Economis Redacción

Nideport busca escalar desde Misiones el mercado de créditos de carbono de alta integridad

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El mercado de carbono no tiene un precio único. Y esa diferencia, que puede multiplicar por diez el valor de un crédito según su calidad, trazabilidad e impacto ambiental, aparece como una de las claves del negocio que Nideport desarrolla desde Misiones.

En el marco del encuentro realizado en Posadas por los 80 años de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), Lucía Larrea explicó que el principal desafío comercial pasa precisamente por lograr que el mercado reconozca el valor diferencial de los créditos de alta integridad frente a una oferta internacional donde conviven activos ambientales de características y precios muy diferentes.

“Principalmente, el desafío es que se valore el crédito de alta calidad. Hay muchísimas empresas internacionales que están realmente buscando este crédito”, señaló Larrea.

La evolución del precio del propio proyecto de Nideport ofrece una medida concreta de ese proceso. Según explicó, cuando la compañía comenzó a desarrollar la iniciativa, sus créditos tenían una valuación cercana a US$4 por unidad. Actualmente, se ubican en un rango de US30 a US45.

“Eso es algo a lo que también el mercado voluntario fue poniéndole precio”, explicó.

La brecha resulta relevante porque muestra una creciente segmentación dentro del mercado global de carbono. Ya no alcanza solamente con acreditar una determinada cantidad de emisiones capturadas o evitadas. Los grandes compradores internacionales comienzan a exigir estándares adicionales relacionados con biodiversidad, impacto social, permanencia del proyecto, monitoreo y trazabilidad.

De Misiones al mercado global

Nideport desarrolla en Misiones Selva Paranaense Vida Nativa – GS1, un proyecto de conservación y restauración de bosque nativo que comprende unas 22.800 hectáreas y que obtuvo certificaciones internacionales bajo los estándares de Verra, además de la categoría CCB Gold por sus impactos positivos sobre clima, comunidades y biodiversidad.

El proyecto fue certificado con unos 138.000 créditos de carbono —VCUs— y combina conservación forestal, restauración de áreas degradadas, monitoreo de biodiversidad y trabajo con comunidades locales.

Ese conjunto de atributos es el que permite posicionar los créditos en un segmento superior del mercado.

Larrea explicó que esa diferenciación ya está siendo reconocida especialmente por las grandes compañías tecnológicas, uno de los sectores que más activamente busca créditos capaces de demostrar adicionalidad, permanencia y beneficios ambientales verificables.

“Las empresas tecnológicas más grandes están buscando este tipo de crédito”, afirmó.

El desafío aparece, en cambio, en mercados menos desarrollados como el argentino, donde todavía existe un menor conocimiento sobre las diferencias entre los distintos tipos de bonos ambientales.

“Quizás nos cuesta un poco más llegar a mercados como Argentina, donde todavía no llega a estar del todo comprendido qué significa esa integridad en el crédito”, advirtió.

La estrategia de Nideport para ampliar el proyecto está directamente vinculada con la incorporación de tecnología.

Larrea explicó que la experiencia inicial en Misiones permitió comprobar que la tecnología no es solamente una herramienta complementaria, sino una condición para escalar proyectos forestales de gran superficie manteniendo niveles elevados de control y trazabilidad.

“La estrategia para la escalabilidad está totalmente apalancada con la tecnología”, sostuvo.

Nideport utiliza distintas herramientas para monitorear sus áreas de conservación y restauración, entre ellas georreferenciación, drones, imágenes satelitales, inteligencia artificial, sensores, fotogrametría y tecnología LiDAR.

El objetivo es generar información verificable desde el terreno y seguir la evolución del bosque durante períodos prolongados.

“En este primer proyecto nos dimos cuenta de que la tecnología era fundamental para llevar a cabo la tarea en campo y todo lo que tiene que ver también con la trazabilidad de los créditos y de los datos que podemos recopilar”, explicó Larrea.

La combinación entre bosque y tecnología constituye además uno de los principales argumentos comerciales de la empresa: cuanto mayor es la capacidad de demostrar qué sucede sobre el territorio que origina un crédito, mayor es la posibilidad de acceder al segmento premium del mercado internacional.

El valor de los sellos internacionales

Otro elemento decisivo es la certificación.

Larrea destacó particularmente el CCB Gold, la máxima categoría dentro del estándar que evalúa beneficios vinculados con clima, comunidad y biodiversidad.

“Influye totalmente”, respondió ante la consulta sobre el peso que tiene esa certificación en las decisiones de compra de las empresas.

A esa distinción se suma la certificación de Verra, uno de los estándares internacionales de referencia dentro del mercado voluntario de carbono, y la calificación otorgada por Sylvera, firma especializada en evaluar la calidad de proyectos y créditos ambientales.

En el caso del proyecto de Nideport, la calificación obtenida es A.

“Las empresas tecnológicas están buscando todos los sellos de calidad que tienen nuestros créditos: que sean de Verra, que tengan el CCB Gold por impacto de clima, comunidad y biodiversidad, o el rating de Sylvera. En nuestro caso es rating A”, detalló.

La multiplicidad de certificaciones apunta precisamente a reducir uno de los principales riesgos que enfrenta actualmente el negocio mundial de compensaciones: la heterogeneidad en la calidad de los créditos disponibles.

Del mercado voluntario a los mercados regulados

Pero el horizonte de Nideport no termina en las operaciones voluntarias entre empresas.

Larrea señaló que una de las oportunidades de mayor escala podría surgir de la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París, que establece mecanismos para la cooperación internacional y la transferencia de resultados de mitigación entre países.

Ese fue, precisamente, uno de los ejes discutidos durante el encuentro de AFoA en Posadas.

“Creemos que los Estados y todo lo que estamos hablando en el panel sobre el Artículo 6 del Acuerdo de París nos llevaría a grandes mercados regulados”, sostuvo.

El salto no sería menor. Mientras el mercado voluntario depende fundamentalmente de compromisos corporativos, los mecanismos regulados pueden generar una demanda considerablemente mayor al incorporar metas climáticas nacionales y esquemas internacionales de cumplimiento.

Para Misiones, donde la conservación de la Selva Paranaense convive con una de las principales economías forestales de la Argentina, ese proceso abre una discusión económica que recién comienza: cómo convertir el capital natural y la restauración del bosque en activos capaces de generar ingresos internacionales sin resignar integridad ambiental.

Nideport intenta posicionarse justamente en ese segmento. No competir por el crédito más barato, sino por aquel capaz de demostrar qué carbono captura, durante cuánto tiempo, qué bosque protege y qué beneficios adicionales genera sobre la biodiversidad y las comunidades.

La evolución desde aquellos US4 hasta los 30-45 por crédito actuales, muestra que, al menos en el segmento premium del mercado internacional, esa diferencia ya empezó a tener precio.

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ArPulp avanza en Corrientes: una inversión de US$ 2.000 millones que proyecta transformar el mapa forestal de la región

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El proyecto de ArPulp para construir una planta de celulosa en Ituzaingó comienza a ingresar en una etapa decisiva. Después de aproximadamente dos años de trabajos técnicos, durante 2026 la compañía espera completar uno de los pasos centrales para una inversión estimada en US$ 2.000 millones solamente dentro del complejo industrial: la aprobación del estudio de impacto ambiental.

El ejecutivo tucumano Fernando Correa, con una larga experiencia profesional dentro del sector forestal, presentó los avances del proyecto durante el encuentro por los 80 años de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), realizado en Posadas. En diálogo con Economis, aseguró que la iniciativa mantiene por ahora el cronograma trazado originalmente y ratificó el objetivo de tener la planta funcionando en 2030.

“El proyecto está bastante en línea con el cronograma original. Siempre dijimos que el hito principal para este año es el estudio de impacto ambiental”, explicó Correa.

El documento se encuentra en su fase final y la expectativa de la empresa es presentar la documentación ante la autoridad ambiental de Corrientes durante las próximas semanas. Si el proceso administrativo avanza según lo previsto, la aprobación podría llegar hacia finales de 2026 o comienzos de 2027.

Pero mientras se desarrolla el trámite ambiental, ArPulp trabaja simultáneamente sobre otros componentes necesarios para una inversión de esta escala: capacitación de recursos humanos, logística, certificaciones, suministro forestal, ingeniería y estructuración financiera.

Una fábrica pensada para 2030

El calendario industrial permite dimensionar la complejidad del emprendimiento. Durante 2027 debería avanzar la ingeniería básica, una instancia que demandará entre diez y doce meses. Paralelamente comenzarán los pedidos de grandes equipos industriales, cuya fabricación puede insumir alrededor de un año y medio debido a que se producen específicamente para cada planta.

Después llegará la construcción.

“Los períodos de construcción son 48 meses. Un mes más, un mes menos”, sintetizó Correa a Economis.

La meta continúa siendo 2030. El proyecto contempla una inversión cercana a US$ 2.000 millones dentro de la fábrica, aunque la cifra final podría incrementarse por infraestructura complementaria. Entre las alternativas estudiadas aparecen inversiones logísticas y eventualmente instalaciones portuarias vinculadas con la salida de la producción hacia los mercados internacionales.

ArPulp apunta además a un segmento particular del negocio mundial de la celulosa: la celulosa fluff, utilizada principalmente por las industrias sanitaria y de higiene.

“Es un producto muy de nicho, muy específico”, explicó Correa. A diferencia de otras variedades de celulosa con características más cercanas a un commodity, la fluff abastece mercados que requieren especificaciones técnicas particulares.

Por eso, además del financiamiento, ArPulp trabaja en la incorporación de un socio estratégico internacional.

“El escenario ideal sería tener una empresa global que sepa producir celulosa, pero sobre todo por la parte de comercialización”, señaló.

La iniciativa está promovida por un grupo inversor argentino y ya existen conversaciones con bancos y organismos multilaterales para conseguir financiamiento.

Correa aclaró que la estructuración financiera está a cargo de especialistas y señaló a Grupo Pegasus, de Buenos Aires, como asesor financiero y socio del proyecto.

La magnitud del desembolso convierte al financiamiento en uno de los capítulos centrales de la inversión, pero también coloca en primer plano otra condición que ArPulp considera indispensable: la estabilidad jurídica.

Allí aparece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). ArPulp todavía no presentó formalmente su adhesión. La compañía proyecta hacerlo entre enero y febrero, fundamentalmente para compatibilizar el momento de inscripción con el calendario efectivo de desembolsos.

La normativa establece compromisos de inversión durante los primeros 24 meses posteriores al ingreso al régimen y, según explicó Correa, una inscripción demasiado anticipada no coincidiría con la curva normal de desembolsos de una planta de estas características.

Para el ejecutivo, la principal ventaja no está únicamente asociada a los incentivos fiscales.

“Lo importante que te da el RIGI es la protección a la inversión. Tenés un compromiso de que no se van a cambiar las reglas de juego por los próximos treinta años”, sostuvo.

Correa vinculó esa previsibilidad con uno de los principales obstáculos históricos para las grandes inversiones industriales en la Argentina: el riesgo asociado a modificaciones regulatorias, tributarias o cambiarias durante la vida útil de proyectos que necesitan décadas para recuperar el capital invertido.

En ese sentido, ubicó al proyecto forestal dentro de la nueva generación de inversiones intensivas en capital que aparecen junto con petróleo, gas y minería.

Cinco millones de metros cúbicos de madera por año

La escala industrial de ArPulp también promete modificar profundamente el mercado forestal del Nordeste.

La futura planta necesitaría aproximadamente cinco millones de metros cúbicos de madera por año. Una demanda permanente de semejante volumen tendría consecuencias sobre plantaciones, cosecha, transporte, servicios forestales, logística y planificación de nuevas superficies.

La compañía prevé desarrollar plantaciones propias para cubrir aproximadamente 30% de sus necesidades, lo que representaría entre 40.000 y 50.000 hectáreas netas.

El resto deberá provenir del mercado. “Vamos a ser compradores netos”, confirmó Correa. Y allí Misiones aparece directamente involucrada.

Aunque la planta estará instalada en Ituzaingó, su estrategia de abastecimiento contempla un radio económico de suministro alrededor del complejo industrial. La cercanía del sur misionero lo incorpora naturalmente a ese mapa.

“Misiones está muy cerquita también”, señaló.

Correa sostuvo que el complejo pretende integrarse como “un eslabón que falta” dentro de una cadena forestal que ya cuenta con plantaciones e industrias, pero todavía dispone de grandes volúmenes de biomasa con escaso valor comercial.

El residuo forestal pasa a tener valor

Este punto es central para comprender el impacto que ArPulp proyecta sobre los aserraderos de Misiones y Corrientes.

Según Correa, alrededor del 30% de la madera producida por hectárea actualmente termina como residuo, ya sea dentro del monte durante las operaciones forestales o posteriormente en los aserraderos.

Una planta de celulosa de gran escala puede convertir una parte de ese material en materia prima industrial.

“No es parte de la competencia, es un complemento”, planteó el ejecutivo durante su exposición, al explicar que una demanda estable permitiría valorizar fracciones del recurso que actualmente tienen poco o ningún aprovechamiento económico y, al mismo tiempo, mejorar la planificación de futuras plantaciones.

La lectura de ArPulp es que una fábrica que consume cinco millones de metros cúbicos anuales no solamente modifica el precio o la demanda de madera: obliga a elevar la productividad del sistema completo.

La presentación de Correa puso precisamente el foco en ese concepto. Para competir internacionalmente ya no alcanza con disponer de árboles y buenas tasas de crecimiento. Se necesita un ecosistema industrial competitivo, con proveedores, servicios, transporte, transformación, logística de exportación y un marco jurídico capaz de sostener inversiones de largo plazo.

Hasta 13.000 puestos de trabajo

El segundo gran impacto será laboral. Dentro de la planta trabajarían alrededor de 1.000 personas, distribuidas entre los diferentes turnos y operaciones industriales.

La cadena de suministro sumaría entre 2.000 y 2.500 trabajadores, incluyendo silvicultura, cosecha, transporte y logística.

La mayor concentración temporal de empleo se producirá durante la construcción, cuando ArPulp estima que podrían generarse aproximadamente 6.000 puestos de trabajo.

A eso se agregarían unos 4.000 empleos inducidos, derivados del movimiento económico generado por el complejo sobre comercio, servicios y otras actividades regionales.

La estimación global alcanza así aproximadamente 13.000 puestos de trabajo entre las diferentes categorías.

Pero Correa plantea que el efecto excederá la contratación directa. Durante su presentación explicó que una industria de semejante escala crea una demanda permanente de proveedores de servicios, insumos químicos, logística y mano de obra especializada, elevando el nivel tecnológico y generando actividades industriales alrededor de la propia fábrica.

Aunque la inversión está localizada en Corrientes, la dimensión del proyecto obliga a observarlo desde una perspectiva regional.

El sur de Misiones está dentro de la zona forestal de influencia de Ituzaingó y posee plantaciones, aserraderos, servicios y disponibilidad de biomasa que podrían integrarse a la cadena de suministro.

Correa considera que la llegada de una demanda estable de cinco millones de metros cúbicos anuales podría provocar un “cambio estructural” en el sector forestal primario de la región.

También abrió una puerta interesante durante la conversación con Economis: ante la pregunta sobre si Misiones podría albergar en el futuro una inversión industrial de características semejantes, su respuesta fue afirmativa.

¿Por qué no? Misiones tiene mucha madera y también tiene madera disponible”, respondió.

La definición sintetiza una discusión que atraviesa desde hace años al complejo forestoindustrial del Nordeste. Misiones y Corrientes poseen una de las mayores concentraciones de bosques implantados del país, pero buena parte del desafío continúa siendo transformar esa ventaja forestal en inversiones industriales capaces de agregar valor, absorber residuos y colocar productos sofisticados en los mercados internacionales.

La apuesta de ArPulp aparece además en medio de una transformación profunda del mercado mundial.

En su exposición, Correa describió cambios estructurales ocurridos desde la pandemia, el impacto de la guerra en Ucrania sobre la industria europea, el crecimiento de la capacidad productiva china y la sustitución progresiva de determinados plásticos por productos derivados del papel.

Su diagnóstico es que América Latina y particularmente el Mercosur tienen condiciones para capturar una parte de las nuevas inversiones mundiales en celulosa, siempre que logren combinar disponibilidad de fibra con competitividad logística, infraestructura, servicios y estabilidad institucional.

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Nación adjudicó la concesión de las rutas 12 y 105: Misiones tendrá cuatro peajes y crece el rechazo al nuevo cobro en Puerto Rico

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El Gobierno nacional adjudicó la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, una de las mayores transferencias de corredores viales al sector privado de los últimos años, que comprende más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en ocho tramos estratégicos y que, según anunció el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, será ejecutada con inversión íntegramente privada.

Para Misiones, la decisión tiene impacto directo sobre su principal corredor económico. El denominado Tramo Noreste comprende unos 456 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 105, desde Ituzaingó, en Corrientes, hasta Puerto Iguazú y desde Posadas hasta Pindapoy, respectivamente.

El corredor fue adjudicado al consorcio integrado por Carlos E. Enríquez SA y Hormi SA, que asumirá la explotación, conservación y mantenimiento del tramo bajo el nuevo esquema de concesión vial.

La Ruta 12 constituye la columna vertebral logística de Misiones: conecta Posadas con las principales ciudades del interior, atraviesa buena parte del entramado industrial y productivo provincial y constituye la vía terrestre fundamental para el acceso a Puerto Iguazú y las Cataratas. La 105, en tanto, funciona como conexión estratégica desde Posadas hacia el corredor de la Ruta 14.

La adjudicación forma parte de un paquete nacional que incluye además los tramos Centro, Mesopotámico, Centro Norte, Noroeste, Litoral, Chaco-Santa Fe y Cuyo. En total, la Etapa III comprende corredores en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Chaco, Misiones y Mendoza.

“Con esta adjudicación, completamos más de 9.000 kilómetros de las principales rutas nacionales”, anunció Caputo. Según el ministro, el nuevo esquema alcanza 16 tramos estratégicos por los que circula cerca del 80% del tránsito del país, que estarán en obras desde fines de septiembre.

El modelo elegido por la Nación busca sustituir el financiamiento presupuestario de la infraestructura vial por inversión y explotación privada, con los peajes como uno de los componentes centrales para sostener económicamente las concesiones.

El punto de conflicto: un nuevo peaje en Puerto Rico

Precisamente allí aparece el principal foco de tensión para Misiones. La documentación de la concesión contempla una modificación sustancial del mapa de peajes provincial: a las estaciones existentes en Fachinal -sobre la 105 hoy con precios misioneros- y Santa Ana y Victoria sobre la ruta 12, se agregará un nuevo punto de cobro sobre la Ruta Nacional 12 a la altura de Puerto Rico.

De esta manera, el Tramo Noreste tendrá cinco estaciones: Ituzaingó, Santa Ana, Puerto Rico, Colonia Victoria y Fachinal. Cuatro estarán dentro de Misiones.

La futura estación de Puerto Rico estará ubicada aproximadamente en la progresiva 1462 de la RN 12 y funcionará bajo tecnología Free Flow, es decir, con cobro automático y sin barreras. El esquema contractual establece que no podrá comenzar a cobrar hasta que se hayan completado las obras iniciales de puesta en valor previstas para el corredor. 

La incorporación del nuevo peaje despertó rechazo político en Misiones, fundamentalmente porque afectará a un sector de la Ruta 12 utilizado intensamente para desplazamientos cotidianos entre Puerto Rico y municipios vecinos.

El gobernador Hugo Passalacqua cuestionó este viernes la decisión nacional y reclamó revisar el proyecto.

“Quiero expresar mi profunda preocupación ante la noticia de que el Gobierno nacional pretende instalar un nuevo peaje sobre la Ruta Nacional 12 en Misiones”, señaló el mandatario.

Passalacqua puso el foco en el efecto económico que tendría un nuevo costo vial para trabajadores, estudiantes, comerciantes y productores y sostuvo que, en el actual contexto, resulta “inaceptable imponer una traba más” a quienes necesitan utilizar diariamente el corredor.

El gobernador planteó además que la prioridad sobre las rutas nacionales que atraviesan Misiones debería estar puesta en obras, mantenimiento e inversión vial, antes que en incorporar nuevas cargas sobre los usuarios, y pidió a las autoridades nacionales revisar la decisión. 

El malestar es todavía mayor en Puerto Rico, la ciudad directamente alcanzada por la nueva estación.

El intendente Carlos Koth aseguró que el municipio no fue consultado durante el proceso y que tomó conocimiento del proyecto una vez avanzado el esquema de concesión.

“Esto realmente no se puede creer. Lo vimos por el Boletín del Gobierno nacional. Fue algo totalmente inconsulto”, cuestionó el jefe comunal.

Koth advirtió además que la decisión se conoce mientras continúan pendientes trabajos de infraestructura vial reclamados por el municipio. “A nosotros, como municipio, no nos consultan nada en absoluto. Es más, ni siquiera terminaron nuestro acceso”, sostuvo.

El planteo municipal agrega una dimensión económica al debate. Puerto Rico funciona como centro comercial, sanitario, industrial y de servicios para varias localidades del departamento Libertador General San Martín. Buena parte de los movimientos sobre la Ruta 12 no corresponde, por lo tanto, a viajes de larga distancia, sino a traslados cotidianos entre municipios vecinos. 

La ubicación definitiva del sistema de cobro y el régimen tarifario serán determinantes para medir ese impacto.

La adjudicación abre así dos planos diferentes para Misiones. Por un lado, implica el desembarco de capital privado para recuperar y mantener dos corredores nacionales cuya conservación constituye desde hace años uno de los principales reclamos de la Provincia.

Por otro, instala la discusión acerca del costo que deberán asumir los usuarios para financiar ese modelo.

Para una economía fronteriza y exportadora como la misionera, el estado de las rutas 12 y 105 tiene impacto directo sobre los costos logísticos de la yerba mate, el té, la madera, el comercio, el turismo y el transporte de cargas. Pero la multiplicación de estaciones de cobro también puede trasladarse al costo de transportar esos mismos bienes y servicios.

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Passalacqua cuestionó un posible nuevo peaje en la Ruta 12

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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que el Gobierno nacional avance con la instalación de un nuevo peaje sobre la Ruta Nacional 12 y reclamó que cualquier decisión en ese sentido sea revisada por las autoridades competentes.

La advertencia se produce en un contexto de fuerte presión sobre los costos que enfrentan las familias y las actividades económicas. Para Passalacqua, incorporar un nuevo cargo al tránsito por una de las principales vías de comunicación de la provincia significaría sumar una barrera económica para quienes utilizan diariamente la infraestructura vial para trabajar, estudiar, comerciar y producir.

“En un contexto difícil para todo el país, resulta inaceptable imponer una traba más a quienes trabajan, estudian, comercian y producen”, sostuvo el mandatario provincial, al plantear que las rutas nacionales cumplen una función que excede el transporte y resultan determinantes para la integración territorial y el desarrollo de las economías regionales.

La Ruta Nacional 12 constituye uno de los principales corredores de Misiones y concentra una parte significativa del movimiento de personas, bienes y servicios dentro de la provincia. Cualquier incremento asociado a su utilización puede trasladarse, de manera directa o indirecta, a los costos logísticos de las empresas y productores y, posteriormente, a los precios que afrontan los consumidores.

El planteo de Passalacqua coloca así el eventual peaje dentro de una discusión más amplia sobre el financiamiento de la infraestructura vial. El gobernador sostuvo que la prioridad debería estar puesta en garantizar obras, mantenimiento e inversión antes que en incorporar nuevas cargas sobre quienes utilizan las rutas.

“Los misioneros y los argentinos necesitamos obras, mantenimiento e inversión vial, no nuevas cargas que castiguen aún más el bolsillo de las familias”, afirmó.

La discusión adquiere una dimensión particularmente relevante para Misiones por su condición de provincia periférica y fronteriza. La distancia respecto de los principales centros de consumo y producción del país ya representa un componente estructural de los costos logísticos. En ese escenario, cualquier incremento adicional en el costo del transporte puede afectar la competitividad de las actividades productivas y comerciales.

Desde una perspectiva de desarrollo, el debate no se limita entonces a cuánto costaría atravesar un nuevo puesto de peaje. También involucra quién absorbe ese costo, qué contraprestación recibirían los usuarios y cuál sería el impacto acumulado sobre el transporte de mercancías, el turismo y la movilidad cotidiana de los misioneros.

El reclamo provincial apunta precisamente a que la discusión sobre el financiamiento vial contemple esas particularidades. Para Misiones, mejorar la infraestructura y asegurar el mantenimiento de los corredores estratégicos es una condición necesaria para reducir las desventajas derivadas de su ubicación geográfica, no una cuestión secundaria frente al equilibrio de las cuentas públicas.

Passalacqua formuló un llamado a la reflexión a las autoridades nacionales y solicitó que se revea cualquier medida orientada a instalar un nuevo peaje en la Ruta Nacional 12. El pedido abre una instancia para que Nación, la provincia y los distintos actores vinculados al transporte puedan evaluar alternativas de financiamiento que no terminen trasladando de manera automática el costo a las familias y al aparato productivo.

El desafío, en definitiva, consiste en encontrar un esquema que permita sostener la infraestructura vial sin profundizar los costos que ya enfrentan las economías regionales. En una provincia donde las rutas son esenciales para conectar productores, trabajadores, ciudades y mercados, la inversión vial funciona también como una política de competitividad.

La discusión sobre un eventual nuevo peaje vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central para Misiones: la infraestructura no solo debe financiarse, sino también garantizarse y mantenerse en condiciones adecuadas para que pueda cumplir su función como herramienta de desarrollo.

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AFoA celebra en Misiones sus 80 años con inversiones, competitividad y carbono en el centro del debate

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La forestoindustria argentina tendrá este viernes uno de sus principales encuentros del año en Misiones. En el marco de su 80° aniversario, la Asociación Forestal Argentina (AFoA) reunirá en Posadas a empresarios, inversores, funcionarios y especialistas para discutir una agenda que atraviesa buena parte de los desafíos que enfrenta actualmente el sector: cómo atraer nuevas inversiones, ganar competitividad, agregar valor a la madera, reducir costos logísticos y aprovechar el creciente mercado internacional asociado al carbono y la sostenibilidad.

El Seminario 80° Aniversario de AFoA se desarrollará este viernes 21 de agosto, de 9 a 18, en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento, bajo el lema “Inversiones, competitividad y el desafío global”. La actividad continuará el sábado 22 con una visita técnica a Virasoro, Corrientes, uno de los principales polos forestales e industriales del país.

La elección de Misiones y Corrientes como escenario no es casual. El NEA concentra el corazón de la producción forestal implantada de la Argentina y, al mismo tiempo, buena parte de las inversiones industriales que en los últimos años comenzaron a transformar el mapa productivo de la actividad. La región dispone de materia prima, conocimiento técnico y capacidad industrial, pero enfrenta el desafío de convertir esas ventajas en una plataforma capaz de competir internacionalmente.

En ese contexto, el encuentro de AFoA buscará ir más allá de un balance institucional por sus ocho décadas de historia. La discusión estará puesta esencialmente en el futuro: qué condiciones necesita la Argentina para captar capitales, qué nuevos proyectos pueden incorporarse a la cadena de valor y cuáles son los obstáculos que todavía limitan la expansión de una actividad con fuerte potencial exportador.

De Europa a la forestoindustria argentina

La jornada comenzará a las 9.15 con el panel “El mundo y Argentina”, que ofrecerá una mirada sobre el nuevo escenario internacional y las oportunidades comerciales y de inversión.

Participarán Enrico Prezio, primer secretario de la Unión Europea en Argentina; Pablo Franzini, de Arauco; Fernando Correa, de ARPULP; y Christoph Neitzel, consejero de Agricultura y Alimentación de la Embajada de la República Federal de Alemania. La moderación estará a cargo de Manuel Chiappe, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal.

Será uno de los espacios destinados a analizar el posicionamiento de la Argentina frente a los cambios del comercio mundial y, particularmente, las oportunidades que puede generar una mayor vinculación entre el Mercosur y la Unión Europea.

Para la forestoindustria, la apertura de mercados representa una cuestión central. La Argentina posee una base forestal capaz de sostener una expansión de la producción industrial, pero para dar ese salto necesita combinar previsibilidad macroeconómica, inversiones de largo plazo, infraestructura y acceso competitivo a los mercados externos.

Nuevas inversiones y más valor para la madera

A las 10.50 comenzará uno de los paneles centrales de la convocatoria: “Nuevas inversiones y agregado de valor”.

Allí expondrán Fernando Correa, de ARPULP; Pablo Baldoma, de Cambium; Nicolás Crisp, de Acon Timber; y Adrián Salvatore, de Central Puerto. La moderación estará a cargo de Mariel Gabur, ministra de Industria de Corrientes.

La conformación del panel refleja algunos de los movimientos que atraviesan actualmente al negocio forestal: desde la industrialización tradicional de la madera hasta nuevos proyectos de gran escala, generación energética y modelos productivos que buscan aprovechar integralmente el recurso forestal.

El agregado de valor aparece como una de las claves para el próximo salto del sector. La disponibilidad de madera constituye una ventaja inicial, pero la discusión de fondo pasa por transformar esa materia prima en productos industriales con mayor valor, ampliar las exportaciones y generar empleo calificado en las provincias productoras.

El carbono entra definitivamente en la agenda

La transformación del negocio forestal también estará reflejada en el tercer panel, previsto entre las 11.50 y las 12.50. Bajo el título “Mercados de carbono”, especialistas analizarán un segmento que comienza a tener un peso creciente en las decisiones de inversión.

Participarán Silvia Kloster, directora general de Gestión, Desarrollo Sostenible e Innovación de Misiones; Lucía Larrea, de Nideport; Federico Moyano, de Prosustentia; y Sebastián Fragni, de GMF Latinoamericana. El moderador será Carlos Scarnichia, presidente de AFoA Misiones.

La incorporación del carbono a la ecuación económica abre una dimensión adicional para los bosques implantados y los proyectos de conservación. Ya no se trata únicamente del valor de la madera: la captura de carbono, la certificación ambiental y los servicios ecosistémicos comienzan a formar parte de una nueva arquitectura financiera vinculada con los compromisos climáticos globales.

Para Misiones, donde conviven una fuerte actividad forestal y una política de conservación de biodiversidad, esa discusión adquiere particular relevancia.

Puertos y logística, el cuello de botella de la competitividad

Después del mediodía, la agenda se concentrará en uno de los puntos críticos para cualquier estrategia exportadora del NEA: la infraestructura.

Desde las 14 se desarrollará el panel “Competitividad e infraestructura portuaria”, con Diego Azqueta, de Interbarge; Federico Fachinello, del Ministerio de Industria de Misiones; y Adolfo Escobar, de la Dirección de Transporte Fluvial y Puertos de Corrientes. La moderación estará a cargo del presidente de AFoA, Pablo Ruival.

La logística representa una parte determinante de la competitividad forestal. Por las características físicas de la madera y sus derivados, la distancia entre los centros de producción y los puertos puede definir la viabilidad económica de una operación.

Para Misiones, la recuperación de la vía fluvial y el desarrollo de infraestructura portuaria forman parte precisamente de la estrategia para reducir esa desventaja geográfica y mejorar las condiciones de salida de la producción hacia los mercados internacionales.

La mirada de las regiones forestales

El quinto panel estará destinado a las distintas regionales de AFoA. Entre las 15 y las 16 expondrán Carlos Scarnichia, por Misiones; Pablo Rigal, por Corrientes; Fernando Dalla Tea, por Entre Ríos; y Carlos Urionagüena, por Delta.

La moderación estará a cargo de Mercedes Omeñuka, presidenta de FAIMA.

El intercambio permitirá poner sobre la mesa las diferencias y los problemas comunes que atraviesan las principales cuencas forestales argentinas, desde la disponibilidad de materia prima y los costos industriales hasta infraestructura, financiamiento, demanda interna y posibilidades de exportación.

La jornada cerrará, entre las 16.30 y las 17.30, con un panel político sobre competitividad y desafíos del sector, del que participarán funcionarios nacionales y provinciales junto con autoridades de AFoA.

Será el tramo en el que la agenda empresaria buscará encontrarse con la política pública. La actividad forestal necesita horizontes extensos: entre una decisión de inversión, el crecimiento de una plantación y su aprovechamiento industrial pueden transcurrir años. Esa característica convierte a la previsibilidad regulatoria, tributaria y macroeconómica en una condición especialmente relevante para el sector.

Virasoro, el laboratorio industrial del segundo día

La celebración continuará el sábado 22 de agosto en Virasoro, con una jornada técnica dedicada a recorrer plantaciones forestales, industrias y proyectos relacionados con mercados de carbono.

El recorrido permitirá trasladar al territorio buena parte de las discusiones desarrolladas durante el seminario. Virasoro se consolidó como uno de los nodos forestoindustriales más importantes de la Argentina y concentra inversiones que muestran la escala que puede alcanzar la actividad cuando la producción primaria se articula con proyectos industriales.

En conjunto, las dos jornadas buscan mostrar las dos caras de una misma discusión: el enorme potencial forestal disponible y las condiciones económicas, logísticas y regulatorias necesarias para convertirlo en inversiones concretas.

AFoA llega así a sus ocho décadas en un momento particular. La agenda ambiental internacional aumenta la demanda por materiales renovables y soluciones basadas en la naturaleza; los mercados de carbono abren nuevas fuentes potenciales de ingresos; y el NEA dispone de una de las principales bases forestales del país.

La oportunidad existe. El desafío que planteará el seminario en Posadas será determinar qué necesita la Argentina para transformar esa ventaja forestal en una nueva etapa de inversiones, industrialización, exportaciones y empleo.

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