El Ejecutivo avanza con la desinversión en empresas públicas. AySA será la próxima en pasar al control privado, a través de una licitación nacional e internacional y una oferta pública. Se permitirá cortar el servicio a deudores y ajustar tarifas cada tres meses.

El Gobierno nacional anunció el inicio formal del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), una de las empresas públicas más grandes del país. Según lo informado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Estado transferirá el 90% del capital accionario mediante un esquema mixto: una licitación pública nacional e internacional y una oferta pública inicial (OPI) dirigida a inversores privados.

El 10% restante del paquete accionario continuará en manos de los trabajadores, en el marco del Programa de Propiedad Participada, que se mantendrá vigente. Se prevé que el nuevo operador estratégico asuma el control accionario mayoritario en una primera etapa.

Plazos del proceso: adjudicación prevista para 2026

El cronograma oficial establece 330 días para la licitación y otros 90 días adicionales para la OPI, lo que proyecta la adjudicación definitiva para el año 2026. La Comisión Nacional de Valores será el ente regulador del proceso, que se desarrollará —según el Gobierno— bajo los más altos estándares internacionales de transparencia y eficiencia.

Motivos económicos y estructura del plan oficial

En conferencia de prensa, Adorni explicó que la decisión se basa en el fuerte déficit operativo de la empresa desde su reestatización en 2006. En ese período, AySA demandó aportes por más de US$13.400 millones del Tesoro Nacional, incluyendo US$4.800 millones solo durante la última gestión, con un bajo nivel de ejecución en obras y fuerte politización.

“El objetivo es modernizar el sector, mejorar el precio y la calidad del servicio, y dejar de utilizar a AySA como plataforma de campaña política”, aseguró el vocero presidencial.

Además, se destacó que la dotación de personal creció un 90% bajo gestión estatal y la morosidad subió al 16%, frente a un promedio histórico del 4%.

Tarifas y servicio: aumentos trimestrales y cortes a morosos

Uno de los ejes del nuevo modelo será la revisión trimestral de tarifas, que estará incluida en el contrato de concesión. Durante el primer año de gestión de Javier Milei, las tarifas se incrementaron un 209% en el AMBA, y en 2025 acumulan una suba del 1% mensual.

El Gobierno anticipó que se habilitará a los futuros concesionarios a interrumpir el servicio a usuarios morosos, pese a tratarse de un servicio esencial, conforme al artículo 81 de la Ley 26.221.

El plan también contempla que el concesionario financie nuevas obras a través del cobro en boleta a los usuarios. Incluso se abrirá la posibilidad de que provincias, municipios o vecinos impulsen mejoras con fondos propios.

En paralelo, desde la nueva administración de AySA se inició un proceso de reordenamiento interno, que incluyó el despido de 200 trabajadores. Actualmente, la empresa cuenta con 6.200 empleados, y desde el Ejecutivo afirmaron que no impondrán condiciones al nuevo operador sobre el futuro de la plantilla.

Junto al anuncio de la privatización, Adorni confirmó la salida de Miguel Blanco al frente de la SIGEN, el organismo de control interno del Poder Ejecutivo. En su reemplazo asumirá Alejandro Díaz, especialista en auditoría y exdirectivo de Nucleoeléctrica Argentina.

AySA: un servicio clave con más de 11 millones de usuarios

AySA opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense. Brinda agua potable a más de 11 millones de personas y servicios de saneamiento a más de 9 millones, lo que la convierte en una de las empresas de servicios públicos más relevantes del país.