Jorge Vasconcelos

investigador jefe de Ieral, Fundación Mediterránea

Veranito cambiario ¿Desemboca en la salida del cepo?

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La menor brecha cambiaria y el descenso del riesgo país no han modificado el discurso oficial respecto a que no hay un tiempo definido para la salida del cepo. Incluso, se refuerza ese mensaje argumentando que “se puede crecer con este tipo de restricciones cambiarias”, pero se cita el caso de China que, por su altísima tasa de ahorro nacional, es cierto que ha podido prescindir de flujos de capitales significativos para sostener una elevada tasa de inversión. No es el caso de la Argentina. El más reciente de los requisitos para una eventual salida del cepo sería la convergencia de la inflación local a la internacional, pero la sustentabilidad del escenario pos-cepo no depende de un dato puntual, sino de variables en equilibrio del sector externo y del fiscal. Paradójicamente, el remanso de las últimas semanas en brecha cambiaria y riesgo país ha reforzado en la percepción del mercado la continuidad del cepo, con un ROFEX en el que los contratos para marzo de 2025 del tipo de cambio oficial se pactan a 1.168 pesos. Pero si el gobierno estuviera dispuesto a contradecir su propio discurso, tampoco podría anticiparlo. Dada las legislativas del año próximo, la oportunidad para sorprender y quitar restricciones del mercado cambiario tiene sólo una ventana, y se corresponde con esta temporada de verano. En principio, debería ser una movida ejecutada bajo el paraguas del FMI, pero no hay demasiados indicios en esa dirección.

Causa y consecuencia del remanso de los mercados, en las últimas diez ruedas el Banco Central acumuló un saldo comprador en el segmento oficial de cambios de USD 811 millones (promedio diario de 81 millones). Una dinámica que claramente no responde a mejoras en los flujos del comercio exterior, sino al hecho que el blanqueo está operando como una suerte de entrada de capitales, en la medida en que el aumento de los depósitos en dólares se empieza a reciclar a través de nuevos créditos en esa moneda, o por la suscripción de Obligaciones Negociables emitidas por empresas locales.

Los depósitos en dólares, que aumentaron en 11,9 mil millones de dólares desde mediados de agosto, favorecen la evolución de las reservas brutas del Banco Central, por el cómputo de los encajes, pero el impacto positivo en los mercados deriva de una “vuelta de tuerca” adicional, que tiene que ver con la aplicación de los “argendólares” a créditos o bonos privados. Y esto es lo que ha ocurrido en las últimas semanas, aunque todavía es temprano para evaluar la duración y profundidad del fenómeno.

En este sentido, el Blanqueo de capitales y sus derivaciones está permitiendo frenar una dinámica poco confortable en el frente externo, ya que desde julio se alternaban los saldos compradores con los vendedores en las operaciones diarias del BCRA.

Ocurre que, desde mediados de año, había entrado en terreno negativo la cuenta corriente del balance de pagos base caja (que excluye del cómputo el 20 % de las liquidaciones de los exportadores, que se realizan por el CCL). Hasta junio, el acumulado de tres meses mostraba un superávit de 3,2 mil millones de dólares en la cuenta corriente del balance de pagos, pero ya para agosto ese saldo pasó a un rojo de 3,16 mil millones. Un deterioro de 6,36 mil millones en un par de meses

Por eso, cuando los efectos positivos del blanqueo y sus efectos colaterales empiecen a ceder, el problema de los flujos externos volverá a plantearse y, en ese contexto, la vigencia del “blend” habrá de lucir cada vez más disfuncional al doble objetivo de extender el rebote del nivel de actividad (que habrá de requerir financiar un aumento de importaciones cercano a los 10 mil millones de dólares en 2025) y de comenzar a recuperar reservas netas del Banco Central, desde el “subsuelo” actual (negativas en 6,4 mil millones de dólares, incluyendo vencimientos de BOPREAL).

Las idas y venidas respecto a cuál habrá de ser el “momento propicio” para salir del cepo tienen que ver, justamente, con lo descripto. Ventajas y desventajas con 2015, cuando el expresidente Macri decidió levantar los cepos al cambio y al comercio exterior: En primer lugar, como aquella terminó siendo una mala experiencia (algunas restricciones volvieron antes de fin de 2019) ahora salir del cepo debe ser visto como algo irreversible; de lo contrario habría demasiado “ruido” del lado de las expectativas. Juega muy a favor del presente la comparación del nivel de gasto público medido en dólares. Tomando el promedio mensual de julio y agosto de 2024, la cifra anualizada apunta a 104 mil millones de dólares (al tipo de cambio oficial), cuando el anualizado de aquellos meses de 2015 se ubicó, en moneda constante, en los 214 mil millones de dólares, un guarismo insustentable. Ya se ha analizado aquí que la variable del gasto primario del sector público nacional medido en dólares es un indicador extremadamente relevante para medir si la política fiscal está contribuyendo al equilibrio interno y externo de la macro, o si constituye una fuente de desestabilización.

Esa variable era insustentable en 2015, mientras que en el presente es claramente un factor estabilizador. En cambio, cuando se contrastan datos de deuda pública en manos de acreedores privados, las condiciones de 2024 son mucho menos propicias, comparado con 2015 (por aquellos años, la Argentina estaba fuera del circuito del crédito internacional). En el presente, los pasivos estatales en manos de acreedores privados alcanzan al 40,0 % del PIB, con deuda doméstica en torno al 15,0 % del PIB, mientras en 2015 esos guarismos eran de 20,0 % y 7,0 %, respectivamente.

Respecto a este punto, resalta el rol adquirido por el sistema financiero en los últimos años, como demandante de “última instancia” de la deuda pública. Los bonos del Tesoro ahora representan el 42,8 % del total de los activos bancarios (tras un pico de 60,3 % en marzo), cuando en 2015 ese guarismo era de 25,0 %. Esta es un arma de doble filo, siendo poco saludable tamaña exposición del sistema a deuda del Tesoro. En parte esto tiene que ver con la diferencia entre el nivel actual del riesgo país, cercana a los 1100 puntos, con los 480 puntos de fin de 2015.

Como se analizó en otra oportunidad, el factor deuda podría ser más determinante que el factor dólar en alimentar los reparos del gobierno a la hora de pensar en el levantamiento del cepo. Sin el cepo ni la participación del sistema financiero en las licitaciones, hubiera sido imposible para la gestión anterior emitir deuda pública domestica por el equivalente a 10,2 % del PIB en 2023.

El curso de los acontecimientos entrelaza inevitablemente la marcha de la inflación, el nivel de actividad y el sector externo. La demora de la convergencia de la inflación al 2,0% de deslizamiento del tipo de cambio no es gratuita, ya que en la fase en la que la inercia inflacionaria puede comenzar a perder fuerza, se está empalmando con otra etapa en la que no será sencillo contener las expectativas de corrección cambiaria por el deterioro de las cuentas externas, partiendo de la base que la entrada de capitales derivada del blanqueo tenderá a debilitarse en el futuro.

Pese a un nivel de gasto del sector público nacional que podría considerarse “de equilibrio” (104 mil millones de dólares, anualizando los datos de julio y agosto), el rojo de la cuenta corriente del balance de pagos irrumpió en un contexto en el que el rebote del nivel de actividad recién ha comenzado. Las importaciones no energéticas parecen adelantarse al ritmo de recuperación del PIB, ya que los datos de julio y agosto de compras al exterior (promedio mensual de 4,7 mil millones de dólares) ya superaron la referencia de fin de 2022, principios de 2023, pese a que el PIB desestacionalizado en el presente todavía se ubica un 5,0 % debajo de aquel momento.

En la batalla por la convergencia de la tasa de inflación a la de devaluación, los precios de los bienes en setiembre aterrizaron a una variación del 3,0 %, pero los servicios anotaron un 4,6 %, que a pesar de haber desacelerado respecto al mes previo, continúan mostrando una inercia difícil de cortar.

Seguramente, el IPC del 3,5 % reforzará la convicción oficial alrededor del tipo de cambio como ancla para la inflación. Las políticas de estabilización utilizan muchas veces ese instrumento, pero debe subrayarse que el tipo de cambio de equilibrio no es una constante. Es una variable que fluctúa, dependiendo de la evolución de la demanda agregada y del gasto público en dólares en lo interno, pero también de la entrada o no de capitales, de la disponibilidad y el costo del financiamiento externo y de la trayectoria de los términos de intercambio.

Así, el “veranito cambiario” será útil para extender el horizonte de la política económica, pero no habrá de cerrar la puerta a las preguntas recurrentes acerca de cómo será el empalme del actual esquema con un régimen monetario/cambiario de carácter permanente. La ingeniería financiera permitirá hacer frente a una parte de los compromisos externos de 2025, alimentada en buena medida por la dinámica de las últimas semanas, pero falta bastante para el escenario en el que “naturalmente”, los vencimientos de deuda se refinancian.

De cara al mediano y largo plazo, la Argentina está muy lejos de China en cuanto a la dimensión del ahorro doméstico como fuente de financiamiento de las inversiones. La Argentina es mucho más parecida a Uruguay, país que no cayó en la tentación de los cepos y, por mantener abierto los flujos dentro del balance de pagos, en los últimos trece años nos sacó 33,2 puntos porcentuales de ventaja en la variación del PIB por habitante. Desde 2011, cuando el gobierno de turno inauguró la era de los cepos, la Argentina experimentó una caída de 15,1 % en el PIB por habitante, mientras que, del otro lado del río, Uruguay registraba un incremento de 18,1 % en ese indicador.

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El Gobierno tiene la pelota

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Con puntos clave de la Ley Bases habiendo superado el filtro parlamentario, la inflación evolucionando por debajo del 5 % mensual en mayo y posiblemente también en junio, el roll-over del swap chino y un reciente desembolso del FMI, la desafiante agenda que la economía argentina tiene por delante puede ser encarada de un modo más ordenado. El gobierno ganó en capacidad para fijar objetivos que sean cumplibles y, a la vez, que permitan forjar cimientos más sólidos para los pasos siguientes. Paradójicamente, los avances conseguidos hasta aquí están aumentando la responsabilidad del Ejecutivo respecto a los resultados que se obtengan, con una oposición que parece estar más dividida y con menor capacidad de obstrucción. La instrumentación de reformas habilitadas por el Congreso habrá de contribuir a la renovación del clima de negocios, caso de la reforma laboral [1] y del régimen de incentivo de grandes inversiones (RIGI). En igual dirección habrá de operar la puesta en marcha de la agenda de desregulación en próximos días, de la mano de cambios de gabinete ya anunciados. Respecto de la dinámica de la macro, las autoridades han sido enfáticas: no apresurarse en la salida del cepo, mantener el deslizamiento del tipo de cambio a un ritmo del 2 % mensual y el “blend” de exportaciones (la liquidación del 20 % de las operaciones a través del CCL), junto con el cumplimiento de las metas fiscales en cualquier escenario, incluso transfiriendo responsabilidades de gasto y obra pública a las provincias. Al mismo tiempo, se decidió terminar de traspasar los Pasivos Remunerados del Banco Central a instrumentos de deuda (“Letras de Regulación Monetaria”) en cabeza del Tesoro, lo cual cambia en espejo la composición de los activos en manos del sistema financiero. A confirmar, por diseño las Letras no caerán de paridad en caso de suba de tasas, lo cual hace menos volátil el balance de los bancos. Con la creación de las “Letras”, el gobierno aspira a cerrar la fuente endógena de emisión de pesos que significa el pago de intereses de Leliqs/pases, tras un cierre progresivo de esa “canilla”, derivado de la licuación de los Pasivos Remunerados y de sucesivas reducciones de la tasa de interés. Así, el pago de intereses ya se había recortado de modo significativo, de 33,8 % a 3,3 % de la base monetaria entre noviembre pasado y los últimos datos de junio de este año, con la consiguiente moderación de la presión inflacionaria subyacente. El Banco Central ya no estaría condicionado por el impacto sobre sus deudas de eventuales subas de la tasa de interés. Pero el gobierno estará obligado a endurecer la política fiscal. 

Por eso, debería explicitarse cómo la mayor carga de intereses que habrá de enfrentar el sector público no habrá de complicar el cumplimiento de las metas fiscales. No es un tema menor, dadas las dificultades para bajar el riesgo país y la conexión que existe entre la continuidad del cepo y la necesidad del Tesoro de asegurarse licitaciones exitosas ante cada vencimiento de deuda. De acuerdo al último Staff Report del FMI, en 2024 el stock de los pasivos del sector público nacional en moneda doméstica estará promediando el 37,2 % del PIB, estimándose que 4 de cada 10 pesos de esos compromisos se encuentran en manos privadas. En ese informe, también se proyectan en el equivalente a 54,2 mil millones de dólares las necesidades de financiamiento del Tesoro para 2025, siempre focalizando en instrumentos emitidos en moneda doméstica en manos privadas. Guarismos que se están recargando ´por el traspaso de los Pasivos Remunerados, equivalentes a unos 3,7 puntos del PIB. De un modo u otro, el sistema financiero ha pasado a ser el gran tenedor de bonos de deuda, y esta dinámica en buena medida se explica por el seguro otorgado a las entidades bajo la forma de puts, que las habilita a vender esos títulos al Banco Central para hacerse de liquidez. Esos compromisos (que se deberían saldar con emisión de pesos) suman casi 4,0 puntos del PIB, más de una base monetaria. Pese a esas amenazas, cabe subrayar que para el “roll over” de los vencimientos de deuda de este segundo semestre, el Tesoro ha acumulado un “colchón” de liquidez del orden de los 2,5 puntos del PIB, de modo de acotar los riesgos de alguna licitación fallida. Distinto es el caso de compromisos en moneda dura. De aquí a fin de año suman algo más de 8,0 mil millones de dólares, y sólo una fracción podría refinanciarse con desembolsos de Banco Mundial, BID y CAF. A falta de otras opciones, el Tesoro debería hacerles frente comprando divisas al Central, cuando las reservas netas todavía no han llegado a pisar terreno positivo. Si bien los vasos comunicantes entre deuda doméstica y deuda externa quedan parcialmente obturados por la vigencia de los cepos, éstos no desaparecen, e influyen sobre las expectativas. Para 2025, vencimientos de deuda pública externa sin cobertura a la vista suman unos 14 mil millones de dólares. En esencia, pese a los avances en el Congreso y los anuncios vinculados con el corte de la emisión del Central por intereses de pasivos remunerados, el escenario de “manta corta” dista de haber sido superado. Medidas destinadas a afianzar la tendencia declinante de la tasa de inflación pueden complicar el objetivo también relevante de abatir el riesgo país, por la evolución de la deuda pública.

Un manejo monetario más independiente del BCRA, pero sin remover los cepos, obliga a monitorear de cerca la evolución de las reservas externas. Medidas que el gobierno considera apropiadas pueden no serlo desde el punto de vista del staff, demorando acuerdos con el FMI. A su vez, la trayectoria de la tasa de inflación hace entendible la posición oficial de evitar medidas que puedan tener impacto significativo sobre el IPC. Los datos preliminares de junio muestran que la inflación núcleo podría ser incluso inferior al 3,7 % de mayo, aun cuando la variación del IPC sea mayor por la incidencia de 1,5 puntos porcentuales de los precios regulados. Y la desaceleración de las últimas semanas (para los últimos 30 días la variación de los precios libres sería de sólo 2,3 %, según Pricestats) deja un muy acotado arrastre estadístico para julio, haciendo factible un nuevo peldaño descendente. Este es un logro que, legítimamente, el gobierno aspira a mantener y profundizar. La pregunta es si, bajo las condiciones detalladas más arriba, las expectativas de inflación/devaluación habrán de converger a un dígito bajo para fin de año, y si este esquema es compatible con un ritmo sostenido de recuperación del nivel de actividad económica y de la necesaria acumulación de reservas por parte del Banco Central. En buena medida, se necesita que la demanda de dinero, luego de la “pausa” de las últimas semanas, recupere la tendencia ascendente (partiendo de un piso muy bajo, por cierto). Se trata de un trípode de variables, todas igualmente relevantes para testear la marcha de la coyuntura; inflación, brecha cambiaria y riesgo país.

En el reciente reporte divulgado por el FMI se deja asentado que el “staff apoya una eventual transición a un nuevo régimen con un ancla nominal firme donde los precios y la estabilidad financiera sigan siendo los principales objetivos del Banco Central y donde los individuos sean libres de ahorrar y realizar transacciones en las monedas de su elección. Sin embargo, se debe seguir trabajando para definir mejor el papel del Banco Central en la gestión de la liquidez y salvaguardar la estabilidad del sector financiero”. En cambio, desde el gobierno, se había insistido con una especie de “dolarización endógena” que implicaría la prohibición al Banco Central de emitir pesos, incluso para la compra de dólares que refuercen las reservas. Ese esquema es diferente al de Perú o Uruguay, países en los que el bimonetarismo no ha sido obstáculo para una profundización de mercado de capitales y sistema financiero, con operaciones tanto en divisas como en la moneda local. En las últimas horas, las autoridades han sugerido que el Central no tendría problemas en emitir pesos para comprar dólares en caso que el mercado los ofertara. Sin embargo, esta podría ser una política de corto plazo, como contrapartida de una recuperación de la demanda de dinero en algún momento del segundo semestre. Ahora bien, en un escenario de mediano y largo plazo, si hubiera entrada de capitales y necesidad de manejar la liquidez, ¿el Central comprará los dólares por “cuenta y orden del Tesoro”, emitiéndose Letras ¿Cuál será el régimen monetario-cambiario definitivo? en espejo a esas operaciones?; ¿subirán los encajes no remunerados en lugar de abultar el stock de Letras?; ¿volverán a utilizarse instrumentos como las Leliqs, en cabeza del BCRA? Son preguntas que no se abordaron en la conferencia de prensa del viernes pasado, siendo que el tipo de respuesta que se obtenga ayudará a confeccionar el “identikit” del régimen monetario-cambiario al que se apunte como definitivo. Después de todo, sin contabilizar los puts, al eliminarse del balance del Central las Leliqs y los pases, queda como pasivo la base monetaria, que suma 18,2 mil millones de pesos. Al tipo de cambio del CCL, ese pasivo puede ser rescatado con 13,4 mil millones de dólares. ¿Seguirá ese trueque como objetivo en el seno del gobierno? Mientras tanto, el saldo negativo de junio en la compra venta de dólares por parte del Banco Central, junto con la ampliación de la brecha cambiaria hasta el 48 %, han puesto sobre el tapete el mecanismo del “blend”, por el cual se destina el 20 % de las exportaciones a alimentar el mercado libre de cambios, restando oferta de divisas en el mercado oficial. Los guarismos son muy significativos, ya que, con exportaciones estimadas en 38,2 mil millones de dólares para el primer semestre, casi 7,6 mil millones se canalizaron por el mercado libre. Esta cifra equivale a tres cuartas partes del superávit comercial del período, estimado en 10,5 mil millones, lo que explica el tenor de la pulseada entre el gobierno y el staff del FMI, a propósito de la continuidad o no del régimen del “blend” para exportadores. 

Una forma de “salir por arriba” de este laberinto es la sugerida por Domingo Cavallo, que propone levantar el cepo vigente en el segmento financiero del mercado de cambios, y disponer al mismo tiempo que el 100 % de las exportaciones de bienes se canalicen por el mercado oficial, un segmento que se mantendría con restricciones hasta que existan condiciones para la unificación cambiaria. Ese paso se complementaría con un ajuste del tipo de cambio para comercio exterior, que lleve la paridad a un nivel semejante al del “blend”, en torno a los 1.000 pesos por dólar, reduciendo al mismo tiempo la alícuota del Impuesto PAIS en 10 puntos. De ese modo, los tipos de cambio efectivos de exportación e importación de bienes no sufrirían mayor alteración, contemplando la importancia que le asigna el gobierno al impacto sobre los precios en el mercado interno, pero al mismo tiempo se superaría una barrera (la vigencia del “blend”) que hoy parece obstaculizar las negociaciones con el FMI. El mercado cambiario “sin cepos” del segmento financiero permitiría la libre movilidad de capitales entre Argentina y el resto del mundo, lo que permitiría hacer más profundo el mercado de capitales y el sistema financiero local. A su vez, dejaría de ser “materia opinable” la paridad entre el peso y el dólar y el nivel de la tasa de interés, dado que ambas variables serían “de mercado”. 

La resolución de este dilema no es neutra en su impacto sobre la trayectoria del nivel de actividad. El PIB en el segundo trimestre podría caer 0,3 % respecto del primero, luego de la contracción del 2,6 % del primero respecto del cuarto de 2023. 

Sin recuperación hasta fin de año, la merma del nivel de actividad de 2024 sería de 4,1 %, incluso 0,6 puntos por debajo de la proyección del FMI (-3,5 %). Para comenzar a salir de este valle tan profundo y lograr impacto positivo sobre el empleo, de aquí a fin de año el PIB debería crecer a un ritmo trimestral acumulativo del 0,8 %.. Sin embargo, dada la necesidad de continuar con el severo ajuste fiscal, se requiere el ingrediente de la entrada de capitales para que la demanda agregada comience a traccionar. Mantener el foco en el control de la inflación, pero al mismo tiempo comenzar a recomponer variables en términos de reservas y de nivel de actividad, tiene como condición necesaria la continuidad del rigor fiscal, pero instrumentos que funcionaron en el primer semestre pueden no dar los mismos resultados en el segundo.

De acuerdo al “Staff Report” divulgado por el FMI en la tercera semana de junio, como síntesis de la Octava Revisión del Programa vigente, la Argentina estará pasando de un déficit primario del sector
público nacional no financiero (SPNNF) de 2,7 % del PIB en 2023 a un superávit de 1,7 % del PIB en 2024,
un ajuste de 4,4 puntos, explicado fundamentalmente por la contracción del gasto, desde 19,6 % a 15,1 % del PIB.

El sector público estaría corrigiendo plenamente el desahorro de 2023, de un 5,9 % del PIB, hasta un nivel neutro en 2024. Con la tasa de inversión total cayendo de 18,6 % a 16,7 % del PIB, con una caída de 2 puntos de la inversión privada, la corrección experimentada en el sector externo es de 3,9 puntos del PIB entre un año y el otro, al pasar de un déficit de cuenta corriente de 3,3 % del PIB en 2023 a un superávit estimado 0,6 % del PIB, fenómeno que, en ausencia de entrada de capitales significativa, explica la recomposición de reservas lograda por el Banco Central en el primer semestre. Una variable que conecta la dinámica fiscal con la del sector externo es la evolución del Gasto Público medido en dólares al cambio oficial, termómetro frecuentemente utilizado en los informes de IERAL. En buena medida, los abultados déficits gemelos contabilizados en 2023 podían ser explicados por el hecho que el gasto público en dólares se había incrementado (en moneda constante) un 27 % respecto de 2019, un año que puede ser utilizado como base para la comparación debido a que tanto el resultado fiscal primario como el resultado en cuenta corriente eran bajos (-0,4% y -0,8% del PIB, respectivamente). Pues bien, de acuerdo a los guarismos fiscales incluidos en el Staff Report, y considerando el tipo de cambio oficial promedio anual (regla del 2 % hasta fin de año), el ajuste del gasto en moneda dura sería del 22,5 % este año respecto de 2023, para ubicarse en 101,5 mil millones de dólares. Esa cifra es similar a la de 2019, teniendo en cuenta la inflación estadounidense del período. La conexión entre el flanco fiscal y el externo derivada de la evolución del gasto público medido al tipo de cambio oficial se relaciona con el hecho de que cuando el peso del Estado sobre la economía queda “fuera de escala” se afecta la competitividad del sector exportador, lo que empuja a la devaluación, deteriorando el poder adquisitivo de la población y el empleo de los sectores “mercado-internistas”, que son a su vez los que más fuentes de trabajo generan. Encontrar el equilibrio entre el gasto público y el tipo de cambio es clave para la sustentabilidad de cualquier escenario. Obviamente, con los datos apuntados más arriba, referidos a 2024, tampoco hay garantías hacia adelante. Se requiere sustentabilidad de estas variables de cara al futuro. A ello se suma que la pauta de gasto público del sector público nacional abarca sólo la mitad de las erogaciones consolidadas (las provincias y municipios representan el otro 50 %)

El Régimen de Promoción de Grandes Inversiones (RIGI) es cuestionable desde diversos flancos, pero también debe subrayarse que, por los instrumentos de promoción elegidos, tiene características muy positivas cuando se lo compara con otros regímenes aplicados en el país, caso de Tierra del Fuego y San Luís, que fueron diseñados bajo una lógica mercado-internista y sin ningún compromiso con la competitividad y la productividad. Los mecanismos de promoción asociados al RIGI tienen que ver con el sesgo exportador de los proyectos (para los que se prevé una gradual “libre disponibilidad de divisas”) y el alivio fiscal involucra al impuesto a las ganancias y las retenciones, no al IVA y/o impuestos internos, como es el caso de los anteriores. Vale decir, los incentivos a la inversión contemplados en el RIGI son consistentes con el objetivo de una mayor integración de las actividades locales en las cadenas globales de valor, más allá del clima favorable a los negocios que podría significar la estabilización de la macro. Y esto no es menor tras una estanflación de 12 años asociada a un ritmo vegetativo de la inversión en máquinas y equipos. RIGI: ¿Nuevas reglas de juego para todas las inversiones? Por ende, debería pasar a ser agenda de la política pública la convergencia gradual, para todas las nuevas inversiones, de las reglas de juego establecidas bajo el RIGI. Este debería ser el norte, involucrando tanto a Nación como a provincias. De ese modo, podrían comenzar a superarse las limitaciones del RIGI. Especialmente que los beneficios aplican sólo a determinados sectores (foresto industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas) y con un umbral de los proyectos (200 millones de dólares) que excluye a las pymes. El riesgo de perpetuar una economía dual existe, ya que los sectores y proyectos que no puedan acceder al RIGI seguirán expuestos a un contexto de reglas de juego cambiantes, muy elevada presión tributaria y regulaciones muchas veces absurdas. Y ya se sabe que la informalidad como respuesta a esas distorsiones puede ser una salida individual, pero desaconsejable en términos macro. Uno de los puntos que se criticaba de la versión original del RIGI era la ausencia de algún tipo de exigencia de desarrollo de proveedores locales o de incorporación de insumos y/o equipamientos de origen nacional.

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¿Cerca o lejos de una bifurcación de caminos?

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Con la inflación de mayo en torno al 5,0 % que habrá de publicar el INDEC en pocos días, los datos de meses subsiguientes estarán muy lejos de la rutina, dada la importancia de esta variable para la marcha del plan económico.

La “inflación en dólares”, junto con la caída del precio internacional de la soja, de 25 % desde julio 2023, han quitado poder adquisitivo interno a los productores agropecuarios, y la ralentización de la liquidación de la cosecha 2023/24 se hace sentir, con una merma apreciable de las compras netas de divisas por parte del Banco Central.

Como telón de fondo, el “ancla fiscal” es desafiada por una oposición multicolor en el Congreso, que busca los 2/3 de los votos para blindar el proyecto de actualización de jubilaciones que agregaría 0,4 puntos del PIB al gasto público. Una pulseada que puede contaminar las negociaciones en curso por la ley bases y la reforma tributaria. Las urgencias de la economía tendrían otro color si el gobierno tuviera chances cercanas de eliminar los cepos al cambio y al comercio exterior, pero ese paso requiere un contexto de mayor acumulación de reservas, de menor riesgo país y de inflación perforando nuevos pisos. 

Son condiciones de las que todavía se carece. En un escenario de incontrovertida tendencia descendente de la inflación y, sin las complicaciones del frente externo y fiscal de las últimas semanas, el gobierno podría aspirar a una ampliación del “crédito” de la población y de los mercados, a la espera de resultados más tangibles. Con ese activo podría demorar la salida del cepo, terminando de configurar el régimen monetario-cambiario en el que se habrá de desembocar. 

Sin embargo, la suba de la brecha cambiaria y, sobre todo, un riesgo país que ha vuelto a superar los 1500 puntos, están abriendo signos de interrogación sobre la factibilidad de este escenario. Los riesgos han ampliado su volumen.

Si junio y julio amenazaran con una tasa de inflación superior a la de mayo, entonces la actual tasa de interés del 3,3 % y el deslizamiento del tipo de cambio al 2 % pasarían a ser monitoreados con lupa por el mercado.

Los datos de inflación de mayo de CABA son ambivalentes en ese sentido. Porque el IPC registró una variación de 4,4 % mensual, pero con precios regulados “pisados”. A su vez, confirmaron que los servicios intensivos en mano de obra están lejos de converger a la pauta cambiaria. En mayo aumentaron 7,8 %, luego del 10,1 % de abril. Se incluyen en esta medición de IERAL ítems como corte de pelo, plomería, ciertos servicios médicos y domésticos.

Para el IPC INDEC, que podría ubicarse debajo del 5% en mayo, no debe ignorarse que el aporte a la variación del índice de los precios regulados pasaría a ser de sólo 0,4 puntos porcentuales, cuando esa contribución fue cercana a 3,0 puntos en abril. Y en junio este rubro habrá de recuperar incidencia.

El sesgo contractivo de la política fiscal no está en duda hasta mayo, ya que la recaudación del consolidado de Administración Nacional y Sistema de Seguridad Social aumentó un 4,4 % en términos reales el mes pasado. Pero, de aquí en adelante, puede haber déficit por razones estacionales en junio y un segundo semestre en el que puede pesar el costo fiscal de 0,4 puntos del PIB del cambio de la fórmula jubilaciones que avanza en el Congreso, en caso que el Ejecutivo no pueda vetarlo. De igual modo, resta por confirmar el apoyo legislativo a la restitución de Ganancias para personas físicas.

Aunque el control sobre la emisión monetaria de origen fiscal es estricto, hay expansión vía el multiplicador bancario. En mayo el crédito se incrementó casi un 10 %, el doble de la inflación, un fenómeno asociado al descenso de la tasa de interés.

A su vez, ya se ha abusado de la recesión como instrumento antiinflacionario. Más del 85 % del PIB (excluyendo agro y minería) se contrajo 6,5 % interanual en el primer trimestre y, todo indica que esa caída se profundizó hasta el 7,5 % interanual en el segundo trimestre. 

Ese PIB “resto” incluye a sectores de la economía como la construcción, el comercio, otros servicios y la industria, con impacto significativo sobre el empleo. Por su parte, la “inflación de alimentos” puede estar rebotando por la suba del dólar de exportación, que incluye un 20% de tipo de cambio libre. Por la ampliación de la brecha cambiaria, en 30 días el dólar de exportación se incrementó 5,7 %, versus el 2 % de la pauta oficial. 

Pese a la variación mencionada para el dólar de exportación, las compras netas de divisas por parte del Central pasaron de un promedio de 155 millones de dólares/día en la primera quincena de mayo a menos de 20 millones en el arranque de junio. Esto en la época del año más abundante en materia de agrodólares. Tablita cambiaria, precios internacionales en caída y persistencia de elevadas retenciones se conjugan para hundir el poder adquisitivo de la soja en el mercado interno, un 20 % por debajo del promedio de 25 años. El volumen de la cosecha mejoró sustancialmente, pero está predominando la preferencia por el ahorro (silobolsas) de los chacareros.

Frente a estos desafíos, hay una restricción para la política económica: de los cepos y de la “tablita cambiaria” es muy difícil salir “gradualmente”. Habría que hacerlo con un “cambio de régimen” pero, en ese caso, la limitación viene por condiciones incumplidas: nivel de reservas del BCRA, sustentabilidad fiscal, inflación de un dígito bajo lograda en forma genuina, riesgo país por debajo de los 800 puntos, brecha cambiaria contenida.

Con un riesgo país por encima de 1500 puntos, se complica la refinanciación de los vencimientos de deuda, justo cuando el gobierno ha venido traspasando pasivos desde el BCRA al Tesoro. Una movida que no impidió que la deuda consolidada en manos de privados aumentara 20 mil millones de dólares (al CCL) desde noviembre 2023. 

En un contexto en el que se apeló masivamente a los “puts”, un seguro tomado por las entidades financieras para cubrirse frente a la eventual caída de paridad de los títulos públicos. Se estima que esos contratos involucran una emisión potencial de pesos por parte del BCRA, equivalente a 17,0 mil millones de dólares. No hay forma de despejar el horizonte de la macro bajo estas condiciones. Y los vencimientos de deuda externa, de aquí a fin de 2025, ocurrirán a un ritmo de mil millones de dólares/mes, considerando títulos públicos de nación y provincias, junto con el Bopreal. Sin contar los 5,0 mil millones de dólares pendientes de definición del swap con China. Se necesita oxigenación de expectativas y mayor horizonte. Pero esto no podrá ser logrado por el gobierno con el slogan de la “dolarización endógena”. Este modelo fue introducido por El Salvador a principios de los 2000, llevando la moneda local a un carácter residual. En términos de inflación esperada, este esquema puede llevar a “equilibrios múltiples”, con aceleración de la suba de precios u su opuesto, la deflación. Se abrirían de ese modo interrogantes acerca del cumplimiento de los compromisos de deuda pública.

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Tribulaciones de la coyuntura que se potencian por la falta de certeza sobre el futuro régimen monetario-cambiario (¿Es Perú o El Salvador?)

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¿Cuál será el perfil del régimen cambiario-monetario al que apunte el gobierno?. Para simplificar al extremo, está el caso de Perú de principios de los 90, un bimonetarismo que arrancó con “flotación sucia” y a posteriori abrió camino a una remonetización en soles (la moneda local) de la economía. O el modelo seguido por El Salvador desde principios de los años 2000, con prohibición al Banco Central de emitir, una paridad fija de 8,75 colones por dólar y un rol residual para la moneda local. El impacto sobre el
sector real de la economía sería muy diferente, ya que un esquema a “la peruana” preservaría el uso de los instrumentos de política macro, mientras que el segundo tendría la rigidez típica de la dolarización unilateral, pero careciendo del “prestamista de última instancia” que sí tuvieron, por ejemplo, los países que se incorporaron a la eurozona.

  • Con la mega licitación de fines de la semana pasada, el Tesoro capturó financiamiento por $ 11,7 billones, con un saldo neto positivo de $8,63 billones. El 85% de la operación se concentró en LECAPs con plazos muy cortos, cuando en las licitaciones previas se había tratado de alargar los vencimientos a costo de indexar el Pasivo del sector público. El objetivo es que la tasa de las Lecaps de corto plazo sea sustituto de los Pases como instrumento vinculado al funcionamiento del mercado monetario
  • Tras el canje del 16 de mayo, el stock de pases se redujo un 35 % para ubicarse en los $21,9 billones, con el 22% de esa cifra en cabeza de entidades privadas. Se han acotado las fuentes de emisión monetaria “endógena”, pero esto no implica un control absoluto de estas variables. Queda el potencial de emisión derivado de los puts (que se estima alcanza un stock equivalente a $ 20,5 billones) y de eventuales intervenciones del central en el mercado abierto, en caso que un comportamiento no deseado de los depósitos bancarios haga caer la paridad de los títulos públicos
  • En el presente hay menos “combustible” para corridas cambiarias que antes del cambio de gobierno. Obsérvese que la Base monetaria ha pasado del equivalente a 21,9 mil millones de dólares en noviembre de 2023 a 17,8 mil millones en mayo (tomando tipo de cambio oficial), mientras que los Pasivos Remunerados del BCRA se achicaron de 70,7 a 47,8 mil millones de dólares.
  • Todo indica que la desaceleración del IPC mensual se habrá de continuar en mayo, pero esta vez no por un recorte significativo de la medición núcleo (la más relevante), sino por la suspensión de la actualización de tarifas. Así, la tendencia descendente de la tasa mensual de inflación será menos “meritoria” en mayo. El IPC del corriente mes podría ubicarse en torno a 6 % e incluso podría acercarse al 5,5 %. En abril el guarismo del 8,8% se explicó en 6,3 puntos porcentuales por la núcleo y en 2,5 puntos por la influencia de la variación de los precios regulados, mientras que en mayo la incidencia de ese segundo segmento sería mínima
  • La reacción del mercado de los últimos días no debería sorprender, ya que las correas de transmisión que operan sobre las expectativas se han complejizado: ha aparecido una nueva brecha, la de las tasas de interés, entre el rendimiento de las LECAPs de corto plazo (emitidas por el Tesoro), los pases del BCRA y la remuneración de los plazos fijos y la tasa de cauciones, relevante para el mercado de capitales. Obsérvese que la remuneración de los plazos fijos cubre la mitad de una tasa de inflación mensual “descafeinada” por la suspensión del ajuste de los precios regulados.
  • El valor actual de $ 1.256 por dólar en el mercado libre se encuentra lejos de los niveles de crisis de los últimos años ($ 2.633 a la salida del aislamiento por el COVID en el 2020; $2.335 con la salida de Guzmán en 2022, y los $ 2.716 previo a las elecciones generales del año pasado). Parece más bien un reacomodamiento en función de la sostenida caída de la tasa de interés en pesos, en un contexto en el que subsisten interrogantes acerca de la trayectoria de variables como las Reservas Externas y las cuentas públicas de cara al segundo semestre
  • El riesgo país bajó de 2.230 a 1.394 puntos básicos desde el cambio de gobierno, pero nos encontramos todavía 990 puntos por encima del promedio de Latinoamérica. El gobierno no debería subestimar el mensaje que manda este indicador a la hora de encarar las dificultades que aparecen, tanto en la dinámica macro como en el plano legislativo. El cambio de fecha del llamado ”Pacto de Mayo” es una síntesis apropiada de las tribulaciones de la coyuntura. Las demoras en el Senado para avanzar en el plano fiscal tienen como telón de fondo la caducidad a fin de año del Impuesto País, clave para la performance de las cuentas públicas hasta aquí.

Como se había anticipado en el informe de coyuntura del 14 de marzo, con la megalicitación de la semana pasada el gobierno ha “redoblado el paso” en dirección a intentar introducir la “competencia de monedas”, conforme las declaraciones de diversas autoridades, al cambiar deuda pública a cargo del Banco Central (pasivos remunerados) por deuda en cabeza del Tesoro. Faltan varios pasos adicionales para llegar al objetivo pero, sobre todo, definir el perfil del nuevo régimen cambiario-monetario. Si será como el adoptado por Perú a principios de los 90, que arrancó con “flotación sucia” y a posteriori abrió camino a una remonetización en soles (la moneda local) de la economía, ya analizado en estos informes (ver al respecto “Una hoja de ruta en la que desarmar los cepos no es prioridad”, publicado el 2 de mayo pasado). O si el camino que se habrá de intentar tendrá analogías con el recorrido por El Salvador desde principios de los años 2000, con prohibición al Banco Central de emitir, fijándose una paridad de 8,75 colones por dólar y dejando un rol residual a la moneda local.

El impacto sobre el sector real de la economía sería muy diferente en uno y otro caso, ya que un modelo a “la peruana” preservaría el uso de los instrumentos de política macro, mientras que el segundo tendría la rigidez típica de la dolarización unilateral, pero careciendo del “prestamista de última instancia” que sí tuvieron, por ejemplo, los países que se incorporaron a la eurozona.
Con la mega licitación de fines de la semana pasada, el Tesoro capturó financiamiento por $11,7 billones, con un saldo neto positivo de $8,63 billones. El 85% de la licitación se concentró en LECAPs con plazos muy cortos (entre junio y agosto), monto que no sorprende si se considera que el tándem BCRA-Tesoro había puesto las “balizas” para que el flujo de la liquidez fuera desde pases a títulos públicos: ese mismo día hubo un recorte de la tasa de pases hasta el 40% TNA (3,3 % TEM), mientras se garantizaba una tasa mensual del 4,1% para tres de las cuatro letras. Un 10% de los fondos se dirigió a bonos CER, mientras que el restante 5% licitó títulos dólar link.
En las licitaciones previas se había tratado de alargar los vencimientos a costo de indexar y emitir cupón cero a fin de aliviar el pago de intereses. Sin embargo, en la última, el Tesoro salió a la cancha con letras con tasas mínimas, sin indexar y a corto plazo. Esto puso en evidencia la intención a pasar a usar la tasa de las LECAPs más cortas como señal para el mercado monetario. Así, a medida que fueron transcurriendo los meses, el equipo económico fue acrecentando la participación de los instrumentos en pesos a tasa fija en las licitaciones, al pasar de un 0 % en enero y febrero al actual 85 % en mayo. Las nuevas tasas de corto plazo, levemente superiores al 4,0 mensual, negativas en términos reales, sólo se explican por la persistencia del cepo.

Si bien el Gobierno inicialmente anunció que destinaría $ 1 billón del excedente obtenido en la licitación de la semana pasada a la compra de bonos en cartera del BCRA, este lunes se informó, vía Boletín Oficial, que se efectuó la compra de títulos AL35 en cartera del BCRA por USD 1.329 millones de VNO, lo que equivale a un valor total en pesos de casi $ 0,7 billones. Este accionar lleva implícito como objetivo el reducir el ratio deuda/PIB y la carga del pago de intereses, de modo de ir aliviando el perfil de vencimiento de la deuda. Asimismo, los restantes $ 7,93 billones deberían estar depositados en la Cuenta del Tesoro en el BCRA, de modo de generar un colchón de liquidez adicional a los $4 billones ya existentes.
Dado que esta fracción de la mega licitación fue esterilizada, habrá que observar lo que ocurra con los depósitos bancarios y la paridad de los títulos públicos, para ver si entra o no en acción el anunciado régimen de operaciones de mercado abierto del tándem Tesoro-Banco Central.
Aun cuando el volumen de la megalicitación fue significativo, eso no quiere decir que estemos cerca del cambio de régimen monetaria-cambiario anunciado como Norte por el gobierno. El nivel de reservas del Banco Central es ínfimo, y la tarea de corregir la distorsión de precios relativos apenas si ha empezado. Más importante que eso, resta saber si el “modelo” es Perú o El Salvador, planteado a modo de ejemplo, simplificando al extremo.

Los precios relativos
El set de precios relativos se había alineado tras varias rondas de actualización de las tarifas de los servicios públicos, los subsidios a la energía y al transporte habían logrado comprimirse en forma significativa, no existía CEPO cambiario y los controles de precios eran marginales. Los ítems que se encuentran en el cuadrante superior a la derecha son los que subieron por encima de la inflación acumulada del período, mientras que el cuadrante inferior a la izquierda refleja los ítems rezagados respecto del promedio.

Desde diciembre se observa un principio de convergencia hacia la referencia del primer semestre de 2019, pero falta mucho camino por recorrer. Al mes de abril, la mayoría de las divisiones que continúan atrasadas corresponden a servicios, caso de electricidad y gas, educación, internet y telefonía, transporte público y prepagas. En contraposición, los bienes son aquellos que han crecido por encima de la inflación general acumulada y aún se mantienen adelantados, como es frutas, verduras, vestimenta, carnes y vehículos.

Si bien todo indica que la desaceleración del IPC mensual se habrá de continuar en mayo, respecto al 8,8 % de abril, esta vez no ocurriría por un recorte significativo de la medición núcleo (la más relevante), sino fundamentalmente por la suspensión de la actualización de tarifas. Así, la tendencia descendente de la tasa mensual de inflación será menos “meritoria” en mayo. El IPC del corriente mes podría ubicarse en torno a 6 % e incluso podría acercarse al 5,5 %, pero debe recordarse que en abril el guarismo del 8,8 % se explicó en 6,3 puntos porcentuales por la núcleo y en 2,5 puntos por la influencia de la variación de los precios regulados, mientras que en mayo la incidencia de ese segundo segmento sería mínima.
El freno a los ajustes de precios regulados dispuesta por el gobierno fue generalizado, involucrando luz, gas, boleto de colectivo (también la justicia suspendió el aumento del subte en CABA) y el diferimiento del aumento del impuesto a los combustibles, que hubiera implicado una suba del 7% de nafta y gasoil, sin olvidar que se revisaron las cuotas de las prepagas. De haberse mantenido el cronograma de actualización de precios regulados, la inflación de mayo sería inferior a la de abril, pero el “peldaño” de descenso sería bastante más acotado.
En relación a los bienes y servicios cuyos precios están sujetos a regulación, (caso de combustibles para la vivienda, electricidad, agua y servicios sanitarios, transporte público de pasajeros, etc.) se aprecian avances en la corrección de los desequilibrios heredados, pero claramente insuficientes. El ratio que relaciona precios regulados con el nivel general de precios (utilizando el IPC INDEC) refleja que, para una base 100 en diciembre de 2016, en abril este índice se recompuso algo más de 20 puntos porcentuales desde diciembre pasado.

Sin embargo, este índice se ubica todavía 27 puntos por debajo de la referencia de junio de 2019. Para cuantificar los ajustes pendientes puede recurrirse a la trayectoria de este ratio entre diciembre de 2016 y junio de 2019: en aquella etapa, de cada 10 puntos de variación del IPC, los precios regulados explicaron 2,73 puntos porcentuales.

Se mantiene el superávit fiscal en abril
El Sector Público Nacional No Financiero registró en abril el cuarto mes consecutivo de superávit fiscal, situación que no se evidenciaba desde 2008. Nuevamente se observó una caída de los ingresos del -6,5 % real i.a y un baja del Gasto Primario del orden del -23,7% i.a. real, lo cual volvió a explicar la mejora en las cuentas fiscales. No obstante, como se puede apreciar en el gráfico, la caída del gasto en términos reales viene moderándose desde comienzos de año y ello lleva a que el resultado financiero se haya reducido en comparación al primer trimestre.

El primer cuatrimestre se caracterizó por una caída acumulada del 5,0 % real i.a de los ingresos, mitigada por la ampliación del Impuesto PAIS, y una contracción real del 32,2% i.a del gasto primario. Justamente la recaudación del impuesto PAIS fue uno de los sustentos del programa fiscal en el primer cuatrimestre, al explicar más de 100% del superávit primario en los meses de marzo y de abril y alcanzar el equivalente al 54% del superávit primario acumulado en lo que va de 2024.
Las dificultades a las que se enfrentan los proyectos enviados al Congreso por el Ejecutivo, particularmente en el plano fiscal, tienen como telón de fondo el hecho que el Impuesto País caduca a fin de año, siendo clave en la performance de las cuentas públicas hasta aquí.

En relación al PIB, el acumulado de los primeros 4 meses del año muestran un superávit financiero equivalente al 0,2% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,7% del PIB).

La dinámica monetaria, una síntesis de todas las variables
En el plano monetario, desde que se inició la actual gestión, lo realmente contractivo ha sido la emisión de origen fiscal. Otros vectores de emisión se han mantenido activos, por lo que ha sido necesario seguir apelando a la colocación de pases para retirar liquidez. Desde el 10 de diciembre, los Pasivos Remunerados del BCRA han aumentado en 11,71 billones, pese a que también se han “aspirado” pesos por medio del BOPREAL ($8,3 billones), y las operaciones con el Sector Público ($ 6,6 billones).

La pregunta es, ¿qué puede esperarse del comportamiento de estas variables después de la megalicitación de la semana pasada? El objetivo inicial estaba puesto en la “eliminación” de los pasivos remunerados del Central. Antes eran las Leliqs, luego los PASES, pero ambos instrumentos generan emisión endógena de pesos. Con el “mega canje” del 16 de mayo, el stock de pases se redujo un 35 % para ubicarse en los $ 21,9 billones, con el 22% de esa cifra en cabeza de entidades privadas.

Tras el megacanje, se han acotado dos fuentes de emisión monetaria, pero esto no implica un control absoluto de estas variables. Queda el potencial de emisión derivado de los puts (que se estima alcanza un stock equivalente a $ 20,5 billones, de los cuales casi $ 18,0 billones se pueden ejercer en cualquier momento) y de intervenciones del central en el mercado abierto, en caso que un comportamiento no deseado de los depósitos bancarios haga caer la paridad de los títulos públicos que bancan parte de esos depósitos.

Es cierto, de todos modos, que en el presente hay menos “combustible” para corridas cambiarias que antes del cambio de gobierno. Obsérvese que la Base monetaria ha pasado del equivalente a 21,9 mil millones de dólares en noviembre de 2023 a 17,8 mil millones en mayo (tomando tipo de cambio oficial), mientras que los Pasivos Remunerados del BCRA se achicaron de 70,7 a 47,8 mil millones de dólares.

Evolución de la Deuda Pública
Sin embargo, hay una contrapartida de las medidas destinadas a “sanear” el balance del BCRA. Desde diciembre, la deuda del Tesoro medida al tipo de cambio oficial aumenta a buen ritmo. Desde 368,3 mil millones de dólares a 411,6 mil millones en abril siendo que, actualmente, el 93,5 % de los pasivos del sector público están constituido por títulos en dólares y ajustables por inflación, es decir, no son”licuables”.

La estrategia del tándem BCRA-Tesoro de redireccionar la liquidez hacía títulos públicos, puede reforzar la “dominancia fiscal” de la política macro, ya que la dinámica de las variables nominales habrá de ser extremadamente dependiente del éxito del “rollover” de la deuda pública a cada vencimiento. De allí la insistencia de las autoridades respecto a que el objetivo de levantar el “cepo” sigue fuera de la agenda.

La tarea de recuperar reservas
En lo que va de mayo, la autoridad monetaria acumula un saldo positivo por USD 2,2 miles de millones y USD 17,0 miles de millones desde el cambio de mandato. Consecuentemente, las reservas brutas se incrementaron en USD 8,1 miles de millones para alcanzar USD 29.082 millones, mientras que se redujo el rojo de las reservas netas de USD -11,3 a USD -1,67 miles de millones (incluyendo los pagos correspondientes al BOPREAL previstos para los próximos 12 meses), lo que se traduce en una mejora de poco menos de USD 9,7 miles de millones.

Dólares alternativos: ¿Despertando del letargo?
Las últimas ruedas anuncian que el dólar libre (CCL) despierta de su letargo: acumula una suba de 17,0 % en 7 ruedas, por lo que la brecha cambiaria pasó del 23,2 % a casi el 42,0% en la jornada de este miércoles. Para dilucidar si se trata o no de una corrida, conviene evaluar el CCL en términos reales (ajustado por la inflación promedio de los principales socios comerciales y la inflación de Argentina) a fin de poder efectuar comparaciones a través del tiempo.
El valor actual de $ 1.256 por dólar se encuentra lejos de los niveles de crisis de los últimos años ($ 2.633 a la salida del aislamiento por el COVID en el 2020; $2.335 con la salida de Guzmán en 2022, y los $ 2.716 previo a las elecciones generales del año pasado). Parece más bien un reacomodamiento en función de la sostenida caída de la tasa de interés en pesos, en un contexto en el que subsisten interrogantes acerca de la trayectoria de variables como las Reservas Externas y las cuentas públicas de cara al segundo semestre.
Desde hace unos días, el volumen operado en el mercado de cambios cayó y, por ende, el flujo comercial que se destina al CCL también se moderó (pasó de aproximadamente USD 80 millones diarios antes que comenzara a escalar el CCL a poco casi USD 57 millones/día en la actualidad). Sin embargo, esto podría “normalizarse” en función de un valor más atractivo para el dólar “blend”, de exportación. De todos modos, como se subrayó en el informe de la semana pasada, hay que tener en cuenta que la diferencia de la tasa de interés con el ritmo de devaluación del 2,0 % mensual se ha achicado a 1,3 puntos porcentuales, mientras que dos meses atrás esta brecha era de 4,7 puntos.

La reacción del mercado de los últimos días no debería sorprender, ya que las correas de transmisión que operan sobre las expectativas se han complejizado: ha aparecido una nueva brecha, la de las tasas de interés, entre el rendimiento de las LECAPs de corto plazo (emitidas por el Tesoro), los pases del BCRA y la remuneración de los plazos fijos y la tasa de cauciones, relevante para el mercado de capitales.
Obsérvese que la remuneración de los plazos fijos cubre la mitad de una tasa de inflación mensual “descafeinada” por la suspensión del ajuste de los precios regulados.

¿Qué sucede con el valor de los bonos y el Riesgo País?
Desde noviembre pasado, los bonos argentinos, medidos por los globales, han experimentado una suba promedio de 60,0 %, pasando de USD 29,9 a los actuales USD 47,9, aun computando la baja considerable que se observó los últimos días.

La contracara es la caída del riesgo país medido por JPMorgan, que pasó de 2.230 a 1.394 puntos básicos. De esta manera, Argentina ha vuelto a exhibir un riesgo país en niveles similares a los que tenía tras reestructurar su deuda.

Sin embargo, aún con esta baja Argentina es el tercer país con mayor spread en Latinoamérica, solo superado por Venezuela y Bolivia. Nuestro país se encuentra casi 990 puntos por encima del riesgo país promedio de Latinoamérica, y nuestro vecino más cercano es Ecuador, que a inicios de semana se ubicaba en los 1.254 puntos (140 puntos por debajo). El gobierno no debería subestimar el mensaje que manda este indicador a la hora de encarar las dificultades que aparecen, tanto en la dinámica macro como en el plano legislativo. El cambio de fecha del llamado ”Pacto de Mayo” es una síntesis apropiada de las tribulaciones de la coyuntura.

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Adiós Leliqs; ¿bienvenido el crédito?

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Uno de los objetivos explícitos de la nueva gestión es que los activos del sistema financiero, hoy aplicados en elevada proporción a instrumentos del Tesoro y del BCRA (antes las “Leliqs”), sean derivados a incrementar la oferta de crédito al sector privado.

¿En qué contexto se plantea este giro? Cuando se observa la evolución del crédito en términos del PIB, se tiene para los últimos datos un mínimo histórico de 4,3 % del PIB y, en lo que respecta a los depósitos en pesos, los últimos datos los muestran en 9,9 % del PIB, partiendo de un pico de 16,4 % del PIB registrado durante la pandemia.
La convergencia de esos indicadores reconstruye la historia reciente de la economía del país, en la que el crédito al sector privado pasó a ser la “variable de ajuste” del desborde del gasto público. Se sabe que los “cepos”, entre otros objetivos, permiten al estado financiarse cazando pesos en el “zoológico”, dadas las trabas existentes para disponer libremente de esos fondos. Pero hubo una diferencia cualitativa entre el “cepo original”, aplicado desde fin de 2011 hasta fin de 2015, versus la segunda versión, corregida y aumentada, que se reinstaló a fin de 2019.
El cepo aplicado entre 2011 y 2015 hizo que se frenara el aumento del ratio créditos/depósitos, que se había expandido en forma sostenida entre 2004 y 2011, pasando de 37,2 % a 93,1 %. En cambio, el efecto del cepo reinstalado a fin de 2019 fue mucho más explícito en cuanto a mostrar al crédito al sector privado como la variable de ajuste de la voracidad del sector público. Así, el ratio crédito/depósitos, que
había alcanzado un pico del 100,3 % en junio de 2018 descendió en un tobogán, hasta el 44,0 % estimado para abril de 2024. Vale decir, de cada 100 pesos de depósitos bancarios, en el presente sólo 44 pesos se aplican como crédito al sector privado.

Aun cuando la masa de depósitos es limitada, hay mucho terreno por recuperar en crédito al sector privado. Obviamente, se requiere que el sector público pase a ser superavitario de modo sistemático, de modo de acotar esa “aspiradora de fondos”.

Pero, cumplir con esa “condición necesaria”, de ningún modo sería suficiente. Hay que tener en cuenta la barrera a la demanda de crédito que significa la altísima y distorsiva presión tributaria aplicada por provincias y municipios.

El impuesto a los Ingresos Brutos sobre el costo financiero de los préstamos va desde 7% en Mendoza y Santa Fe, hasta 9% en Buenos Aires y Córdoba, siendo de 8% en CABA, de acuerdo a un reciente relevamiento de IERAL, que aporta datos también sobre municipios, dónde las tasas alcanzan 7,75% en la ciudad de Córdoba, 7,5% en La Plata y 4,5% en Rosario. Son cargas que se superponen, encareciendo en cerca del 15% el costo del crédito bancario.

Otros factores que penalizan y/o traban la posibilidad de lograr un círculo virtuoso de crédito y crecimiento tienen que ver con regulaciones del Banco Central, ya que subsisten topes arbitrarios para el financiamiento del comercio exterior y de la actividad agroindustrial. Otras normas impiden el uso eficiente de los excesos de capital de las entidades (por encima del mínimo), caso de las cláusulas de “Actividades Complementarias”. En otro plano, deben anotarse también los pasillos kafkianos de la
justicia a la hora de ejecutar las garantías.
Pensando en el crédito de mediano y largo plazo, mientras subsistan los cepos no habrá de ser sencillo establecer cuál es el verdadero set de precios relativos en un escenario sustentable de la economía, y esto incluye variables como el tipo de cambio y la tasa de interés. Esto complica la evaluación de los proyectos.
En forma análoga aparece el problema del descalce de monedas. Si la transición actual converge a un régimen de “competencia de monedas”, seguramente cambie el mix de depósitos bancarios. Actualmente, los depósitos en moneda extranjera representan el 25,3 % del total (los depósitos en pesos se valúan al tipo de cambio oficial), pero esa proporción podría aumentar. La eventual dolarización no debería darse en el grado extremo de Perú en los años 90, pero, ¿cómo anticipar el nuevo mix?. Hasta que las políticas se definan, habrá de predominar el corto plazo.
Así, la recuperación del crédito al sector privado es una tarea ardua, que tiene como “condición necesaria”, pero no suficiente, lograr que el estado deje de ser la aspiradora de fondos de los últimos años.

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