Jorge Vasconcelos

investigador jefe de Ieral, Fundación Mediterránea

¿Cuál es la fecha de vencimiento del plan de transición?

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La agenda del gobierno que asumiera el 10 de diciembre inevitablemente tenía que incluir la resolución del “exceso de pesos”, canalizar la “demanda reprimida” de dólares de importaciones y de dividendos y, para comenzar a empalmar con la siguiente etapa, lograr una sostenida recuperación de la demanda de pesos, como paso imprescindible hacia la estabilización, salvo que se cuente con 35 mil millones de dólares para rescatar moneda local y dolarizar. Esos objetivos forman parte de un “plan de transición” que, si bien no ha sido explicitado en su totalidad, puede “leerse” a partir de muchas de las medidas tomadas hasta aquí.

Se trata de una tarea “por resultados”, sin fecha fija de duración, por lo que no es seguro que los mismos instrumentos que funcionaron en el arranque de la gestión mantengan su eficacia a medida que afloran nuevas dificultades. Entre los objetivos que resta cumplir se encuentra el de darle salida a la demanda reprimida de divisas por dividendos; el problema de flujos de pesos para los que todavía no hay demanda (intereses de los pases); resolver a tiempo las señales de alerta vinculadas con la “inflación en dólares”, con un rebote de precios de servicios privados que es más intenso que el experimentado a principios de 2016; junto con las precisiones acerca del régimen monetario-cambiario en el que esta transición habrá de desembocar.

La caída en la demanda de pesos explicó más de 1/3 de la aceleración inflacionaria de 2023 (la emisión, los otros 2/3), pero no siempre es subrayado su rol. Y su función en sentido inverso, el de la recuperación de la demanda de dinero como herramienta de estabilización.

Como se observa en el gráfico, hay mucho margen de recuperación para la demanda de dinero, contribuyendo a la estabilidad de la economía. Sin embargo, la confianza en el peso depende también del régimen monetario-cambiario que finalmente se adopte.

La indefinición no afecta sólo las expectativas, sino también confunde sobre los instrumentos a los que se habrá de apelar para enfrentar desafíos como el de la llamada “inflación inercial” y las señales de alerta que surgen del IPC de marzo de CABA, con precios de servicios privados que desde principios de año suben a un ritmo del 6,5 % mensual en moneda dura, rebotando a un ritmo más intenso que a principios de 2016, tras la devaluación de arranque del gobierno de Macri.

Considerando el precio de los servicios intensivos en mano de obra, caso peluquería, plomería, electricistas, servicio doméstico, consultas médicas, pasados a dólares al tipo de cambio oficial, y partiendo de un índice 100 en enero del año anterior, se llega a un índice de 86,9 a marzo de este año. Si bien se ubica todavía 13,1 % por debajo del precio en dólares de enero del año pasado, como se observa en el gráfico, el rebote es más rápido que durante la experiencia de 2016: a marzo de ese año el índice se
ubicaba en 80,5, partiendo de 100 en enero de 2015.

Pese a que el ajuste es mucho más intenso en el arranque de la gestión Milei que en la de Macri, y esta política debería hacer más lento el traslado a precios de la devaluación, la actual “tablita cambiaria” parece estar fagocitando los efectos de la contracción fiscal y monetaria en términos de evolución de la “inflación en dólares”.

La importancia del régimen cambiario-monetario, que se adopte tiene que ver también con la recuperación del nivel de actividad, ya que ésta no será firme hasta que comience a ser alimentada por entrada genuina de capitales. Ya se sabe que la persistencia de los cepos es el primer obstáculo para pasar a ese escenario.

La desaceleración de la inflación que se observa en 2024 tiene más que ver con el freno a la emisión de origen fiscal, que por aumento de la demanda de dinero. Y, como otros vectores de emisión se han mantenido activos, ha sido necesario seguir apelando a la colocación de pases (antes Leliq) para retirar liquidez, una dinámica que tiene un costo elevado. Desde el 10 de diciembre, los Pasivos Remunerados del BCRA han aumentado en 10,9 billones de pesos, pese a que también ha habido esterilización de pesos por BOPREAL y operaciones del Tesoro. La transición hacia la estabilidad se ve complicada no tanto por el stock de “exceso de pesos”, sino por ese flujo: actualmente, el pago de intereses por los pasivos remunerados del BCRA es una cifra de más de 2,1 billones de pesos/mes, equivalente a 6,8 % de la Base Monetaria Amplia. Una presión inflacionaria subyacente que es una “piedra en el zapato” para proyectar estabilidad.

El gobierno ha bajado la tasa de interés para que esta “emisión endógena” se modere, llevándola de 8,6 % a 6,8 % mensual. Y espera la oportunidad para volver a recortarla. Tendrá que hacer hincapié en la dinámica de la “inflación núcleo”, ya que el IPC habrá de seguir cargando con la mochila de la actualización de tarifas, que tendrán incidencia significativa en las mediciones del INDEC en estos meses del otoño.

Aun después de eventuales bajas adicionales de la tasa de interés, el piso de las presiones inflacionarias seguirá siendo elevado. De allí la importancia que tiene en la hoja de ruta oficial obtener 15 mil millones de dólares de libre disponibilidad, de modo de necesitar cada vez menos de la tasa de interés para encontrar un equilibrio entre el peso y el dólar en un eventual régimen de “competencia de monedas”.

Respecto a la tarea de canalizar “demanda reprimida” de dólares, el BOPREAL juega un rol destacado, al costo de engordar la deuda en moneda dura, ya que cumple simultáneamente con los dos objetivos planteados más arriba. Se canalizaron pagos de importaciones, al tiempo que se esterilizaron pesos por 6,5 billones desde el 10 de diciembre.

Ahora que quedan menos títulos por colocar para importadores, es posible que se intente replicar esta experiencia para dar salida también a la “demanda reprimida” de divisas por las remesas de dividendos pendientes. Ahora bien, parte del éxito de la colocación del BOPREAL ha tenido que ver con los arbitrajes con el dólar libre (CCL), por lo que aquellos que esperan una unificación cambiaria rápida quizá tengan que esperar, al menos, hasta que se complete esa posible segunda fase del BOPREAL destinada a dividendos. Esto explicaría también la persistencia de “restricciones cruzadas”, que penalizan a las empresas quitando acceso al mercado oficial cuando realizan operaciones en el CCL.

Ahora bien, la otra parte del plan de transición depende del sendero que se elija en la bifurcación que marca opciones como “dolarización sintética” vs competencia de monedas.

La ventaja de régimen de competencia de monedas está en que, durante la transición, podría ser compatible con la recuperación de la demanda de dinero, ya que el gobierno se auto-obligaría a recrear condiciones como las que dieron lugar al nacimiento de la convertibilidad en abril de 1991. Por el contrario, algún tipo de dolarización prematura podría llevar a caídas adicionales de la demanda de dinero y más inflación durante la transición.

El otro factor determinante de la demanda de dinero es lo que ocurra con la economía real y la forma que adquiera la salida de la recesión. Si la recuperación es en V, esto conlleva mayor demanda genuina de pesos. Es cierto que la capacidad ociosa es elevada, pero ante el sesgo de la política fiscal, se requieren otros motores: Es el caso del crédito al sector privado, pero esta variable está supeditada al régimen
monetario-cambiario.

Otro vector es la recuperación de la masa de ingresos de la población en términos reales, complicada primero por la inflación, y ahora también por la pérdida de empleos.

Por la magnitud de la caída de los ingresos de los trabajadores, parece lógico esperar un rebote, que alimente la demanda y la salida de la recesión. Pero, el deterioro de la década de la estanflación ha sido tan profundo, que más temprano que tarde el rebote de los salarios se enfrentará al techo que impone la baja productividad de la economía.

Obsérvese que, desde el cuarto trimestre de 2011 (cuando se instalaron los cepos al cambio y al comercio exterior), la productividad media del trabajo cayó un 17,3 % acumulado, mientras que el salario real de trabajadores formales lo hizo un 19,0 %. Son variables fuertemente correlacionadas, por lo que el rebote de los ingresos laborales deberá venir asociado a la evolución de la productividad, para que resulte
sustentable.

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El poder disciplinador de la caja; ¿y después?

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El desafío que habría de enfrentar el gobierno que asumiera el 10 de diciembre era triple; revertir los déficits gemelos, fiscal y externo; generar “visión de futuro” para que la “ambulancia” del sector privado rescatara a los heridos por los ajustes que se imponían en el estado, y también dar soporte institucional a las reformas “urgentes e importantes”, introduciendo “Responsabilidad Fiscal” a Nación y Provincias y
modernizando el funcionamiento del mercado laboral al estilo de lo que hizo Brasil en 2017 bajo la presidencia de Temer, una de las razones por las que en el vecino país se crearon 3,7 millones de nuevos puestos de trabajo en el sector formal en los últimos seis años.

En lugar de ese trípode, sea por un mal diseño de la secuencia de reformas que impulsó el Ejecutivo, sea por la acción de defensores del “statu quo” que no están dispuestos a respetar el mandato de las urnas, la cuestión es que la gestión de gobierno ha quedado apoyada en poco más que un instrumento, el férreo control de la caja. En enero esta dinámica sirvió para lograr un superávit primario de casi 2,0 billones de pesos, con varios ítems de gasto en los que la suba nominal fue la mitad de la variación de los ingresos respecto de enero 2023.

La licuación del gasto del sector público nacional apunta a seguir mejorando estos guarismos a lo largo de este primer trimestre, pero la tarea de consolidación fiscal deberá recurrir a instrumentos más genuinos. De acuerdo a cálculos de Marcelo Capello y Nicolás Cámpoli de IERAL, para pagar intereses de la deuda con superávit, en 2024 la Nación debería ajustar sus gastos por el equivalente a 3,43 % del PIB y las provincias por 1,66 puntos. La pulseada recién comienza.

Aferrarse a la caja no sustituye, de todos modos, la necesidad de generar “visión de futuro”, tampoco a las reformas que sólo serán duraderas si pasan por el filtro de Congreso.

En la medida en que los otros dos pilares del trípode demoren en construirse, el gobierno quedará muy dependiente de las buenas noticias que pueda comunicar. Tanto aquellas que tiendan a confirmar que no hay peor cosa que la “casta”, como las relacionadas con una desaceleración sustentable de la tasa de inflación.

Obviamente, la dependencia del gobierno de las “buenas noticias” induce un sesgo más cortoplacista a la gestión. Así, se mantiene la posibilidad de liquidar el 20 % de las exportaciones por el CCL para achicar la brecha cambiaria (al costo de demorar la normalización del pago de importaciones); se fuerza la pauta del 2 % mensual para la variación del dólar en el mercado oficial en aras de llegar lo antes posible al dígito de inflación; se pueden posponer actualizaciones de tarifas, complicando la reducción de subsidios y las metas fiscales, y así sucesivamente.

En principio, las perspectivas para la balanza comercial y la posibilidad de seguir recuperando reservas son auspiciosas para 2024, pero condicionadas a un segundo semestre en el que no haya atrasos en el tipo de cambio real de exportación ni ampliación significativa de la brecha cambiaria.

Ya en noviembre de 2023 las proyecciones de IERAL apuntaban a un superávit comercial de 25,0 mil millones de dólares para 2024, una mejora de 32,0 mil millones frente al déficit de 7,0 mil millones de 2023. Desde entonces, hubo ajustes a la baja en los guarismos de las exportaciones agrícolas, pero éstos fueron en parte compensados por una ampliación del superávit esperado en el sector energético, y también por el hecho que la recesión estará provocando una caída más acentuada en las importaciones.

Se espera ahora un superávit comercial de 23,0 mil millones de dólares para 2024, producto de un incremento de 13,2 mil millones de las exportaciones en relación a 2023 y de una merma de las importaciones del orden de los 16,7 mil millones.

Interesa subrayar que la expansión de las ventas al exterior tendría un aporte incremental de 8,0 mil millones de dólares de la agroindustria, de 1,5 mil millones por energía y de 3,7 mil millones por el resto, incluyendo industria y economías regionales.

Del lado de las compras al exterior, no toda la merma se explicaría por la recesión, ya que habría “sustitución de importaciones” del orden de los 3,5 mil millones de dólares en el sector energético y cercana a los 3,0 mil millones por la menor utilización de granos de Paraguay y Brasil en la molienda de la presente campaña (admisión temporaria).

Considerando el conjunto de movimientos dentro del balance de pagos, lo que permitiría terminar el 2024 con reservas netas cercanas a cero (meta modesta, de por sí) es un recorte importante en el déficit de los servicios reales, del orden de los 3,0 mil millones de dólares (traccionado por turismo) y pasar a saldo neutro en los flujos con el FMI, luego de un negativo cercano a los 8,0 mil millones en 2023.

De todos modos, siempre hay que tener en cuenta la sensibilidad de las cuentas externas a la evolución del tipo de cambio real, es decir, al sesgo de los incentivos para las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Y, en este plano, los guarismos son muy ajustados, dada la decisión del gobierno de usar al dólar como “ancla” para la inflación.

Para marzo, el tipo de cambio multilateral apunta a ubicarse en un índice 96,5 con base 100 en julio de 2019. Es decir, ya estaríamos 3,5 puntos menos competitivos vs una referencia válida, ya que en aquel año la cuenta corriente del balance de pagos se acercó al equilibrio. El deterioro de la competitividad cambiaria es acelerado, y esto es más nítido cuando se utiliza la canasta de monedas contra el peso, en lugar del indicador bilateral contra el dólar.

Con la actual tablita del 2 % mensual a la que se desliza el tipo de cambio y aun aceptando la ambiciosa proyección de una inflación anual de 149,4 % (la que figura en el Staff Report del FMI), a diciembre de este año se habrían perdido casi todas las ganancias de competitividad originadas en la devaluación de diciembre, quedando el índice de tipo de cambio real demasiado cerca del guarismo de noviembre de 2023, antes de la devaluación.

Y, respecto de la inflación, contrariamente a lo que se presume, si se dispusiera una “competencia de monedas” de modo apresurado, el impacto inicial sería el de un rebote en los índices de precios, ya que la demanda de dinero podría caer todavía más, lo que implica mayor velocidad de circulación de los pesos.

Más lógico es que, como parte de la imprescindible “visión de futuro”, se busque comenzar a crear condiciones para una eventual “competencia”, al estilo de Perú.

Sabiendo que hay mucho terreno por recorrer. Si bien la brecha cambiaria se ha recortado en forma significativa en las últimas semanas, no debe ignorarse que el “apretón monetario y fiscal” involucra factores que no dejan de ser transitorios. Entre ellos, la liquidación del 20 % de las exportaciones por el CCL; el hecho que se está pagando sólo el 20 % de las importaciones devengadas; una esterilización de 11,7 billones de pesos por el BOPREAL y el rescate de deuda del Tesoro en los últimos dos meses que no es extrapolable.

Del otro lado, se tiene que la licuación de Pasivos Remunerados del Central no ha sido todo lo profunda que, seguramente, el gobierno esperaba. Así, en el arranque de marzo, la emisión endógena generada por el pago de los intereses de Leliq y Pases significan para el Banco Central 2,3 billones de pesos por mes, equivalentes al 7,3 % de la Base Monetaria Amplia. Es un piso demasiado elevado para la emisión monetaria y debilita los cimientos para poner al peso a competir contra las divisas.

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Déficits gemelos heredados: es clave la solidez de las medidas para recuperar la estabilidad y el crecimiento

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Escriben Jorge Vasconcelos y Maximiliano Gutiérrez, Fundación Mediterránea. Para que la economía de 2024 se diferencie en forma sustantiva de la de 2023, se requiere una baja significativa del gasto público medido en dólares. El costo de la estabilización será más tolerable en la medida que el objetivo de reducir el peso del estado pueda lograrse con reordenamiento planificado de partidas presupuestarias y con racionalización de la superposición de erogaciones entre nación, provincias y municipios. Mientras más pueda avanzarse en esa dimensión, menor “tarea sucia” quedará a cargo de la devaluación y, por ende, más tolerable será la inevitable corrección de los desequilibrios heredados. A su vez, para lograr eficacia y sustentabilidad, no debería abandonarse el objetivo de coordinar esa formidable tarea entre Nación y Provincias

• Las idas y venidas de los proyectos del Ejecutivo en el Congreso no deberían ser un motivo por abandonar todo intento de reforma, mientras que recurrir a mecanismos como los de las consultas populares no dan garantías, siendo que además se consumiría un tiempo muy valioso en el proceso. El mejor escenario frente a los contratiempos es ”volver a empezar”, separando en esta nueva oportunidad aquellos proyectos que son verdaderamente “urgentes e importantes” y tratando de preservar en el frente judicial los principales ítems del DNU de desregulación

• La gobernabilidad es, en esencia, avanzar hacia un escenario en el que las reformas de la economía logran consenso y un estatus por el cual habrá de resultar imposible su reversión por parte de gobiernos subsiguientes. El reordenamiento fiscal, tanto por el lado del gasto como de los ingresos, necesita instrumentos legislativos para consolidar y hacer sustentable el objetivo de “déficit cero”, al igual que el afianzamiento de las condiciones para lograr un aumento sostenido de la inversión privada y de la creación de puestos de trabajo formales

• El incremento del gasto en dólares del sector público nacional fue muy significativo entre 2019 y 2023, del 27,0 % en divisas constantes, a un ritmo anual acumulativo del 6,2 %. Este  indicador hace más nítida la conexión con el simultáneo deterioro fiscal y externo experimentado en esos años, cuando el déficit primario pasó de -0,4 % a -2,9 % del PIB, y la cuenta corriente del balance de pagos acentuó el rojo desde -0,8 % a -3,5 % del PIB. 

La falta de financiamiento genuino de esos déficits gemelos es lo que explica, a su vez, la simultánea aceleración de la inflación y pérdida recurrente de reservas del Banco Central

• Desde el punto de vista de la estabilización futura de la economía, una pauta estricta para el gasto público es el ancla más firme a la que puede aspirarse, mientras que para desatar los nudos que traban el crecimiento no puede faltar una profunda modernización del funcionamiento del mercado laboral • En lo que hace al comportamiento de la inflación, para que se cumpla la proyección punta a punta de 149,4 % en 2024, de acuerdo al Staff del FMI, la variación del IPC entre febrero y junio tendría que ubicarse en torno a 9,2 % mensual, suponiendo para el segundo semestre una inflación promedio de 5,0 % mensual. 

Como se ve, el período febrero-junio contiene supuestos extremadamente ambiciosos, ya que luego de un enero en el que la inflación se habría ubicado en torno a 21/22 %, por arrastre estadístico es difícil que febrero se ubique por debajo de 15/16 %. Además, en el cortísimo plazo el freno a la inflación proviene de la intensa recesión por la que atravesamos, una medicina contraindicada para el mediano y largo plazo, aun cuando también es cierto que la política monetaria y fiscal está haciendo su tarea, a diferencia del anterior ciclo presidencial • Los datos de nivel de actividad de arranque de 2024 tienden a confirmar la profundidad de la dinámica recesiva. En principio, en enero la merma en la demanda de bienes de consumo masivo habría sido de entre el 7 y el 8 % interanual. A su vez, el índice Construya registró una merma interanual de 28,2 % en enero luego de caer un 17,4 % interanual en diciembre. 

En el caso de la producción automotriz, se tiene que tras un incremento promedio de 13,7 % en 2023, se ingresara en terreno negativo en diciembre (- 0,4 %), para caer 16,7 % interanual en enero de 2024 • Entre diciembre y lo que va de febrero el Central acumuló compras netas de divisas por 6,6 mil millones de dólares, pero esa dinámica de ningún modo refleja un mercado cambiario normalizado, esencialmente porque se sigue postergando el pago de importaciones a un ritmo estimado de 3,0 mil millones de dólares/mes. 

Para que la eliminación del “Blend” de exportadores prevista para fin de junio no provoque turbulencias en el mercado, la brecha cambiaria debería ser mínima. De lo contrario, podría afectarse la fluidez de la liquidación de exportaciones en el período previo 

• Una forma de empalmar la “mezcla” de tipos de cambio a la que acceden los exportadores sería ir modificando por tres meses consecutivos las proporciones del “blend”. En lugar de esperar a fin de junio para cerrar la posibilidad de liquidar el 20 % de las exportaciones por el CCL, podría establecerse un cronograma por el cual en el primer mes se acotan las liquidaciones por el CCL al 13,3 % de las exportaciones, en el siguiente al 6,7 % para llegar a cero en los 30 días posteriores. Para que el dólar de exportaciones no registre cambios significativos en esa transición, el tipo de cambio oficial debería acelerar su deslizamiento para compensar la diferencia, con una política monetaria congruente con ese nuevo esquema. Se estaría dejando de lado la pauta del 2,0 % para el tipo de cambio oficial, pero podrían amortiguarse movimientos bruscos del mercado 

• Es posible que el gobierno haya sobreestimado el poder estabilizador de los agrodólares para la actual campaña. En realidad, el aporte de la agroindustria a las exportaciones llegaría a 34,7 mil millones de dólares (se incluyen complejos lácteos, ganaderos, maní, entre otros, además de soja, maíz y trigo, y se netea de admisión temporaria de granos de soja), de acuerdo a la última estimación de IERAL. Obsérvese que las exportaciones del sector, medidas en dólares constantes, serían las menores de los últimos seis años, excepto el ciclo contabilizado en 2023. El aporte de la presente campaña quedaría 12,2 mil millones de dólares por debajo de los guarismos de 2022, aun cuando estaría marcando una recomposición cercana a los 10,0 mil millones respecto de 2023 • Como se ve, el clima y los términos de intercambio no harán un aporte tan generoso a las cuentas externas de la Argentina como sí ocurriera en 2022 (aunque la política económica ese año dilapidara la posibilidad de acumular reservas de modo genuino). Justamente por eso, cabe resaltar la conexión existente entre el equilibrio interno y externo de la economía, con la evolución del gasto público medido en dólares al tipo de cambio oficial como un indicador por excelencia acerca de cuán lejos o cuán cerca se encuentra el ciclo económico de alcanzar esos equilibrios en simultáneo 

El año pasado, el rojo del sector externo (cuenta corriente del balance de pagos) fue del orden de los 3,5 puntos del PIB, guarismo similar al déficit primario del sector público nacional. Desde el punto de vista macroeconómico, hay un hilo conductor entre ambos desequilibrios, y tiene que ver con la dinámica del gasto público que, medido en dólares, registraba una trayectoria insustentable. En 2019, que en ese aspecto puede ser considerado año base para las comparaciones, el gasto del sector público nacional medido al tipo de cambio oficial, había sumado 83,9 mil millones de dólares, y a partir de allí experimentó una trayectoria ascendente para alcanzar los 127,1 mil millones de dólares (a precios corrientes) en 2023, producto de un simultáneo aumento de las erogaciones en términos del PIB y una sostenida apreciación del peso (abaratamiento del precio del dólar en términos reales

Así, se tiene un incremento de 51,5 % del gasto en dólares entre 2019 y 2023, guarismo que corresponde corregir para conseguir un indicador en dólares constantes. Deflactado por la inflación de Estados Unidos en ese período, de todos modos, el incremento del gasto del sector público nacional fue muy significativo, del 27,0 % en dólares constantes, a un ritmo anual acumulativo del 6,2 %. Pivoteando en la suba del gasto público en dólares surge más nítida la conexión con el simultáneo deterioro fiscal y externo experimentado entre 2019 y 2023. En esos años el déficit primario pasó de -0,4 % a -2,9 % del PIB, y la cuenta corriente del balance de pagos acentuó el rojo desde -0,8 % a -3,5 % del PIB. La falta de financiamiento genuino de esos déficits gemelos es lo que explica a su vez la simultánea aceleración de la inflación y la pérdida recurrente de reservas del Banco Central.

Corregir estos desequilibrios es clave tanto para recuperar un nivel positivo de las reservas del banco Central como para generar condiciones para la estabilización de la economía, la fase que se encadena con el actual período de corrección de precios relativos, de ajuste del déficit fiscal y de incipiente recuperación de reservas del central. 

Staff Report del FMI, recesión y después 

La estimación de caída de 2,8 % del PIB para 2024 luce realista, pero hay que tener cuenta que, de no volver a complicarse la situación climática, este año el sector agroindustrial haría un aporte positivo a la variación del PIB del orden de 2,4 puntos porcentuales, por lo que el “resto” del PIB estará experimentando una contracción del orden del 5,2 % interanual. Congruente con la proyección anual, para el primer trimestre de 2024 se estima una caída del PIB del orden del 5,0 % interanual, como se adelantara en informes anteriores Los datos de nivel de actividad de arranque de 2024 tienden a confirmar la profundidad de la dinámica recesiva. 

En principio, en enero la merma en la demanda de bienes de consumo masivo habría sido de entre el 7 y el 8 % interanual. La conclusión se refuerza cuando se observan otros indicadores de alta frecuencia. Según el INDEC, la industria manufacturera (IPI Manufacturero) cerró en rojo en el promedio del 2023 (-1,8% interanual) pero en diciembre se observó una profundización de la caída hasta un 12,8% interanual. Mismo patrón exhibe la construcción: el Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) del INDEC, que en promedio cayó un 3,0 % interanual en 2023, para diciembre registró una contracción del 12,2 %. A su vez, para el arranque de 2024 el índice Construya (que mide el nivel de actividad de once empresas representativas del mercado de la construcción) anticipa una profundización de la dinámica recesiva, ya que luego de caer un 17,4 % interanual en diciembre registra una merma de 28,2 % en enero. En forma coincidente, los despachos de cemento se contrajeron 20,0 % interanual en enero de 2024, luego de hacerlo un 17,4 % en diciembre. En el caso de la producción automotriz, se tiene que tras un incremento promedio de 13,7 % en 2023, se ingresara en terreno negativo en diciembre (- 0,4 %), para caer 16,7 % interanual en enero de 2024.

La profundidad de la dinámica recesiva tiene su correlato en la recaudación de impuestos vinculados al mercado interno, pero temporalmente el consolidado de Administración Nacional más ANSES logra protección por la creciente incidencia de los tributos asociados al comercio exterior (País y retenciones) , a diferencia de la coparticipación automática a provincias, más sensible a lo colectado por el IVA.

En los renglones de recaudación tributaria en los que se trasluce más nítida la pérdida de poder adquisitivo y su consiguiente impacto recesivo es en aportes y contribuciones patronales y en el impuesto al cheque. La recaudación pura de ANSES, cuya base imponible son los salarios registrados, cayó en términos reales un 20,1 % interanual en diciembre y 25,7 % en enero, habiendo registrado una leve disminución en el promedio de 2023. Por su parte, el impuesto al cheque un 13,2 % y un 15,7 % menos en términos reales en diciembre y en enero, luego de una pequeña suba de 0,7 % en el promedio de 2023.

Dado que una dinámica como la descripta para el sector no agrícola conlleva riesgos en torno a la dinámica del empleo y las inversiones, es clave que el entorno en el que las empresas se desempeñan adquiera la flexibilidad de la que la economía carece hasta ahora. Los puestos de trabajo se conservan y se recuperan mejor con acuerdos en los que exista suficiente flexibilidad (bancos de horas, jornadas adaptadas al ciclo, etc). Ese tipo de reformas, como las vinculadas al mercado laboral, no habrán de demorar en mostrar sus efectos positivos en caso de implementarse, tal como ocurrió en Brasil después de 2016/17, como repetidamente se viene citando en estos informes. 

En el caso argentino, y pese al dominio de la estanflación que lleva más de una década, se encuentra un buen número de sectores que podrían oficiar de locomotoras de la economía, apenas comiencen a ponerse en marcha las reformas que quiten trabas a la inversión y al empleo formal. En el mismo documento difundido por el FMI se pone atención a lo que está ocurriendo con sectores como la minería y los hidrocarburos

En cuanto a la minería, se subraya que sus exportaciones podrían multiplicarse por cinco de aquí a 2030. Tres cuartas partes del potencial aumento se proyecta de la mano del litio, que podría aportar un incremento de 12 mil millones de dólares en sus exportaciones, seguido del cobre, con 5 mil millones. Por supuesto que alcanzar esas metas habrá de requerir de cuantiosas inversiones, estimadas por el FMI en 17 mil millones de dólares. En lo que hace a hidrocarburos, el staff report estima una mejora del saldo de comercio exterior energético del orden de los 25 mil millones de dólares entre 2023 y 2030.

Sin embargo, como ya se ha experimentado en forma recurrente en la Argentina, no basta con contar con los recursos naturales para dar un salto exportador. Se necesita estabilidad macro y condiciones de previsibilidad para el recupero de las inversiones, aspectos que el Congreso comenzaba a discutir cuando la crisis política en las relaciones entre el Ejecutivo y el archipiélago de bancadas no oficialistas llevó a fojas cero el tratamiento de los proyectos en danza. Por caso, la Ley de Bases que “cayó” esta semana contenía unas 40 enmiendas a la Ley de Hidrocarburos, con elementos claves tales como: I) garantía de estabilidad fiscal de 30 años a nivel federal; II) flexibilización de los requisitos de acceso a las divisas para pagar a contratistas y proveedores de servicios extranjeros, así como para el giro de dividendos y otras operaciones con matrices extranjeras y proveedores de servicios contratados. 

Staff Report del FMI, la dinámica de la inflación 

En lo que hace al comportamiento de la inflación, para que se cumpla la proyección punta a punta de 149,4 % en 2024, tal el guarismo apuntado por el Staff del FMI, la variación del IPC entre febrero y junio tendría que ubicarse en torno a 9,2 %

mensual, suponiendo para el segundo semestre una inflación promedio de 5,0 % mensual (julio a diciembre). Como se ve, el período febrero-junio contiene supuestos extremadamente ambiciosos, ya que luego de un enero en el que la inflación se habría ubicado en torno a 21/22 %, por arrastre estadístico es difícil que febrero se ubique por debajo de 15/16 %. No obstante, debe subrayarse que, en buena medida, en el cortísimo plazo, el freno a la inflación proviene de la intensa recesión por la que atravesamos, una medicina contraindicada para el mediano y largo plazo. Es cierto que la política monetaria y fiscal está haciendo su tarea, a diferencia del anterior ciclo presidencial. Desde que asumió Milei, la base monetaria registró una mínima variación, de 0,31 billones de pesos, fenómeno explicado por los siguientes factores: a) Los pasivos remunerados a nivel agregado permitieron una absorción de 6,4 billones de pesos, con un desarme de las LELIQ que generó una expansión de 4,4 billones, más que compensada por la evolución del stock de Pases, instrumento a partir del cual se absorbieron 10,8 billones de pesos; b) Las compras de divisas efectuadas hasta el 1 de febrero implicaron una emisión de 4,6 billones de pesos; c) Los intereses de los pasivos remunerados explican 4,4 billones de emisión; d) Todas las operaciones realizadas con el Tesoro generaron una absorción de 4,2 billones de pesos; e) La colocación del BOPREAL (4.096 millones hasta el 1 de febrero) permitió una absorción de 3,4 billones de pesos1 ; f) Y el resto de las operaciones, que incluye compra de bonos y la ejecución de puts, implicó una emisión de 2,75 billones de pesos durante este período.

En tanto que agregados monetarios más amplios, caso de M2 y M3, los últimos datos registran variación interanual de 169 % y 128 %; cuando hacia fines de noviembre de 2023 esos guarismos oscilaban en torno a 111 % y 97 % interanual, lo que refleja la preferencia de los agentes económicos por tener mayor liquidez, en un escenario de represión financiera con tasas reales fuertemente negativas.

Dado la existencia de factores inerciales, el mes a mes de la tasa de inflación no es todavía una variable fácil de predecir, por lo que no conviene forzar los contratos extrapolando la trayectoria de la inflación de los últimos tres o cuatro meses.

Al respecto, se había advertido en artículo publicado el pasado 21 de diciembre (ver “La importancia de devolverle flexibilidad del lado de la oferta a la economía argentina”): “Como un vector relevante para acentuar la fluidez del lado de la oferta de la economía, la política salarial es clave. En las actuales circunstancias, deberían evitarse los dos extremos: a) intentar recomponer ingresos fijos extrapolando e indexando los contratos al ritmo de los picos de inflación de los meses por los que estamos transitando; b) desconocer la existencia de la aceleración en el ritmo de suba promedio de precios, con un diciembre que apunta a una variación del IPC superior al 25 %. Para tratar de evitar deterioros adicionales del salario real, lo más apropiado parece ser la compensación “mes a mes” del desfase observado entre inflación y trayectoria previa de las actualizaciones de sueldos”. De este modo, se subrayaba, se habrán de evitar deterioros adicionales de ingresos reales de trabajadores y jubilados y, al mismo tiempo, el riesgo de caer en un círculo vicioso de espiralización de precios, salarios y tipo de cambio. Sólo con una política de este tipo podrá desembocarse más adelante en un escenario de coordinación de expectativas, en base a la inflación esperada, contribuyendo a desindexar la economía. La todavía muy elevada tasa de inflación demanda anclas firmes y no todos los instrumentos apropiados están disponibles. Aunque hay una pauta del 2 % mensual, en realidad la política cambiaria sigue supeditada a la necesidad de reconstituir reservas, la política monetaria está condicionada por el objetivo de reducir el peso de los pasivos remunerados del Central, y la política fiscal mantiene rasgos de transitoriedad aun cuando pueda alcanzarse en el cortísimo plazo el “déficit cero”. Las idas y venidas de los proyectos del Ejecutivo en el Congreso no deberían ser un motivo por abandonar todo intento de reforma, mientras que recurrir a mecanismos como los de las consultas populares no dan garantías de eventuales cambios en la posición de los legisladores, siendo que además se consumiría un tiempo muy valioso en el proceso. El mejor escenario frente a los contratiempos es “volver a empezar” con los intentos de reforma, separando en esta nueva oportunidad aquellos proyectos que son verdaderamente “urgentes e importantes” y tratando de preservar en el frente judicial los ítems subsistentes del DNU de desregulación. El reordenamiento fiscal, tanto por el lado del gasto como de los ingresos, necesita instrumentos legislativos para consolidar y hacer sustentable el objetivo de “déficit cero”, al igual que el afianzamiento de las condiciones para lograr un aumento sostenido de la inversión privada y de la creación de puestos de trabajo formales. La gobernabilidad es, en esencia, avanzar hacia un escenario en el que las reformas de la economía logran consenso popular, un estatus por el cual resulta imposible revertirlas bajo futuros gobiernos de cualquier signo. Desde el punto de vista de la estabilización futura de la economía, una pauta estricta para el gasto público es el ancla más firme a la que puede aspirarse, mientras que para desatar los nudos que traban el crecimiento no puede faltar una ambiciosa modernización del funcionamiento del mercado laboral. Política cambiaria: el compromiso de terminar con el Blend a mediados de 2024 Más allá de las restricciones de la cuenta capital del balance de pagos, que habrán de subsistir (no hay una fecha precisa en el acuerdo), subsisten distorsiones en el mercado cambiario que vienen de antes del 10 de diciembre, que son contraindicadas para la normalización del manejo de la macro. Entre diciembre y lo que va de febrero el Central acumuló compras netas de divisas por 6,6 mil millones de dólares, pero esa dinámica de ningún modo refleja un mercado cambiario normalizado. a) Por un lado, las exportaciones no se canalizan en forma plena hacia el mercado oficial, ya que es factible liquidar el 20% en el circuito libre (CCL). Se estima un promedio de 900 millones de dólares/mes derivados hacia el CCL por este mecanismo, flujo que no ha sido suficiente para controlar la brecha cambiaria. La persistencia de este esquema induce malos incentivos, ya que la pauta cambiaria del 2,0 % mensual para el tipo de cambio oficial (dónde se canaliza el 80 % del monto de cada exportación) llevaría a una ampliación de la brecha cambiaria (ésa sería la “variable de ajuste”) en un escenario en el que por algún motivo (expectativas de devaluación, sequía, etc) comiencen a frenarse estas operaciones de comercio exterior; b) Por otro lado, el pago de las importaciones venía siendo fuertemente restringido hasta la tercera semana de enero, momento en el que se comenzó a otorgar paulatinamente acceso al 25% de las importaciones realizadas 30 días atrás. Como puede observarse en el gráfico siguiente, la demanda de divisas promedio diaria viene escalando desde entonces. De hecho, las deudas de comercio exterior se han seguido acumulando después del 10 de diciembre. Puede estimarse que la diferencia entre las importaciones efectuadas y las importaciones efectivamente pagadas es del orden de los 3,0 mil millones de dólares/mes, guarismo válido para diciembre y enero.

En esencia, el mercado libre ha registrado una “sobrealimentación” del orden de los 900 millones de dólares/mes desde diciembre, pero esto no ha servido para mantener a raya la brecha cambiaria; mientras que, del otro lado, la recuperación de reservas del central dista de ser plenamente genuina, porque se está haciendo al costo de dejar impagas las nuevas importaciones por una cifra del orden de los 3,0 mil millones de dólares/mes en los primeros 60 días de gobierno. En principio, el gobierno aspira a corregir estas distorsiones hacia mediados de año, tal cual quedó escrito en el “Staff Report”. De todos modos, para que la eliminación del “Blend” de exportadores no provoque turbulencias en el mercado, la brecha cambiaria debería ser mínima. De lo contrario, podría afectarse la fluidez de la liquidación de exportaciones. Obsérvese que con una brecha cambiaria del orden del 50 %, para que el dólar de exportaciones no se altere en el momento de la eliminación del “Blend”, el tipo de cambio oficial debería registrar un salto del orden del 10,0 % en ese momento. Esto no pasaría inadvertido en el mercado de futuros, y afectaría la tasa de interés a la que se pactan los contratos del ROFEX. Una forma de empalmar la “mezcla” de tipos de cambio a la que acceden los exportadores sería ir modificando por tres meses consecutivos las proporciones del “Blend”. En lugar de esperar a fin de junio para cerrar la posibilidad de liquidar el 20 % de las exportaciones por el CCL, podría establecerse un cronograma por el cual en el primer mes se pasa a admitir liquidaciones en el CCL por el 13,3 % de las exportaciones, en el siguiente por el 6,7 % para llegar a cero en los 30 días posteriores. Para que el dólar de exportaciones no registre cambios significativos en esa transición, el tipo de cambio oficial debería acelerar su deslizamiento para compensar la diferencia, con una política monetaria congruente con ese nuevo esquema. Se estaría dejando de lado la pauta del 2,0 % para el tipo de cambio oficial, pero podrían amortiguarse movimientos bruscos del mercado Sector externo y acumulación de reservas El 30 de noviembre, en el Informe de Coyuntura de esa fecha (“En la cuenta regresiva, la gestión entrante goza del “beneficio de la duda”, pese al todavía difuso set de objetivos e instrumentos”), se incluía para el sector externo una proyección de superávit de balanza comercial en el segmento bienes del orden de los 25,0 mil millones de dólares. Desde entonces, se tiene una caída de precios internacionales y ajuste de los volúmenes cosechados que afectan la trayectoria esperada para las exportaciones, pero en el tiempo transcurrido también hubo oportunidad de corregir a la baja la proyección de las importaciones, por efecto del predominio de tendencias recesivas a lo largo del primer semestre de 2024. Es posible que el superávit de la balanza comercial este año se ubique unos 2,0 mil millones de dólares por debajo de aquella proyección, pero desde el punto de vista de la balanza de pagos, esa merma se estaría compensando por una corrección a la baja del déficit de servicios reales (incluye turismo). 

En esencia, la frazada corta del sector externo no se ha modificado significativamente, y acumular reservas de acuerdo al monto comprometido ante el FMI sin que se registren entradas de capitales es una tarea cumplible pero no sencilla. Cuando el gobierno diseñó las medidas fiscales para 2024 e incluyó un aumento de las retenciones a las exportaciones agroindustriales, posiblemente sobreestimó los efectos positivos de un clima favorecido por el retorno del “Niño”. En las últimas semanas se comprobó que el clima puede deparar sorpresas mientras que, por otro lado, la tendencia bajista de los precios internacionales de las commodities no se detuvo (desde noviembre último a la fecha muestran una caída del 8,7%).

Así, la última actualización de IERAL sobre el aporte de la agroindustria a las exportaciones de la Argentina en el presente ciclo llega a 34,7 mil millones de dólares (se incluyen complejos lácteos, ganaderos, maní, entre otros, además de soja, maíz y trigo, y se netea de admisión temporaria de granos de soja). Obsérvese que las exportaciones del sector, medidas en dólares constantes, serían las menores de los últimos seis años, excepto el ciclo contabilizado en 2023. Considerando la inflación estadounidense, el aporte de la presente campaña quedaría 12,2 mil millones de dólares por debajo de los guarismos de 2022, aun cuando implica una recomposición cercana a los 10,0 mil millones respecto de 2023. Como se ve, el clima y los términos de intercambio no harán un aporte tan generoso a las cuentas externas de la Argentina como sí ocurriera en 2022 (aunque la política económica ese año dilapidara la posibilidad de acumular reservas de modo genuino). Justamente por eso, cabe resaltar la conexión existente entre el equilibrio interno y externo de la economía, con la evolución del gasto público medido en dólares al tipo de cambio oficial como un indicador por excelencia acerca de cuán lejos o cuan cerca se encuentra el ciclo económico de alcanzar esos equilibrios en simultáneo. Para que la economía de 2024 se diferencie en forma sustantiva de la de 2023, se requiere una baja significativa del gasto público medido en dólares respecto del año pasado. El costo de la estabilización será más tolerable en la medida que el objetivo de reducir el peso del estado sobre la economía pueda lograrse con reordenamiento planificado de partidas presupuestarias y con racionalización de la superposición de erogaciones entre nación, provincias y municipios. Mientras más pueda avanzarse en esa dimensión, menor “tarea sucia” quedará a cargo de la devaluación y, por ende, más tolerable será la inevitable corrección de los desequilibrios heredados. A su vez, para lograr eficacia y sustentabilidad, no debería abandonarse el objetivo de coordinar esa formidable tarea entre Nación y Provincias.

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Se necesita Plan B, si la inflación no se ajusta a las pautas

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Con casi todos los frentes abiertos, y a seis semanas de haber asumido, el gobierno debería comenzar a cerrar los trámites legislativos, negociando con la “oposición responsable” los puntos pendientes y factibles de aprobación, sabiendo que los márgenes de la votación en el Congreso son muy estrechos. En el plano de la macro, sería necesario contemplar un “Plan B” en caso que la inflación se siga revelando ante las pautas cambiarias y monetarias de cortísimo plazo. Si el deslizamiento del dólar oficial al 2,0 % mensual no logra anclar las expectativas, claramente no es una opción acelerar la devaluación y dejar el resto del programa tal cual está.

En ese momento, partiendo de la base de éxitos (aunque sea parciales) en el Congreso y ante la Corte, habría que salir del régimen del “blend”, en dirección a una menor dispersión de los tipos de cambio de comercio exterior y hacer explícita una pauta para la evolución nominal del gasto público. Sería una forma de reconocer que, bajo las condiciones actuales, no se puede confiar todavía en una única ancla cambiaria y/o monetaria para hacer aterrizar las expectativas de inflación, debiendo recurrirse a un esquema de “anclas múltiples” que se refuercen entre sí.
En este primer trimestre, la recesión, con una caída del PIB que podrían alcanzar al 5,0 % interanual, junto con un ajuste fiscal basado en factores transitorios, están ayudando al control de las variables macro, pero es necesario ampliar el horizonte.

Pasar en limpio el presupuesto 2024 del sector público nacional con guarismos creíbles sobre cómo habrá de eliminarse el déficit, podría constituirse en una de las anclas más firmes, pero depende también de apoyo del Congreso, dónde se juega 1/3 del ajuste fiscal. Existe terreno de convergencia entre legisladores del oficialismo y los representantes de gobiernos provinciales junto con otras bancadas. La parte fiscal de la ley ómnibus y la restitución del impuesto a las ganancias podrían ser prenda de negociación y, al reforzarse los recursos de coparticipación por esta vía, los gobernadores tendrían menos incentivos para sumarse a La Rioja.

La herencia del 10 de diciembre obligaba a una devaluación del peso como la registrada en el arranque de la actual gestión, pero no había que engañarse respecto a las consecuencias: la economía del presente está en las antípodas de 2001/2002, cuando un salto del tipo de cambio de 1 a 4 pesos por dólar (después se estabilizó en torno a 3.0) tuvo mínimo impacto sobre la inflación. La variación del IPC a diciembre de 2002 terminó siendo de 41,0 % interanual, con un pico en abril de ese año de 10,4% mensual. En 2001/02 se conjugaron una altísima tasa de desempleo y muy elevada capacidad ociosa en las empresas (con inversiones previas que la habían modernizado), la ausencia de mecanismos de indexación y un gasto público que, en términos del PIB, era la mitad del actual, contando las tres jurisdicciones.

No contemplar las diferencias entre 2001 y 2024 puede llevar a diagnósticos y recetas equivocadas. Es el caso de las cuasimonedas. Al lanzar el BOCADE, el gobierno de La Rioja invocó la experiencia de veinte años atrás, pero la situación actual no tiene punto de comparación con el 2001, cuando las cuasimonedas se emitieron en un contexto deflacionario y de extrema iliquidez. En las provincias en las que eventualmente se vuelvan a aprobar este tipo de bonos, habrá un impacto inflacionario adicional al del
devaluado peso y, para el sector privado, habrá un deterioro de rentabilidad ya que los impuestos nacionales y el pago a proveedores “transfronterizos” no podrá hacerse con el bono local. O sea, a mayor emisión de títulos como el de La Rioja, menores incentivos habrá para empleos del sector privado.

La devaluación de mediados de diciembre pasado fue acompañada de una política fiscal y monetaria más estricta, para acotar el impacto inflacionario. Sin embargo, subsisten generadores de emisión monetaria; los números fiscales se pueden cuadrar al instante pero no sostenerse en el tiempo; los mecanismos indexatorios aportan inercia. Tampoco el Central tenía reservas como para aspirar a un ancla cambiaria
creíble, en un partido de ajedrez en el que “las negras también juegan”, por lo que los resultados no necesariamente reflejan las intenciones del gobierno.

La fluidez del escenario obliga a un monitoreo permanente de la coyuntura, no sólo por la suerte de leyes y decretos en el Congreso y la Justicia. Hay una tensión permanente entre el objetivo de licuar pasivos en pesos y recuperar reservas del Banco Central, que se contiene por las restricciones que subsisten para que las empresas accedan a dólares financieros y comerciales (pago de importaciones). Sin embargo, es un
delicado equilibrio asediado por múltiples amenazas, por caso, si el guarismo de inflación de enero queda más cerca de 25 % que de 20 %.

Reservas del BCRA: el Central acumula compras de divisas por US 1.734 millones en 2024 y USD 4.630 millones desde el cambio de gobierno. El dato es alentador, pero hay que tener en cuenta que la demanda de dólares de importadores sigue cuotificada; en las primeras semanas se agolparon los incentivos a la liquidación de los exportadores, porque el deslizamiento del tipo de cambio oficial al 2,0 % mensual no se habrá de modificar en los inmediato; mientras, la ampliación de la brecha cambiaria aparece como el mal sustituto de esa modesta pauta.

En lo que va del 2024, el “blend” de tipo de cambio de exportación pasó de 841,5 pesos por dólar a 897,9 en el último dato. Se trata de una variación de 6,7 %, conseguida por una ampliación de la brecha cambiaria de 20,4% a 48,4% (el 20 % de las exportaciones se liquidan por el CCL).

Obviamente, esta trayectoria abre interrogantes acerca del ritmo al que se seguirán recuperando reservas y cómo habrá de llegar el esquema cambiario a abril, el mes en el que el gobierno espera que ingresen a raudales los agrodólares. En este sentido, la brecha cambiaria opera como el “canario de la mina”, que pone en alerta al campamento cuando falta el oxígeno.

Emisión y esterilización: En lo que va de la nueva gestión, la emisión bruta de pesos por parte del BCRA alcanzó a $6.6 billones, por lo que la expansión de la base monetaria se pudo contener en torno al 2,0 % mensual sólo por un incremento sostenido de los Pasivos Remunerados, que desde el 7 de diciembre pasado se han incrementado en 32,1 %. Esto porque de cada 100 pesos que se emiten, todavía 77 pesos son retirados por la emisión de títulos del Central (antes Leliq, ahora pases).

¿Exceso de pesos?. Existen distintos indicadores para medir hasta qué punto el “exceso de pesos” puede complicar el manejo de la macro. Una de las formas más simples de seguir este fenómeno es valuar los plazos fijos en pesos del sistema en dólares a la paridad del mercado libre, y este indicador muestra un achicamiento significativo del “exceso de pesos”, ya que a la cotización del CCL, estos depósitos equivalen ahora a 11,7 mil millones de dólares, una merma de 25 % respecto de fin de noviembre.

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Descartando opciones, para llegar a la hoja de ruta

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Los más de diez años de estanflación constituyen una prueba irrefutable del agotamiento del “modelo” organizado en torno a la expansión del gasto público como vector de “crecimiento” que, enfrentado a la imposibilidad de financiamiento ha derivado en múltiples y nocivos “efectos colaterales”, desde los cepos al cambio y al comercio exterior, hasta la emisión de pesos cada vez más descontrolada. El balotaje del 19 de noviembre certificó que este modelo no sólo se había agotado en términos económicos, sino también en la dimensión política.

Javier Milei, que necesita asumir el 10 de diciembre con un plan consistente para evitar ser arrastrado por el comportamiento errático de las variables financieras, empezó a tomar decisiones que lo diferencian de su rol de candidato. No sólo por el perfil que adquieren los miembros del gabinete, también por el discurso. Todavía no hay hoja de ruta para mostrar, pero se van descartando opciones. Al mismo tiempo, se reconoce la necesidad de tejer alianzas por fuera del núcleo duro de LLA y del PRO, clave para conseguir la aprobación legislativa de los proyectos por venir. Lejos de una “escribanía”, ahora el Congreso será un archipiélago de bancadas. La dinámica de los primeros días muestra que la búsqueda de gobernabilidad está reseteando algunas de las ideas fuerza con las que el presidente electo llegó hasta aquí. Esta mutación obliga al gobierno entrante a conseguir resultados en los primeros meses, para consolidarse en el poder.

Si bien todavía no hay suficientes señales “por la positiva”, el bosquejo de la hoja de ruta comenzó por el descarte de caminos que figuraban en el plano original. La desactivación del proyecto de dolarización, aunque no sea del todo explícito, permite focalizar las conjeturas en opciones más convencionales, desde avanzar hacia una unificación cambiaria, tal como se planteó en el arranque de la gestión del ex presidente Macri, hasta un régimen inicialmente desdoblado del mercado cambiario, con un tipo de cambio oficial y otro libre. Se descuenta que, en esta segunda opción, las empresas y los particulares podrían comprar y vender sin la maraña de regulaciones actuales, que muchas veces impiden acceder al mercado oficial si se ha operado en el CCL, y viceversa.

Dada la controvertida experiencia de la unificación cambiaria entre los años 2016 y 2019, parece asignarse mayor probabilidad a un régimen transitorio de desdoblamiento cambiario. Esta percepción se refuerza cada vez que miembros relevantes del gobierno entrante alertan sobre el “riesgo de las Leliq”. Aunque se trate de un riesgo sobrevaluado por parte de la gestión entrante, hay que prestarle atención al diagnóstico, porque puede derivar en medidas con impactos relevantes para la macro.

De hecho, los bancos están haciendo, a ritmo acelerado, un enroque desde las Leliq hacia los pases (instrumentos equivalentes, pero de menor plazo de renovación).

Todavía no hay definiciones, pero una forma de encarar el “problema de las Leliq” sería reducir fuertemente la tasa de interés que paga el Banco Central por este instrumento, actualmente del 133 % TNA, ofreciendo un “canje voluntario” por bonos de largo plazo. De este modo, de un modo u otro, la baja de tasas se trasladaría a la remuneración de los plazos fijos, justo en un contexto de aceleración adicional de la tasa de inflación. Ese tipo de abordaje derivaría en un incremento significativo de la demanda de activos alternativos al plazo fijo, incluyendo el dólar. De allí que no es improbable que el plan arranque con un mercado cambiario desdoblado, para que la demanda de dólares se canalice al CCL, sin afectar las reservas. El círculo cerraría si la administración entrante consiguiera fondos frescos en divisas para poder abastecer la punta vendedora del mercado libre, no tanto como instrumento de contención de la brecha sino para esterilizar pesos. De confirmarse estos lineamientos, será crucial que pueda mantenerse encapsulado el fogonazo inflacionario y que la brecha cambiaria termine aterrizando en un nivel razonable. Sólo en ese caso podrá ensayarse el paso siguiente, más cercano a la unificación cambiaria, instrumento consistente con un plan de estabilización.

Los intereses que el Banco Central paga por sus pasivos remunerados alcanzarán este año una cifra estimada de 15,7 billones de pesos, que impresiona a primera vista. Pero el stock de Leliqs y pases ha pasado de 7,7 % a 9,0 % del PIB entre 2020 y 2023. No hay una dinámica explosiva.

Corresponde subrayar que las Leliqs son un problema derivado del déficit fiscal financiado con emisión monetaria. De allí que un eventual alivio en la carga de intereses de las Leliq no debería verse como un sustituto del ajuste fiscal, que es la madre del problema.

En la medida en que la hoja de ruta incluya el detalle de los ítems del presupuesto sobre los que se habrá de concentrar la reducción del déficit, y esta agenda sea factible, entonces podrá recuperarse control sobre los dos vectores que en 2023 explican la aceleración inflacionaria: a) la falta de financiamiento genuino del déficit fiscal, cubierto por emisión directa e indirecta; b) la sostenida caída de la demanda de dinero, que achica la base imponible del “impuesto inflacionario”.

La Argentina ha ingresado a un escenario “no lineal”, por el cual “un poco más” de déficit fiscal lleva a “mucho más” inflación. De allí que para quebrar esta dinámica se necesita un presupuesto equilibrado para 2024, no tan sencillo de ejecutar. El incentivo del lado de la política está en que sólo bajo ese escenario será posible esperar para la segunda parte de 2024 un descenso nítido de la tasa de inflación y un rebote del nivel de actividad.

En cualquier otro escenario, los desafíos abruman. En cabeza del Banco Central hay reservas negativas por 10 mil millones de dólares y “cuentas a pagar” por unos 35 mil millones, incluyendo los compromisos con importadores, las ventas de futuro en el Rofex y títulos dolarizados, caso de las “Levid”. Asimismo, en cabeza del Tesoro hay vencimientos de deuda interna por 20 % del PIB en 2024, de los cuales 7 puntos corresponden a tenedores privados, mientras que los compromisos externos suman 4,0 mil millones de dólares (excluyendo FMI y organismos).

Mientras tanto, el gobierno saliente tampoco ayuda. Cambió la “mezcla” entre oficial y libre a 50 y 50, por lo que el dólar para exportadores subió un 22 % en una semana, guarismo similar a la devaluación pos paso. De allí que noviembre habrá de incorporar parte de ese impacto, con una inflación que bien podría acercarse al 14%. Sin embargo, como el 50 % de las exportaciones se liquidan en el mercado libre, no ingresan dólares al Central, por lo que las importaciones siguen trabadas. El desabastecimiento es alarmante, con consecuencias que pueden ser irreversibles en el plano de la salud, y parálisis en cada vez más plantas industriales. Así, tras más de una década de estanflación, el gobierno saliente se despide con dosis reforzadas de la misma receta, que empuja los precios para arriba y la actividad para abajo.

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