La Etapa Continental de las Américas del Campeonato Mundial Escolar por Equipos “FIDE-ISCF World Schools Team Championship 2026” se celebrará en San José, Costa Rica, del 11 al 16 de agosto.
Tras los torneos en Asia y África, el Campeonato continuará con la Etapa Europea en septiembre y concluirá con la Gran Final en diciembre.
En Costa Rica se espera la participación de los equipos escolares de 26 países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
Entre los participantes se encuentran los países como Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Panamá, República Dominicana, Jamaica y Cuba.
El torneo se jugará bajo el sistema suizo a ocho rondas, y el equipo ganador obtendrá un pase directo a la Gran Final del Campeonato Mundial Escolar.
Paralelamente a la competición, los organizadores han preparado un programa educativo para los docentes, entrenadores, representantes de las autoridades educativas y federaciones nacionales de ajedrez.
El evento incluyó la conferencia “Smart Moves Americas: Governments That Think Ahead”, dedicada al papel del ajedrez en la educación escolar, la Serie de Clases Magistrales de la “ISCF Master Class Serie”, así como la iniciativa “Smart Moves: Girls Who Lead”, cuyo objetivo es aumentar la participación de las niñas en el ajedrez y desarrollar sus habilidades de liderazgo.
El torneo en Costa Rica será la tercera Etapa Continental del campeonato de 2026.
La primera etapa tuvo lugar en abril en Almaty y reunió a 114 jóvenes ajedrecistas de 19 países.
El ganador fue la escuela “Wisdom School de Taskent”; el segundo lugar fue para “Escuela de Kurchatov de Moscú” y el tercero para “Velammal MHS School” de Chennai, India.
La Etapa Africana se celebró en julio en Stellenbosch, Sudáfrica.
La Escuela Primaria “Sr. Miriam Duggan School” de Uganda ganó el torneo, manteniéndose invicta.
La Escuela Primaria “Moi Nyeri Complex Primary School” de Kenia obtuvo el segundo lugar y la Escuela Primaria “Welgemoed Primary School” de Sudáfrica el tercero.
El campeonato está organizado conjuntamente por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y la Federación Internacional de Ajedrez Escolar (ISCF), creada en 2024 para desarrollar y coordinar competiciones escolares internacionales y promover programas educativos de ajedrez en todo el mundo.
La ISCF está dirigida por el empresario kazajo – Sr. Timur Turlov, quien es el fundador, Director general y accionista mayoritario de “Freedom Holding Corp.”, empresa que cotiza en el Nasdaq. La capitalización bursátil de la compañía supera los 9.000 millones de dólares, y Forbes estima el patrimonio neto del Sr. Turlov en más de 6.000 millones de dólares.
En julio, el Sr. Turlov anunció su candidatura a la presidencia de la FIDE.
Su equipo incluye al campeón mundial de ajedrez – Sr. Viswanathan Anand, quien actualmente ejerce como Presidente interino de la FIDE.
Las elecciones se celebrarán el 26 de septiembre durante la Asamblea General de la FIDE en Samarcanda, Uzbekistán.
Desde 2023, el Sr. Turlov también preside la Federación de Ajedrez de Kazajstán.
Durante este tiempo, el programa “Ajedrez en la Educación” ha llegado a más de 1500 escuelas y a más de 60 000 alumnos.
Según “Freedom Holding Corp.”, el Sr. Turlov invierte anualmente aproximadamente 15 millones de dólares en el desarrollo y la popularización del ajedrez.
La Federación también desarrolla infraestructura ajedrecística en las regiones, organiza torneos nacionales e internacionales y apoya la formación de jóvenes jugadores, entrenadores y profesores.
La corporación “Freedom Holding Corp.” es el socio general del Campeonato Mundial Escolar por Equipos “FIDE-ISCF World Schools Team Championship”.
Además de apoyar el campeonato en sí, la corporación participa en el programa educativo de cada etapa continental.
En Costa Rica, los representantes de las instituciones educativas, los desarrolladores de los programas académicos, los profesores y federaciones nacionales de ajedrez debatirán sobre enfoques prácticos para integrar el ajedrez en la educación escolar, la formación docente y el desarrollo a largo plazo de programas nacionales de “Ajedrez en la Educación”.
Asimismo, “Freedom” está invirtiendo en infraestructura tecnológica para el ajedrez.
En abril de 2026, la empresa adquirió ChessBase, con sede en Alemania, uno de los desarrolladores más antiguos del mundo de software profesional de ajedrez, herramientas analíticas y educativas, y propietario de una de las mayores bases de datos de partidas de ajedrez.
Los productos de “ChessBase” son ampliamente utilizados por los jugadores profesionales, entrenadores y federaciones para la preparación de torneos y el análisis de partidas.
Tras la adquisición, “Freedom” anunció planes para invertir aproximadamente 5 millones de euros en el desarrollo de la plataforma, incluyendo su modernización, la implementación de tecnologías de inteligencia artificial y la creación de nuevos productos digitales.
Tras la etapa estadounidense, el campeonato continuará en Europa.
La Etapa Continental Europea se celebrará del 28 de septiembre al 3 de octubre en Tsaghkadzor, Armenia.
El ganador obtendrá la plaza final para la Gran Final del Campeonato Mundial Escolar por Equipos “World Schools Team Championship”, que tendrá lugar en diciembre.
Por Ivana Templado / Fundación FIEL – Aprender 2025 mostró un salto considerable en los resultados de Lengua de sexto grado. Al seguir a las mismas escuelas entre 2023 y 2025, esta nota explora qué factores se asocian con esa evolución: el nivel de partida, la heterogeneidad de los aprendizajes, la formación y experiencia de los equipos directivos, la organización pedagógica de la escuela y las respuestas desplegadas frente al rezago. Los resultados sugieren que no solo importa cuánto sabían los estudiantes al inicio, sino también cuán desiguales eran sus desempeños y qué capacidades institucionales tenían las escuelas para responder a esa diversidad.
¿Podremos saber qué fue lo que dio lugar a la notable mejora en lectura y comprensión lectora que surge de Aprender 2025? Casi 11 puntos porcentuales más de estudiantes de 6to grado alcanzaron logros satisfactorio o avanzado en lectura y comprensión de textos. El dato surge de la comparación de los dos últimos operativos de evaluación: 2025 vs. 2023. Y para redondear la buena noticia, el de 2025 es el valor más alto de la serie hasta ahora (Gráfico 1). Matemática, en cambio, si bien tuvo una mejora, no logra revertir la tendencia decreciente – esa será otra nota –.
Gráfico 1: Estudiantes con resultado Satisfactorio o Avanzado en los Operativos de Evaluación (%). Total País
Fuente: elaboración propia con base en Aprender.
¿Qué pasó? ¿Qué se hizo distinto en los dos últimos años? ¿Qué puede justificar este salto de 10 puntos y medio? El Plan Nacional de Alfabetización y el programa Escuelas Alfa en Red fueron los protagonistas de la explicación oficial. Si bien el plan de alfabetización comenzó en 2024, hay un detalle temporal no menor, el plan está orientado a fortalecer el primer ciclo de primaria, y el operativo evalúa sexto, los tiempos no permiten una atribución directa. Saliendo de las explicaciones oficiales, si uno mira la serie hacia atrás, no es la primera vez que se verifican cambios así de importantes. Por ejemplo, al inicio de esta serie comparable, tanto entre 2013 y 2016 como entre 2016 y 2018, se observaron mejoras de 8.5 p.p. en lectura. Recuerdo todavía el debate y hasta sospechas a que dio lugar el escalón positivo de 2018. Sin embargo, es verdad, que no había en esos años ningún plan sistemático que apuntara al fortalecimiento de la alfabetización.
¿Qué tienen en común esos tres cambios? Que partían de niveles muy bajos. Sin embargo, la cohorte de sexto evaluada en 2025 tiene algo que la hace única: fue la que estaba en primer grado en 2020, en plena pandemia. Fue una cohorte que aprendió a leer y a escribir de manera remota. Es cierto que, las dos cohortes estaban en el primer ciclo de primaria durante la pandemia; el sexto de 2023 estaba en tercero en 2020, y podría asumirse que ya había aprendido a leer cuando llegó el cierre. Mientras que al sexto de 2025, la interrupción le llegó justo el año en que se aprende a decodificar, que en lectura es un momento sensible. Eso vuelve el resultado más desconcertante todavía: la cohorte que, manteniendo todo lo demás igual, debería haber leído peor, es la que pegó el salto. Uno hubiera adelantado que esa cohorte debería haber tenido más problemas, no menos. A no ser que, justamente el hecho de saberla una cohorte en posible desventaja haya activado alternativas pedagógicas, didácticas y remediales que resultaron en esta importante mejora[1].
Entonces, además del nivel previo, ¿qué más podemos analizar que pueda estar atrás de esta dinámica positiva observada en lectura?, me refiero a: ¿qué podrían haber hecho diferente las escuelas? o ¿qué particularidades de las mismas harían más probable un cambio como el observado? Con esto en mente, voy a mirar: (i) si hay características de base del cuerpo directivo que la expliquen; (ii) si previo a 2025 se identificaban acciones concretas de apoyo a los bajos resultados; (iii) si tener propuestas de alfabetización o intervenciones activas en la escuela se asocian con la mejora y (iv) si había jurisdicciones que efectivamente tuvieron dispositivos de apoyo a la alfabetización en el segundo ciclo.
Tomando a la escuela como unidad de medida, porque es la única que se puede seguir a través del tiempo, la idea es identificar si alguno de los factores enunciados arriba puede explicar la variación del puntaje de Lengua entre 2023 y 2025. Por un lado, además de las variables típicas sobre el director como sexo, edad, antigüedad o formación, el cuestionario a directores 2023 permite construir algunos indicadores antes de que se hiciera efectiva la política de alfabetización nacional. En particular, voy a testear uno de organización pedagógica institucional (frecuencia de planificación, acompañamiento docente, trabajo colaborativo), otro de adaptación pedagógica (reorganización de agrupamientos y adecuación de la enseñanza a necesidades identificadas), y la presencia o no de clases de apoyo. La idea no es solo explorar si estas características de la dirección escolar son buenos predictores del cambio en los aprendizajes, sino ayudar la identificación de las asociaciones estimadas, aislándolas de una natural propensión de esos directivos a la mejora de los aprendizajes[2].
Por otro lado, el cuestionario a directores de 2025 pregunta qué estrategias usó la escuela con estudiantes de bajos logros que también se van a explorar: reorganización de agrupamientos, programas pedagógicos estructurados, la extensión horaria conocida como Hora Más, intervención de equipos de Orientación Escolar, entre otras. Y finalmente, se clasifica a cada jurisdicción según qué tan factible haya sido que la cohorte evaluada en 6to grado en 2025 haya estado efectivamente expuesta a una política diferenciada para su ciclo escolar y no solo para el primer ciclo, que es donde se concentró la mayoría de los planes[3].
Además de las recién expuestas y el punto de partida (puntaje de esa misma escuela en 2023) se incluye la heterogeneidad de ese nivel hacia dentro de la escuela, medida por cuán dispersos estaban los puntajes de los estudiantes alrededor del promedio del establecimiento. Se suman además las variables de control y composición habituales como sector, ámbito, nivel socioeconómico (NSE) de los estudiantes, desigualdad intraescolar (medido por el desvío estándar del NSE) y la jurisdicción.
Al estimar el modelo[4], lo que surge con más claridad es que tanto el nivel de partida como la heterogeneidad de los aprendizajes son los que más se asocian al cambio observado entre 2025 y 2023. Cuanto menor fue el desempeño de la escuela en 2023, más recuperó en 2025 y, aun controlando por ese nivel inicial, en aquellas donde los aprendizajes estaban más desigualmente distribuidos es donde más se profundizó el cambio. Las escuelas que partían 10 puntos por debajo se recuperaron, en promedio, cerca de 7 puntos más entre 2023 y 2025 (todo lo demás constante).
La formación del director presenta una asociación positiva y robusta con la evolución observada. Para la antigüedad, la señal es menos concluyente, aunque las mayores diferencias aparecen entre quienes llevan más de veinte años en el cargo. Respecto a la escuela, aquellas que ya contaban con una organización pedagógica institucional más sólida se asociaron a una mayor recuperación en 2025. En cambio, el hecho de haber implementado en el pasado o haber desarrollado respuestas pedagógicas compensadoras aparece asociado negativamente con la evolución posterior. Dado que el modelo compara escuelas con niveles de partida y dispersión similares, lo que este resultado podría reflejar es selección por necesidad: las escuelas que activaban apoyos, reagrupamientos o intervenciones diferenciadas podían enfrentar dificultades más persistentes (problemas de asistencia o trayectorias más frágiles). Por lo tanto, el signo negativo puede ser un indicio de que estas respuestas se desplegaban donde el desafío pedagógico era mayor.
El patrón observado en las clases de apoyo fuera del horario escolar va en la misma dirección. Las escuelas que en 2023 declararon haberlas utilizado mostraron una evolución menos favorable, mientras que aquellas que indicaron que no las usaron porque no eran necesarias presentaron una mejora mayor. Más que reflejar un efecto perjudicial del apoyo, estos resultados parecen captar que el dispositivo se activa allí donde el rezago es más profundo o difícil de revertir.
Yendo ahora a los programas más nuevos, señalados por los directivos en 2025 (ya con el plan de alfabetización nacional en carrera), mirados en promedio, la mayoría no expone asociación con el cambio observado en la escuela, solo uno muestra coeficiente positivo, el que se relaciona con tener acompañamiento externo. Vale recordar que estas intervenciones se declaran activas en la escuela, pero no necesariamente en sexto grado.
Dicho esto, cuando se mira si la asociación cambia según qué tan dispares eran los aprendizajes de los estudiantes de la institución escolar, aparece un matiz: donde los chicos partían más parejos, la presencia de intervenciones en la escuela no se asocia con una evolución mayor; en cambio, en las escuelas donde convivían niveles muy distintos, algunas respuestas sí se asociaron a una mejora más grande. La señal más nítida es aquella donde se hizo presente el equipo de orientación escolar, en las escuelas más heterogéneas, contar con ese dispositivo se asoció a un cambio bastante mayor. Otras dos respuestas —los programas estructurados y las estrategias que quedan en manos del propio docente— apuntan en la misma dirección, aunque menos fuerte estadísticamente. Lo que parece relevante es que algunas respuestas adquieren mayor potencial justamente en escuelas donde los aprendizajes iniciales eran más heterogéneos (Ver Gráfico 2. A, B y C).
Gráfico 2: Mejora esperada en Lengua (2025-2023) según heterogeneidad inicial de los aprendizajes
A: Intervención del Equipo de Orientación Escolar
B: Programa de alfabetización estructurado
C: Intervención con estrategia propia del docente
Fuente: elaboración propia con base en Aprender.
Finalmente, el ejercicio adicional, construido a partir de una revisión de los planes provinciales de alfabetización vigentes (ver Cuadro 1), clasifica a cada jurisdicción según qué tan factible es que la cohorte evaluada en 6to grado en 2025 haya estado efectivamente expuesta a una política diferenciada para su ciclo escolar —y no solo para el primer ciclo, que es donde se concentró la mayoría de los planes—. Manteniendo el modelo anterior[5] e incorporando esta variable, las escuelas de las jurisdicciones con mayor chance de implementación se asocian a una mejora significativamente mayor, en un patrón gradual y consistente con la hipótesis de que la exposición efectiva importa.
Conviene, sin embargo, poner el resultado en su justa medida. La categoría de mayor factibilidad agrupa a solo dos jurisdicciones —Ciudad de Buenos Aires y Mendoza—, y con tan pocos casos no puede descartarse que el resultado refleje otras características estructurales de esos sistemas educativos, y no exclusivamente la política de alfabetización. La categoría intermedia, que agrupa a nueve provincias, ofrece una base algo más amplia para sostener la asociación.
En resumen, tres puntos a destacar:
tanto el punto de partida, la disparidad en los desempeños de la escuela, la formación del director, como la organización pedagógica de la escuela muestran asociaciones claras con la evolución entre 2023 y 2025. La organización institucional parece captar una capacidad previa y relativamente estable de la escuela, mientras que la necesidad de intervenciones específicas en 2023 refleja, al menos en parte, una respuesta frente a problemas ya presentes.
Distinto es el caso de los programas declarados en 2025, estas intervenciones son contemporáneas a la mejora observada, no necesariamente se aplicaron en sexto grado ni pueden atribuirse de manera directa al Plan Nacional de Alfabetización. Aun así aparece una señal que resulta sugerente que amerita seguimiento, ciertas intervenciones— especialmente la que viene de los equipos de Orientación Escolar— se asocian a mayores avances, no en promedio, sino en las escuelas donde el aprendizaje era más heterogéneo.
La clasificación provincial agrega otra señal: las jurisdicciones donde la cohorte tuvo mayor probabilidad de recibir alguna intervención en el segundo ciclo muestran una evolución más favorable. El patrón es compatible con la hipótesis de que la exposición efectiva importa, aunque no permite distinguir cuánto responde a esas políticas y cuánto a otras características de los sistemas educativos involucrados.
Ninguno de estos hallazgos permite hablar de causalidad, y todos merecen ser leídos como asociaciones que sobreviven a controles razonables, a partir de datos que permiten mirar la escuela, y no solo la provincia o el sistema, como unidad de análisis. El resultado más interesante aparece del lado de la heterogeneidad, no solo importa el bajo nivel de partida, sino también cuán desiguales eran los aprendizajes dentro de la escuela. Cuestión no menor a tener en cuenta al momento de evaluar algunos programas y políticas.
Cuadro 1
Estado probable de exposición a programas de alfabetización de la cohorte evaluada en 6.º grado por Aprender 2025
Más probable temperamente
Intervención directa en 4.º-6.º iniciada antes de 2025 y con una continuidad identificable.
CABA, Mendoza
Parcial, reciente o focalizada
La cohorte pudo recibir la intervención, pero por poco tiempo, solo en algunas escuelas o con cobertura no reconstruida.
Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa*, Río Negro, San Luis, Santa Fe, Tucumán, Neuquén**
No comprobada
Hay políticas generales o referencias a grados superiores, pero no se puede identificar exposición directa de la cohorte.
Buenos Aires, Jujuy, Misiones, Salta, San Juan, Santiago del Estero
Sin exposición directa probable
La política se concentró en 1.º-3.º o se extendió a grados superiores después de la aplicación de Aprender 2025.
Catamarca, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz, Tierra del Fuego
* En Formosa se identifica una orientación alfabetizadora provincial de larga data y alcance amplio, pero no un dispositivo trazable que permita reconstruir la exposición efectiva de la cohorte. **Neuquén se menciona aparte porque no cuenta con resultados jurisdiccionales comparables en Aprender 2025.
[1] Tampoco hay que perder de vista que la noticia a la que referimos inicialmente da cuenta de la mejora en el desempeño de la cohorte evaluada en 2025 respecto a la de 2023, no del (posible) cambio que la cohorte que entró en 2020 habría tenido sino hubiera empezado su escolarización en el año de la pandemia. Testear ese contrafáctico es importantísimo, pero excede a esta nota. Pero, como venimos diciendo, el salto lejos de explicarse solo, se vuelve más llamativo.
[2] Controlar, aunque sea mínimamente, por condiciones que habrían hecho que los aprendizajes mejoraran aun cuando no existiera ningún plan de alfabetización. Y por otro lado, de aplicarse el plan de alfabetización, estas podrían ser más permeables a su implementación.
[3] Esta clasificación se realizó a partir de una revisión de los planes provinciales de alfabetización vigentes, planes operativos y resoluciones provinciales públicas.
[4] Se planteó un modelo lineal a nivel de escuela. La variable a explicar es la diferencia entre el puntaje promedio de cada escuela en 2025 versus 2023. Se estimó por MCO con errores estándares robustos, con ponderaciones por la cantidad de estudiantes evaluados en cada escuela. Los resultados pueden solicitarse a la autora.
[5] Sí se eliminan los efectos fijos por jurisdicción dado que esta característica de implementación de programas relacionados con la política de alfabetización varía a nivel de provincias. De lo contrario no se podría identificar el efecto de interés-
Por Santiago Urbiztondo / Fundación FIEL – Esta nota contiene una actualización de la que escribí en noviembre de 2022, en la cual examiné la evolución post-2001 de medidas sintéticas de tarifas, costos unitarios y subsidios de cinco actividades objeto directo o indirecto de la política regulatoria, período signado por un paradigma regulatorio que –más allá de una reversión parcial durante el gobierno de Cambiemos entre 2016 y 2019– puede sintetizarse como un “mecanismo costo-plus capturado por las empresas públicas”[1]. Como ilustré en esa oportunidad, dicho paradigma no sólo resultó en la aplicación de fuertes subsidios fiscales necesarios por la fijación de tarifas artificialmente bajas durante los primeros años post-Convertibilidad, sino además en un enorme aumento del costo unitario de los servicios prestados. Aquí presento los mismos indicadores sintéticos revisados y actualizados hasta 2025, de modo tal que ello permite comparar los resultados del período 2002-2023 con los del período 2024-2025, correspondientes a la primera parte de la gestión presidencial de Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA). El contraste entre ambos períodos es muy claro, en particular por el fuerte sinceramiento tarifario y la consecuente reducción de subsidios fiscales, pero el impacto sobre la eficiencia todavía ha sido relativo.
Desde 2002, durante muchos años, la discusión pública por las tarifas en la Argentina enfatizó el nivel tarifario, que por su retraso (real y relativo a los costos) provocaba fuertes subsidios fiscales como complemento para financiar la operación de empresas públicas y los déficits inducidos en diversas empresas privadas sujetas a distinto tipo de regulación. Muchas veces el debate público se limitaba a señalar que las tarifas de los servicios públicos, y los precios mayoristas de la energía, debían aumentar para reducir el subsidio fiscal y así evitar ineficiencias tales como la aplicación de un impuesto inflacionario alto y creciente, la acumulación de deuda pública, el exceso de consumo, y poco más. En el análisis más superficial incluso se omitía considerar si el costo de los servicios públicos estaba o no vinculado con los mecanismos bajo los cuales se determinaban las tarifas y los subsidios.
En los últimos años, esta superficialidad en el análisis –que toma implícitamente a los costos como un dato exógeno y se pregunta entonces cuál debe ser el nivel de precios (regulado o libre) que lo refleje– no ha desaparecido. No existe suficiente insistencia, a mi juicio, en que el único camino viable para contar con servicios públicos eficientes y asequibles es reducir los costos de su provisión mediante mecanismos regulatorios (y desregulatorios) eficientes, que generen incentivos para la obtención de esas eficiencias productivas. En efecto, el logro de una mayor eficiencia productiva –entendida como la reducción de los costos incurridos por unidad de servicio provista con una calidad estable– continúa en un segundo plano (en el mejor de los casos) dentro de los reclamos técnicos o sectoriales de avanzar hacia esquemas que reflejen los costos y logren autofinanciamiento: implícitamente, estos reclamos apuntan a que las tarifas permitan recuperar los costos, sin cuestionar el nivel de éstos.
Se trata de una omisión grave, porque bajo distintas reglas regulatorias los costos pueden ser muy diferentes, y la ineficiencia productiva puede alcanzar dimensiones impensadas. Por simplicidad, y obviando múltiples detalles que califican cualquier caracterización superficial, pueden contraponerse como extremos posibles las reglas de tipo “costo-plus” y las de tipo “price-cap”: las primeras tienden a convalidar en las tarifas los mayores costos observados, lo cual desalienta el esfuerzo empresarial por reducirlos, mientras que las segundas tienden a independizar los precios regulados de los costos efectivos, generando así un mayor incentivo a reducir costos para lograr un mayor beneficio.
La Figura 1 representa gráficamente el supuesto implícito del debate público en el período 2001-2023, al suponer que el costo de los servicios era exógeno (y por ende, constante a lo largo del tiempo): la utilización creciente de transferencias (subsidios) del Estado a distintas empresas de servicios públicos estuvo acompañada de una reducción tarifaria real (cercana al 50% en la primera década post-2001), con los costos unitarios supuestamente constantes. Ese supuesto contenía un doble error: por un lado, no reparaba en que la fuerte reducción tarifaria real post-2001 no fue permanente, dado que hubo fuertes aumentos en la década siguiente; y por otro lado, olvidaba que la regla de ajuste tarifario también determina la evolución de los costos, que resultan mayores cuando la regulación no contiene incentivos para una operación eficiente.
Las reglas de ajuste tarifario vigentes durante casi todo el período 2002-2023 pueden resumirse así: congelar tarifas nominalmente; compensar con subsidios fiscales los mayores costos de las empresas públicas; subsidiar los combustibles que utilizan las generadoras térmicas; reconocer mayores costos vía subsidios o “precios nuevos” (para remunerar nuevas inversiones, confiscando así sutilmente las inversiones anteriores); y, cuando comenzaron a escasear los recursos públicos, aumentar las tarifas para reemplazarlos, sin ninguna regla explícita que estableciera la evolución conjunta de tarifas y subsidios de manera independiente de los costos incurridos o los caprichos de cada gestión del gobierno. En síntesis, se trató de una regla del tipo “costo plus” –donde los mayores costos, sin escrutinio ni incentivos a la eficiencia, se compensaban con tarifas o subsidios–, especialmente flexible para convalidar mayores costos en las empresas públicas (tanto AySA y Aerolíneas Argentinas como el servicio de transporte ferroviario de pasajeros en el AMBA), y que tampoco aseguraba la disponibilidad de ingresos futuros para financiar nuevas inversiones. Todo ello en clara oposición a una regla de tipo “price cap”, que sí premia la reducción de costos y otorga la previsibilidad mínima necesaria para realizar inversiones que sólo pueden recuperarse con ingresos tarifarios futuros[2].
Con este tipo de regla regulatoria, hubiera sido un milagro que los costos no aumentaran.
Tarifas, costos y subsidios: la situación hasta diciembre de 2023
Veamos entonces cuál fue la evolución de las tarifas (precios regulados), el costo unitario y el subsidio fiscal en los cinco casos seleccionados: Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en el AMBA, Aerolíneas Argentinas, el transporte ferroviario de pasajeros en el AMBA, la generación eléctrica y la producción de gas natural (omitiendo en ambos casos las tarifas de transporte y distribución de energía). Las tarifas se computan como un promedio ponderado, dividiendo los ingresos totales por los servicios prestados o cantidades producidas por el nivel del servicio (medido en número de clientes atendidos o cantidades provistas, según el caso); los costos unitarios, por su parte, se aproximan como los ingresos totales recibidos por las empresas y sectores examinados –tanto de parte de los usuarios por los servicios prestados (tarifas) como de parte del Estado a través de transferencias corrientes o de capital (subsidios)– divididos por esas mismas unidades de provisión o producción. Los costos así considerados omiten agregar los eventuales subsidios económicos (por ingresos totales faltantes para realizar inversiones suficientes que mantengan la calidad y cobertura de cada servicio y/o recuperen inversiones ya realizadas) o deducir la incidencia de mayores inversiones o mayores costos por aumentos de cobertura o calidad de servicios respecto de períodos previos (algo relevante en particular en el caso de AySA)[3]. En distintos casos fue necesario realizar aproximaciones e interpretar datos disponibles incompletos, por lo que se trata en general de cifras sujetas a perfeccionamiento; su eventual corrección igualmente daría lugar a ajustes de menor importancia, sin capacidad de alterar cualitativamente las conclusiones presentadas aquí.
Los valores de precios/tarifas y costos se indexan a base 100 en el año 2001, en dólares estadounidenses corrientes y en pesos constantes según el IPC del INDEC (empalmado con el IPC Congreso en el período 2007-2015). Por simplicidad, los gráficos a continuación reportan los valores en dólares estadounidenses de cada año, e incluyen la evolución en los años 2024 y 2025 para su análisis posterior.
AySA
Como se observa en el Gráfico 1, la tarifa promedio por cliente cayó de forma casi continua entre 2002 y 2013, con una breve recuperación en 2014-2017 que luego se esfumó en 2022; en 2023 la tarifa media se ubicaba 36% por debajo del nivel de 2001. El costo medio, en cambio, escaló fuertemente en todo el período –pese a una contracción parcial entre 2019 y 2021– y en 2023 estaba más de 4 veces por encima de 2001, de modo que la brecha entre tarifa y costo (resultante en un 82% del costo financiado con subsidios) mostraba uno de los mayores valores de toda la serie 2001-2023.
Gráfico 1
Aerolíneas Argentinas
Como muestra el Gráfico 2, el precio promedio del pasaje osciló con el precio del combustible (aproximado por el valor del WTI) y cerró 2023 prácticamente en el mismo nivel de 2001. El costo por pasajero, tras haberse duplicado hacia 2011-2012 y luego contraído entre 2017 y 2019, en 2023 se ubicaba 38% por encima del valor de 2001, de modo que el subsidio implícito, aunque más acotado que en otros sectores, seguía presente, alcanzando un 27% del costo total en 2023[4].
Gráfico 2
Ferrocarriles (pasajeros, AMBA)
El Gráfico 3 muestra que el valor del boleto promedio colapsó en 2002 y nunca se recuperó: en 2023 apenas alcanzaba 11% del valor real de 2001, el mínimo de toda la serie. El costo por pasajero, en cambio, llegó a casi 7 veces el nivel de 2001. De los cinco sectores examinados, éste exhibía hacia 2023 la mayor brecha tarifa-costo, con amplio margen, lo que implicaba que los subsidios superaban el 98% de los ingresos (y costos) del sector.
Gráfico 3
Generación eléctrica (MEM)
Como se observa en el Gráfico 4, el precio promedio de la energía eléctrica pagado por la demanda en su conjunto, luego de disminuir significativamente entre 2002 y 2015, alcanzó un pico en 2016-2019, retrocedió en 2020-2022 y volvió a subir en 2023, cerrando ese año 44% por encima de 2001. El costo medio (captado por el precio monómico del MEM), tras un fuerte crecimiento entre 2002 y 2011 y una relativa estabilidad desde entonces, triplicaba en 2023 el nivel de 2001, reflejando la fuerte suba de costos de abastecimiento del período previo.
Gráfico 4
Gas natural upstream
El Gráfico 5 muestra cómo, luego de su drástica reducción en 2002 y su lenta recuperación hasta 2015 –acentuada en 2016 y 2018–, el precio promedio pagado por la demanda doméstica (incluyendo la producción local y el gas natural importado) más que duplicó en 2023 el nivel de 2001. El costo medio, que había subido con fuerza hasta 2014 (quintuplicando el nivel del año 2001), se ubicaba en 2023 en torno a 3,3 veces el nivel de 2001 –todavía entre las mayores brechas proporcionales tarifa-costo del gas en toda la serie, sólo superada por la del período 2011-2015–, de modo que el 36% del costo total era financiado con subsidios del Estado.
Gráfico 5
El promedio lineal de los cinco casos hacia fines de 2023
Promediando linealmente los cinco servicios examinados (es decir, sin ponderar sus participaciones relativas en las canastas de consumo del promedio de la población), en 2023 el precio era sólo 6% mayor al del año 2001 en dólares corrientes (Gráfico 6.a) y estaba 17% por debajo del nivel de dicho año medido en pesos constantes (Gráfico 6.b), mientras que el costo medio prácticamente se cuadruplicaba en dólares (Gráfico 6.a) y se triplicaba en pesos constantes (Gráfico 6.b). Es decir, dejando de lado las distorsiones nominales propias de una economía con altísima inflación (ya sea expresando los valores en dólares corrientes o en pesos constantes), dos décadas de aplicación de reglas de tipo “costo plus con captura de empresas públicas” habían dejado, a las puertas del cambio de gobierno, tarifas prácticamente iguales a las de 2001 conviviendo con costos unitarios entre 3 y 4 veces mayores, en términos reales.
Gráficos 6.a y 6.b
Así, en franco contraste con la hipótesis implícita en los debates superficiales que omitían la ineficiencia provocada por mecanismos regulatorios de muy baja calidad –sintetizada en la Figura 1–, la realidad del período 2001-2023 se representa mejor en la Figura 2: más allá de sus vaivenes internos, el precio promedio (lineal) quedó cerca del nivel de 2001, mientras que el costo unitario real promedio (lineal) de estos servicios más que se triplicó, con el 60% del mismo pagado mediante subsidios fiscales. Al cabo de dos décadas, el abandono de las reglas regulatorias que estuvieron vigentes hasta 2001 encareció fuertemente los servicios públicos o actividades reguladas, siendo los mayores costos financiados por medio de subsidios fiscales, sin que las tarifas hubieran siquiera caído.
El subsidio fiscal agregado hasta 2023
Como se observa en el Gráfico 7, el subsidio fiscal a los servicios públicos (incluyendo energía, transporte de pasajeros y AySA), prácticamente nulo en 2001, comenzó a trepar desde 2004, llegó a un máximo cercano a US$ 26.000 millones en 2014, cayó por debajo de US$ 7.000 millones en 2019 y volvió a subir hasta US$ 14.800 millones en 2023.
Gráfico 7
El desempeño bajo la gestión de Javier Milei
Tomando 2025 como el último dato disponible de la actual gestión, el patrón observado en la evolución de precios y costos unitarios respecto del año 2023 es consistente entre sectores, aunque con matices importantes, como se observa en el Cuadro 1.
Cuadro 1
AySA: su tarifa media aumentó entre 99% y 122%, mientras que su costo medio cayó entre 66% y 69% (según el deflactor utilizado), mostrando tanto una fuerte recomposición tarifaria como el ajuste más marcado de los cinco casos en materia de reducción de costos (lo cual, como señalé en Urbiztondo (2025), fue resultado centralmente de una fuerte reducción en la inversión, no de los costos operativos). De este modo se eliminó por completo la enorme brecha entre tarifas y costos de 2023, año en que el 82% de los ingresos totales de AySA provenían de subsidios.
Aerolíneas Argentinas: el precio medio de los pasajes cayó entre 4% y 14% (según el deflactor usado), mientras que el costo unitario bajó entre 34% y 41%. Esto indica que la eliminación del subsidio recibido por la empresa en 2023 –equivalente entonces al 27% de sus ingresos totales– se logró sin reducir inversiones ni calidad de servicio, siendo principalmente resultado de un aumento de la eficiencia interna.
Ferrocarriles de pasajeros en el AMBA: la tarifa subió entre 152% y 180%, con una reducción del costo medio de entre 19% y 27% (según el deflactor usado). Dado que esta reducción de costos en 2024-2025 es bastante menor al aumento de costos observado en las décadas previas, la mayor eficiencia luce insuficiente; a la vez, el fuerte aumento tarifario parte de un valor inicial muy bajo, de modo que la brecha con el costo (95% de los ingresos totales proviene de subsidios) sigue siendo, de lejos, la más amplia de los cinco casos.
Electricidad (MEM): el precio de la energía en el MEM aumentó entre 45% y 62%, mientras que el costo medio no se modificó sustancialmente (varió entre -3% y +8% según el deflactor usado). En tal sentido, por el momento no hubo una clara reducción del costo de la generación eléctrica, siendo el aumento del precio de la energía trasladado a la demanda el vehículo para cerrar la brecha entre precios y costos.
Gas natural upstream: el precio no se modificó sustancialmente (varió entre +2% y -9%), mientras que el costo medio cayó sustancialmente (entre 28% y 35%), reduciendo en más de dos terceras partes la brecha entre precios y costos de 2023 (los subsidios pasaron de representar el 36% al 11% del costo total). En efecto, el ajuste tarifario del gas ya estaba mayormente hecho hacia 2023, y la novedad de 2024-2025 fue la moderación del costo medio producto del incremento en la producción doméstica que pudo volcarse al mercado interno, gracias al aumento en la capacidad de transporte incorporado con el gasoducto Perito Moreno en el segundo semestre de 2023 y a las menores importaciones de gas de Bolivia y GNL en el invierno que ello permitió posteriormente.
Finalmente, considerando en el agregado lineal de los cinco sectores, los precios subieron en promedio entre 55% y 72%, mientras que los costos unitarios cayeron entre 28% y 35% (según se consideren valores en pesos constantes o en dólares corrientes). La brecha tarifa-costo se cerró así simultáneamente por ambos lados, con una caída en la participación de los subsidios en el costo total desde el 60% en 2023 hasta el 23% en 2025 –consistente, además, con la caída del subsidio fiscal agregado (Gráfico 7), de unos US$ 14.800 millones en 2023 a US$ 9.100 millones en 2024 y US$ 6.300 millones en 2025 (−57% en dos años).
Comentarios finales
Luego de exponer estos datos estilizados, donde salta a la vista un claro contraste entre la evolución de los precios y los costos unitarios en el período 2024-2025 respecto de la evolución observada en el período 2002-2023, surge naturalmente la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron, específicamente, los cambios en la gestión de las empresas públicas y en las reglas de juego más generales –los marcos regulatorios, la legislación sectorial, resoluciones ministeriales, etc.– que dieron lugar, bajo el gobierno de Milei, no sólo a la recomposición tarifaria (fundamentalmente un resorte de la voluntad de la administración de turno, partiendo de la intervención arbitraria y cortoplacista del período previo) sino también a la reducción de costos? ¿Denota esa reducción de costos observada hasta aquí fuertes mejoras de la eficiencia en la operación de cada actividad, propias de la vigencia de un nuevo paradigma regulatorio, o todavía ello no puede establecerse, requiriéndose mayor tiempo y detalle analítico?
Tal cuestionamiento, aunque fundamental, excede el alcance de esta nota. Debe apuntarse, de todas formas, que profundizar esa evaluación exige ir más allá de los resultados observados durante 2024-2025, los cuales difícilmente puedan capturar mejoras de eficiencia que sólo serán alcanzables tras el restablecimiento pleno de un conjunto de reglas eficientes –y de las conductas asociadas a ellas–, cuya maduración no puede ser inmediata. En todo caso, al cabo de los dos años y medio transcurridos bajo la nueva administración, resulta claro que el gobierno de Milei produjo una desregulación de amplitud inédita en varias áreas de la economía, así como también una recomposición fiscal y tarifaria que cerró buena parte de la brecha entre tarifas y costos heredada de dos décadas de reglas de “costo plus con captura de empresas públicas”. Pero el eje institucional de la reforma regulatoria –el desarrollo de una nueva cultura regulatoria con reglas previsibles y mecanismos de ajuste creíbles– está todavía en una etapa incipiente, y su visibilidad varía de un sector a otro. Por ello, una evaluación de más largo plazo de la nueva política regulatoria bajo el gobierno de Milei debe realizarse en un plazo mayor, siendo el análisis presentado aquí solamente sugestivo de una modificación importante del patrón de creciente ineficiencia (productiva y asignativa) observado previamente.
En todo caso, los datos de tarifas y costos son elocuentes: en términos reales, los servicios públicos y actividades ilustradas en esta nota habían llegado a 2023 siendo mucho más caros que en 2001, aunque se pagaran tarifas iguales o menores que las de entonces, debido a que esas tarifas menores no surgían de una mayor eficiencia de las empresas prestatarias sino de imposiciones arbitrarias, disociadas de los costos y sin ningún control ni previsibilidad. Estas imposiciones introducían incentivos incorrectos –en contra de decisiones tendientes a una mayor eficiencia operativa y a la realización de inversiones– y favorecían la captura de rentas regulatorias por parte de los grupos de interés que, entre 2002 y 2023 y en distinta medida, se hicieron del control real (aunque no formal) de las empresas públicas. Lo ocurrido en 2024-2025, aún sin un análisis profundo de las decisiones e innovaciones introducidas en cada caso, muestra un movimiento simultáneo de precios regulados (o liberalizados) al alza y de costos unitarios a la baja en la mayoría de los sectores: la dirección correcta, aunque todavía sin los efectos alcanzables con una regla eficiente, estable y previsible.
En definitiva, no debe perderse de vista, como sí ocurrió en los debates superficiales de las décadas anteriores, que sólo diseñando y aplicando reglas exigibles para sostener costos menores en el tiempo –y no sólo en una coyuntura de ajuste– podrán tenerse tarifas menores de forma sostenible en el tiempo.
[1] Urbiztondo, S.: “Tarifas, costos y eficiencia de los servicios públicos”, Indicadores de Coyuntura 646, noviembre 2022.
[2] Los fundamentos de esta descripción respecto de las características regulatorias están desarrollados en diversas notas publicadas a lo largo del tiempo en esta revista. También, parcialmente, en Urbiztondo, S.: “La regulación
[3] La distinción entre costos operativos y costos totales de AySA está tratada en Urbiztondo, S.: “La normalización de AySA y su privatización en 2026”, Indicadores de Coyuntura 677, Agosto 2025.
[4] La fuerte caída de pasajeros durante la pandemia (2020) generó un salto extraordinario en el costo promedio y en la incidencia del subsidio, dado que buena parte de los costos de Aerolíneas —en particular el laboral— es relativamente fija.
La Municipalidad de Posadas en conjunto con la Policía de la provincia de Misiones y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología informan que la Primera Prueba Piloto de la Estudiantina 2026 se realizará el próximo viernes 14 de agosto.
La actividad comenzará a las 08:30 horas con los cortes de tránsitos programados, y contará con un importante operativo de seguridad a cargo de la Policía de Misiones, mientras que el despliegue de los ensayos se realizará desde las 10 hs. Se desplegará efectivos para tareas de prevención, control y asistencia durante toda la jornada.
Cortes de calles Se solicita a vecinos y conductores prever recorridos alternativos debido a los cortes de tránsito que se implementarán en distintos puntos del centro y la Costanera:
Av Mitre y Av Costanera
Av Mitre y Av Roque Saenz Peña
Calle Rivadavia y Av Roque Perez
Av Roque perez y Av Costanera
Av. Roque Pérez y Av. Polonia.
Av. Polonia y bajada hacia la Costanera.
Calle Blosset y Av. Polonia.
Calle Esteban Benítez y Av. Polonia.
Calle San Martín y Av. Roque Sáenz Peña.
Calle San Martín y Coronel López.
Calle San Martín y Av. Costanera.
Calle Bolívar y Calle Lanusse.
Calles: Córdoba, La Rioja, Entre Ríos y Catamarca con Av. Roque Sáenz Peña y Coronel López.
Av Roque Saenz Peña y Calle San Martín
Av Roque Saenz Peña y Polonia
Calle General Paz y Calle Códroba
Av Roque Saenz peña y Av Madariaga
Calle General Paz y Calle San Martín
Elementos prohibidos Para garantizar una celebración segura y por recomendación de las instituciones intervinientes, estará prohibido el ingreso con armas, objetos punzocortantes, material inflamable, sustancias ilegales, bebidas alcohólicas, envases de vidrio, aerosoles y elementos de percusión que no sean los autorizados que utilizarán los estudiantes. Además, no estará permitido el uso de banderas por parte del público o las hinchadas. Solamente podrán utilizarlas los colegios durante sus presentaciones oficiales.
Se invita a la comunidad posadeña, estudiantes y familias a acompañar esta primera instancia de la Estudiantina con responsabilidad, respeto y compromiso, colaborando con las indicaciones del personal de seguridad para que la jornada se desarrolle de manera ordenada y segura para todos.
La 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande dejó en Posadas una conclusión que excede la discusión coyuntural sobre la provisión de energía: para las provincias del norte argentino, la infraestructura sigue siendo una condición determinante para competir, industrializarse y reducir las brechas de desarrollo con el centro y el sur del país. El encuentro reunió a los mandatarios regionales con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y colocó en el centro de la agenda el transporte de gas, las obras viales, la hidrovía, el impacto climático y el futuro régimen de zonas cálidas.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, planteó que la discusión energética debe incorporar las particularidades estructurales de la región. “No tenemos un metro de caño de gas, Osvaldo yo te envidio cuando decís que tenés problemas con el gas, acá no tenemos porque no hay gas. Acá funcionamos a leña”, remarcó el misionero. “El Norte Grande necesita una estrategia energética que contemple nuestra realidad y nos permita contar con el gas necesario para seguir creciendo, fortaleciendo nuestra industria y reduciendo las asimetrías de la región”, sostuvo.
La definición tiene una particularidad para Misiones: la provincia no enfrenta simplemente un problema de abastecimiento insuficiente, sino que carece de acceso a la red de gas natural. Esa diferencia explica por qué el reclamo regional apunta a una política de infraestructura de largo plazo y no únicamente a resolver eventuales restricciones durante los meses de mayor demanda.
El Norte Grande necesita una estrategia energética que contemple nuestra realidad y nos permita contar con el gas necesario para seguir creciendo, fortaleciendo nuestra industria y reduciendo las asimetrías de la región. pic.twitter.com/6DSZAcJNW4
Santilli aseguró que el Gobierno nacional tomó nota de los planteos y vinculó la discusión con las obras destinadas a recuperar capacidad de transporte. Según explicó, la reversión del Gasoducto Norte ya fue concluida y ahora resta avanzar con obras de compresión y otros trabajos necesarios para incrementar el flujo. El funcionario también señaló que el cambio en el suministro proveniente de Bolivia obligó a modificar la arquitectura del abastecimiento y a fortalecer el transporte desde Vaca Muerta hacia el norte.
La cuestión adquiere una dimensión productiva cuando se observa cómo la falta de gas condiciona a las economías regionales. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, fue explícito al señalar que el objetivo no es solamente garantizar el consumo domiciliario, sino disponer de energía suficiente para transformar la matriz productiva. En su diagnóstico, Corrientes y Misiones comparten con sectores de Chaco una desventaja estructural frente a las zonas que sí cuentan con infraestructura gasífera.
El caso correntino permite dimensionar el costo económico de esa brecha. Valdés señaló que parte de la industria arrocera utiliza leña en sus procesos de secado y que el humo generado puede convertirse en una barrera para acceder a determinados mercados. La discusión, por lo tanto, no se reduce al precio de la energía: involucra calidad, competitividad, estándares ambientales y capacidad exportadora.
El mismo razonamiento alcanza a la yerba mate y a otras actividades industriales del Norte Grande. Cuando una provincia carece de infraestructura energética competitiva, una parte del costo de producir se traslada directamente a las empresas. En mercados internacionales donde los compradores pueden sustituir proveedores con rapidez, perder competitividad puede significar perder mercados que después requieren años para recuperarse.
Tucumán llevó a la Asamblea una advertencia similar. Osvaldo Jaldo explicó que las restricciones en el suministro de gas afectan actividades estratégicas como la industria citrícola y la producción sucroalcoholera. En conjunto, según planteó, esos sectores representan cerca de 100.000 puestos de trabajo en la provincia. El dato expone el vínculo entre infraestructura y empleo: una interrupción energética para una industria de escala regional no es solamente un problema operativo, sino un riesgo directo sobre la actividad económica y los ingresos de miles de familias.
Jaldo también marcó una transformación en el mapa energético argentino. Durante los años en que el gas proveniente de Bolivia ingresaba por el norte, las provincias de esa región ocupaban una posición privilegiada dentro del esquema de distribución. Con el desplazamiento hacia el gas producido en Vaca Muerta, el flujo se reorganizó desde el sur hacia el norte y dejó a varias provincias ante la necesidad de adaptar su infraestructura para recibir el nuevo suministro.
En ese punto aparece uno de los principales desafíos de la política energética nacional: Vaca Muerta puede ampliar de manera sustancial la disponibilidad de gas argentino, pero el recurso no genera por sí mismo desarrollo territorial si no existe una red capaz de transportarlo hacia los centros industriales y productivos. La infraestructura es el puente entre la abundancia del recurso y su transformación en inversión, empleo y competitividad.
La discusión sobre las llamadas zonas cálidas incorpora otra dimensión de la misma asimetría. Mientras el Congreso avanza con el proyecto de Zonas Frías, los gobernadores del Norte Grande buscan que el esquema de beneficios energéticos contemple también las regiones sometidas a temperaturas extremas durante el verano. El planteo consiste en evitar que el reconocimiento de las condiciones climáticas dependa de decisiones administrativas cambiantes y avanzar hacia un marco legal que otorgue previsibilidad.
Valdés sostuvo que los gobernadores quieren trabajar durante este período en una ley que deje expresamente establecido el tratamiento para las provincias cálidas y muy cálidas. El objetivo político es convertir un reclamo recurrente en una política pública permanente, con criterios objetivos y previsibles.
Raúl Jalil, gobernador de Catamarca y presidente pro tempore del Norte Grande, confirmó que habrá una nueva reunión de trabajo con el Gobierno nacional para abordar la cuestión energética. La expectativa es que el debate por zonas frías y cálidas pueda avanzar en paralelo con las obras de infraestructura necesarias para ampliar la disponibilidad de gas y electricidad.
La agenda energética no fue el único frente de infraestructura discutido en Posadas. Los gobernadores también plantearon la necesidad de mejorar las rutas nacionales y profundizar la capacidad navegable de la hidrovía Paraná-Paraguay. Para Corrientes, Valdés puso el foco en llevar el calado del troncal a un rango de entre 12 y 14 pies, una mejora que permitiría ampliar las alternativas de navegación, reducir costos logísticos y generar mayor competencia entre puertos.
La lógica detrás de ese reclamo es similar a la energética. Una infraestructura insuficiente aumenta el costo de colocar producción en los mercados y termina funcionando como un impuesto implícito sobre las economías regionales. En provincias alejadas de los grandes centros de consumo y exportación, cada restricción logística tiene un impacto proporcionalmente mayor.
El componente climático agregó una urgencia adicional a la agenda. Corrientes planteó la necesidad de anticiparse a las consecuencias de la transición entre los fenómenos de El Niño y La Niña, especialmente por el riesgo de sequías e incendios. La experiencia reciente de la región convirtió la prevención en una cuestión económica además de ambiental: incendios, sequías y eventos extremos afectan producción, infraestructura, empleo y finanzas provinciales.
En ese contexto, la presencia de Santilli fue leída por los gobernadores como una oportunidad para transformar reclamos dispersos en una agenda institucional común. El jefe de Gabinete evitó involucrarse en la política interna de las provincias y sostuvo que el camino debe ser el trabajo conjunto entre Nación y gobernadores, incluso cuando existan diferencias políticas.
La definición tuvo especial eco en Jaldo, quien reivindicó el diálogo institucional con un Gobierno nacional de signo político diferente al suyo. El tucumano sostuvo que los gobernadores deben representar a todos los habitantes de sus provincias y que el Presidente, elegido democráticamente, representa al conjunto de los argentinos. Para el mandatario, la discusión sobre infraestructura requiere superar la lógica de la confrontación política y concentrarse en aquellos puntos donde existe coincidencia.
Esa postura también revela el nuevo escenario de negociación entre Nación y provincias. Los gobernadores buscan recuperar capacidad de incidencia sobre políticas que impactan directamente en sus economías, mientras el Gobierno nacional necesita ordenar prioridades fiscales y de infraestructura. El desafío consiste en transformar esa tensión en acuerdos que permitan ejecutar obras con impacto productivo y no solamente atender emergencias.
Jalil resumió esa perspectiva al destacar que una parte importante de los reclamos planteados en reuniones anteriores está avanzando y que el diálogo permitió destrabar distintos temas. También anticipó avances en una nueva legislación vinculada al cabotaje y una agenda de trabajo con Cancillería para fortalecer la denominada Marca Norte Grande.
Para Misiones, sin embargo, el punto estructural continúa siendo el acceso a la energía. La provincia puede reclamar reducción de asimetrías, pero la discusión adquiere otra profundidad cuando se considera que el gas natural todavía no forma parte de su infraestructura básica. En ese escenario, la incorporación al sistema de transporte de gas no debería pensarse únicamente como una obra energética, sino como una plataforma para atraer inversiones, sustituir combustibles más costosos, mejorar procesos industriales y ampliar mercados.
El resultado de la Asamblea, por eso, puede medirse menos por la cantidad de compromisos anunciados que por la capacidad de convertir una agenda regional en decisiones concretas. La solución para el Norte Grande no pasa por una transferencia permanente de recursos para compensar desventajas, sino por construir las condiciones de infraestructura que permitan que las provincias produzcan en igualdad de condiciones.
La discusión sobre gas, rutas, hidrovía, electricidad y clima converge finalmente en una misma pregunta: qué infraestructura necesita la Argentina para que el crecimiento de Vaca Muerta, la producción agroindustrial y las economías regionales no queden concentrados territorialmente. La respuesta, para el Norte Grande, pasa por conectar recursos con mercados y convertir esa conexión en competitividad. En Posadas, los gobernadores volvieron a poner esa ecuación sobre la mesa; ahora el desafío es convertir el diagnóstico en obras y reglas que sobrevivan al próximo ciclo político.
