Economis Redacción

Pese a los anuncios, el clima inversor es amarrate: el RIGI es sólo el 1,5% del PBI

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El Gobierno de Javier Milei acumula anuncios de inversiones, mejoras en la calificación de la deuda soberana y un renovado discurso de confianza en el rumbo económico. Sin embargo, detrás de las señales positivas persiste una realidad más compleja: el flujo efectivo de inversiones continúa siendo reducido y los analistas advierten que el sector privado aún espera señales de mayor estabilidad antes de comprometer capitales de largo plazo.

Uno de los indicadores que mejor refleja esa brecha es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De acuerdo con estimaciones privadas, de los casi 124.000 millones de dólares en proyectos anunciados, apenas unos 7.881 millones se desembolsarían efectivamente durante los próximos dos años. Esa cifra representa apenas el 7,2% del total previsto y equivale aproximadamente al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

Un clima de negocios que todavía no aparece

Para el economista Orlando Ferreres, la principal limitación no pasa por la existencia del RIGI, sino por el contexto general.

Según su análisis, Argentina aún no ofrece un ambiente de inversión comparable con el de otras economías de la región, ya que las empresas prefieren esperar definiciones políticas antes de comprometer grandes desembolsos. El interrogante central continúa siendo qué ocurrirá con el rumbo económico después de 2027.

En la misma línea, el exsecretario de Finanzas Daniel Marx sostiene que la pregunta más frecuente entre los inversores internacionales es si esta vez las reformas tendrán continuidad más allá del actual gobierno. Esa incertidumbre, coinciden distintos especialistas, sigue siendo uno de los principales frenos para el ingreso de inversiones productivas.

Mejora financiera, pero con poco impacto en la economía real

El optimismo oficial se apoya también en la recuperación de la percepción financiera del país. Esta semana, la calificadora Moody’s elevó la nota de la deuda argentina y dejó una perspectiva positiva, alineándose con las evaluaciones de las otras grandes agencias internacionales.

Para el Gobierno, esta mejora constituye una señal de confianza que debería facilitar el acceso al financiamiento y reducir el riesgo país. Sin embargo, los economistas distinguen entre la recuperación del mercado financiero y la inversión en la economía real. Una menor prima de riesgo ayuda a estabilizar el escenario macroeconómico, pero no garantiza por sí sola nuevas fábricas, plantas industriales o generación de empleo.

Pocas inversiones y muy concentradas

Otro de los rasgos que muestran los datos del RIGI es la fuerte concentración sectorial y geográfica.

La mayor parte de los proyectos aprobados corresponde a hidrocarburos, minería e infraestructura energética, principalmente en Río Negro y Neuquén. Tres emprendimientos explican alrededor del 60% de las inversiones previstas para los próximos dos años, una característica que reduce el efecto multiplicador sobre el resto de la economía.

En consecuencia, mientras algunos sectores estratégicos muestran una expansión significativa, buena parte de la industria continúa operando con bajos niveles de utilización de su capacidad instalada y el crecimiento económico se distribuye de manera muy desigual.

El desafío del Gobierno

La administración Milei apuesta a profundizar la desregulación, reducir aún más el riesgo país y consolidar el equilibrio macroeconómico para atraer inversiones de mayor volumen.

No obstante, el principal desafío parece ser transformar las mejoras financieras en decisiones concretas del sector privado. Mientras persista la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico y se mantengan elevadas las tasas de interés, gran parte del capital seguirá optando por esperar antes que asumir riesgos en proyectos productivos de largo plazo.

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El sector cárnico sale en defensa del IPCVA y rechaza el plan de desregulación del Gobierno

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El debate por la desregulación de distintos organismos públicos sumó un nuevo capítulo. Tras conocerse el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para modificar el esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), las principales entidades de la producción ganadera y de la industria frigorífica emitieron un fuerte pronunciamiento en defensa del organismo.

En un documento conjunto, las entidades que integran el Consejo de Representantes del IPCVA expresaron su “firme respaldo institucional” al Instituto y reivindicaron su papel como una herramienta estratégica para el desarrollo de la cadena bovina y la promoción de la carne argentina en los mercados nacionales e internacionales.

“Las propuestas de implementar un sistema de aportes voluntarios significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA”, advirtieron.

Un instituto financiado por el sector privado

Las entidades recordaron que el IPCVA fue creado por la Ley 25.507 a iniciativa del propio sector privado y que, desde entonces, se consolidó como el principal organismo encargado de financiar estudios técnicos, generar información estratégica y promover la carne vacuna argentina en el mundo.

También remarcaron que el Instituto funciona exclusivamente con recursos aportados por la cadena productiva, sin financiamiento del Tesoro Nacional. El esquema vigente establece un aporte obligatorio equivalente al 0,07% del valor índice de la res vacuna por parte de los productores y del 0,03% por parte de la industria frigorífica.

Según sostienen, este sistema garantiza el funcionamiento del organismo y evita el problema del “free rider”, es decir, que algunos actores se beneficien de las acciones de promoción sin contribuir a financiarlas.

Amplia representación federal

El documento destaca que el IPCVA reúne a toda la cadena de ganados y carnes, con representación federal de productores, cooperativas, frigoríficos exportadores e industria.

Entre las entidades firmantes figuran la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica, la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas y la Unión de la Industria Cárnica Argentina.

Asimismo, recordaron que el Estado nacional participa en el Consejo de Representantes a través de la Secretaría de Agricultura, mientras que el Consejo Asesor incorpora a instituciones técnicas, cámaras empresarias, asociaciones de criadores, organismos científicos y representantes oficiales.

“Así funcionan los principales países exportadores”

Uno de los principales argumentos del sector apunta a que el modelo argentino replica el esquema utilizado por los mayores exportadores mundiales de carne.

Las entidades señalaron que Australia, Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay mantienen sistemas de financiamiento obligatorio para sus institutos de promoción, e incluso varios de ellos complementan esos recursos con aportes estatales.

En comparación internacional, sostienen que el presupuesto del IPCVA resulta significativamente menor al de organismos similares, pese a que Argentina continúa siendo uno de los principales productores y exportadores de carne vacuna del mundo.

Riesgo para la apertura de mercados

Las entidades también destacaron que el IPCVA ha sido determinante para la apertura y consolidación de mercados internacionales, el fortalecimiento de las relaciones sanitarias con los países compradores y el posicionamiento de la marca “Carne Argentina” como un producto premium.

Además, recordaron que entre el 3% y el 5% del presupuesto anual del Instituto se destina al apoyo de las tareas sanitarias que lleva adelante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

“Degradar la credibilidad y la capacidad operativa del IPCVA implicaría retroceder en logros construidos con años de trabajo conjunto, inversión privada y esfuerzo sostenido de toda la cadena”, sostuvieron.

Finalmente, las entidades ratificaron su respaldo al organismo y reclamaron que se mantengan las actuales condiciones de funcionamiento, al considerar que constituyen un pilar para el presente y el futuro de la producción y comercialización de la carne vacuna argentina.

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Del café a la pizza: comer en Misiones cuesta hasta 51% menos que el promedio argentino

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Comer afuera es una de las principales variables que siguen de cerca los consumidores. Pero Misiones aparece como una de las provincias con los precios gastronómicos más competitivos del país. Así lo muestra el mapa interactivo elaborado por la plataforma Fudo, que releva valores de restaurantes, cafeterías y bares de toda la Argentina.

La comparación arroja un dato contundente: los nueve productos analizados en la provincia presentan precios inferiores a la mediana nacional. La diferencia más marcada se observa en un clásico del desayuno argentino: la medialuna.

Mientras que en el promedio nacional una medialuna cuesta 1.637 pesos, en Misiones el precio mediano se ubica en 800 pesos, una diferencia del 51%, la mayor de todo el relevamiento para la provincia.

🍽️ Comer afuera sigue siendo más barato en Misiones

Los 9 productos relevados en julio de 2026 cuestan menos que la mediana nacional.

Producto Misiones Mediana nacional Diferencia
🥐 Medialuna $800 $1.637 -51%
🥟 Empanada $1.500 $2.075 -28%
☕ Café $2.550 $3.200 -20%
🥩 Milanesa $11.000 $12.800 -14%
🍺 Cerveza $4.000 $4.500 -11%
🍔 Hamburguesa $8.600 $9.525 -10%
🍟 Papas fritas $6.000 $6.500 -8%
🍮 Flan $4.200 $4.500 -7%
🍕 Pizza muzzarella $9.475 $9.900 -4%
51%
La mayor diferencia se registra en la medialuna
En Misiones cuesta $800, frente a una mediana nacional de $1.637.
Fuente: Fudo (julio 2026). Relevamiento sobre más de 13.400 locales gastronómicos de Argentina. Se utilizaron precios medianos por establecimiento y se excluyeron promociones, combos, docenas, porciones y sándwiches.

La brecha también resulta significativa en otros productos de consumo cotidiano. La empanada registra un precio mediano de 1.500 pesos, frente a los 2.075 pesos del país, lo que representa una diferencia del 28%. El café, otro indicador habitual del consumo urbano, cuesta 2.550 pesos en Misiones contra 3.200 pesos a nivel nacional, un valor 20% inferior.

En los platos principales también se observa una ventaja para el bolsillo. La milanesa presenta un precio mediano de 11.000 pesos, un 14% menos que la referencia nacional de 12.800 pesos, mientras que la hamburguesa se ofrece a 8.600 pesos, aproximadamente 10% por debajo del promedio argentino.

Las bebidas acompañan esa tendencia. Una cerveza cuesta en promedio 4.000 pesos en Misiones, frente a 4.500 pesos en el conjunto del país. Las papas fritas registran una diferencia del 8%, el flan del 7% y la pizza de muzzarella mantiene prácticamente el mismo valor que la referencia nacional, aunque todavía un 4% inferior.

La competitividad de la gastronomía misionera

Más allá de las diferencias puntuales entre productos, el relevamiento deja una conclusión clara: la gastronomía misionera conserva una estructura de precios relativamente más accesible que la del promedio nacional.

Esto puede responder a una combinación de factores, entre ellos costos operativos, estrategias comerciales de los establecimientos y el poder adquisitivo de la demanda local, que obliga a mantener una oferta competitiva para sostener el consumo.

Al mismo tiempo, estos valores fortalecen la competitividad del sector turístico provincial. Para quienes visitan Misiones desde otras jurisdicciones, salir a desayunar, almorzar o cenar continúa representando un gasto relativamente menor que en buena parte de las grandes ciudades argentinas.

La fotografía corresponde a julio de 2026 y surge de un análisis realizado sobre más de 13.400 locales gastronómicos de todo el país.

El estudio utiliza precios medianos por establecimiento, una metodología que evita que las grandes cadenas tengan mayor incidencia sobre los resultados y permite reflejar con mayor precisión el valor habitual que enfrenta el consumidor.

Además, el relevamiento excluye promociones, combos, docenas, porciones y sándwiches, para garantizar la comparación entre productos equivalentes.

En el caso de Misiones, los datos de la medialuna -el producto con mayor diferencia respecto del promedio nacional- cuentan con una muestra representativa, lo que refuerza la consistencia estadística del resultado.

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Passalacqua pidió a los senadores votar contra la reforma de la Ley de Tierras

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La postura del Gobierno de Misiones frente a la reforma de la Ley de Tierras Rurales se endurece a medida que se acerca la sesión del Senado prevista para el 6 de agosto. El gobernador Hugo Passalacqua mantuvo una reunión con los senadores nacionales Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, a quienes les pidió expresamente que voten en contra del proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, al considerar que abre la puerta a una mayor extranjerización de las tierras rurales y afecta intereses estratégicos de la provincia.

La revelación fue realizada por el jefe de Gabinete, Carlos Sartori, quien explicó que el mandatario transmitió personalmente la posición institucional de Misiones.

“El gobernador se reunió justamente con los senadores para transmitirles la postura del Gobierno de la provincia en defender los intereses de Misiones”, señaló el funcionario en el marco del Conservatorio denominado “Extranjerización de Tierras. Reforma a la Ley 26.737”, que se desarrolló en la sede del Instituto Misionero de Biodiversidad.

Según Sartori, Passalacqua fue claro al solicitar que los legisladores nacionales rechacen la iniciativa. “Él les pidió encarecidamente que no voten esta cuestión por lo que implica el avance sobre nuestra soberanía y, en especial, sobre los intereses de los misioneros que tanto cuidamos nuestra biodiversidad”, afirmó.

El funcionario sostuvo además que el mensaje del gobernador excede la discusión jurídica y se vincula con la defensa del patrimonio natural de la provincia. “Lo que nos está pidiendo el gobernador es que acompañemos esta postura de soberanía. Defendamos los intereses de los misioneros, defendamos los intereses de los argentinos, hagamos patria”, expresó.

Sartori adelantó que el tema será abordado en una reunión de gabinete ampliada con unos 40 intendentes de la zona Centro y Sur, quienes recibirán explicaciones técnicas para replicar los argumentos en cada municipio.

Sartori fue uno de los disertantes del conversatorio, junto al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, como un espacio para analizar “los desafíos que enfrenta Misiones como provincia de frontera, custodio de una de las mayores reservas de biodiversidad del país y de valiosos recursos hídricos estratégicos”.

La actividad fue organizada por el organismo que preside Viviana Rovira, quien además conduce la Red de Mujeres del Movimiento, uno de los primeros espacios políticos en expresar públicamente su rechazo a la iniciativa nacional.

Aquel pronunciamiento advirtió que el proyecto elimina límites históricos a la compra de tierras rurales por extranjeros y flexibiliza controles sobre inmuebles ubicados en zonas sensibles, por lo que fue definido como una iniciativa que “facilita la entrega del territorio” más que una norma destinada a proteger la propiedad privada.

El conversatorio se suma a una serie de manifestaciones institucionales impulsadas desde distintos sectores vinculados al oficialismo misionero.

En las últimas semanas también se pronunciaron la Asociación de Intendentes del Norte Misionero (ADINM), la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (CODEIM) y el Movimiento Industrial Misionero, todos coincidiendo en reclamar a los senadores nacionales que rechacen la reforma.

El argumento común es que Misiones posee condiciones excepcionales como provincia de frontera, alberga el mayor remanente de Selva Paranaense de la Argentina, protege importantes reservas de agua dulce y concentra una biodiversidad considerada estratégica para el país.

Desde esa perspectiva, el Gobierno provincial sostiene que la reforma elimina herramientas de protección construidas durante años, como los límites a la concentración de tierras rurales en manos extranjeras, las restricciones para inmuebles vinculados a recursos hídricos y los controles especiales sobre zonas de seguridad de frontera.

Uno de los puntos que mayor preocupación genera es la incorporación del denominado “silencio administrativo positivo”, mecanismo por el cual una operación podría considerarse aprobada automáticamente si el Estado no responde dentro del plazo previsto, incluso en áreas consideradas estratégicas.

Con el pedido directo del gobernador a los senadores y la apertura de nuevos espacios de discusión técnica y política, Misiones busca consolidar un frente provincial que trascienda al oficialismo y sostenga una posición unificada frente a una reforma que considera clave para la defensa de su territorio, su biodiversidad y su soberanía.

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La industria misionera se suma al rechazo a la flexibilización de la Ley de Tierras

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La resistencia al proyecto de reforma de la Ley de Tierras Rurales continúa ampliándose en Misiones. Esta vez fue el Movimiento Industrial Misionero (MIM) el que expresó públicamente su rechazo a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para flexibilizar las restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que la propuesta representa un riesgo para la soberanía nacional y advirtió que la ampliación de los límites actualmente establecidos por la legislación vigente podría convertirse en un antecedente peligroso para avanzar sobre otros aspectos considerados estratégicos para el país.

“El Movimiento Industrial Misionero manifiesta su firme oposición a la iniciativa que busca ampliar los límites a la venta de tierras nacionales a extranjeros. Consideramos que la extranjerización del suelo que exceda lo permitido por la ley vigente puede constituirse en el precedente de avanzar sobre cuestiones sensibles e inaceptables”, señalaron.

El posicionamiento adquiere especial relevancia en el contexto misionero. La provincia posee una condición geopolítica singular: cerca del 90% de su territorio limita con Brasil y Paraguay, una característica que, según el sector industrial, exige mantener mecanismos de protección sobre la propiedad de la tierra.

Desde el MIM remarcaron que habilitar un mayor acceso de capitales extranjeros a inmuebles rurales podría profundizar influencias externas en una región estratégica para la seguridad, la producción y la preservación de los recursos naturales.

“En una provincia como Misiones, con el 90% de su frontera lindando con países vecinos, permitir un avance sobre la propiedad de la tierra implicaría aumentar las influencias externas que pueden comprometer nuestra identidad, nuestra producción y nuestro futuro”, afirmaron.

El comunicado concluye con una defensa explícita del modelo de desarrollo basado en la producción local y la industria nacional.

“Defendemos el patrimonio, la producción y la industria nacional como condición irrenunciable para garantizar nuestro desarrollo”, expresaron.

El pronunciamiento del Movimiento Industrial Misionero se suma a una creciente serie de rechazos provenientes de distintos sectores de la provincia. En las últimas semanas ya habían manifestado su oposición los intendentes nucleados en la Asociación de Intendentes del Norte de Misiones (ADINM) y la Comisión de Desarrollo Estratégico Integral de Municipios (CODEIM), además de organizaciones sociales, dirigentes políticos y la Red de Mujeres del Movimiento.

Todos coinciden en advertir que la reforma impulsada por la Nación debilita las herramientas que actualmente limitan la extranjerización de tierras rurales, elimina resguardos sobre áreas sensibles vinculadas a recursos hídricos y zonas de frontera, e incorpora mecanismos como el denominado “silencio administrativo positivo”, por el cual determinadas operaciones podrían quedar aprobadas automáticamente si el Estado no responde dentro del plazo previsto.

Con este nuevo pronunciamiento, el rechazo al proyecto deja de circunscribirse al ámbito político e incorpora también al sector industrial, que plantea que la preservación de la tierra constituye una condición estratégica para proteger la producción, las inversiones locales y el desarrollo económico de Misiones.

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