra durante 30 a 60 años tras un incendio, una ley impulsada en su momento por Máximo Kirchner. El oficialismo sostiene que ese plazo “desincentiva la actividad económica” y dificulta la recuperación de áreas afectadas. Para las provincias forestales y con alta biodiversidad, la medida abre interrogantes profundos sobre el incentivo implícito a la especulación y el cambio de uso del suelo.

El paquete vinculado a tierras y recursos naturales no se limita, además, a la apertura del mercado rural. Incorpora un capítulo específico sobre la explotación de recursos estratégicos, especialmente en un escenario de expansión de la minería y de creciente demanda global de minerales críticos. El Consejo de Mayo plantea avanzar hacia un esquema de “libre explotación”, lo que en términos prácticos implica revisar regulaciones provinciales y nacionales que, según el documento, generan distorsiones entre jurisdicciones y encarecen los proyectos.

Misiones: un territorio con memoria

En Misiones, la discusión no es abstracta. Tiene historia, nombres propios y consecuencias visibles. Sonia Melo, subsecretaria de Tierras de la provincia, lo plantea sin rodeos: “Esto, la verdad, es un retroceso. Un retroceso que perjudica literalmente a los productores, a la zona rural. En Misiones siempre estuvo la discusión de si era una provincia latifundista o no. Y no lo es”.

Melo remarca una diferencia estructural que muchas veces se pierde en el debate nacional: “Nosotros tenemos productores con 50 hectáreas, 100 hectáreas. No son productores como en el sur, que tienen miles de hectáreas. Y si a eso le sumás que estás ampliando o permitiendo la extranjerización, va muy en detrimento de la familia rural misionera”.

La funcionaria recuerda que las leyes vigentes no surgieron de la nada, sino de procesos de lucha social: “Las legislaciones que hoy están vigentes son producto de luchas del campesinado, de luchas de la gente por la tenencia, la seguridad y la regularización de la tierra. Permitir esto, abrir el grifo para la extranjerización, no hace más que un retroceso muy importante y muy perjudicial”.

En su relato aparece un concepto central: el arraigo. No como consigna ideológica, sino como política pública concreta. Melo recuerda casos como el de Pozo Azul, donde familias que habían quedado a la deriva tras el quiebre de empresas forestales se asentaron, produjeron y, con intervención del Estado provincial, lograron regularizar su situación: “Hoy tenemos un municipio con familias asentadas, familias productoras bien consolidadas. Eso no fue espontáneo: fue una decisión política”.

Pozo Azul fue un ejemplo de la regularización de la tierra con cientos de familias productoras viviendo en lo profundo de Misiones.

La advertencia es clara: los procesos que hoy se discuten pueden reeditar el mapa social de los noventa. “No sé si esta crisis no es peor que la de los 90. En aquel momento vimos la explosión de municipios como Garupá, Posadas, Eldorado, San Vicente, con familias rurales empujadas a los cascos urbanos. Eso vuelve a estar en juego”.

Datos que incomodan

Los números refuerzan la preocupación. Datos oficiales correspondientes al período 2022–2023 indican que alrededor del 11,07% de las tierras rurales de Misiones están en manos extranjeras, lo que ubica a la provincia como la segunda más extranjerizada del país, solo por detrás de Salta. El dato, además, contempla únicamente tierras registradas, dejando fuera superficies no regularizadas o en proceso de mensura.

El fenómeno no es homogéneo. En Puerto Iguazú, el porcentaje asciende a 38,8%, uno de los niveles más altos del país.

Gran parte de esa tierra está en manos de empresas forestales extranjeras, especialmente vinculadas al sector celulósico. El caso de Alto Paraná, hoy parte del Grupo Arauco (Chile), es emblemático: extensiones masivas de tierra, influencia directa sobre la dinámica económica local.

Florencia Gómez, especialista en tierras, va un paso más allá y pone el foco en el diseño jurídico del proyecto: “A través del Consejo de Mayo, el Gobierno impulsa una reforma legal hecha a la medida de grandes capitales extranjeros, como los de Elon Musk o Joseph Lewis, o de cualquier persona humana o empresa foránea que pretenda adquirir tierras rurales en la Argentina”.

Según Gómez, la reforma implica una derogación encubierta de la Ley 26.737: “En apenas nueve artículos, y bajo el título de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, se vacía de contenido el espíritu original de la ley”.

El cambio central, explica, está en quiénes quedan fuera de la regulación: “Se limita a regular la adquisición por parte de Estados extranjeros. Quedan liberadas de toda limitación las personas humanas extranjeras y las empresas privadas extranjeras, cuando la principal vía histórica de extranjerización es justamente a través de personas jurídicas”.

Las consecuencias potenciales son profundas: “Se elimina la limitación cuantitativa. Podría darse un escenario donde millones de hectáreas pasen a manos extranjeras sin violar formalmente la ley”.

Gómez recuerda el caso de Lago Escondido como antecedente y advierte sobre la posible privatización de accesos a bienes públicos como lagos y ríos. También señala la eliminación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, debilitando el federalismo, y la supresión de salvaguardas jurídicas que podrían exponer al Estado argentino a litigios internacionales.

La iniciativa también suprime la limitación basada en la nacionalidad del comprador. Bajo el nuevo marco, podría darse un escenario extremo, pero legalmente posible, donde un gran número de ciudadanos extranjeros adquiera tierras en pequeñas parcelas, sumando una superficie descomunal. Por ejemplo, un millón de personas extranjeras comprando cien hectáreas cada una implicaría la transferencia de 100 millones de hectáreas, en un país cuya superficie continental ronda los 278 millones. La puerta quedaría abierta para una fragmentación y extranjerización masiva sin freno.

Finalmente, el proyecto elimina el artículo 11 de la ley vigente. Este artículo establecía que, a los fines de los Tratados Bilaterales de Inversión (suscritos mayoritariamente en los años 90), la adquisición de tierras rurales no sería considerada una “inversión” protegida por esos acuerdos, por tratarse de un recurso natural no renovable aportado por el país receptor. Su eliminación podría exponer al Estado argentino a demandas internacionales ante tribunales como el CIADI si intentara regular en el futuro.

Paralelamente, la propuesta crea nuevas excepciones para entidades que presenten un “plan de inversiones en plazos razonables”, comprometiéndose a respetar las leyes locales. Esto contrasta con las excepciones originales de la Ley 26.737, pensadas para casos personales y de arraigo, como extranjeros residentes, cónyuges o padres de hijos argentinos.

Jaime Ledesma, ingeniero forestal y ex subsecretario de Tierras, sintetiza el debate desde una perspectiva estratégica: “La tierra es un recurso natural, finito, estratégico y soberano. No es un simple activo financiero”.

Para Ledesma, la Ley 26.737 fue un avance con amplios consensos y su desarticulación implica una definición política clara sobre el modelo de desarrollo: “Limitar la extranjerización no es un obstáculo a la inversión privada. Es una garantía de soberanía y de desarrollo sostenible”.

Bosques, agua y suelo -advierte- serán los ejes de las grandes tensiones del futuro. “Descuidarlos hoy es hipotecar el mañana”.

La discusión que vuelve no es meramente jurídica ni económica. Es política en el sentido más profundo: define quién controla el territorio, con qué objetivos y a qué costo social. La historia reciente muestra que cuando la tierra se transforma exclusivamente en mercancía, el precio lo pagan los pequeños productores, las economías regionales y el entramado social del interior.

La Argentina ya transitó ese camino. Y las huellas todavía están ahí.

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