Las movilizaciones en defensa de la universidad pública volvieron a llenar calles y plazas en distintos puntos del país. Estudiantes, docentes, investigadores y autoridades universitarias reclamaron contra el ajuste presupuestario y denunciaron el ahogo financiero que atraviesan las casas de estudio. Pero hay que tener en cuenta que el conflicto tiene, además, un componente institucional grave: el Gobierno sigue sin cumplir plenamente con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras luego del veto presidencial.

Es decir, no se trata solamente de una disputa política o presupuestaria. El Ejecutivo decidió desconocer en los hechos una norma respaldada por amplias mayorías parlamentarias. Y lejos de buscar una salida, la respuesta oficial fue profundizar el ajuste y redoblar las provocaciones contra quienes protestan.

El Gobierno insiste en presentar las marchas como una maniobra partidaria, intentando desacreditar a estudiantes, docentes y rectores. Pero el problema para la Casa Rosada es que la protesta excede ampliamente cualquier estructura política: expresa un malestar social cada vez más extendido frente al deterioro salarial, la caída del poder adquisitivo y el desmantelamiento de áreas sensibles del Estado.

En ese contexto, la entrevista que dio esta semana Javier Milei volvió a mostrar un nivel de agresividad preocupante. El presidente recurrió otra vez a insultos, descalificaciones y ataques personales contra periodistas, opositores y sectores críticos. Cualquier cuestionamiento es presentado como una conspiración, cualquier disidencia como un enemigo a destruir.

La lógica oficial parece ser gobernar en estado permanente de confrontación. Pero el desgaste empieza a aparecer. Las últimas encuestas muestran una caída en la imagen presidencial y un crecimiento del rechazo, incluso en sectores medios que inicialmente acompañaron el ajuste con expectativas de estabilización económica.

A eso se suma el protagonismo del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, defendido a ultranza por el presidente, pese a las denuncias en su contra y una de las figuras más representativas del estilo político del Gobierno. En medio de los conflictos sociales y económicos que atraviesa el país, Adorni aparece como el principal defensor mediático del ajuste y de las descalificaciones oficiales contra periodistas, estudiantes, opositores y sectores críticos. Para muchos, ocupa el rol de verdadero “ministro de la realidad paralela”: el encargado de negar el deterioro social, relativizar los conflictos y construir un relato donde todo reclamo es una operación, toda crítica un ataque político y, fundamentalmente, ocultar su propia corrupción.

La gestión parece correrse del terreno político para refugiarse en la provocación cotidiana, las conferencias performáticas y la confrontación permanente. Pero mientras el Gobierno insiste en discutir enemigos imaginarios, la realidad empieza a golpear incluso a sectores que hace apenas meses respaldaban el rumbo oficial.

La marcha universitaria dejó entonces algo más profundo que una foto multitudinaria. Funcionó como síntoma de un clima social que empieza a cambiar. Porque cuando un gobierno responde a cada reclamo con insultos, ajuste y provocaciones, el problema deja de ser solamente económico: pasa a ser también político y democrático.