Redacción Economis

Nace el sello de trabajo rural responsable: nueva certificación laboral del RENATRE

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El organismo busca promover relaciones laborales dignas y transparentes en el campo argentino. El aporte voluntario de los empleadores se destinará a centros de cuidado para hijos e hijas de trabajadores rurales.

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) oficializó la creación de la Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS), un instrumento voluntario destinado a empleadores registrados que acrediten el cumplimiento de condiciones laborales dignas y el respeto de derechos fundamentales en el ámbito rural. La medida fue publicada a través de la Resolución 68/2025, con entrada en vigencia a partir de su difusión en el Boletín Oficial.

Este nuevo sello se enmarca en las competencias que el Decreto 453/01 otorga al organismo, con el propósito de transparentar las condiciones en que se desarrollan las relaciones laborales en el sector agropecuario argentino, alineadas con la normativa nacional y los compromisos internacionales en derechos humanos, laborales y de sostenibilidad.

¿Qué implica la certificación?

La Guía de Prácticas Laborales Sostenibles, elaborada por el RENATRE y con participación de la OIT y otras instituciones, detalla los estándares obligatorios para obtener la distinción. Entre ellos se destacan:

  • Condiciones laborales básicas: registración formal de trabajadores, cumplimiento salarial, jornada legal, licencias, aportes y beneficios.
  • Protección social y sanitaria: provisión de ropa y elementos de seguridad, acceso a agua potable, ART, controles médicos y capacitación en riesgos laborales.
  • Garantías éticas: ausencia de trabajo infantil y trata de personas, respeto por la libertad sindical y promoción de la igualdad de género.
  • Cadena de valor: exigencia de buenas prácticas no solo en la empresa solicitante, sino también entre sus proveedores y contratistas.

La certificación será emitida por establecimiento, con una vigencia de un año y podrá revocarse si se detectan irregularidades tras su otorgamiento.

El trámite podrá iniciarse a través del portal oficial del RENATRE (https://portal.renatre.org.ar) mediante un procedimiento en línea que contempla la carga de documentación, asistencia técnica, visitas a establecimientos y revisión integral por parte del organismo.

El aporte voluntario que realicen los empleadores para acceder a la certificación será destinado a financiar los Centros de Cuidado “CRECER”, que brindan contención a hijos e hijas de trabajadores rurales. Además, el RENATRE podrá solicitar un adicional para cubrir los costos logísticos del proceso.

“Se trata de un instrumento técnico-operativo que permite posicionar productos con valor agregado social ante consumidores y mercados cada vez más exigentes”, expresa el presidente del RENATRE, José Voytenco, en el prólogo de la guía.

Según los datos oficiales, el RENATRE nuclea más de 77.000 empleadores y cerca de 400.000 relaciones laborales activas, lo que posiciona al organismo como un actor clave para garantizar condiciones de trabajo decente y fomentar la sostenibilidad económica, social y ambiental en el agro argentino.

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Misiones presentó su modelo de gestión ambiental en jornada regional del CFI en Iguazú

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Misiones compartió su modelo de gestión ambiental en una jornada regional organizada por el CFI en Iguazú

El encuentro reunió a funcionarios de siete provincias del norte argentino en el Instituto Misionero de Biodiversidad. El Ministerio de Ecología expuso su experiencia en políticas ambientales, ordenamiento territorial y protección de bosques nativos.

En el marco de la Jornada Regional Norte de Capacitación en Gestión Ambiental, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Misiones se posicionó nuevamente como referencia nacional en políticas públicas ambientales. La actividad se desarrolló este jueves en el edificio del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), en Puerto Iguazú, con la participación de funcionarios y técnicos de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.

El objetivo del encuentro fue fortalecer capacidades institucionales para diseñar políticas públicas ambientales más integradas y eficientes, a través del intercambio de experiencias provinciales y el desarrollo de proyectos concretos con enfoque transversal.

Durante la jornada, el ministro de Ecología de Misiones, Arq. Martín Recamán, presentó las principales líneas de acción que lleva adelante la provincia en materia ambiental, destacando el enfoque integral y territorial de la política ecológica local. Lo acompañaron el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, Facundo Ringa; el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo; el director de Bosques, Milton Morán; la jefa de Secretaría Privada del Ministerio, Beatriz Fürstenau; y el director de Impacto Ambiental, Franco García.

Entre los temas tratados se destacaron las herramientas para la evaluación de impacto ambiental, la protección de los bosques nativos bajo esquemas de gobernanza territorial, y la planificación de políticas públicas sostenibles con perspectiva interinstitucional.

Los encuentros de capacitación impulsados por el CFI buscan profundizar temáticas comunes entre las provincias, promover la generación de proyectos compartidos y fortalecer la articulación regional frente a los desafíos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la presión sobre los recursos naturales.

Durante el cierre, la presidenta del IMiBio, Mgter. Viviana Rovira, subrayó la importancia de contar con espacios que “faciliten el diálogo técnico-político entre las provincias y eleven la calidad del diseño de políticas públicas con enfoque ambiental”.

También participaron el director del IMiBio, Emanuel Grassi, autoridades del CFI y representantes de diversos organismos nacionales y provinciales.

La jornada dejó como saldo un compromiso renovado por parte de las provincias del norte argentino para avanzar en una agenda ambiental compartida, basada en evidencia, innovación y cooperación. Para Misiones, el encuentro reforzó su rol de liderazgo en el diseño de políticas ambientales con fuerte anclaje territorial y participación institucional.

Además, los aportes de los equipos técnicos permitirán robustecer los contenidos de los proyectos integradores que surjan de esta instancia formativa, con vistas a su futura implementación en los territorios.

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El Gobierno prorroga la intervención del ENACOM hasta enero de 2026

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Por decreto, el Poder Ejecutivo Nacional extendió hasta el 4 de enero de 2026 la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), con el objetivo de completar la reorganización normativa, administrativa y funcional del organismo regulador de las comunicaciones en Argentina. El interventor Juan Martín Ozores continuará al frente del proceso, con rango de secretario de Estado.

A través del Decreto 448/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó la prórroga de la intervención del ENACOM por otros seis meses, a partir del 8 de julio de 2025, con el objetivo de culminar la auditoría interna, el rediseño institucional y la modernización operativa iniciados en enero de 2024.

La medida responde a la necesidad de completar un proceso integral de revisión normativa, simplificación de trámites, fortalecimiento de la fiscalización del espectro radioeléctrico y redefinición del régimen sancionatorio para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, postales y de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).

Reformas pendientes y desafíos regulatorios

Según detalla el decreto, la intervención permitió diagnosticar deficiencias estructurales y operativas en el organismo, como:

  • Superposición de competencias.
  • Discrecionalidad en el manejo de fondos.
  • Ausencia de objetivos operativos claros.
  • Trámites complejos y desactualización normativa.

Ante este panorama, el Ejecutivo impulsa una transformación institucional con comisiones técnicas y grupos de análisis especializados, para reformar los procesos de adjudicación de licencias, revisar los mecanismos de control de calidad y fortalecer la relación con los usuarios. También se prevé mejorar los procesos para garantizar el cumplimiento del Servicio Universal, tal como establece el artículo 18 de la Ley 27.078.

Uno de los ejes centrales será el reordenamiento del espectro radioeléctrico, clave para el despliegue de nuevas tecnologías de conectividad, y la adopción de criterios más estrictos de eficiencia en el uso del espectro, en línea con los estándares internacionales.

El licenciado Juan Martín Ozores fue ratificado en el cargo de Interventor hasta el fin del plazo prorrogado, con las mismas atribuciones que el Directorio del ENACOM. Durante su gestión se inició el diseño de una nueva estructura orgánico-funcional, la elaboración de manuales de procedimiento interno, y la implementación de sistemas que permitan racionalizar la gestión y dotarla de mayor transparencia y control.

El Gobierno considera que completar la transformación del ENACOM es estratégico para alinear el sistema de comunicaciones del país con los desafíos tecnológicos globales, promover la competencia y garantizar derechos de los usuarios. Además, se apunta a recuperar la confianza en el ente regulador como actor clave para el desarrollo del ecosistema digital, en un contexto donde la inversión en infraestructura TIC resulta determinante para la competitividad nacional.

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Milei reduce la estructura de la Agencia de Innovación para optimizar gastos y gestión

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Con el Decreto 447/2025, el Poder Ejecutivo reformó la organización de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Eliminó ocho cargos del Directorio para concentrar la toma de decisiones en un comité de solo tres miembros, con el objetivo de mejorar la eficiencia institucional y reducir el gasto público.

A partir del 4 de julio, la Agencia funcionará con un Comité Directivo conformado por un presidente (con rango de secretario) y dos directores “ad honorem”, en reemplazo del anterior esquema de 11 miembros. Según el decreto, la reforma apunta a acelerar la toma de decisiones, fortalecer la capacidad de gestión y adaptarse al nuevo contexto tecnológico global.

La medida se encuadra dentro de los lineamientos de la Ley de Bases N.º 27.742, que faculta al Poder Ejecutivo a reestructurar organismos para mejorar la eficiencia del Estado y reducir el déficit fiscal.

Funciones reforzadas: foco en innovación y sector productivo

Además de la reestructuración, el decreto redefine y amplía las funciones de la Agencia. Entre ellas se destacan:

  • Administrar y adjudicar fondos nacionales e internacionales con criterios de transparencia.
  • Implementar instrumentos de financiamiento e incentivos orientados a proyectos con impacto científico, tecnológico y productivo.
  • Evaluar proyectos en términos de factibilidad técnica, económica y riesgo.
  • Promover nodos de innovación con cooperación público-privada y articulación territorial.
  • Prestar servicios especializados con recupero de costos, lo que habilita la sostenibilidad financiera de la Agencia.

También se establece que podrá celebrar convenios, recibir donaciones y participar como actor legal en litigios, ampliando su capacidad de acción administrativa y legal.

“La Agencia debe desempeñar un rol fundamental como impulsora de procesos de innovación, articulando ciencia y producción, con foco en el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo de calidad”, justifica el texto oficial.

La eliminación de cargos busca corregir un “sobredimensionamiento estructural” que, aunque ad honorem, generaba gastos derivados de viáticos, comisiones y logística de funcionamiento.

La reforma se inscribe en el plan de transformación del Estado impulsado por la administración Milei. En el plano económico, responde al objetivo de reducir el gasto público sin desactivar funciones estratégicas. En el plano institucional, intenta alinear la política científica con las exigencias del mundo actual, marcado por la competencia tecnológica y la necesidad de traducir conocimiento en valor económico.

El rediseño también podría facilitar la captación de financiamiento internacional y la cooperación con el sector privado, bajo una lógica de eficiencia operativa y sostenibilidad financiera.

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Argentina habilita el uso alimentario del orujo de uva

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En una decisión con implicancias productivas, sanitarias y ambientales, el Gobierno nacional oficializó la incorporación del orujo de uva seco y su versión molida al Código Alimentario Argentino (CAA). La medida busca aprovechar subproductos vitivinícolas de alto valor nutricional y promover prácticas sostenibles en una de las cadenas exportadoras más relevantes del país.

A través de la Resolución Conjunta 37/2025, la Secretaría de Gestión Sanitaria y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca sumaron al artículo 1107 tris del CAA la definición y especificaciones del orujo de uva seco y orujo de uva en polvo, productos derivados del prensado de uvas, compuestos principalmente por piel y semillas sometidas a deshidratación.

Este subproducto, históricamente desaprovechado o destinado a compostaje, podrá ser utilizado legalmente como ingrediente en alimentos como bebidas, batidos, barras de cereal y productos panificados, siempre que cumpla con requisitos microbiológicos y composicionales específicos: al menos 25% de fibra dietaria, 10% de proteínas y un máximo de 8% de humedad.

La decisión se basa en una solicitud de la Universidad Nacional de Jujuy, a través de su Instituto de Investigación, Desarrollo y Transferencia para la Producción de Alimentos (IPAL), y fue avalada por la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), tras pasar por consulta pública y la participación de grupos técnicos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL).

Argentina es el quinto productor mundial de vino, y la producción anual de orujo asciende a decenas de miles de toneladas. El orujo de uva contiene compuestos antioxidantes como polifenoles y resveratrol, y su incorporación al circuito alimentario permite agregar valor local, generar empleo y reducir desperdicios.

Innovación con sello de sustentabilidad

Según fuentes oficiales, la incorporación de estos productos al CAA se alinea con los objetivos de economía circular y bioeconomía promovidos por el Estado. La valorización del orujo de uva permite:

  • Reducir el impacto ambiental del descarte vitivinícola.
  • Fortalecer cadenas regionales de valor agregado.
  • Impulsar la innovación alimentaria a partir de ingredientes funcionales con beneficios para la salud.

Además, el uso de orujo de uva seco abre oportunidades para PYMES, emprendedores y cooperativas agroalimentarias, especialmente en provincias con fuerte tradición vitivinícola como Mendoza, San Juan, Salta, La Rioja, Neuquén y Río Negro.

Con la entrada en vigencia de la resolución a partir del 4 de julio, la industria vitivinícola cuenta con un marco normativo que habilita la utilización segura y legal del orujo en alimentos. Se espera que esta medida fomente inversiones en tecnologías de secado, molienda y envasado, y potencie exportaciones de ingredientes con alto valor agregado.

La articulación entre salud pública, desarrollo agroindustrial y sustentabilidad marca un precedente en políticas alimentarias adaptadas a los desafíos del siglo XXI.

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