• La masa de ingresos fijos de las familias registraría en noviembre un nivel 1,5% inferior al del segundo semestre de 2020. El monto de ingresos fijos de las familias del primer semestre de este año se ubicó 7% por debajo del de igual período de 2009 y es también inferior en 18% al de 2013, años en los que el oficialismo nacional perdiera en elecciones legislativas. Para este indicador se computan el número de personas involucradas y los montos de sus respectivos ingresos, considerando salarios, jubilaciones y planes sociales
• Para agosto de 2021, el Índice de confianza en el consumidor (ICC) está 7,6% debajo del máximo registrado en el gobierno de Alberto Fernández, en enero de 2020. En comparación contra otros años de elecciones legislativas, el ICC está 11 puntos por debajo de 2013 y 1 punto por debajo de 2009. Respecto al índice de confianza en el gobierno (ICG), se encuentra apenas por debajo de 2013 (0,1 pp menos) y algo por arriba de 2009 (0,5 pp.)
• En lo referente a la obra pública, en 2021 el gasto en inversión real directa a precios constantes muestra una recuperación versus 2020, pero se encuentra 26% por debajo de las legislativas de 2017, y es inferior en un 24% y un 17 % respecto de los guarismos de 2013 y de 2009
• La actividad económica desestacionalizada, para junio de 2021, se ubica un 24% por encima del mínimo de 2020 (abril). Sin embargo, es inferior en un 8% al promedio 2011-2019. En comparación con otras elecciones, la actividad económica está 9,1% por debajo de 2017 y también de 2013, pero 11% por encima de 2009
• Se construye un índice ad-hoc, procurando medir la evolución de seis variables relevantes de empleo y actividad, como promedio simple, y se fija la base 100 en 2005. Se tiene que en dos años en los que el índice cayó, el oficialismo perdió la elección (2015 y 2019). En otras dos ocasiones, en que el índice subió en el acumulado de dos años, pero de forma moderada, en 2013 el oficialismo perdió y en 2017 ganó. A su vez, en las 3 ocasiones en que el índice económico aumentó más de 10 % en los dos años previos a la elección, en dos ganó el oficialismo (2007 y 2011) y en otra perdió (2009). Por supuesto, existen variables no económicas que inciden en la decisión de voto, como podría ser el caso en 2021 de los efectos de la pandemia por COVID-19, las políticas públicas desplegadas y la percepción de la situación que tengan los votantes.
• Si el resultado electoral de 2021 resultara poco satisfactorio para el actual gobierno nacional, y se decidiera por una política fiscal aún más expansiva, claramente las consecuencias serán una inflación más alta (mayor emisión) o una deuda remunerada cada vez mayor del BCRA, que a mediano o largo plazo también terminaría en mayor inflación
• En cambio, si el resultado electoral en 2021 deja entrever una probabilidad alta o media de permanencia en el poder en 2023, en el oficialismo podría existir una reacción hacia la moderación en la política económica, buscando cerrar rápido un acuerdo con el FMI, lo que implicaría una política fiscal y monetaria más parecida a la del primer semestre de 2021 que al segundo, y se buscaría corregir algunas variables desalineadas, aunque sea parcialmente, pensando en tomar aire y ganar tiempo para una nueva política expansiva apuntando a los comicios de 2023
La economía de un país no transcurre en forma aislada de la situación política, sino que existe una fluída interacción entre economía y política. Para comprender dicha relación, hay que prestar atención especialmente a dos presunciones:
• Los votantes son personas interesadas en su propio bienestar, pero tienen “memoria corta” a la hora de votar, pues le influyen más los hechos ocurridos cerca de las elecciones, que los lejanos a ellas.
• Los políticos no son personas interesadas sólo en el bienestar general, sino que al igual que los votantes, también privilegian sus intereses personales y partidarios. Por ejemplo, pueden tomar decisiones que resultan favorables en el corto plazo, antes de la próxima elección, pero no necesariamente en el largo plazo, especialmente si el “largo plazo” resulta después de la próxima elección, y especialmente si se trata de una situación cuyos efectos se percibirán cuando el que toma la decisión ya no estará en gobierno.
Como es conocido, la situación de la economía puede influir sobre los resultados de las elecciones. Dado lo anterior, suelen existir estrategias económicas de las administraciones de gobierno para llegar mejor posicionados a los comicios, aunque se trate de estrategias que no resulten necesariamente sostenibles en el tiempo, y requieran posteriores ajustes (por el actual gobierno o el próximo).
Pero, además, los resultados de las elecciones pueden afectar la marcha de la economía, ya sea por reacciones en los mercados (cambiario, acciones, bonos, etc.) o por cambios que se decidan en la misma política económica. Las reacciones de los mercados ante los resultados electorales se producen en función de lo que se espera ocurra con la economía y la política económica tras los comicios, salvo que esos efectos ya se hubieran “descontado” previo a la elección, si su resultado era muy previsible.
En cambio, las reacciones de política económica post elecciones pueden ser de dos tipos, según el resultado electoral y el tiempo que falta para los próximos comicios. Aplicado a la realidad argentina, sería lo siguiente:
• Si como consecuencia de las PASO y/o las elecciones de noviembre próximo, en el oficialismo nacional consideran que tienen pocas chances de retener el poder en los siguientes comicios generales, pueden “salir a quemar las naves” en materia económica, con políticas muy expansivas, que apunten a revertir la situación política, o en su defecto, a dejar una mala herencia al próximo gobierno, que se supone sería de la oposición. Esta reacción de política económica podría ocurrir tanto entre las PASO de septiembre y la elección general legislativa de noviembre, como luego de la elección de noviembre;
• Si tras las elecciones de noviembre próximo, en el oficialismo nacional consideran que tienen probabilidad alta o media de retener el poder en la elección de 2023, podrían existir cambios en la política económica que apunten a acomodar (al menos parcialmente y no necesariamente con un shock) algunas variables desequilibradas (ejemplo, tipo de cambio oficial, tarifas), que den aire para desarrollar una nueva política expansiva más cerca de la próxima elección, la que se considera más importante, pues define la nueva administración de gobierno.
¿Cómo puede aportar la economía al resultado electoral en 2021? La situación de la economía puede influir sobre el resultado electoral, especialmente lo ocurrido en el período cercano a la elección, a través de la evolución de algunas variables más ligadas al bienestar de corto plazo de los votantes, como podrían ser las siguientes:
• El poder adquisitivo de la población que vive de ingresos fijos, que son la mayoría de la población; es decir, trabajadores formales e informales, jubilados y beneficiarios de planes sociales; • La disponibilidad de crédito para consumo;
• La confianza del consumidor o percepción de los ciudadanos sobre el gobierno;
• La inversión ejecutada por el sector público, al ser un gasto con efectos muy visibles para los votantes;
• La actividad general de la economía A continuación, se analiza brevemente lo ocurrido desde 2005 con las mencionadas variables, de probable impacto electoral.
La masa de ingresos fijos de las familias (salarios, jubilaciones y planes), sobre la cual influye tanto la evolución de los valores monetarios como de la cantidad de personas involucradas, en el primer semestre del 2021 ha perdido 3,7% de poder adquisitivo respecto al mismo periodo de 2020.
Si existe una leve recuperación en la última mitad del año, el poder adquisitivo a la hora de votar en noviembre se ubicaría un 1,5% menor que en el segundo semestre de 2020).
En comparación al nivel observado en los primeros semestres de los anteriores años eleccionarios, la masa real de ingresos fijos de cara a las elecciones 2021 se ubica un 49% por encima del nivel observado en el año 2005; aunque 7% por debajo del nivel alcanzado en el año 2009 y también 18% por debajo de 2013, en que perdió el oficialismo nacional las elecciones legislativas.
La masa salarial de los trabajadores aumentó con relación a los meses de confinamiento, existiendo en la actualidad 19 millones de personas ocupadas (1,9 millones de trabajadores más que durante el primer semestre de 2020). No obstante, la evolución del salario no corrió la misma suerte y volvió a perder contra la inflación.
De acuerdo al índice de salario publicado por INDEC, a junio de 2021 la variación interanual del nivel general de salarios fue del 43%, mientras la inflación resultó del 50%. La tasa de empleo ha recobrado los niveles pre-pandemia, cercana al 42% de la población, valor semejante al observado en los anteriores años electorales. Sin embargo, la dinámica salarial resulta más errática: en 2009 el nivel general de salario se incrementó en promedio 19%, mientras la inflación arrojó una variación promedio interanual por encima del 14%.
La situación en las elecciones de 2013 ya reflejaba una pérdida del salario real, suba salarial del 25% contra la inflación que trepaba un 27%.
En lo referido a planes sociales, en 2020 se otorgaron diferentes medidas transitorias en el marco de la emergencia sanitaria producto de la pandemia, por ejemplo, los pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que fueron discontinuadas en 2021. A nivel nacional, el monto real destinado a personas en condición de vulnerabilidad resulta en 2021 un 41% superior a 2009, pero 8% inferior al gasto real en planes sociales del año 2013. Cabe señalar, que la realidad actual en términos del porcentaje de la población sumido en situación de pobreza dista de las anteriores elecciones: en 2009 el 28% de la población era pobre, en 2013 el 25%, mientras que, en la última medición disponible, la del segundo semestre de 2020, el 42% de la población argentina se encontraba en esa situación.
Respecto a la masa de ingresos previsionales, se observa una reducción real del 8% interanual en 2021. Producto de una reducción en la cantidad de jubilados y pensionados (40 mil beneficiarios menos que en la primera mitad de 2020) y que sus haberes han menguado en términos reales, luego que en 2020 se optara por una regla discrecional de actualización que licuó la evolución de los haberes más elevados. Si la comparación se efectúa contra 2009, la masa previsional de los adultos mayores es un 35% más favorable.
Si se compara 2021 versus 2013, la situación actual resulta un 1% más favorable que en dicho año.
En cuanto a la inserción laboral de los trabajadores, se observa un deterioro en el acceso a puestos registrados. En relación a otros años de elecciones legislativas, el porcentaje de la población que goza de un empleo registrado en 2021 es inferior (26,1%) al guarismo de las elecciones de 2013 (27%) y 2017 (27,7%).
En particular, se aprecia una reducción del 6% en el empleo asalariado formal en el sector privado, respecto a la situación que exhibía en 2017 y 4% inferior a la cantidad de puestos privados formales de 2013. Sin embargo, en simultáneo se evidencia un incremento en el empleo público combinado con una cantidad ascendente de monotributistas (16,6% y 15,6%, respectivamente, en comparación con 2013).
En igual sentido, la evolución del salario real muestra una tendencia erosiva desde el tercer trimestre 2015, con salarios públicos en niveles superiores que el salario privado registrado.
En 2021 el salario real se ubica por debajo de los guarismos observados desde el año 2008 en adelante.
El crédito al sector privado resulta equivalente a 4,5% del PIB en 2021, solamente superior a los guarismos observados en 2005 y 2006, dentro del período analizado. Se trata de una variable que no beneficiará electoralmente al oficialismo nacional en los comicios de 2021.
Para agosto de 2021, el Índice de confianza en el consumidor (ICC) está 7,6% debajo del máximo registrado en el gobierno de Alberto Fernández, en enero de 2020. En comparación contra otros años de elecciones legislativas, el ICC está 11 puntos por debajo de 2013 y 1 punto por debajo de 2009.
Respecto al índice de confianza en el gobierno (ICG), se ubica en 2021 muy por debajo (- 43%) del máximo observado en abril de 2020, en el segundo mes de cuarentena por la pandemia de COVID-19. Por otra parte, dicho índice se encuentra apenas por debajo de 2013 (0,1 pp menos) y bastante por arriba de 2009 (0,5 pp. por encima) constantes muestra una recuperación versus 2020, pero un 26% por debajo de las legislativas de 2017, 24% por debajo de las de 2013 y 17% por debajo de las de 2009.
Solo se encuentra por encima de la legislativa de 2005 (40% más).
La actividad económica desestacionalizada, para junio de 2021, se ubica un 24% por encima del mínimo de 2020 (abril). Sin embargo, está posicionada alrededor de 8% por debajo del promedio 2011-2019. En comparación con otras elecciones, la actividad económica está 9,1% por debajo de 2017, 9,1% debajo de 2013 y 11% por arriba de 2009.
¿Cómo puede afectar el resultado electoral a la economía?
Como se adelantó, los resultados de las elecciones pueden afectar la marcha de la economía, ya sea por reacciones en los mercados (cambiario, acciones, bonos, etc.) que producen efectos positivos o negativos en la economía o por cambios que se decidan en la misma política económica.
Las reacciones de los mercados ante los resultados electorales se producen en función de lo que se espera ocurra con la economía y la política económica tras los comicios, salvo que esos efectos ya se hubieran “descontado” previo a la elección, si su resultado era muy previsible. En este sentido, la especulación de los mercados sobre lo que ocurra con la política económica post elecciones se centrará en el “período 1”, posterior a las PASO y hasta los comicios de 2023, y lo que pueda ocurrir en el “período 2”, luego de diciembre de 2023. El período 1, a su vez, implica dos subperíodos: un “subperíodo 1.A”, entre las PASO y las elecciones de noviembre de 2021, y un “subperíodo 1.B”, entre las elecciones de noviembre de 2021 y los comicios de 2023.
Si bien existen planteos respecto a que los mercados reaccionarían favorablemente frente a un resultado electoral en 2021 que permita vislumbrar un cambio de administración en 2023, no hay que perder de vista que también influirá la forma en que reaccione la política económica e institucional si el resultado electoral de 2021 resulta por debajo de las expectativas oficiales. Si la reacción oficial se encamina hacia una política fiscal cada vez más expansiva, que eleve el déficit primario de 2021 arriba del 4% del PIB, y no deje lugar a un déficit descendente en 2022 (que permita ir a un superávit en 2023), podría generar en los mercados la percepción que aún con un cambio de administración en 2023, ésta tendría una situación muy compleja por resolver.
Como se dijo, las reacciones de política económica post elecciones pueden ser de dos tipos, según el resultado electoral y el tiempo que falta para los próximos comicios:
• Si como consecuencia de las PASO y/o las elecciones de noviembre próximo, en el oficialismo nacional consideran que tienen pocas chances de retener el poder en los siguientes comicios generales, podría decidirse “quemar naves” en materia económica, con políticas fiscales (y monetarias) muy expansivas, que apunten a revertir la situación política, o en su defecto, a dejar una mala herencia a la próxima administración. Esta reacción de política económica podría ocurrir tanto entre las PASO de septiembre y la elección general legislativa de noviembre, como luego de la elección de noviembre, aunque principalmente en el primero;
• Si tras las elecciones de noviembre próximo, en el oficialismo nacional consideran que tienen una probabilidad alta o media de retener el poder en la elección de 2023, podrían existir cambios en la política económica que apunten a acomodar (al menos parcialmente y no necesariamente con un shock) algunas variables desequilibradas (ejemplo, tipo de cambio oficial, tarifas), para lograr “aire” para desarrollar una nueva política expansiva más cerca de la próxima elección, la que se considera más importante, pues define la nueva administración de gobierno.
Si el resultado electoral de 2021 resultara poco satisfactorio para el actual gobierno nacional, y se decidiera por una política fiscal aún más expansiva que lo que viene aconteciendo en el segundo semestre de este año, claramente las consecuencias serán una inflación más alta (mayor emisión) o una deuda remunerada cada vez mayor del BCRA, que a mediano o largo plazo también terminaría en mayor inflación. Por ejemplo, si en lugar de un déficit primario de 3,5% del PIB, a fin de 2021 el déficit primario fuera de 5,0% del PIB, y el Tesoro lograra un rollover de deuda el resto del año similar al alcanzado en agosto último (98%), entonces los pasivos remunerados del BCRA se acercarían al 11% del PIB a fin de año, que se compara con el máximo de 11,4% observado en 2017, el máximo anterior y previo a la crisis “licuadora” de 2018.
Lo anterior en el caso que el BCRA se pusiera como meta no exceder de 50% de aumento interanual de la base monetaria a diciembre próximo. La alternativa sería un menor aumento de pasivos remunerados, lo que supondría que la base monetaria subiría adicionalmente, metiendo más presión a la brecha cambiaria y la inflación en el corto plazo.
En cambio, si el resultado electoral en 2021 deja entrever una probabilidad alta o media de permanencia en el poder en 2023, en el oficialismo podría existir una reacción hacia la moderación en la política económica, buscando cerrar rápido un acuerdo con el FMI, que implicaría una política fiscal y monetaria más parecida a la del primer semestre de 2021 que al segundo, y se buscaría corregir algunas variables desalineadas, aunque sea parcialmente, pensando en tomar aire y ganar tiempo para una nueva política expansiva apuntando a los comicios de 2023.
Respecto a las variables desalineadas, en 2021 se tiene, por ejemplo, un tipo de cambio real multilateral un 28% inferior al de 2007, un año que podría tomarse como conveniente para realizar comparaciones en tal sentido. Luego de las elecciones, en este escenario moderado habrá interés para recuperar el TCR multilateral, aunque la velocidad con que se lo haga dependerá básicamente de la evolución de las reservas de libre disponibilidad del BCRA. Si como está ocurriendo en los últimos días dichas reservas caen, durante un período extenso que podría llegar hasta abril de 2022, y a partir de enero se encuentran en niveles muy bajos, podría derivar en la necesidad de un salto discreto en el tipo de cambio nominal a inicios de 2021, para luego seguir con las minidevaluaciones diarias.
En cambio, si los precios internacionales de las exportaciones locales siguen acompañando y el drenaje de reservas entre septiembre 2021 y abril 2022 resulta poco importante, hasta que se vuelvan a incrementar con la cosecha de mayo-junio del año próximo, en el gobierno se verán tentados a incrementar las minidevaluaciones diarias del tipo de cambio tras las elecciones de noviembre, pero sin saltos discretos importantes.
Por supuesto, la brecha cambiaria actual resulta insostenible para pensar en una economía más sana y con posibilidades de crecer a largo plazo, por lo que debería ser otro problema a considerar por la política económica post electoral, si se impone la mirada moderada dentro del gobierno.
El nivel de reservas de libre disponibilidad le pone un tope a las posibilidades de expansión económica. La recuperación está condicionada a que las reservas no decaigan, lo que requiere expandir las cantidades exportadas, o que se mantengan altos los precios de las exportaciones argentinas, como ocurrió en 20212
. La expansión en las cantidades resultará difícil con las actuales condiciones de competitividad cambiaria y estructural y de brecha cambiaria. Mientras que esperar a que los precios de las exportaciones se mantengan muy altos para que lubrique una expansión de la actividad interna luce muy arriesgado, dada la volatilidad que caracteriza a dichos precios.
Está claro que las tarifas se hallan nuevamente atrasadas, aunque no tanto como en 2015 (en electricidad cubren un 37% del costo, frente a 14% en 2015 y 64% en 2019). En el escenario moderado habría que esperar alguna recomposición de tarifas o que no sigan perdiendo frente a los costos, no así en el escenario en que el oficialismo decide una política muy expansiva para revertir los votos perdidos.
