Los senadores por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, evalúan votar en contra del capítulo 3 del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras, mientras que el PRO-libertario Martín Goerling ratificó que votará a favor de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La postura de Arce y Rojas Decut no implicaría rechazar la totalidad del proyecto, sino el apartado referido a la extranjerización de tierras, tras considerar que una flexibilización de las restricciones podría afectar a una provincia de frontera como Misiones.
La posición está alineada con el planteo que les hizo el gobernador Hugo Passalacqua, con quien se reunieron en las últimas horas. El mandatario sostiene la necesidad de preservar el territorio provincial, los recursos naturales, la biodiversidad, los cursos de agua y las áreas productivas estratégicas.
Aunque la decisión aún no fue oficializada, la evaluación apunta a mantener las herramientas de protección territorial vigentes y evitar cambios que puedan facilitar una mayor concentración o extranjerización de las tierras rurales. El tema genera expectativa entre sectores productivos, sociales y ambientales de la provincia.
En contraste, el senador Martín Göerling confirmó que votará a favor de la iniciativa y salió a cuestionar con dureza los argumentos del oficialismo misionero.
En una entrevista con Open 101.7, el legislador del PRO, alineado con el oficialismo nacional, sostuvo que la polémica en la provincia se construyó sobre “información falsa” y aseguró que el texto que llegará al recinto el próximo 6 de agosto es muy distinto al proyecto original, luego de múltiples modificaciones durante el debate parlamentario.
“La polémica se armó en Misiones faltando totalmente a la verdad sobre lo que se está discutiendo”, afirmó. Incluso vinculó las críticas a “una interna del oficialismo” provincial y aseguró que muchos de los cuestionamientos públicos no se corresponden con el contenido definitivo del proyecto.
Uno de los principales argumentos del Gobierno de Misiones es que la reforma elimina barreras para la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente en una provincia fronteriza y con importantes recursos naturales.
Goerling rechazó esa interpretación. Explicó que la iniciativa no modifica la legislación vigente desde 1944 que declara a Misiones zona de seguridad de frontera, por lo que cualquier adquisición de inmuebles por parte de ciudadanos extranjeros continuará requiriendo autorización estatal.
“Ningún extranjero va a poder comprar un metro de tierra en Misiones sin autorización. Eso no cambia”, sostuvo.
El senador también negó que la reforma implique una desprotección de los recursos hídricos, los bosques o las áreas de conservación.
El eje central de la defensa de Goerling es que la reforma elimina la intervención directa del Estado nacional en la fijación de límites generales y devuelve a cada provincia la capacidad de definir su propia política sobre la propiedad rural.
Según explicó, la actual ley, sancionada en 2011, estableció un límite del 15% para la propiedad extranjera tanto a nivel nacional como por departamento, sin contemplar la participación de las provincias en esas decisiones.
“La ley vigente define desde Buenos Aires quién puede comprar tierras en Misiones. Esta reforma les devuelve explícitamente esa potestad a las provincias”, afirmó.
Como ejemplo, recordó que departamentos como Iguazú, Wanda, Puerto Libertad y Esperanza ya superan ampliamente ese porcentaje debido a propiedades adquiridas antes de la sanción de la norma o pertenecientes a empresas extranjeras como Arauco.
A su criterio, el nuevo esquema permitirá que cada provincia autorice o rechace inversiones según sus propios intereses estratégicos.
Goerling también cuestionó las declaraciones de intendentes que en las últimas semanas se pronunciaron contra la reforma.
Dijo que muchos de los planteos realizados por los jefes comunales ya están contemplados en el texto que llegará al Senado.
“Escuché a varios intendentes pedir exactamente lo que establece esta ley: que la provincia tenga injerencia, que proteja los recursos naturales y que pueda decidir sobre su territorio. Todo eso está previsto en el proyecto”, afirmó.
En ese contexto, sostuvo que el Gobierno provincial debería comenzar a trabajar en una legislación específica para regular esas facultades en caso de que la reforma sea aprobada.
“Le diría al gobernador Passalacqua que, en lugar de pedir que rechacemos el proyecto, nos pongamos a trabajar en una ley provincial que establezca todas esas protecciones”, planteó.
Un debate que divide a Misiones
Las declaraciones del senador profundizan un escenario de fuerte confrontación política.
En las últimas semanas el Gobierno provincial impulsó un amplio frente institucional contra la reforma. Además del pronunciamiento del gobernador, también expresaron su rechazo la Asociación de Intendentes del Norte Misionero (ADINM), la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (CODEIM), el Movimiento Industrial Misionero y la Red de Mujeres del Movimiento, encabezada por Viviana Rovira.
Todos coinciden en advertir que la eliminación de los límites nacionales a la compra de tierras por extranjeros podría facilitar la concentración de superficies estratégicas vinculadas a recursos hídricos, biodiversidad y zonas de frontera.
Goerling, en cambio, sostiene exactamente lo contrario: afirma que la reforma fortalece el federalismo, devuelve competencias a las provincias y no elimina ninguno de los controles específicos sobre las zonas fronterizas.
Con la sesión prevista para el 6 de agosto, el Senado se prepara para una votación que trasciende el debate jurídico y expone una diferencia política de fondo entre el Gobierno nacional y la conducción de Misiones sobre quién debe tener la última palabra en una cuestión considerada estratégica: el control del territorio provincial.
