Redacción Economis

El Senado activó pliegos judiciales y avanzó con la candidatura de Ruth Ponce de León para el Tribunal Federal de Posadas

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El Senado avanzó este martes con el tratamiento de cerca de 80 pliegos judiciales impulsados por el Gobierno nacional, en una negociación política que involucró al oficialismo y a sectores dialoguistas del PRO, la UCR y bloques provinciales. Entre las postulaciones incluidas aparece la de la misionera Ruth María Ponce de León, propuesta para ocupar el cargo de jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.

La movida representa uno de los acuerdos institucionales más amplios que logró hasta ahora La Libertad Avanza en la Cámara alta en materia judicial. El oficialismo obtuvo dictámenes favorables en la Comisión de Acuerdos luego de incorporar decenas de cargos reclamados por provincias y fueros federales del interior del país.

El pliego de Ponce de León quedó así habilitado para avanzar hacia la etapa de acuerdos legislativos, dentro de un paquete que incluye jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas para distintas jurisdicciones federales.

La negociación política se aceleró luego de que el Gobierno enviara alrededor de cincuenta nuevos pliegos vinculados a juzgados federales del interior. Esa decisión permitió que bloques opositores dialoguistas acompañaran los despachos que estaban pendientes desde audiencias anteriores.

En la práctica, el oficialismo logró consolidar una mayoría circunstancial para avanzar con designaciones estratégicas en la estructura judicial federal, un terreno históricamente sensible por su impacto institucional y político.

Dentro de ese esquema también se destacó la audiencia pública de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Su exposición concentró parte de la atención política de la jornada y funcionó como señal de acercamiento entre sectores del oficialismo y el entramado judicial federal.

Qué implica el avance del pliego para Misiones

La postulación de Ruth María Ponce de León se vincula directamente con el Tribunal Oral Federal de Posadas, órgano clave en causas federales vinculadas a narcotráfico, delitos económicos y criminalidad compleja en la región.

Aunque el texto base no detalla vacantes específicas ni tiempos de cobertura, el avance del pliego aparece en un contexto donde el Gobierno busca acelerar nombramientos en tribunales federales estratégicos del interior.

Para Misiones y el NEA, el movimiento tiene peso institucional porque los tribunales federales cumplen un rol central en una región atravesada por dinámicas fronterizas, comercio internacional y delitos transnacionales.

La inclusión de cargos para Chaco, Corrientes, Formosa, Salta y Misiones también refleja una lógica de distribución territorial en la negociación parlamentaria, un reclamo que sectores dialoguistas venían sosteniendo frente a la concentración de designaciones en Buenos Aires.

La Justicia federal volvió al centro de la negociación política

El tratamiento conjunto de más de 80 pliegos exhibe un dato político relevante: aun con minoría parlamentaria, el oficialismo consiguió articular acuerdos para intervenir en la conformación del mapa judicial federal.

La estrategia incluyó habilitar nombramientos en distintas provincias y fueros, una señal orientada a contener demandas de gobernadores, senadores provinciales y sectores judiciales que reclamaban cobertura de vacantes.

En paralelo, el debate volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los mecanismos de selección de magistrados y el nivel de discrecionalidad en los concursos judiciales. Durante la audiencia, Emilio Rosatti sostuvo que existen distintos proyectos para modificar el sistema y “bajar la discrecionalidad” en las designaciones.

Aunque los dictámenes ya fueron habilitados en comisión, el proceso aún depende de futuras sesiones del Senado para convertir las postulaciones en designaciones efectivas.

La próxima etapa será observar si el oficialismo logra sostener la misma mayoría circunstancial en el recinto y cómo impacta esa negociación en otras discusiones legislativas abiertas entre el Gobierno y la oposición dialoguista.

En el caso de Misiones, la evolución del pliego de Ruth María Ponce de León quedará ligada a esa dinámica política nacional, en un escenario donde la Justicia federal continúa siendo uno de los espacios de mayor sensibilidad institucional y de disputa de poder.

El listado completo de los nuevos pliegos judiciales:

Ana María Busleiman para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.

Sebastián Pedro Ruiz para juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Fernando Gabriel Alcaraz para fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza.

Maximiliano Alberto Leandro Callizo para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal.

Sergio Alejandro Echegaray para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal.

Juan Manuel Cabral para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K.

Albertina Anatonia Caron para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.

Pedro Manuel Crespo para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal.

Sebastián Rodrigo Ghersi para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal.

Patricio Nicolás Sabadini para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco.

Santiago José Martín para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Buenos Aires.

Santiago French para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Amanda Espino para defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7.

Evangelina María Lasala para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

José María Abram Luján para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110 de la Capital Federal.

Pilar Fernández Escarguel para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Capital Federal.

Hugo Daniel Froy para fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, Corrientes.

Juan Tomás Rodríguez Ponte para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Buenos Aires.

Santiago Villagrán para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.

Paula Vanesa Romeo para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

Julio César di Giorgio para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal.

Juan Carlos Riccardini para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y N° 9 de la Capital Federal.

Ángel Roger Luna Roldán para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

María Virginia Ise para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.

Juan Marcelo Burella Acevedo para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.

Ruth María Ponce de León para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones.

Pablo Roberto Toledo para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

Claudio Fabián Loguarro para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III.

Diego Fernando Manauta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V.

Diego Javier Tula para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.

Marina Edith Pisacco para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI.

María Claudia Jueguen para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X.

Víctor Arturo Pesino para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII.

Leopoldo Jorge Rago Gallo para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.

Matilde Evangelina Ballerini para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.

Pedro Mariano Rebollo para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Natalia Cecilia Crede para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.

María Ángeles Ramos para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 4.

Santiago Roldán para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 2.

Gustavo Alejandro Roque Cultraro para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 de la Capital Federal.

Bernardo María Rodríguez Palma para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Buenos Aires.

Fernando Carlos Damián Pascual para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal.

Mariana Salduna para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal.

Vanesa Silvana Alfaro para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal.

Bárbara Rastellino para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Capital Federal.

Javier Rodrigo Pereyra para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.

Agustín Raúl Rubiero para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D.

Alicia Isabel Braghini para vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.

Florencia Inés Córdoba para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Capital Federal.

Lucila Califano para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal.

Hernán Enrique Figueroa para defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2.

Germán Luis Artola para defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11.

Nuria Saba Sardañons para defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15.

José Nicolás Celestino Chumbita para defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.

Sofía Beatriz del Milagro Martín para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero.

Maximiliano Eduardo Nicolás para defensor público de menores e incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 4.

María Laura Irastorza para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.

María Esther Pinos para defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa.

Ana Clarisa Galán Muñoz para defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.

Maximiliano Abel Chávez, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Di Lena y Fernando Gabriel Saraboso, conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

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Caputo usa utilidades del BCRA para cancelar deuda y acelerar el saneamiento del balance del Central

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El Gobierno nacional avanzó con una nueva operación financiera orientada a recomponer el balance del Banco Central y reducir pasivos del Tesoro. Según informó el Ministerio de Economía, el BCRA puso a disposición del Tesoro Nacional $24,4 billones correspondientes a dividendos del ejercicio 2025, recursos que serán destinados en parte a reforzar depósitos oficiales y, principalmente, a cancelar Letras Intransferibles en poder de la autoridad monetaria.

La medida implica la utilización de $18,4 billones para recomprar Letras Intransferibles por un valor nominal estimado de USD 21.700 millones. De acuerdo con el comunicado oficial, la operación reducirá la deuda bruta del Tesoro en aproximadamente 3,3% del Producto Interno Bruto.

El restante de los fondos, unos $6 billones, será utilizado para constituir depósitos del Tesoro en el Banco Central, en un movimiento que el oficialismo presenta como parte de una estrategia de fortalecimiento patrimonial y estabilización monetaria.

El Gobierno apunta a desarmar uno de los pasivos históricos del BCRA

Las Letras Intransferibles fueron emitidas en años anteriores como mecanismo para compensar el uso de reservas internacionales por parte del Tesoro Nacional. Según explicó Economía, esos instrumentos reemplazaron activos líquidos —como dólares de reservas— por títulos “ilíquidos y sin valor de mercado”.

El comunicado oficial remarcó que esa operatoria había deteriorado el activo del Banco Central en un contexto de déficit fiscal y cierre del financiamiento voluntario. El Gobierno sostuvo además que, al inicio de diciembre de 2023, las reservas netas eran negativas en más de USD 11.000 millones.

La recompra de esos instrumentos aparece ahora como una de las piezas centrales del proceso de saneamiento del balance del BCRA iniciado por la administración de Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

El movimiento se conoció luego de que el Directorio del Banco Central aprobara los estados contables correspondientes a 2025, ejercicio en el que la entidad registró una ganancia de $34,3 billones. Según los datos oficiales, el resultado implicó una mejora del 34% respecto de 2024, mientras que el patrimonio neto alcanzó los $51,3 billones.

El BCRA atribuyó parte de esa mejora al recupero generado por la recompra de Letras Intransferibles y al incremento de reservas internacionales, que ascendieron a USD 41.095 millones al cierre de 2025.

El organismo también vinculó la mejora patrimonial con operaciones financiadas mediante desembolsos del FMI, acuerdos REPO con bancos internacionales y la valorización del oro.

La operación tiene además una lectura institucional y política. El Gobierno intenta mostrar consistencia fiscal y capacidad de ordenamiento financiero en un contexto donde la acumulación de reservas y la credibilidad monetaria siguen siendo variables observadas por el mercado y los organismos internacionales.

La decisión de utilizar utilidades contables del BCRA para cancelar deuda intraestado busca además reducir uno de los principales cuestionamientos históricos sobre la calidad de los activos del Central.

En paralelo, el Banco Central informó que continuará durante 2026 con el proceso de saneamiento de su hoja de balance y con un programa de compra de reservas preanunciadas, apoyado —según indicó— en la remonetización de la economía.

Qué cambia para la economía real

Aunque la operación ocurre dentro del sector público, el movimiento tiene efectos indirectos sobre el esquema económico general. La reducción de pasivos del Tesoro y la recomposición patrimonial del BCRA apuntan a fortalecer la estabilidad monetaria y financiera, dos variables clave para la estrategia antiinflacionaria del Gobierno.

También busca consolidar señales hacia acreedores e inversores en medio de un programa económico que mantiene el equilibrio fiscal como principal ancla.

El propio Banco Central destacó la reducción de intereses pagados por pasivos monetarios y la caída de los gastos de emisión, en línea con la política de contracción monetaria aplicada durante el último año.

Si el proceso de saneamiento financiero logra sostener la desaceleración inflacionaria y mejorar las condiciones de financiamiento, sectores productivos regionales podrían beneficiarse de una menor volatilidad cambiaria y monetaria. Sin embargo, el escenario todavía depende de variables externas, del nivel de reservas y de la capacidad oficial para sostener el equilibrio fiscal sin frenar la actividad.

El Gobierno exhibe la cancelación de Letras Intransferibles como una señal de normalización financiera y fortalecimiento institucional del Banco Central. Sin embargo, la consistencia de ese proceso seguirá atada a la evolución de reservas, la estabilidad cambiaria y el acceso al financiamiento.

La atención del mercado ahora se concentra en cómo evolucionará la estrategia de acumulación de divisas y en qué medida el saneamiento del balance del BCRA puede traducirse en una mayor estabilidad económica durante 2026.

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Cuba aceptará una oferta de ayuda de Estados Unidos por US$ 100 millones

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Hasta el jueves 14 de mayo, las autoridades de Washington y La Habana tenían las conversaciones estancadas pero un ofrecimiento a Cuba por parte del Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, mejoró momentáneamente la relación bilateral.

“Si el gobierno de Estados Unidos está realmente dispuesto a proporcionar ayuda en las cantidades que ha anunciado, no encontrará ni obstáculos ni ingratitud por parte de Cuba, por muy inconsistente y paradójica que pueda parecerle tal oferta a un pueblo al que ese mismo gobierno estadounidense somete sistemática y despiadadamente a castigos colectivos”, escribió Miguel Díaz-Canel en una publicación en X.

El Departamento de Estado indicó que la ayuda podría ser distribuida por la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables. Rubio abordó la entrega de la ayuda en una reunión en el Vaticano con el Papa León XIV la semana pasada. 

El presidente cubano reconoció que la experiencia de su gobierno trabajando con la Iglesia Católica es “rica y productiva”.“Las prioridades son combustible, alimentos y medicinas”.

La población cubana sufre escasez de alimentos, apagones y el colapso de su infraestructura.

La economía ha estado prácticamente paralizada durante más de un año y agravó esa situación el bloqueo energético dispuestos por la administración de Donald Trump a la isla.

El miércoles 13 de mayo, el ministro de Energía del país declaró se habían quedado sin combustible, justo cuando comienza la temporada de calor estival en la isla. “No tenemos absolutamente nada de combustible, no tenemos absolutamente nada de diésel”, dijo Vicente de la O Levy en la televisión estatal. 

Apagones generalizados en Cuba

En las principales ciudades han estallado protestas después de que se sucedieran apagones de hasta 48 horas durante la semana.

Cuba perdió a sus proveedores habituales de petróleo cuando Venezuela dejó de enviar crudo después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro a principios de enero.

Algo similar ocurrió con México después de que el presidente estadounidense firmara una orden ejecutiva que amenazaba con imponer aranceles a los países que vendieran combustible a la isla.

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El Banco Central compró más de 100 millones de dólares y las reservas superan los 46.000 millones

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Finalizada la cuarta jornada de la semana, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a adquirir divisas de los Estados Unidos por más de 100 millones de dólares.

Con la compra de dólares estadounidenses que efectuó en el día de la fecha el BCRA, las reservas superaron ampliamente los 46.000 millones de dólares.

El Banco Central volvió a comprar dólares este jueves y, a una jornada del cierre de una nueva semana, adquirió 140 millones de dólares para robustecer sus reservas y lograr alcanzar la meta a fin de año. De esta manera, las reservas del Central alcanzaron los 46.194 millones de dólares.

¿Cuál es el número de dólares que pretende acumular el Gobierno para finales de año?

En este sentido, el número al que aspira llegar el gobierno con las reservas de dólares estadounidenses ronda entre los 10.000 y los 17.000 millones.

Fuentes del Ministerio de Economía señalaron que todavía no se concretó el ingreso principal de dólares de la cosecha agrícola, lo que, según sus perspectivas, incrementará la oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y fortalecerá la capacidad de compra del BCRA en el corto plazo.

El porcentaje de avance sobre la meta anual de compras se sitúa en 80,16 por ciento. Sin embargo, la demanda de divisas del Tesoro para afrontar pagos de deuda limitó el crecimiento neto de reservas durante el primer trimestre.

Para mantener el ritmo de compras, el Central optó por emitir pesos sin aplicar esterilización, mientras el Tesoro absorbió liquidez a través de colocaciones de deuda en moneda local, buscando aliviar la presión sobre la cotización y moderar la inflación.

Las previsiones oficiales para 2026 proyectan un saldo neto de compras entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, sujeto al flujo de divisas y a la demanda interna de pesos. Santiago Bausili, presidente del BCRA, remarcó que ambos factores serán claves para el resultado final del año.

La liquidación de la cosecha gruesa aportará una suma relevante de dólares, lo que permitirá robustecer las reservas. Además, se estima que la emisión de deuda corporativa en mercados internacionales podría añadir más de USD 3.200 millones, reforzando la capacidad de intervención y la estabilidad cambiaria.

Al cierre de la última rueda, las reservas internacionales se ubicaron en USD 46.194 millones tras una baja diaria de USD 337 millones explicada por baja de cotizaciones de los activos que integran el stock y pagos a organismos internacionales, según fuentes del Central.

El máximo de reservas durante la gestión actual se alcanzó en febrero, con USD 46.905 millones, nivel que no se veía desde 2018. La caída posterior respondió a pagos de deuda externa y a la volatilidad internacional, que afectó la cotización de activos como el oro y los bonos soberanos.

El último Informe de Política Monetaria (IPOM) subrayó que en el contexto del desarrollo del conflicto en Medio Oriente, se espera que la economía argentina consolide su superávit comercial en 2026, “configurando un escenario propicio para que continúe el proceso de compra de reservas internacionales”.

Las exportaciones continuarían con su tendencia positiva. Éstas serían impulsadas por una cosecha que, con una evolución climática favorable y tras la reducción de los derechos de exportación implementada el año previo, se encamina a ser la más alta de la historia”, reza el reporte oficial.

Al mismo tiempo, la autoridad monetaria consideró que “se suma un contexto internacional de mejora en los precios internacionales de los principales productos exportados por el país —granos, aceites, metales y petróleo—, así como el dinamismo creciente de sectores estratégicos. En efecto, la energía y la minería contribuirían a incrementar los envíos externos a medida que maduren los proyectos en curso y se incorporen nuevas iniciativas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y del Súper RIGI”.

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El INDEC informó que la canasta básica subió 1,1% en abril y una familia tipo necesitó casi $1,47 millones para no ser pobre

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La desaceleración de la inflación convivió con un nuevo aumento de las líneas de pobreza e indigencia. La Canasta Básica Total trepó 2,5% mensual y consolidó una suba interanual de 32,4%, en un escenario donde el consumo sigue bajo presión.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 1,1% en abril respecto de marzo, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) registró una suba de 2,5%. Con estos datos, una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó $1.469.786 para no caer bajo la línea de pobreza y $665.053 para cubrir únicamente los alimentos mínimos y no ser indigente.

La publicación se conoció en paralelo al dato de inflación de abril, que fue de 2,6%, y volvió a mostrar una desaceleración respecto de los meses previos. Sin embargo, la dinámica de las canastas sociales expone que el costo de sostener ingresos básicos continúa en niveles elevados, aun con menor presión inflacionaria.

Qué muestran las nuevas líneas de pobreza e indigencia

Según el organismo estadístico, la CBA acumuló una variación de 12,8% en lo que va de 2026 y de 32,4% en términos interanuales. La CBT, que incorpora además bienes y servicios no alimentarios, avanzó 12,3% en el año y también alcanzó un incremento interanual de 32,4%.

El informe detalla distintos escenarios familiares. En un hogar compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años, se necesitaron $529.460 para cubrir la canasta alimentaria y $1.170.106 para acceder a la canasta total.

En tanto, para un hogar integrado por un hombre y una mujer de 30 años con tres hijos pequeños, el umbral de indigencia ascendió a $699.490 y el de pobreza alcanzó los $1.545.872.

El INDEC recordó que la CBA se calcula tomando como referencia los requerimientos nutricionales mínimos de un adulto equivalente, mientras que la CBT amplía esa base incorporando gastos no alimentarios mediante el coeficiente de Engel.

La diferencia entre la inflación general de abril y la evolución de las canastas revela una tensión económica que el Gobierno sigue monitoreando: la baja del índice general no implica automáticamente una recuperación del poder de compra.

Mientras la CBA mostró una variación mensual más moderada, la CBT avanzó casi al mismo ritmo que el IPC. Eso significa que servicios, transporte, educación, indumentaria y otros consumos esenciales continúan presionando sobre los ingresos familiares.

El dato adquiere relevancia política porque las canastas funcionan como referencia directa para medir pobreza e indigencia. También son variables sensibles en negociaciones salariales, asistencia social y actualización de ingresos.

El frente social sigue siendo una variable crítica para el Gobierno

La administración nacional viene sosteniendo como eje central de su estrategia económica la desaceleración inflacionaria y el equilibrio fiscal. Sin embargo, los números del INDEC muestran que el proceso todavía convive con niveles altos de exigencia para los hogares urbanos.

La suba de la CBT por encima de la CBA también deja entrever que el peso de los servicios y consumos no alimentarios mantiene tensión sobre las economías familiares, aun cuando algunos alimentos desaceleraron sus aumentos.

En ese contexto, la evolución del consumo privado, los salarios y la capacidad de recuperación del mercado interno aparecen como variables centrales para los próximos meses.

La desaceleración de la inflación abrió una nueva etapa para la política económica, pero las cifras de pobreza e indigencia continúan condicionadas por el comportamiento de los ingresos reales y del consumo.

El mercado y el Gobierno seguirán de cerca si la baja del IPC logra consolidarse en los próximos meses y si eso se traduce efectivamente en una mejora del poder adquisitivo. También habrá atención sobre el impacto de tarifas, salarios y actividad económica en la evolución futura de las canastas básicas.

canasta_05_26 INDEC by CristianMilciades

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