A poco más de dos años de su desembarco en la gestión pública, el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a quedar bajo la lupa. Según los registros de la propiedad inmueble, el funcionario nacional adquirió en noviembre pasado un departamento de amplias dimensiones en el barrio porteño de Caballito, mediante una modalidad de financiamiento que ya despierta interrogantes: una hipoteca no bancaria otorgada por las mismas vendedoras de la unidad.
El inmueble está ubicado sobre la calle Miró, una de las zonas más cotizadas del barrio. Se trata de una unidad de 199,97 metros cuadrados que incluye cochera. La operación se cerró por un monto total de USD 230.000, de los cuales la pareja —Adorni y su esposa, Bettina Angeletti— habría abonado una parte en efectivo, financiando el resto.
Lo llamativo del caso radica en el instrumento de pago. El matrimonio suscribió una hipoteca por US$ 200.000 con dos personas físicas. Estas particulares habían comprado el departamento apenas meses antes, en abril de 2025.
La compra se concretó en un momento político sensible para Adorni, apenas 14 días después de que fuera nombrado Jefe de Gabinete de la Nación. Esta adquisición se suma a otros movimientos inmobiliarios recientes de la familia, como la compra en noviembre de 2024 de una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Angeletti.
Actualmente, la Justicia Federal mantiene abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El foco está puesto en la evolución de los activos del vocero reconvertido en ministro coordinador.
Desde el entorno del integrante del Gabinete sostienen que no existe irregularidad alguna. El funcionario ha reiterado en diversas oportunidades que sus bienes son fruto de 25 años de actividad en el sector privado y que toda su documentación está en regla y a disposición de la Justicia. Y más allá de las versiones que lo dan fuera del Gobierno, en Balcarce 50 juran que el ex candidato a legislador está firme en el cargo.
Tras el fallo favorable para YPF de la justicia de Estados Unidos, el presidente de la empresa, Horacio Marín, calificó que fue “una alegría impresionante” haber logrado ratificar la decisión de primera instancia y dijo que “YPF es una empresa centenaria con 90% de imagen positiva”.
“Es una alegría impresionante” comenzó diciendo el presidente de YPF, Horacio Marín, en Radio Rivadavia, y enseguida añadió que “son dos juicios. Uno a YPF y otro a la República. En primera instancia YPF ganó el juicio y la República tuvo un fallo adverso. En segunda instancia YPF ratifica y la República revoca el fallo de la cámara”. Y por eso sumó que “es una doble alegría”, aclarando que “si YPF perdía el juicio dejaba de existir”.
Marín contó que “en el financiamiento, cuando los bancos le prestaban a YPF seguramente le prestaban a YPF en la matriz de riesgo; entonces ganar cambió todo para nosotros”.
¿Qué dijo Marín sobre los dichos de Cristina Fernández y Axel Kicillof?
Ante el fallo positivo a YPF, la expresidenta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijeron que Argentina ganó el juicio porque ellos tenían razón; el presidente de YPF, Marín, dijo que “no es cierto” y enseguida recordó que “la república lo había perdido en el año 2023; venía desde hace 10 años y entonces todos los que estuvieron con la defensa terminaron perdiendo”.
Además, sumó que “hay que felicitar muy fuertemente al presidente Milei (Javier), al canciller Quirno (Pablo)” y a toda la defensa porque “revirtieron un fallo que en el circuito de Nueva York es menos del 15% de los casos que se dan vuelta. Hicieron un trabajo profesional tremendo. Es algo extraordinario porque, aparte, son $18.000 millones que no tenemos ese problema”.
Por otro lado, respecto al usuario de los combustibles, como por ejemplo los taxistas, el mensaje de Marín fue que “los aumentos que hizo YPF son mucho menores de los que tendría que haber hecho, que no especuló, sino que hicimos el menor impacto posible para los consumidores”.
“YPF es una empresa centenaria con 90% de imagen positiva; no vamos a especular y lo que transferimos es exactamente el impacto en YPF de la guerra, no el precio del combustible al valor que debería estar”.
Ahora, sobre el precio del combustible, analizó que “desde que empezó la guerra, si uno agarra con valores internacionales YPF y todas las refinadoras tuvimos conciencia y hemos subido un tercio de lo que deberíamos haber subido y lo que me parece es que no se puede hacer” y siguió diciendo que “si nosotros facturamos 20.000 millones de dólares especular y ganar unos millones de dólares más, hacer picos y que la gente lo sufra y generar inflación no nos parecía”.
Otro de los puntos que aclaró sobre el precio de la nafta en la región afirmó que Argentina “hay que ver las distintas decisiones que se han tomado en cada país; no se puede decir si es más cara o más barata porque hay distintas formas de hacerlo”.
“Nosotros estamos trabajando con la industria, nada de involucramiento del Estado nacional”.
Por último, sobre la decisión del gobierno de vender YPF, Marín dijo: “No lo sé; eso se lo tenés que preguntar al Ejecutivo. Soy empleado de YPF y mi función es generar valor para los accionistas”.
El Banco Central volvió a mostrar capacidad de intervención en el mercado cambiario con una señal concreta: compró USD 208 millones en una sola jornada sobre un total operado de USD 384 millones, lo que equivale al 54% del volumen. El dato no solo marca la segunda mayor adquisición del año, sino que se inscribe en una secuencia más amplia: 57 ruedas consecutivas con saldo comprador. En un contexto donde la estabilidad del dólar y la acumulación de reservas son variables críticas, la pregunta se impone: ¿es este un punto de consolidación del esquema monetario o un equilibrio sostenido por condiciones transitorias?
Una estrategia sostenida en el tiempo
El movimiento del Banco Central no es aislado. Desde enero, en el inicio de la cuarta fase del esquema monetario, la entidad acumula USD 4.245 millones, lo que representa más del 42% del objetivo anual. En lo que va de 2026, el total supera los USD 4.000 millones.
La lógica es clara: aprovechar un contexto de mayor oferta de divisas —impulsada en parte por exportaciones agropecuarias y emisiones de deuda— para recomponer reservas sin presionar sobre el tipo de cambio. La cotización mayorista cerró en $1.398, todavía 18,3% por debajo del techo de la banda cambiaria fijado en $1.653,70, lo que le permite al Banco Central intervenir sin tensionar el sistema.
Sin embargo, el mecanismo elegido introduce una variable sensible. Para sostener las compras, la autoridad monetaria incrementó la emisión de pesos sin absorber completamente ese excedente con instrumentos tradicionales. El equilibrio se completa con la intervención del Tesoro, que retira liquidez mediante colocaciones de deuda en el mercado local.
Reservas en tensión: acumulación y pagos
A pesar del ritmo comprador, las reservas internacionales mostraron una baja en la última jornada: cerraron en USD 43.381 millones, con una caída diaria de USD 331 millones. La explicación oficial combina factores estacionales —movimientos de fin de mes— y pagos de deuda a organismos internacionales por USD 180 millones.
El dato revela una dinámica más compleja. La acumulación de reservas convive con la necesidad de utilizarlas para atender compromisos externos. De hecho, el Tesoro requirió dólares al Banco Central para afrontar vencimientos, lo que limita el crecimiento neto de las reservas.
Esa tensión no es nueva, pero adquiere relevancia en un escenario donde la acumulación de divisas es uno de los pilares del programa económico.
Correlación de fuerzas en el frente económico
El desempeño del Banco Central fortalece al equipo económico en su objetivo de estabilizar el mercado cambiario y consolidar expectativas. La continuidad de compras durante 57 jornadas consecutivas —algo que no ocurría desde 2007— refuerza la señal de control sobre el frente externo.
Al mismo tiempo, la estrategia depende de una coordinación fina entre la autoridad monetaria y el Tesoro. La emisión de pesos para comprar dólares requiere ser compensada para evitar efectos sobre la inflación y la cotización. Esa articulación se vuelve central para sostener el esquema.
En términos de mercado, la intervención del Banco Central —absorbiendo más de la mitad del volumen en una rueda— muestra un actor con peso decisivo. Pero también evidencia que el equilibrio cambiario se apoya en condiciones específicas: oferta de divisas, demanda de pesos y acceso al financiamiento.
Un equilibrio que se pone a prueba
Las proyecciones oficiales estiman compras netas de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones para 2026. Hasta ahora, lo acumulado equivale a cerca del 39% de esa meta. El ritmo es consistente, pero no lineal.
En las próximas semanas, el foco estará en la capacidad del Banco Central para sostener este esquema sin alterar otras variables sensibles. La evolución de las reservas, el comportamiento del dólar dentro de la banda y la coordinación con el Tesoro serán claves.
El mercado ya tomó nota de la señal. Falta ver si las condiciones que la hicieron posible se mantienen en el tiempo.
El Gobierno nacional puso en el centro de su narrativa económica un dato concreto: las exportaciones de servicios basados en la economía del conocimiento alcanzaron los USD 9.600 millones en 2025, con un crecimiento interanual de 8,1%, según cifras oficiales. No es solo un récord estadístico. Es, sobre todo, una señal política en medio de la búsqueda de divisas y de un modelo productivo menos dependiente de los sectores tradicionales. El dato abre una pregunta de fondo: ¿puede este sector consolidarse como pilar estructural o seguirá siendo un complemento dentro de la matriz exportadora?
Un sector que gana peso en la estructura productiva
El informe difundido por el Ministerio de Economía muestra un cambio de escala. La economía del conocimiento ya representa el 53% de las exportaciones de servicios del país, lo que la ubica como el tercer complejo exportador, detrás del oleaginoso-cerealero y el petrolero-petroquímico.
Ese posicionamiento no es menor. Implica que actividades como software, servicios profesionales y tecnología aplicada empiezan a disputar centralidad en la generación de divisas, un terreno históricamente dominado por bienes primarios e industriales.
En términos de empleo, el sector superó los 285.000 puestos formales en 2025. La dinámica también es ascendente: se crearon 9.000 empleos respecto al año anterior y 17.000 en relación con 2023. La expansión no solo es cuantitativa. El perfil de los trabajadores marca una diferencia estructural: el 80% tiene estudios universitarios, lo que posiciona a esta actividad entre las de mayor calificación del país.
Dólares, talento y estrategia económica
La lectura oficial es clara: la economía del conocimiento funciona como una fuente clave de generación de divisas en un contexto donde el ingreso de dólares es una variable crítica. A diferencia de los complejos tradicionales, este sector no depende de ciclos climáticos ni de precios internacionales de commodities, aunque sí de la disponibilidad de capital humano y competitividad.
El diferencial salarial —por encima del promedio del resto de la economía— refuerza ese esquema. La combinación de alta calificación, demanda global y exportación de servicios genera un circuito que el Gobierno busca potenciar como parte de su estrategia económica.
En ese marco, el dato del récord no aparece aislado. Se inscribe en una narrativa que intenta mostrar un cambio en la matriz productiva, con mayor peso de actividades intensivas en conocimiento y menor dependencia relativa de sectores primarios.
Correlación de fuerzas y efectos en la agenda
El crecimiento del sector fortalece a los actores vinculados a la economía del conocimiento dentro del esquema productivo. Empresas tecnológicas, servicios profesionales exportables y polos de innovación ganan peso en la discusión económica.
Al mismo tiempo, introduce una variable en la agenda de política pública: cómo sostener y escalar este crecimiento. La disponibilidad de talento, la formación universitaria y las condiciones para exportar servicios se vuelven factores estratégicos.
En términos de gobernabilidad económica, el dato ofrece al Gobierno un argumento para respaldar su enfoque hacia sectores competitivos a nivel global. Sin embargo, también plantea desafíos. La expansión del sector no reemplaza, al menos por ahora, el peso de los complejos tradicionales, lo que mantiene la tensión entre modelos productivos.
Un crecimiento que abre interrogantes
El récord de 2025 marca un punto alto, pero no necesariamente un techo. La evolución del sector dependerá de variables que exceden el dato actual: formación de capital humano, estabilidad macroeconómica y capacidad de inserción internacional.
En las próximas etapas, habrá que observar si el crecimiento logra sostenerse en el tiempo y si se traduce en mayor diversificación exportadora. También si el sector amplía su base o se concentra en segmentos específicos de alta calificación.
Por ahora, el Gobierno capitaliza el dato como un logro. Pero el desafío es convertir ese resultado en tendencia.
La Corte Suprema dio un paso institucional con impacto directo en el sistema de poder judicial: presentó el Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados, aprobado por acordada 4/2026 el 25 de marzo. La iniciativa, impulsada por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, propone cambios estructurales en el mecanismo que define las ternas de jueces que luego se elevan al Poder Ejecutivo. El movimiento no es menor. En un escenario donde la designación de magistrados suele condensar disputas políticas de fondo, la Corte busca incidir en las reglas del juego. ¿Se trata de una corrección técnica o de una señal de reposicionamiento en la arquitectura del poder judicial?
Un rediseño con foco en mérito y control del proceso
El nuevo reglamento apunta a reorganizar el proceso de concursos que administra el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de seleccionar a los candidatos. La Corte no desconoce ese rol, pero se posiciona como actor que “colabora” en la mejora del sistema. En esa línea, plantea la necesidad de corregir “disfuncionalidades sistémicas”, una definición que sugiere críticas al funcionamiento actual sin explicitarlas.
El eje del proyecto se ordena alrededor de cuatro conceptos: idoneidad, mérito, transparencia y trazabilidad. En términos concretos, propone reducir márgenes de discrecionalidad en la evaluación, fortalecer el peso del rendimiento académico y garantizar el anonimato en las pruebas de oposición. También introduce reglas más previsibles para la instancia de entrevistas, uno de los tramos históricamente más sensibles del proceso.
La lógica es clara: desplazar criterios difusos y acotar espacios donde las decisiones puedan quedar sujetas a interpretaciones políticas o corporativas. En esa redefinición, el tránsito burocrático pierde centralidad frente a la evaluación del mérito real.
Una señal institucional en un terreno compartido
El movimiento de la Corte se inscribe en una zona delicada: la selección de magistrados es un proceso compartido entre el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado. La acordada no modifica formalmente ese esquema, pero introduce un intento de influir en su funcionamiento interno.
PROYECTO DE REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA LA SELECCIÓN DE JUECES
Los ministros de la CSJN Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presentaron el “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados” https://t.co/gMK0TUMwXMpic.twitter.com/7HuCZk7hUg
— Corte Suprema de Justicia de la Nación (@CorteSupremaAR) March 30, 2026
La propia Corte se define como “cabeza de este poder del Estado”, lo que le otorga, en su interpretación, un rol activo en la mejora del sistema judicial. Esa autodefinición no es neutra. Marca una voluntad de intervenir en la dinámica institucional más allá de su función jurisdiccional.
La amplia convocatoria al acto —con presencia de consejeros, jueces, representantes del Ministerio Público, legisladores y actores del ámbito académico— refuerza esa lectura. No se trató solo de una presentación técnica, sino de un gesto político hacia el conjunto del sistema judicial y sus alrededores.
El proyecto puede reconfigurar equilibrios dentro del Consejo de la Magistratura, especialmente si avanza en la reducción de márgenes de discrecionalidad. Sectores que encuentran en las instancias menos regladas un espacio de influencia podrían ver acotado su margen de acción.
Al mismo tiempo, la iniciativa refuerza el peso de criterios objetivos en la selección, lo que podría modificar la lógica de construcción de consensos para definir ternas. En términos políticos, esto introduce una variable adicional en la relación entre el Consejo, el Ejecutivo y el Senado, donde la validación final de los jueces se convierte en un punto de negociación.
El impacto no es inmediato, pero sí potencialmente profundo. La forma en que se seleccionan magistrados condiciona la composición futura del Poder Judicial y, por extensión, su orientación en fallos clave.
Un proceso en construcción
El reglamento presentado no tiene aplicación directa: deberá ser considerado por el Consejo de la Magistratura, que conserva la competencia para llevar adelante los concursos. Ese dato abre un escenario de negociación institucional.
En las próximas semanas, la atención estará puesta en cómo el Consejo procesa la propuesta y qué aspectos adopta o resiste. También será relevante observar si el proyecto logra consenso amplio o si activa tensiones internas entre los distintos estamentos que integran el organismo.
La Corte dio una señal. El sistema judicial deberá ahora decidir cómo responde.
